Corrupción, pobreza y otras armas letales

Abdoul Souleye Sow
ADESEN

Miles de armas ligeras en manos de la población, un sistema político débil e ineficaz, pobreza y la corrupción. Con esta situación existente en Senegal, no resulta posible construir sistemas sociales, culturales y económicos que garanticen la seguridad humana y permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pese a los esfuerzos realizados por la sociedad civil.

Armas ligeras y fracaso político

La región occidental de Africa es, sin duda, la más golpeada por la proliferación de armas ligeras que nutren los conflictos. Se calcula que más de 8 millones de armas ligeras están en circulación en esta zona, provocando miles de muertes. Entre las víctimas, 60% son mujeres y niños. Además, son numerosos los mutilados y los huérfanos por esta causa.

Los conflictos de estos últimos años, sobre todo en Côte d’Ivoire y Liberia, han agravado el panorama en una zona que se caracteriza por la inestabilidad política. En este contexto regional, la situación nacional es tensa.

El 19 de marzo de 2000, la coalición heterogénea del liberal Abdoulaye Wade “aplastó en las urnas” al presidente socialista Abdou Diouf, a quien todos identificaban con la crisis. Sin embargo, el cambio en el poder, realizado gracias a la movilización de todo el pueblo y, sobre todo, debido a la encarnizada lucha de la sociedad civil, no terminó con las prácticas del antiguo régimen. El presidente y su gabinete se encuentran en una incómoda situación, que se caracteriza por un malestar creciente, debido a los escándalos (el caso del “Joola”,[1] el libro de Aboul L. Coulibaly,[2] etc.) que han desacreditado al gobierno.

El gobierno de Wade ha sido repetidamente acusado de propiciar atentados contra locales de partidos opositores. El mayor escándalo ocurrió en octubre de 2003, cuando el líder del partido opositor Alianza “Jëf-Jël”, Talla Sylla, fue atacado con un martillo. Miembros de otros partidos opositores, como el líder de Renovación Democrática, Djibo Ka, acusaron al gobierno de propiciar el ataque. En noviembre, miles de ciudadanos salieron a las calles de la capital, Dakar, para repudiar el ataque.

Quemar las armas

La sociedad civil ha lanzado una campaña de lucha contra la circulación de armas ligeras. El centro de la actividad ha sido la ciudad de Ziguinchor, en la provincia de Casamance, sobre todo a causa de la guerra de secesión que ha durado más de 20 años y que ha desplazado a varios miles de senegaleses y causado la muerte de cientos.

Bajo el lema “Controlemos las armas”, coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se realizó una jornada para sensibilizar a las comunidades respecto del peligro que implica la posesión, el uso y la circulación de las armas, dirigiéndose, sobre todo, a los jóvenes. Se trató también de informar a las autoridades y la población sobre los objetivos de la campaña y de reflexionar sobre la seguridad humana, a través de un diálogo entre civiles y militares, en el marco de un panel de expertos militares y de la sociedad civil, en el que se destacó una simbólica incineración de armas.

El Consejo de Apoyo a las ONG de Senegal (CONGAD) expresó, en un comunicado público, su punto de vista acerca de la violencia política: “…no hay nada que se pueda invocar [para justificar] los actos de violencia. Hay medios disponibles para detener la ola de asesinatos, intentos de asesinato y agresiones. Alcanza simplemente con que el Estado cumpla con su función de velar por la aplicación imparcial de la ley, proteger las libertades individuales y castigar a las personas que erigen a la violencia como regla de nuestra democracia.”[3] El CONGAD recomendó al presidente que coordine acciones con personalidades religiosas, culturales y políticas, y los medios de comunicación para detener la espiral de violencia e inseguridad. “Es inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión sea castigado con atentados contra la integridad física y moral de los individuos”, establece el comunicado, según el cual la impunidad es una violación de los derechos humanos y favorece la mala gobernanza. También se pronunció a favor de la libertad de prensa y fustigó la expulsión de la corresponsal de Radio Francia Internacional, Sophie Malibeaux, además de condenar el asesinato de Jean Hélène, de la misma radio, ocurrido en Abidjan, la capital de Côte d’Ivoire.

Considerando que la pobreza es un factor generador de violencia, el CONGAD invitó al gobierno a “luchar enérgicamente” contra ese mal. Pero dicho combate debe empezar por la eliminación de la corrupción, cosa que quienes están en el poder no parecen dispuestos a emprender.

El precio de la corrupción

La corrupción tiene un costo. Y la factura es alta para la economía nacional. Las pérdidas debidas a la corrupción se calculan en USD 210 millones sólo en cuanto a gastos públicos. El monto de las adquisiciones públicas que pasaron por la administración central, sin contar a los agentes intermediarios y las empresas del sector público, fue de USD 147 millones en 1999. En 2001, las compras acordadas directamente, que son aún más propensas a la corrupción, representaban cerca de USD 43 millones. Otras compras representaron 70% de las autorizadas, es decir, USD 30 millones. Prácticamente un cuarto del presupuesto para aquirir servicios laborales se gastó en contratos negociados directamente. Así, 70% del presupuesto consolidado para adquisiciones aparentemente se gastó en acuerdos negociados directamente.[4]

En el sector privado, según cifras de Transparencia International confirmadas en una encuesta realizada por el Banco Mundial, “el sobrecosto que genera la corrupción significa un aumento de 25% a 30%”.[5]

Sin duda, el proyecto de decreto sobre la creación de un consejo de vigilancia de la buena gobernanza y de lucha contra la corrupción es muy saludable. Sin embargo, no satisface del todo a la sociedad civil. Hay muchas reservas en cuanto a la eficacia de esta institución respecto a tres aspectos: sensibilización, prevención y represión.

Para promover la transparencia y la buena gobernanza, el consejo de vigilancia prevé una estrategia de comunicación global para, por un lado, mantener un alto nivel de servicios públicos y, por otro, valorar y premiar los comportamientos más virtuosos de los actores implicados tanto en el sector público como en el privado. En cuanto a la prevención, no se ha propuesto nada concreto. Y respecto de la represión, la sociedad civil asegura tener profundas dudas, sobre todo porque se plantean muchas preguntas que la ley no tiene en cuenta. Por ejemplo, la importancia de contar con declaraciones patrimoniales.

Para que el consejo sea eficaz debe existir voluntad política a fin de dotarlo de determinadas facultades. El secreto profesional o bancario no puede obstaculizar su trabajo. De lo contrario, cuando el consejo solicite documentos a las autoridades, su petición será rechazada categóricamente ya que no existen medidas coercitivas.

El propuesto consejo logrará su autonomía institucional y orgánica siempre y cuando sea creado por una ley que incorpore las mismas disposiciones que el proyecto de decreto y ajuste sus estatutos de acuerdo a las convenciones internacionales sobre la corrupción.

Presupuesto 2004: continuidad de la pobreza

Según el Banco Mundial, la pobreza afecta 65% de los hogares, a pesar de que Senegal fue el primer país de África subsahariana que puso en marcha una política de ajuste estructural, en 1984, para relanzar su economía.[6]

La pobreza sólo puede combatirse con una política económica arriesgada, orientada hacia un crecimiento fuerte y constante, dirigido por sectores dinámicos y asegurando una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento. Esto debería reflejarse en el presupuesto del Estado.

Pero, lamentablemente, el presupuesto de Senegal para 2004 mantiene el statu quo. Para ilustrar esta conclusión, alcanza con examinar ciertos elementos significativos de la economía, tal como aparecen en dicho presupuesto. Estos cuatro parámetros, junto a la inflación (que ha permanecido dentro de límites aceptables), son los elementos esenciales del encuadre macroeconómico y financiero de todo proyecto de presupuesto.[7]

La tasa de crecimiento de 2002

Las actividades de creación de riqueza, reflejadas en la tasa de crecimiento, se encuentran en una situación preocupante. Luego de una controversia en torno de este asunto en 2002, el documento del presupuesto 2004 muestra por fin que el crecimiento de Senegal fue de 1,1%, a pesar de la previsión de 5,7%, reducida luego a 2,4%.

La balanza comercial

La balanza comercial sigue siendo muy deficitaria e incluso ha empeorado, pasando de USD -740 millones en 2002 a USD -790 millones previstos para 2003.

La tasa de inversiones

El país también fracasa en ese plano. En efecto, en el curso de los últimos 15 años, las inversiones rondaron entre 15% y 19%. Este año, se espera que la tasa ascienda a 19,7% y a 20% para 2005. Estos niveles de inversión son claramente insuficientes para impulsar un crecimiento fuerte, capaz de colocar al país en la categoría de los países emergentes, con tasas de inversión generalmente ubicadas entre 25% y 30%.

Deuda externa

Según cifras del Banco Mundial para 2001, la deuda externa senegalesa ha sido evaluada en USD 4.000 millones, con un servicio anual de USD 214,2 millones. Y sigue creciendo. La acumulación de deuda anterior es demasiado pesada para un país con estructuras económicas problemáticas tales como las analizadas antes. La suma adeudada representa 60% del PBI y hace que cada uno de los 10 millones de habitantes cargue con una deuda de USD 400. Para un país donde 65% de los hogares viven por debajo de la línea de pobreza, esa carga es insoportable.

En definitiva, como se constata desde todos los ángulos del análisis, el proyecto de presupuesto para 2004 apunta a la continuidad.

Si las tasas de crecimiento actuales continúan siendo débiles y erráticas, y las inversiones se mantienen muy por debajo de las necesarias para que la economía salga del estancamiento, junto con una balanza comercial estructuralmente deficitaria y una deuda de más de la mitad del PBI, el país se terminará de hundir en una pobreza tal que ningún proyecto sectorial alcanzará para reducirla, y mucho menos, hacerla desaparecer.

Y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no serán alcanzados.

Notas:

[1] El 26 de setiembre de 2002 el barco “Joola”, que iba de Ziguinchor, al sur de Senegal, hasta Dakar y podía transportar 550 pasajeros, se hundió por sobrecarga. Llevaba 1.220 pasajeros, o cerca de 2000, según notas de prensa que no fueron desmentidas.Los sobrevivientes fueron 65.
[2] En su libro Wade, un opposant au pouvoir. L’alternance piégée, La Sentinelle, 2003,el periodista Aboul L. Coulibaly explica el hiato existente entre las esperanzas de la población respecto al cambio histórico de marzo de 2000 y la gestión posterior. La excesiva centralización del poder en manos del presidente Wade (“monarca republicano”), de su partido y sus allegados, conforma el hilo conductor del libro. Esta radiografía, en absoluto complaciente, denuncia la falta de profesionalismo, los errores en la formulación precipitada de las prioridades económicas, la liquidación de las empresas públicas en beneficio de inversores extranjeros, la liberalización de la produción de maní (lo cual permitió que los especuladores estafaran a los campesinos), y grandes proyectos imposibles. El autor denuncia también los intentos de intervención del gobierno en la prensa y la justicia, y ataca la corrupción que reina en las adquisiones del Estado.
[3] CONGAD. Comunicado público, 25 de octubre de 2003.
[4] Periódico Walfadjri, 8 de enero de 2003.
[5]Ibid.
[6] Banco Mundial. Documento de Estrategias para la Reducción de la Pobreza, 2001.
[7]Propuesta de Presupuesto 2004.