Los Objetivos del Milenio requieren un estado solidario

El aumento de la pobreza, la concentración de la riqueza y la exclusión social y el deterioro del medio ambiente resultantes de las políticas económicas basadas en los programas de ajuste estructural solo podrán revertirse a través de un Estado democrático que favorezca la participación ciudadana para asumir conjuntamente los retos de la globalización sin profundizar las brechas sociales.

De los compromisos al cumplimiento

En este nuevo milenio el mundo constata de manera rotunda la brecha abismal entre los compromisos asumidos por los gobiernos en el ámbito de la ONU y el grado de cumplimiento de los mismos. Esos compromisos fueron adquiridos en la década de los 90 y en 2000, en cumbres y conferencias mundiales sobre temas distintos e importantes, entre ellos medio ambiente, población, mujer y desarrollo. Tras largos debates, los gobiernos dieron su palabra de que tomarían medidas correspondientes a los acuerdos y los planes de acción emanados de esas reuniones.

Sin embargo, cada día se sucede y acrecienta una guerra silenciosa y éticamente inaceptable. Casi la mitad de la población del planeta vive con menos de USD 2 diarios. Millones de personas mueren de hambre y de enfermedades prevenibles. Millones no tienen acceso a la educación y al agua potable, viven en viviendas precarias, y podríamos continuar con una lista larga y preocupante.

En sentido inverso al crecimiento de esta guerra silenciosa, los países ricos han reducido la asistencia oficial al desarrollo y transitan rutas económicas que no permiten el encuentro de soluciones adecuadas a la situación de los miles de millones de personas pobres del mundo.

¿Cómo entender en este contexto los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), definidos en el ámbito de la ONU en 2000? ¿Qué significan en relación a los planes de acción de las cumbres mundiales realizadas? ¿Sustituyen los ODM los compromisos de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente de 1992? ¿O los de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995? ¿Serán los ODM la agenda mínima de los países ricos? Para las organizaciones de la sociedad civil, los ODM representan la oportunidad de reposicionar las agendas “olvidadas” de las cumbres a través de una agenda de 8 puntos que refiere al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gobiernos en la década de los 90.

Para los pobres, planes de pobres resultados

En el marco de los ODM promovidos mundialmente, Costa Rica se ha comprometido a reducir los niveles de pobreza nacional, pero es necesario que este compromiso se exprese en una voluntad política del Estado, los partidos políticos, los medios de comunicación y la iglesia. Estos actores deben apoyar e impulsar políticas públicas en los campos de la educación, la salud y el empleo que tomen en cuenta aquellos sectores sociales más vulnerables ante la pobreza como las mujeres, las niñas y niños, y las comunidades indígenas.

La promoción de políticas de Estado requiere el fortalecimiento de todas las instituciones públicas. Es decir, fuentes permanentes de financiamiento, personal técnico y profesional capacitado, mecanismos legales y políticos que vigilen el comportamiento de la función pública para evitar la corrupción y asimismo una amplia participación de la ciudadanía en el seguimiento y el contralor. A esto debe sumarse una verdadera política de descentralización que permita niveles de autonomía política y financiera de las instituciones públicas de modo de atender con eficiencia las diversas regiones y sectores del país.

A partir de 1994, los sucesivos gobiernos costarricenses formularon planes de combate a la pobreza: “Dieciséis Comunidades Prioritarias”,[1] “Triángulo de la Solidaridad”[2] y “Plan Vida Nueva”.[3] Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente con la pobreza en este país?

En 2005, 23,5% de la población costarricense vive en la pobreza y 7,1% en pobreza extrema, que afecta con mayor intensidad a los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres y la población indígena. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,[4] en 2001, según la línea nacional de pobreza, 22% de la población era pobre, y 9,5% vivía con menos de USD 2 al día. La pobreza de ingresos en el país no disminuyó en los últimos 25 años, manteniéndose desde 1980 en alrededor de 20% de los hogares.

Crecimiento económico sin bienestar para todos

Desde la década de los 80, la política económica en Costa Rica aboga por una estabilidad macroeconómica, procura atraer inversiones - en 2002 Costa Rica fue el mayor receptor latinoamericano de inversión extranjera - y promover las exportaciones de productos no tradicionales, así como la apertura a las importaciones.

Si bien esta política de apertura económica logró el crecimiento económico en la última década, este crecimiento no se ha visto acompañado de bienestar social y cultural para el conjunto de la población.

Por el contrario, aumentaron las brechas de desigualdad y la exclusión de amplios sectores de los beneficios del crecimiento. En el mejor de los casos, se produjo un estancamiento de la pobreza. Entre 1990 y 2004, en el sector laboral se registró un aumento del empleo informal, de la desigualdad salarial y del desempleo, así como una disminución de los puestos de trabajo en el sector agropecuario.

Es necesario, por tanto, un cambio en la estrategia de desarrollo. Debe buscarse un desarrollo hacia adentro, que genere riquezas que queden en el país a través de encadenamientos productivos y que permita una mayor distribución de los beneficios del crecimiento económico. Esta redistribución implica que el Estado debe recuperar su función democratizadora, asegurar una estructura tributaria progresiva - que grave más a los mayores ingresos - y un gasto público equitativo, así como políticas de empleo y producción justas y basadas en el interés social.

En este marco, el Estado costarricense debe proponerse metas acordes con sus capacidades y desarrollo histórico. Debemos eliminar la pobreza extrema antes de 2015 y reducir a la mitad el índice de pobreza tomando en cuenta los niveles de 1994 y no los de 1990. La posibilidad de lograr estos objetivos depende de cuánto se invierta en la formulación de políticas de Estado en temas centrales como educación, salud y empleo.

Educación para la equidad

La garantía del derecho a la educación de niñas y adolescentes es clave para que estas accedan a una condición social digna. En el caso costarricense, el cumplimiento de esta meta, además de lograr una cobertura total de la educación primaria para las niñas y adolescentes, supone construir y dar seguimiento a políticas públicas correspondientes a una visión integral de la educación como derecho. Asimismo, implica una oferta educativa que contemple el derecho a la educación preescolar y a la educación básica gratuitas y a una educación de calidad, no discriminatoria en términos de género y promotora del respeto a los derechos humanos y la diversidad. La educación técnica no sexista y la educación sexual también son un derecho.

Tanto la visión como las políticas a aplicarse no pueden ignorar que el derecho a la educación de las niñas y adolescentes está siendo afectado por situaciones como el trabajo doméstico, la explotación para el comercio sexual, la alta fecundidad entre las adolescentes y el embarazo infantil.

Salud y capacidad de elección

En materia de salud no podemos obviar aspectos como la salud materno-infantil. Este aspecto es crítico en Costa Rica, pues las instituciones públicas de salud están desfinanciadas y porque el país sufre la ausencia de un debate nacional sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Uno de los resultados de este debate pendiente debería ser la formulación de estrategias de educación sexual que puedan reducir considerablemente el número de embarazos adolescentes no deseados. En 2000,[5] la mortalidad materna era 43 cada 100 mil nacidos vivos. No obstante, según el Sistema Nacional de Evaluación de la Mortalidad Materna, en 2000, 80% de las muertes maternas se debió a causas evitables. El análisis realizado indica que a escala nacional no se cumple con las normas de atención prenatal y del parto.

La salud ha de ser prioritaria si se busca mejorar la calidad de vida. Se necesita una adecuada asignación de recursos y la planificación de campañas así como programas específicos de prevención, salud sexual y reproductiva y otros. Es importante que estos programas estén enmarcados en una política de igualdad de género en materia de salud.

La receta de la flexibilización laboral

En el marco de los procesos político-económicos de contenido neoliberal, cada vez se extiende más el fenómeno de la flexibilización laboral, que surge del interés empresarial de reducir los costos y se traduce en la libertad de las empresas para contratar y disponer de la fuerza de trabajo según sus necesidades y a través de iniciativas que pretenden modificar o suprimir las leyes laborales vigentes, afectando de esta manera los derechos de las y los trabajadores.

Luego de estudiar los mecanismos con que la flexibilidad laboral opera en Costa Rica y en los demás países centroamericanos, se observa que:

·        La flexibilidad laboral es un fenómeno impulsado por los sectores empresariales para reducir al máximo sus costos de mano de obra y aumentar el volumen de producción.

·        La flexibilidad es aplicada por los sectores empresariales y patronales en el trabajo cotidiano violentando las leyes laborales en cuanto a jornadas, salarios, horas extras, vacaciones, derechos por maternidad y otras garantías sociales establecidas en el Código de Trabajo y la Constitución de cada país.

·        La flexibilidad se ve beneficiada por la interpretación restrictiva de las leyes que hacen los jueces y juezas, así como el personal técnico y administrativo encargado de velar por los derechos laborales.

·        El contexto del libre comercio potencia y fortalece la flexibilidad como la “receta laboral” para resolver los problemas de empleo en Centroamérica.

·        Los diferentes tipos de flexibilidad afectan negativamente a la población trabajadora en sus derechos laborales y humanos, disminuyendo sus ingresos económicos, afectando la estabilidad laboral y la calidad del empleo, lo que redunda en la profundización de la pobreza y la desigualdad social.

El resultado visible y comprobado de las políticas neoliberales, impulsoras de la flexibilidad laboral, ha sido la proliferación del empleo precario e inestable, la profundización de la desigualdad social y de la pobreza y la exclusión cada vez mayor de las mujeres de los empleos calificados y bien remunerados.

Conclusión

La eliminación de la pobreza requiere un Estado fortalecido, una sociedad solidaria y comprometida con un desarrollo inclusivo. Los tratados de libre comercio, como el que se pretende aprobar en 2005 entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, nos plantean un modelo de sociedad basado en la competitividad, donde sobreviven las transnacionales o aquellos sectores nacionales que han logrado acumular capitales a costa del trabajo de muchos y muchas costarricenses.

El Tratado de Libre Comercio plantea un mundo de oportunidades para pocos. Coloca al país en dirección de una sociedad con mayores niveles de exclusión y con un modelo de inversiones externas desligadas de los circuitos económicos y comerciales locales, profundizando las desigualdades entre sus regiones.

El Estado ha estado sometido a importantes procesos de transformación tanto en su estructura interna como también de sus funciones. Buena parte de estos procesos se aceleraron con el impulso de los programas de ajuste estructural durante la década de los 80, que marcaron las nuevas condiciones de la economía mundial. Estas nuevas condiciones generaron impactos en la presencia rectora del Estado en áreas clave de las economías nacionales como el agro y la industria nacional, consolidando la tendencia a un mayor aumento de la pobreza, a más concentración de la riqueza, y al deterioro del ambiente y la exclusión social.

Los países pobres, Centroamérica y particularmente Costa Rica se encuentran ante una encrucijada producto de la pugna por sustituir las relaciones Estado-sociedad por las relaciones mercado-sociedad. Por un lado, tiene lugar la consolidación de los procesos de apertura comercial expresados en la transformación de la estructura productiva y la posible aprobación del Tratado de Libre Comercio mencionado. Por otro, los movimientos sociales están a la búsqueda de rutas alternativas para el país y para la región, en las que se conserve y profundice el carácter rector del Estado, incorporando nuevas dinámicas en su relación con la sociedad.

El cumplimiento de los ODM requiere un nuevo tipo de Estado, un Estado democrático que proporcione los bienes y servicios públicos necesarios en una sociedad capaz de asumir los retos de la globalización sin profundizar las brechas sociales y las condiciones de pobreza. Se requiere un Estado ágil e innovador al servicio de una sociedad comprometida con un desarrollo inclusivo y solidario, que fomente el fortalecimiento de la institucionalidad regional y municipal. Ese Estado deberá favorecer la planificación democrática y los presupuestos participativos, y garantizar servicios públicos al alcance de todos los habitantes. Deberá asimismo invertir en infraestructura y garantizar la equidad para las mujeres, la niñez y la juventud en la perspectiva de construir un país para todos y todas.

Referencias

Lara, Silvia. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el contexto mundial. Primera parte” en Análisis crítico del Informe de Gobierno sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Costa Rica (Memoria), febrero de 2005, pp. 23-24.

Lara, Silvia. “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el contexto costarricense. Segunda parte. Prioridades y desafíos. Síntesis” en Análisis crítico del Informe de Gobierno sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Costa Rica (Memoria), febrero de 2005, pp. 4-6.

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. Análisis crítico del Informe de Gobierno sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Costa Rica, febrero de 2005.

Programa Estado de la Nación. Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José: Proyecto Estado de la Nación, 2004, pp. 45-198.

“Resumen sobre el grado de avance del país en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Información brindada por la Secretaría Técnica del Consejo Social, Gobierno de Costa Rica. Noviembre 2004.

Notas: