Falta de transparencia en la gestión pública

Social Watch Benín

Aún queda mucho por hacer para asegurar el desarrollo de las capacidades básicas. Más de 60% de la población rural vive en la pobreza y una de cada dos niñas no va a la escuela. La corrupción está generalizada y hacen faltan mecanismos que favorezcan la transparencia en la gestión pública.

La financiación del desarrollo social, la erradicación de la pobreza y la igualdad de género siguen siendo preocupaciones mayores para el Gobierno. Los objetivos planteados en este sentido no han sido alcanzados y la corrupción alcanza niveles sin precedentes. La pobreza se ha acentuado y los esfuerzos para mejorar la cuestión del género son poco perceptibles. A la vez, los mecanismos tradicionales de redistribución de recursos se han resquebrajado, mientras crece la cultura del individualismo.

La extrema pobreza se ha instalado a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Desde 2002, la situación económica y financiera de Benín se deteriora sustancialmente, sin experimentar mejoras. La tasa de crecimiento económico ha ido decayendo, de 3,9% en 2003 a 2,7% en 2004, año en que se esperaba un crecimiento de 6,8%. En 2004, la pobreza alcanzó a 36,3% de la población de las ciudades y 63,7% de los habitantes rurales.

El presupuesto del Estado, además de la contribución de los socios para el desarrollo, únicamente obtiene recursos fiscales. En materia de redistribución de recursos públicos, existen mecanismos apropiados tales como salarios, subsidios y otras subvenciones sociales (infraestructura, salud, educación y otros) pero, en términos generales, solo quienes ejercen alguna actividad se benefician de la redistribución de los magros ingresos del Estado.

La corrupción asociada a la falta de recursos destinados a la resolución de problemas sociales impide satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los pobres. La tasa de usufructo de servicios de salud es muy baja, alrededor de 39% en 2004.

La política económica y social del Gobierno no se basa en un reparto rigurosamente equitativo del ingreso nacional. De todos modos, se constatan esfuerzos cada vez más mayores con el fin de mejorar las asignaciones de los recursos presupuestales mediante la elaboración de un programa de presupuesto dedicado a priorizar sectores como la educación y la salud. Algunas reformas presupuestarias permiten una mejor evaluación de las actividades cuya ejecución está sometida a carencias que reducen su eficacia para llegar a los beneficiarios previstos. La pobreza perdura generalmente en las zonas rurales y peri-urbanas, afectando en particular a mujeres, niños y niñas.

Tabla 1. Inversiones públicas por sector de actividad (millones de FCFA) – 2005-2006

Sector

Total 2005

Total 2006

Variación %

Sector rural

21.412

28.191

+31,66

Industria, artesanato

5.009

5.079

+1,40

Agua, Electricidad

8.513

12.808

+50,45

Infraestructuras

67.067

68.495

+2,13

Comercio, servicios y turismo

2.977

2.095

-29,63

Total sectores productivos

104.978

116.668

+11,14

Salud

18.244

20.043

9,86

Educación

25.793

19.012

-26,29

Vivienda

1.869

1.304

-30,23

Otros sectores sociales

6.724

7.195

+7,00

Total sectores sociales

52.630

47.554

-9,64

Administración

2.651

32.193

+20,79

Total general

184.259

196.415

+6,60

 Fuente: Informe de Presentación del Programa de Inversiones Públicas 2005 y 2006. (FCFA 1.000.000 = USD 1.870).

Tabla 2. Comparación de medidas sociales contenidas en los proyectos de presupuesto (millones de FCFA) – 2005-2006

Áreas de intervención

2005

2006

Variación %

Salud

7.284

9.708

+33,27

Educación

13.113

6.615

-49,55

Hidráulica y energía

8.339

13.594

+63,01

Desarrollo rural

3.339

19.226

475,80

Seguridad

-

2.119

-

Descentralización

19.044

21.532

13,06

Otras medidas sociales

8.062

-

 

Total

59.225

72.794

22,91

Fuente: Informe de Presentación del Programa de Inversiones Públicas 2005 y 2006. (FCFA 1.000.000 = USD 1.870).

En lo concerniente a las reformas presupuestarias, éstas son elaboradas por los funcionarios del Estado sin mayor participación ciudadana. La voluntad expresa del poder público apunta a hacer la elaboración del presupuesto cada vez más participativa con la instauración de un programa a nivel de las estructuras competentes. La experiencia de la implementación del programa de ajuste del gasto público en 1998 y 1999 llevó a que algunos departamentos ministeriales confeccionaran sus presupuestos sobre una base participativa. La experiencia de elaboración de programas de presupuestos a nivel de local recién comenzaría en 2007. Ante la falta de funcionarios capacitados, la participación de los ciudadanos en la formulación y en el seguimiento de los gastos sigue siendo muy limitada.

Necesidad de presupuesto para equidad de género

Un examen de las medidas y programas susceptibles de favorecer el acceso de las mujeres a la educación, la salud y el crédito no arroja resultados alentadores. Ocurre lo mismo a nivel del Ministerio de la Mujer, de la Protección Social y de la Solidaridad. El Presupuesto general del Estado para el ejercicio 2006 no incluye ninguna medida nueva para la promoción de las mujeres. Mas la lucha contra la pobreza no puede ser llevada a cabo con éxito si no se corrigen el desequilibrio y las inequidades entre hombres y mujeres.

Hay que tratar entonces de considerar a las mujeres como un grupo específico, teniendo en cuenta que ellas no enfrentan los mismos obstáculos ni las mismas oportunidades que los varones en el acceso a los servicios públicos de educación y salud. La focalización de los programas en las mujeres está reconocida como una estrategia eficaz de reducción de la pobreza dado que las mujeres constituyen una mayor proporción entre los pobres.

Sin embargo, este énfasis en las mujeres es difícil de implementar desde la óptica del gasto público sin incluir rubros que tengan en cuenta la dimensión de género. Para esto hacen falta datos de la proporción del gasto público que tiene un impacto diferenciado en hombres y mujeres, así como sobre la proporción del gasto público específicamente destinado a las mujeres. Sin embargo, en la medida en que las políticas no son concebidas ni formuladas para tener en cuenta la dimensión de género, los presupuestos tampoco lo hacen.

Mientras tanto, la participación y el poder de decisión de las mujeres en la economía en relación a los de los hombres han permanecido estancados. A nivel de la representación política, la presencia femenina en el parlamento en 2004 fue de 7,2%.

Una de cada dos niñas no va a la escuela

Un avance en el área educativa es una iniciativa aprobada por el Gobierno para la escolarización de las niñas. El seguimiento de este abordaje es difícil, si se tiene en cuenta la insuficiencia de funcionarios públicos concientizados y capacitados sobre la problemática de género.

Las estadísticas de escolarización revelan un desequilibrio entre mujeres y varones. Según el Banco Mundial, la tasa bruta de escolaridad en la educación primaria pasó de 94% en 2003 a 99% en 2004, con una diferencia de 24 puntos entre varones y niñas. La situación de las niñas es preocupante, ya que una de cada dos en edad de ir a la escuela no está escolarizada, con una tasa neta de escolaridad de 47% en el periodo 2000-2004.

Corrupción y falta de transparencia

En cuanto a la lucha contra la corrupción, la experiencia de rendición de cuentas para votar la ley reglamentaria es reciente. A partir de 2000, se han tomado algunas disposiciones en leyes financieras para hacer más transparentes los negocios públicos y permitir un mejor seguimiento del gasto presupuestal. Estas disposiciones siguen siendo insuficientes para luchar eficazmente contra la corrupción, que ya ha penetrado profundamente en la sociedad. Acciones de combate a la corrupción se focalizan sin éxito en los sectores con alta incidencia del fenómeno como la administración de aduanas, la recaudación de impuestos, el tesoro y las finanzas públicas. El marco institucional no es enteramente favorable a la lucha contra la corrupción. Se necesitan reformas y una mejor aplicación de las leyes existentes. La impunidad es la regla y no existe ningún órgano de control susceptible de ejercer coerción contra la mala gestión del Estado, mientras que el Parlamento no hace más que recomendaciones, generalmente no escuchadas.

En cuanto a la estrategia de información a los ciudadanos sobre la gestión del Estado, ésta es casi inexistente. El Estado no emite palabra sobre su gestión y ningún órgano puede obligarlo a que lo haga. Recientemente una revista periodística de publicación irregular ha comenzado a publicar los resultados de los desmanes en las finanzas públicas. Las carencias institucionales e informativas favorecen ampliamente la corrupción.

Las raras ocasiones formales en las que los ciudadanos son informados sobre la gestión del gobierno son las previstas por:

•  el Artículo 72 de la Constitución, que obliga al Presidente de la República a dirigir una vez por año a la Asamblea Nacional un mensaje sobre el Estado de la Nación;
•  el Artículo 113, que establece que el Gobierno debe dar a la Asamblea Nacional todas las explicaciones pedidas sobre su gestión y sobre sus actividades;
•  las interpelaciones, las preguntas escritas u orales dirigidas al Gobierno y las comisiones parlamentarias de investigación gracias a las cuales los representantes del pueblo obtienen alguna información por parte de los ministros de gobierno sobre su gestión o sobre alguna cuestión de interés nacional en particular.

Al margen de estos mecanismos constitucionales, esporádicamente los ministerios de gobierno lanzan comunicados de prensa que reflejan el punto de vista oficial sobre la gestión pública.

Es destacable que las fuentes de información relativa a la gestión del Estado son verdaderos temas tabúes en la República de Benín. Con o sin razón, estas informaciones tienen el sello de secreto de Estado o de confidencial, de modo que los ciudadanos no pueden acceder a ellas. Los informes de las comisiones investigadoras gubernamentales creadas con gran apoyo mediático nunca son hechos públicos.

El nuevo Gobierno ha llevado a cabo esfuerzos perceptibles para informar mejor a la población. Con el objetivo de una gestión informatizada, todos los Ministerios y los servicios públicos estarán interconectados gracias a las tecnologías de la información y la comunicación.

Conclusión

Resumiendo, existen algunos esfuerzos loables para el desarrollo, pero aún resta mucho por hacer para satisfacer las necesidades reales de las y los ciudadanos y para asegurar la transparencia en la gestión del Estado. Las acciones del punto focal de Social Watch en Benín se orientan a este fin.

Puntos focales

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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