“Crisis olvidada”, daño irreversible

David Obot
DENIVA

En los últimos 17 años, el norte y el este de Uganda padecieron un conflicto armado que fue considerado “una crisis olvidada” por el Subsecretario General para Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. En el contexto de la guerra entre el ejército del gobierno y la guerrilla se cometieron las atrocidades más brutales y se violaron los derechos humanos de más de dos millones de personas. La resolución de este conflicto exige la urgente intervención internacional.

Las consecuencias del conflicto

La población del norte y el este de Uganda ha padecido en los últimos 17 años un conflicto devastador.[1] El impacto de la guerra abarca la violación y la negación de los derechos humanos a la vida, la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la seguridad personal y el acceso a fondos públicos e internacionales de más de dos millones de personas. La desesperación y la inseguridad asedian a la población. Los niños que nacen o crecen en este ambiente carecen de futuro y, de hecho, apenas pueden sobrevivir al presente. Desde 1996, aproximadamente 20.000 niños y niñas fueron secuestrados para luchar junto a la guerrilla, y cerca de dos millones fueron desarraigados de sus viviendas.[2]

Secuestros, violaciones, asesinatos

Los secuestrados son atados entre sí por los tobillos, obligados a cargar grandes pesos y a caminar hasta ocho horas diarias, sin pausa, hasta llegar al campamento Nichitu en el sur de Sudán.[3] Apenas llegan comienzan a recibir entrenamiento militar rudimentario. Los niños que intentan escapar son asesinados o castigados severamente.[4]

Las niñas son violadas tanto por los guerrilleros del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) como por los soldados del gobierno. Entre otros actos de agresión están la mutilación de adultos y niños por igual, la emboscada de vehículos y la destrucción de viviendas, cultivos e infraestructura.

El conflicto ha presenciado algunas de las peores formas de muertes despiadadas. Se calcula que más de 23.520[5] personas murieron y que dos millones fueron trasladadas a campamentos para personas internamente desplazadas (PID).[6] En un solo campamento se encuentran unos 10.000 niños y niñas.[7]

Educación

En los campamentos PID no existen escuelas. Incluso si existiera la infraestructura educativa necesaria, la superpoblación sería excesiva y habría un temor constante por los ataques del LRA, lo cual generaría un ambiente poco propicio para la enseñanza. También habría problemas para contratar maestros y obtener materiales educativos. El perjuicio que causa el conflicto en la educación primaria también provocó el descenso de la producción agrícola. Un estudio de Deininger y Okidi muestra que existe una fuerte correlación entre los años recibidos de educación primaria y el valor de la producción agrícola (un incremento de 5% por cada año que el jefe de la familia haya asistido a la escuela primaria).[8] Por lo tanto, cada año perdido de educación primaria implica un descenso en la producción agrícola.

Salud

La desnutrición, la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis y los traumas psicológicos son comunes. En los campamentos PID el sistema de saneamiento es malo,[9] casi no hay medicamentos y las personas mueren de hambre antes de arriesgarse a salir de los campamentos para buscar alimentos. El agua es un lujo: un pozo es compartido por aproximadamente 30.000 personas.

La población no puede cultivar las variedades de cultivos que contribuirían a una dieta equilibrada y brindarían seguridad alimentaria.[10] Duermen sin mosquiteros, de manera que los mosquitos trasmisores de la malaria proliferan sin nada que los detenga. Asimismo, hay muy pocas reservas de medicamentos para tratar la malaria. La consecuencia de estas pésimas condiciones sanitarias es una elevada mortalidad: en 10 campamentos con 220.000 personas se producen en promedio 100 muertes por día a raíz de la malaria, el sarampión, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias.

Además del alto número de casos de violación, un informe de la Organización Social y Consejera de Gulu reveló que 85% de las jóvenes secuestradas que luego fueron rescatadas y sometidas a exámenes médicos estaban infectadas con distintas enfermedades de trasmisión sexual. Dado que existe una fuerte correlación entre dichas enfermedades y el VIH/SIDA, se teme que la mayoría de las jóvenes sean portadoras del VIH.

Consecuencias para la economía nacional

La alianza Organizaciones de la Sociedad Civil por la Paz en el Norte de Uganda calcula que el conflicto le costó al país cerca de 3% de su producto bruto interno anual, o aproximadamente USD 1.330 millones en los últimos 17 años. Los principales costos derivan del alto gasto militar y la pérdida de ingresos por concepto de exportaciones de materias primas como algodón, tabaco y simsim (semillas de sésamo) producidas en la región en conflicto. También se perdieron oportunidades de desarrollo, como es el caso de la ayuda internacional para cuatro hospitales regionales que debió cancelarse por la falta de seguridad.[11]

El gobierno aportó recursos para organizar a la población desplazada en campamentos PID. Los campamentos mismos no son seguros frente a los ataques del LRA. Más de dos millones de personas viven en este tipo de campamentos, y cubrir sus necesidades básicas implica una lucha constante.

Gestiones para resolver el conflicto

A principios de la década de 1990 se iniciaron negociaciones de paz entre el gobierno y el LRA. El entonces Ministro de Estado a cargo de los distritos norteños representó al gobierno y llegó a celebrar reuniones con los representantes guerrilleros. No obstante, esta iniciativa fracasó ya que el gobierno insistió en que los rebeldes entregaran las armas en un lapso determinado. El LRA se negó a cumplir esa condición y reanudó sus actividades rebeldes, que continúan hasta el día de hoy. El gobierno posteriormente intentó derrotar al LRA mediante la firma de un tratado militar con el gobierno de Sudán (Operación Puño de Hierro) que permite a las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda perseguir a los guerrilleros del LRA en territorio sudanés para destruir sus bases. Pero poco se ha conseguido hasta el momento.

Desde entonces se produjeron otras gestiones de paz. La Ley de Amnistía de 2000 concedió la amnistía y la reubicación a los rebeldes que se rindieron. Pero de un total estimado de 50.000 rebeldes, sólo 10.000 se acogieron a ella, según la Comisión de Amnistía. La amnistía caducó el 31 de diciembre de 2003 y la autoridad de la Comisión concluyó el 17 de enero de 2004. Asimismo, la Comisión Presidencial de la Paz trató infructuosamente de reunirse con representantes del LRA.[12]

Organizaciones y representantes de la sociedad civil también intentaron iniciar negociaciones de paz. En 2001, una iniciativa de paz local dirigida por el sacerdote Tarcisio y el jefe “Rwot” Joseph Oywak intentó persuadir al LRA de entablar negociaciones con el gobierno. Pero las fuerzas gubernamentales invadieron la sede de las negociaciones y la iniciativa fue abandonada. La Iniciativa de Paz de los Dirigentes Religiosos de Acholi también logró reunirse con representantes del LRA, mientras la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Gulu también intentó negociar. Todos estos intentos dejan en claro que lo que falta es un mecanismo central que coordine los esfuerzos de pacificación.

A nivel nacional, los 34 parlamentarios de la región del norte abandonaron el Parlamento en protesta por la incapacidad del gobierno para terminar con el sufrimiento de la población.[13] El presidente Yoweri Kaguta Museveni concedió una audiencia a los legisladores y, en la actualidad, varios grupos milicianos locales son entrenados para defender a la población de distintas aldeas.

La seguridad humana exige la participación de la comunidad internacional. En una visita reciente, el Subsecretario de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas reconoció que este conflicto era “una crisis olvidada”. La Ministra holandesa de Cooperación con el Desarrollo también informó al presidente que la vía militar no había traído la paz y que ella pretendía abogar ante la Unión Europea para que las partes en guerra se sentaran a negociar.[14] También resulta absolutamente necesario prestar atención a lo que sucede en Sudán. Aunque el gobierno sudanés lo niegue,[15] el LRA mantiene bases en ese país y recibe respaldo del sur de Sudán.

Conclusión

No existe una coordinación efectiva de los mecanismos de resolución del conflicto. Éste no es el momento para atribuir culpas, sino que vale la pena considerar otras opciones:

·      Participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que atendería los temas relacionados con las bases del LRA fuera de las fronteras de Uganda.

·      Negociaciones directas a través de terceros o un proceso supervisado por la comunidad internacional.

·      Elaboración por parte del gobierno de una política de gestión de desastres y construcción de la paz.

·      Sensibilización por parte del gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación y los dirigentes para concientizar a la población de que este conflicto tiene alcance nacional, regional e internacional.

·      Extensión de la amnistía que concluyó el 31 de diciembre de 2003.

·      Ayuda humanitaria urgente.

·      Un programa integral de rehabilitación y desarrollo.

Aunque el daño sea irreversible, es absolutamente necesario hallar una solución a esta compleja situación geopolítica. Se necesitan con desesperación un marco jurídico para la resolución de conflictos, así como persistencia y compromiso.

Referencias

Reinikka, Ritva y Paul Collier, Eds. Uganda’s Recovery: The Role of Farms, Firms and Government. Washington DC: Banco Mundial. 2001.

The Monitor, Kampala. The Monitor Publications Ltd.

The New Vision, Kampala. The New Vision Printing and Publishing Co. Ltd.

Dirección de Estadísticas de Uganda, 2001. Kampala.

Notas:

[1] Las poblaciones de los distritos directamente afectados por el masivo desplazamiento interno son: en el norte, Apac, Gulu, Kitgum, Lira y Pader; en el este, Kaberamaido, Katakwi y Soroti; con cerca de 3,3 millones de habitantes, o sea 13% de la población total de 24,7 millones. Las poblaciones de los distritos afectados por su proximidad a las zonas de operación de los insurgentes son: en el norte, Adjumani, Arua, Kotido, Moroto, Moyo, Nakapiripirit, Nebbi y Yumbe, con cerca de 2,9 millones de habitantes, o sea 12% del total de la población. Dirección de Estadísticas de Uganda, 2001.
[2]The Monitor, 26 de octubre de 2003, p. 1.
[3] “Andrew Akera, de 13 años, fue secuestrado en 2001. Recuerda que, durante el secuestro, los captores ataron las piernas de los niños secuestrados y quemaron el campamento. Cada niño cargó con unos 40 kilogramos de artículos saqueados y caminó durante casi ocho horas. Se detuvieron a cocinar durante dos horas. Los niños secuestrados comieron verduras, mientras los comandantes rebeldes comieron pescado, carne y harinas. Durmieron a la intemperie. Los secuestros y los saqueos continuaron por un mes, y posteriormente los niños fueron llevados al campamento Nichitu, en el sur de Sudán.” The Monitor, 19 de noviembre de 2003, p. 15.
[4] “Las órdenes eran que cualquiera que intentara escapar sería muerto. En una ocasión [Andrew Akera] recibió latigazos en todo el cuerpo por intentar huir, tras lo cual se lo dejó abandonado, creyéndolo muerto, hasta el día siguiente.”The Monitor, 19 de noviembre de 2003, p. 15.
[5] Dorsey, J. y S. Opeitum. The Net Economic Cost of the Conflict in the Acholiland Sub-Region of Uganda.Kampala: Organizaciones de la Sociecad Civil por la Paz en el Norte de Uganda. 2002, p. 7.
[6]The Monitor, 20 de noviembre de 2003, p. 1.
[7] Oloch, James. “16.000 PID en la granja Bala carecen de servicios médicos y 10.000 niños no asistían a la escuela.” The New Vision, 10 de noviembre de 2003.
[8] Deininger, Klaus y John Okidi. “Rural Households, Incomes, Productivity and Non-Farm Enterprises”, en Uganda’s Recovery: The Role of Farms, Firms and Government.Banco Mundial, Estudios Regionales y Sectoriales, octubre de 1991, pp. 123-174.
[9] “Funcionarios del distrito de Gulu informan que 250 personas comparten una letrina en los campamentos PID.” The Monitor, 1 de noviembre de 2003, p. 4.
[10]The Sunday Monitor, 16 de noviembre de 2003, pp. 14-15.
[11] Japón debió cancelar las donaciones otorgadas para rehabilitar los hospitales en los distritos de Yumbe, Moyo y Adjumani, a raíz de la inseguridad.
[12]The New Vision, 25 de octubre de 2003, p. 3.
[13]The Monitor, 20 de noviembre de 2003, p. 1.
[14]The Monitor, 15 de octubre de 2003, p. 4.
[15]The Monitor, 25 de octubre de 2003, p. 1.


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