Hacia un nuevo pacto fundacional

Milagros Varela
Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES)

Luego del período de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia de Perú, durante el cual se evidenciaron las limitaciones del Estado para garantizar la seguridad humana, es necesario un proceso de reconciliación nacional. Esto supone un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad orientado hacia la construcción de un país que debe reconocerse como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Este informe sintetiza las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Limitaciones del Estado para garantizar la seguridad humana

El conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, extenso y prolongado de la historia republicana. La cifra más probable de víctimas es de 69.280 personas, de las cuales 79% fueron campesinos y 75% tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

La tragedia que vivieron las poblaciones rurales, andinas y selváticas, quechuas y asháninkas, pobres y poco educadas del país no fue sentida ni asumida como propia por la totalidad de los peruanos. Se evidenciaron las limitaciones del Estado para garantizar el orden público, la seguridad y los derechos fundamentales de sus ciudadanos dentro de un marco democrático.

Sendero Luminoso

Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación,[1] la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso de iniciar la “lucha armada” contra el Estado, al momento que el país iniciaba una nueva etapa democrática con elecciones libres. Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos, al ser responsable de 54% de las víctimas fatales.

Este grupo desplegó una extremada violencia e inusitada crueldad que comprendió la tortura y la sevicia como formas de castigar o sentar ejemplos intimidatorios en la población que buscaba controlar, incluyendo sus propios militantes. Buscó consciente y constantemente provocar respuestas desproporcionadas por parte del Estado. Sendero Luminoso expresó un potencial genocida en conceptos tales como “pagar la cuota de sangre” (1982), “inducir genocidio” (1985), “el triunfo de la revolución costará un millón de muertos” (1988). Utilizó algunas instituciones educativas como focos de difusión de su prédica y captación de núcleos minoritarios de jóvenes.

Para Sendero Luminoso el campesinado fue una masa que debía someterse a la voluntad del partido, de modo que la disidencia individual se castigó con asesinatos y aniquilamientos selectivos, y la disidencia colectiva, con masacres y arrasamiento de comunidades enteras. La presencia subversiva, como la respuesta contrasubversiva, revivió y militarizó viejos conflictos intra e intercomunales. Lima y otras ciudades sufrieron sabotajes, asesinatos selectivos, paros armados y terrorismo urbano bajo la modalidad de “coches bomba”.

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició su lucha armada contra el Estado en 1984, y fue responsable de 1,5% de las víctimas fatales. El MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos para diferenciarse de la población civil. Se abstuvo de atacar a la población inerme y en algunas coyunturas dio muestras de estar abierto a negociaciones de paz. A pesar de ello, este grupo asesinó a disidentes de sus propias filas. El MRTA, que intentó crear un clima propicio para que se aceptara la idea del uso de la violencia como recurso político legítimo, finalmente favoreció la política contrasubversiva autoritaria y militarista del gobierno de Alberto Fujimori.

Policía y Fuerzas Armadas

Más de mil efectivos policiales perdieron la vida o quedaron discapacitados. La Policía fue incapaz de enfrentar efectivamente al enemigo debido a una deficiente formación contrasubversiva y a un precario apoyo logístico.

En 1982, el gobierno decidió que las Fuerzas Armadas enfrentaran a los grupos subversivos. Estas fuerzas perdieron más de un millar de efectivos. Al principio aplicaron una represión indiscriminada y, aunque más adelante su estrategia se tornó más selectiva, no tuvo la capacidad de evitar, en ciertos lugares y momentos, la práctica generalizada y/o sistemática de violaciones de derechos humanos. Al igual que las fuerzas policiales, su accionar se vio comprometido con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas y tratos crueles, particularmente contra las mujeres. En este comportamiento, de forma directa o permisiva, se incluyen tanto subordinados como superiores jerárquicos.

A partir de 1989, las Fuerzas Armadas cambiaron de estrategia. Su interés no era ya recuperar el territorio, sino eliminar los Comités Populares Senderistas. Intentaron aislar la fuerza militar de Sendero Luminoso y ganar a la población, disminuyendo las violaciones de derechos humanos. Ante estos cambios de estrategia, Sendero Luminoso optó por una desbordante violencia en contra de los pueblos quechua y asháninka, así como los de las zonas urbanas. Como respuesta a esta ofensiva, proliferaron los Comités de Autodefensa, constituidos por sectores del campesinado más pobre, quienes propinaron la primera derrota estratégica de Sendero Luminoso en las áreas rurales.

Las Fuerzas Armadas victoriosas contra Sendero Luminoso justificaron el golpe de Estado de 1992, así como una tregua al narcotráfico, y quedaron bajo el control de una cúpula que se alió al gobierno dictatorial. A partir de 1992, las Fuerzas Armadas conducían las acciones en campos no militares. Se cambió el Sistema de Defensa Nacional, la ley del Servicio de Inteligencia Nacional y la Ley de Situación Militar. Los nuevos dispositivos violaban garantías del debido proceso al instituir la práctica de tribunales y jueces sin rostro, y crear, además, nuevas figuras delictivas como el terrorismo agravado y la traición a la patria.

La delegación de poderes del gobierno civil a las Fuerzas Armadas estuvo acompañada de la anuencia tácita de un considerable sector de la sociedad, principalmente el sector urbano medianamente instruido, beneficiario de los servicios del Estado y habitante de zonas alejadas del epicentro del conflicto.

En 1990, inmediatamente iniciado su gobierno, Alberto Fujimori[2] reveló rasgos de desprecio a la democracia. Derivó la solución de los problemas económicos a tecnócratas y tomó como suya la estrategia antisubversiva. Convocó a operadores de inteligencia militar, el más emblemático de los cuales fue Vladimiro Montesinos. Fortaleció el Servicio de Inteligencia Nacional y se aseguró la lealtad de las cúpulas militares. A partir de 1992, se puso énfasis en la eliminación selectiva de los grupos subversivos y apareció en escena el grupo “Colina”, responsable de asesinatos, desapariciones forzadas y masacres. Las responsabilidades del accionar de este grupo recaen sobre Fujimori y Montesinos.

En septiembre de 1992 fueron capturados los líderes máximos de Sendero Luminoso y el MRTA, y el gobierno utilizó este hecho para obtener réditos electorales.

Durante sus últimos años de gobierno, Fujimori manipuló el conflicto armado interno con la finalidad de perpetrarse en el poder. El conflicto se extendió desde 1980 hasta 1992, pero el gobierno sostuvo una lógica de guerra durante todo su período hasta 2000. El país se vio sumergido en una nueva crisis económica, corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucional, y en una profunda desconfianza en la esfera pública.

Poder Judicial

La abdicación de la autoridad democrática incluyó las funciones propias de la administración de justicia. El Poder Judicial liberaba culpables y condenaba inocentes, sus agentes incumplieron el rol de garante de los derechos de los detenidos, se abstuvieron de llevar a la justicia a miembros de las Fuerzas Armadas acusados de graves delitos, fallando sistemáticamente en cada contienda de competencia a favor del fuero militar, donde las situaciones quedaban en la impunidad. Entre 1980 y 1992 no existía una tipificación clara del delito de terrorismo, y los procesos de encausamiento eran poco claros.

A partir de 1992, el Poder Ejecutivo comenzó a interferir en el Judicial. Numerosos magistrados quedaron cesantes, se hicieron nombramientos provisionales, se crearon órganos de gestión ajenos a la estructura del sistema judicial y el Tribunal Constitucional quedó inoperante. La nueva legislación se caracterizó por la sobrecriminalización del terrorismo y se hizo práctica generalizada declarar improcedentes los recursos de hábeas corpus. Todo ello contribuyó a que las detenciones culminaran en torturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. A los detenidos no se les garantizaba ni imparcialidad ni exactitud. Hubo muchos inocentes que sufrieron largas condenas y la violación de todas sus garantías constitucionales. Con el tiempo, el Estado tuvo que realizar nuevos juicios a partir de pruebas escasas. Esto generó un descrédito tal que a la postre benefició a los verdaderos terroristas en ambos lados del conflicto: Sendero Luminoso y grupos afines, como también los grupos de asesinato selectivo de líderes sindicales y de oposición, apoyados desde el propio gobierno.

Los dirigentes sindicales, empresarios y funcionarios de empresas sufrieron la agresión violenta de los grupos subversivos. Sendero Luminoso tuvo como objetivo la destrucción de los sindicatos existentes, mientras que el MRTA buscó instrumentalizar los sindicatos para sus fines subversivos.

Iglesias y activistas de derechos humanos

Tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas protegieron a la población de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Institucionalmente, la Iglesia Católica condenó desde temprano las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.

A lo largo del conflicto, decenas de asociaciones de la sociedad civil se organizaron alrededor de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que se constituyó en un referente ético y en un recurso para que las víctimas pudieran exigir verdad y justicia.

La investigación periodística fue abundante, valiente e indispensable para identificar a los responsables de crímenes atroces. Muchos periodistas arriesgaron sus vidas, y en algunas ocasiones las perdieron. Desde inicios de 1980, los medios de comunicación condenaron la violencia, con matices ideológicos de acuerdo a la postura de cada medio. No tuvieron la misma actitud frente a las violaciones de derechos humanos, en especial las cometidas por el Estado, siendo la ambigüedad o el aval la característica mediática de algunos. El tratamiento y la presentación de los hechos de violencia fueron crudos, se guardó muy poco respeto a las víctimas, lo que generó una insensibilidad frente al tema. En algunos casos primó la lógica comercial, que condujo al amarillismo, que a finales de 1990 congenió con la megacorrupción y la compra de medios.

Desplazados

La violencia armada generó, en las zonas en conflicto, un proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos. Ello produjo una urbanización compulsiva, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino, limitando así el posible desarrollo humano sostenible.

Los desplazados perdieron sus bienes y sus redes sociales, y sufrieron estigma y discriminación en los lugares a donde llegaron. Toda una generación de niños y jóvenes ha visto truncadas sus expectativas de desarrollo. Ellos merecen atención preferente del Estado.

Reparar los daños, castigar a los perpetradores, hacer justicia

En los años 80 y 90, se podía alegar cierta ignorancia e incomprensión frente a la situación reinante. A partir de ahora ello no es más posible. Para vivir civilizadamente, en paz y en democracia, es imprescindible llevar a cabo reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia. La reparación es parte de un proceso ético y político de resarcimiento y dignificación de las víctimas y es un componente importante del proceso de reconciliación nacional. En el caso peruano, la situación es aún más grave, ya que las víctimas son parte de la población menos favorecida del país.

Una parte importante del proceso de reparación es la justicia, que implica la compensación por los daños sufridos por las víctimas, el justo castigo a los perpetradores y el consiguiente fin de la impunidad. Por ejemplo, un elemento constituyente de la justicia y reparación simbólica es conocer los lugares de entierro de las víctimas fatales, para identificarlas y procesar el duelo por nuestros compatriotas desaparecidos. A ese fin se ha elaborado un Registro Nacional de Sitios de Entierro.

El Programa Integral de Reparaciones fija como objetivo general “Reparar y compensar la violación de los derechos humanos así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno”. Por víctimas y beneficiarios se define a “todas aquellas personas o grupos de personas que con motivo o en razón del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000, hayan sufrido actos u omisiones que violan normas del derecho internacional de los derechos humanos”. Se consideran violaciones: la desaparición forzada, el secuestro, la ejecución extrajudicial, el asesinato, el desplazamiento, la detención arbitraria, la violación al debido proceso, el reclutamiento forzado, la tortura, la violación sexual, y las heridas, lesiones o muerte en atentados violatorios al derecho internacional humanitario. Es “beneficiario” aquella víctima que recibirá algún tipo de reparación, simbólica y/o material, individual y/o colectiva.

El Plan Integral de Reparaciones combina formas individuales y colectivas, simbólicas y materiales de resarcimiento: a) el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas; b) la atención a la educación y a la salud mental; c) las reparaciones económicas individuales y colectivas (programas de reconstrucción institucional, desarrollo comunal, servicios básicos y generación de ingresos).

El gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos. Es un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad y entre los miembros de la sociedad. La reconciliación debe ocurrir en el plano personal y familiar, entre las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Todo ello debe orientarse hacia la construcción de un país que debe reconocerse como multiétnico, pluricultural y multilingüe.

Notas:

[1]www.cverdad.org.pe
[2]Alberto Fujimori ganó las elecciones generales de 1989 con 56,4% de los votos. En abril de 1992 encabezó un golpe de Estado, esgrimiendo que el Parlamento era corrupto e ineficiente. Reelegido por una mayoría abrumadora en abril de 1995, concedió amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía condenados por violaciones a los derechos humanos. En las elecciones de abril de 2000, Fujimori se presentó como candidato, a pesar de impedimentos constitucionales. Finalmente, en medio de corrupción y escándalos, huyó a Japón y renunció en noviembre de ese mismo año.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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