Entre la pobreza y la violencia

La pobreza, una creciente inequidad y una cultura de la violencia amenazan la seguridad humana de los salvadoreños. Las acciones y omisiones del gobierno, lejos de proteger a las personas de estas situaciones críticas y dominantes, han profundizado la inseguridad. Las iniciativas de la sociedad civil - aún dispersas y fragmentadas - no han logrado revertir la ineficiencia estatal.

Obstáculos para la seguridad humana

La seguridad humana implica el respeto por cada uno de los derechos humanos, incluyendo acceso a la alimentación, a la salud, a la educación y a los servicios básicos, un ambiente sano, y garantías contra la violencia y la discriminación. Sin embargo, existe una serie de obstáculos que no le permiten a gran parte de la población gozar de esa seguridad humana. En este informe analizaremos aquellos aspectos que consideramos principales en el país.

La amenaza económica

De los seis millones de salvadoreños, casi la mitad es pobre. Esta condición limita sus posibilidades de acceder a una vida digna y plena, constituyéndose en el principal obstáculo para la seguridad humana.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003,[1] al menos 43 de cada 100 habitantes continúan siendo pobres y 19 de cada 100 viven en la pobreza absoluta. La precariedad es mayor en las zonas rurales, ya que 55,8% de su población es pobre y 29,1% se encuentra en pobreza absoluta.El 33,6% de los hogares pobres tiene jefatura femenina.

La misma fuente reconoce que la pobreza se ha ampliado y que su cuantificación no es correcta, ya que se ha hecho a partir de supuestos que han perdido vigencia. Por ejemplo, se asume que el costo de la canasta ampliada equivale a dos veces el costo de la canasta básica alimenticia, pese a que los precios de varios rubros de la primera (vivienda, educación, electricidad) han aumentado mucho más del doble en los últimos años.Si se hiciera una actualización de los precios, seguramente el segmento de la población pobre aumentaría.

El aparato productivo ha sido incapaz de generar puestos de trabajo y salarios acordes con las necesidades básicas de la población. Los datos oficiales referentes al empleo presentan un panorama bastante distorsionado, al afirmar que 94% de la población económicamente activa está ocupada. Pero la realidad es que 30% de las personas ocupadas no tiene un empleo fijo y vive de las actividades que ofrece el sector informal, que son de mera subsistencia. Esto significa que 40% de la población tiene problemas de empleo.

Debido al estancamiento del sector agrícola y a la falta de políticas orientadas al desarrollo de las zonas rurales, el desempleo ha afectado mayoritariamente a la población campesina. “Los trabajadores ocupados en el sector agropecuario, que en 1991 representaban 35,8% de la fuerza laboral total ocupada, disminuyeron a 21,8% del empleo total en 2001.”[2]

Pero el desempleo y el subempleo no son los únicos generadores de pobreza. El salario mínimo mensual para el área urbana en la rama económica de comercio y servicios es de USD 158, USD 155 para la industria y USD 151 para la industria textil y confección, donde se concentra la oferta de empleo femenino. Con este ingreso, una familia de cinco miembros apenas logra cubrir la canasta básica alimenticia (USD 129, aproximadamente), pero no puede pagar por educación, salud, vivienda y servicios básicos.

En el campo, la situación es aún más grave, ya que el salario mínimo (USD 74 al mes) ni siquiera alcanza para pagar la canasta básica alimenticia y el índice de desempleo es alto. En las zonas rurales se concentra, entonces, la población en estado de pobreza absoluta.

La calidad de vida de los salvadoreños y salvadoreñas está directamente relacionada con las desigualdades en la distribución del ingreso: “Para 1992, el 20% de hogares más ricos del país percibieron 54,5% del ingreso nacional y el 20% más pobre 3,2%. Diez años más tarde, el 20% de hogares más ricos había aumentado su participación en el ingreso nacional a 58.3% y el 20% más pobre la había disminuido a 2,4%.”[3] El gobierno ha recibido críticas por sus medidas económicas que favorecen la excesiva concentración de la riqueza, controlada por un pequeño grupo de familias.[4]

Hipótesis erróneas

Las acciones gubernamentales para erradicar la pobreza han sido insuficientes. Su principal estrategia estaba orientada a alcanzar el crecimiento económico y aumentar la inversión extranjera. Este crecimiento traería consigo la generación de empleo y el bienestar social. Estos supuestos no se han cumplido: “A partir de 1996, El Salvador reporta una desaceleración del crecimiento, que se profundizó en el período 2000-2002, en el que el PBI per cápita se ha paralizado.”[5] Además, la inversión extranjera ha sido poca y de mala calidad, porque se basa en manufactura liviana como la maquila. La inseguridad humana (falta de un sistema jurídico confiable, criminalidad, etc.) también incide en la reticencia de los empresarios para invertir.

El dinero que envían a sus familiares los salvadoreños que han emigrado a Estados Unidos es lo que ha evitado el desplome de la economía nacional. Según el Banco Central de Reserva, para 2003 se recibieron USD 2.105 millones en remesas, la cifra más alta de todos los tiempos. Se estima que las familias beneficiadas reciben más de USD 200 mensuales. Actualmente, las remesas representan 14% del PBI. La exportación de mano de obra barata le resulta, entonces, rentable al gobierno, por lo que ha comenzado a fomentarla abiertamente.

Una segunda estrategia gubernamental ha sido el incremento del gasto social. A pesar de que el gasto público social total (incluida la seguridad social) pasó de 5,5% del PBI en 1994 a cerca de 8% en 2002, continúa siendo uno de los más bajos de América Latina. El alto déficit en el acceso a los servicios básicos evidencia la escasa inversión. Dieciocho por ciento de las personas de 15 años o más no sabe leer ni escribir. La seguridad social deja fuera a casi toda la población rural y 24% de los hogares no dispone de servicios de agua corriente.

La suscripción de tratados comerciales, de los cuales el más importante es el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos, es otra acción impulsada por el gobierno para sacar al país de la pobreza. Sin embargo, la situación de otros países como México, a 10 años de implementado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (con Estados Unidos y Canadá), sustenta la preocupación por los resultados de esta apertura comercial. Mientras Estados Unidos proyecta un tratado, que además de permitir el libre acceso de sus productos, le permite el control de los servicios públicos y recursos naturales de la región, los países centroamericanos apenas aspiran a obtener un libre comercio para sus productos, mayoritariamente artesanales y agropecuarios, cuyo mercado potencial será la misma población centroamericana en Estados Unidos.

Las principales organizaciones de oposición han señalado que los tratados no han sido inspirados ni construidos desde los intereses de la población, sino para garantizarle al gran capital nacional buenas alianzas con las empresas transnacionales. Hay elementos para pensar que los supuestos gubernamentales sobre los Tratados de Libre Comercio tampoco van a concretarse.

La cultura de la violencia

La violencia desatada en los últimos 10 años constituye un segundo obstáculo para la seguridad humana en el país.

La delincuencia, la incapacidad del sistema judicial y policial para hacerle frente y la disponibilidad de armamento son algunos factores que han profundizado e institucionalizado la violencia. El Salvador tiene una tasa de 53 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes.[6]Según el registro oficial de la Fiscalía General de la República, 3.163 personas fueron víctimas de asesinatos intencionales en 2003, un promedio de 9 asesinatos diarios.

Pero la delincuencia es sólo un tipo de violencia. También crece la violencia social, particularmente hacia las mujeres en el ámbito público, social e intrafamiliar. Según la Policía Nacional Civil, casi la mitad de los homicidios (47,8%) ocurridos por arma de fuego en 2001 son clasificados como de violencia social.

La capacidad de investigación criminal tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fiscalía General de la República siempre ha estado cuestionada. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los niveles de eficiencia policial en la resolución de casos de homicidio para 1996 y 1997 apenas alcanzaron a 6% y 8%. Del total de requerimientos presentados por la Fiscalía General ante el juez de paz, sólo 54% logra pasar a la fase de instrucción. Entre 1998 y 2000 hubo 4.700 denuncias de delitos sexuales (la inmensa mayoría contra mujeres y niñas); pero apenas 2,8% llegó a los tribunales y sólo 1,4% fueron condenatorias.

Esta ineficiencia de la Fiscalía General y la policía ha favorecido la corrupción y la impunidad. Según los datos de Transparencia Internacional (2003), entre 133 países evaluados y calificados de 0 (altamente corrupto) a 10 (altamente limpio), El Salvador ocupa el lugar 59, calificado con un 3,7.

En El Salvador existen alrededor de 450.000 armas de fuego (generalmente ilegales) en manos de civiles. Esto evidentemente ha aumentado los índices de la violencia homicida a nivel nacional. Según la Policía Nacional Civil, 7 de cada 10 robos y 7 de cada 10 homicidios fueron cometidos con armas de fuego en 2000. Por otra parte, una encuesta nacional de actitudes y normas sobre la violencia y armas de fuego revela que casi 14% de las personas que afirmó poseer armas de fuego y que fue víctima de un asalto resultó herido, mientras que de las asaltadas no poseedoras de armas de fuego sólo un 7,4% fue herido.

El Plan Mano Dura

El Estado debe consolidar una cultura de paz impulsando medidas preventivas, aplicando eficientemente la justicia y reparando a las víctimas de la violencia. Sin embargo, no existe una política estatal al respecto y las acciones han sido represivas y no preventivas. Prueba de ello es la Ley de Armas que le permite a la ciudadanía armarse para defenderse de la delincuencia, ante la incapacidad policial, y que ha sido defendida tanto por el Poder Ejecutivo como por los principales partidos de derecha en la Asamblea Legislativa.

Las más recientes acciones contra la violencia fueron la aprobación de la Ley Antimaras y la aplicación del Plan Mano Dura, que buscan combatir los actos delictivos que cometen las pandillas. Esta ley, además de innecesaria - porque muchos de los delitos que contempla ya están tipificados en el Código Penal y en la Ley del Menor Infractor - es inconstitucional, pues atenta contra derechos fundamentales como la presunción de inocencia de todo ciudadano. Los planes gubernamentales contra las pandillas o maras han sido impulsados en otros países centroamericanos (el Plan Escoba en Guatemala y el Plan Libertad Azul en Honduras). El denominador común de estas acciones es su origen político electoral. “En El Salvador, el Plan Mano Dura que avala el partido de gobierno es parte central de su búsqueda de votos para las elecciones del año entrante (…) El actual mandatario de Honduras, Ricardo Maduro, basó su campaña electoral en una política de cero tolerancia a la criminalidad.”[7]

Vigilancia ciudadana

La sociedad civil ha emprendido proyectos de desarrollo que permitan llevar a las comunidades más desfavorecidas aquello que el Estado no es capaz de proporcionar, como salud, vivienda, educación, agua potable, equidad de género, etc. Pero sus estrategias también se han orientado al fortalecimiento de la contraloría social.

Destacamos las movilizaciones contra de la privatización de la salud y por una reforma integral del sistema sanitario (1998-2003). Este movimiento logró articular las acciones de un buen número de organizaciones civiles, permitió reabrir espacios para las demandas ciudadanas y logró detener momentáneamente el proceso de privatización de los servicios básicos impulsado por el gobierno.

La estrategia de la contraloría social cobró fuerza a mediados de la década del 90, cuando un considerable grupo de organizaciones sociales fue invitado a participar en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Al finalizar las cumbres, la principal tarea de la sociedad civil fue vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos. Hasta ahora, las acciones realizadas por la sociedad civil han sido dispersas y fragmentadas. Sus demandas no han logrado incidir en las decisiones gubernamentales.

En 2000, los líderes mundiales se comprometieron nuevamente a alcanzar una serie de metas, entre las cuales se cuentan la erradicación del hambre y la pobreza para 2015. La vigilancia ciudadana será imprescindible en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para impulsar el pleno ejercicio de la seguridad humana en el país.

Referencias

Cruz, José Miguel y Luis Gonzáles. “De la guerra al delito: evolución de la violencia en El Salvador.” En: Asalto al desarrollo: Violencia en América Latina. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2000.

Dirección General de Estadísticas y Censos. “Encuesta de hogares de propósitos múltiples”. San Salvador: Ministerio de Economía, 2002.

El Diario de Hoy, 17 de enero de 2004.

González, Luis y Roxana Martel. Pobreza y sociedad civil: El caso de El Salvador. 2003.

Moreno, Raúl. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica: Impactos económicos y sociales. San Salvador: Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), 2003.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Indicadores sobre violencia en El Salvador. San Salvador: PNUD, 2002.

–––. Armas de fuego y violencia. San Salvador: PNUD, 2003.

–––. Ensayos. Violencia en una sociedad en transición. San Salvador: PNUD, 2000.

Notas:

[1] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2003. Desafíos y opciones en tiempos de globalización. San Salvador: PNUD. 2003.
[2]Ibid.
[3]Ibid.
[4] “Se ha configurado un nuevo grupo oligárquico, cuya cara visible se presenta en el control que unas cuantas familias poseen sobre el sistema financiero. Ciertamente si se habla de un grupo oligárquico es porque esas familias también controlan otros sectores importantes de la actividad económica como la industria, el comercio, el agro, el transporte, la construcción, etc.”  Paniagua, Carlos. “El bloque empresarial hegemónico salvadoreño”. Estudios Centroamericanos (ECA) 645-648. San Salvador: Universidad Centroamericana José León Cañas (UCA), julio-agosto, 2002.
[5] PNUD, op cit.
[6]El Mundo, 22 de diciembre de 2003.
[7]Proceso. “Un vistazo centroamericano a los planes gubernamentales para la represión de las pandillas”. I y II. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 2003.