Inseguridad en medio de la riqueza

John Foster
North-South Institute

La economía canadiense sigue a la vanguardia de la OCDE en muchos sentidos. El gobierno federal, luego de casi una década de superávits, prevé otro superávit aun mayor que sus propias predicciones. El nivel de empleo es relativamente alto a pesar de la crisis en la industria manufacturera. Sin embargo, los canadienses de a pie están preocupados, y por una buena razón. La desigualdad aumenta día a día en la sociedad, mientras se socavan las políticas públicas que combaten la injusticia y mantienen la seguridad social.El‘sistema’ de apoyos sociales de Canadá es una compleja ‘colcha deretazos’ cuyos orígenes se remontan a la década de 1920. En 1965 se instauróa nivel nacional el Plan de Pensiones de Canadá, constituido por pensionesuniversales, contributivas y transferibles con fondos invertidos por elgobierno. En 1966 el gobierno federal asumió 50% de los costos de la asistenciasocial con el Plan de Asistencia de Canadá, que estableció garantíasnacionales y el principio del derecho a la asistencia social, y otorgó a laspersonas pobres el derecho jurídico a reclamar contra la reducción o la negaciónde las prestaciones. Este elemento fundamental del reconocimiento de losderechos se eliminó en 1996 y con él desaparecieron las normas a nivelnacional y el concepto del derecho a la asistencia social.


Más trabajo, menos ingresos

La desigualdad va en aumento. Según lo documentó en un estudio sobre lasfamilias canadienses, la integrante de Social Watch Armine Yalnizyan (2007) señalóque “en 2004, el 10% más rico de las familias ganaba 82 veces más que el 10%más pobre, casi el triple de la relación en 1976, cuando ganaba 31 veces más”.

Entre 1976 y 1979 el 50% más pobre de la población percibía 27% del total delos ingresos. Entre 2001 y 2004 ese porcentaje bajó a 20,5%, aunque trabajabanmás. Hasta 80% de las familias perdieron terreno o se estancaron en comparacióncon la generación previa. Esto sucede a pesar de que 90% de las familiastrabajan más (200 horas más por año) que en 1996.

Para quienes tienentrabajo la realidad es que los salarios reales promedio (los sueldos ajustados ala inflación) no subieron en más de 30 años.La economía ha crecido 72% entre 1975 y 2005 en términos reales per cápita.La productividad laboral (en PBI por hora) creció 51%. Antes de 1975 el salarioreal por hora crecía de manera constante, pero a partir de ese año se estancó.

Este estancamiento de los salarios es un factor importante para explicar elcrecimiento de la disparidad en los ingresos y de la inseguridad. En función dela economía en general, queda claro que algunos se benefician, y se beneficianenormemente. La proporción del lucro de las empresas en la economía tuvo unaumento constante y ahora ocupa su punto más alto desde 1961, con 33,68% de latorta económica.

El gobierno federal podría innovar y tomar el timón para garantizar laseguridad de todos y todas. Hasta 2006 había gozado de nueve superávits sucesivos en su presupuesto. Las proyecciones para2007-2008 indican un superávit superior a los CAD 3.000 millones (USD 2.870millones) según la proyección inicial del gobierno.


Una sensación de inseguridad

En una encuesta realizada por el Canadian Centre for Policy Alternatives (partede Social Watch Canadá) la mayoría de la población (65%) indica que elcrecimiento económico no los beneficia. Muchos expresan que sólo “el chequedel sueldo semanal los separa de la pobreza” (CCPA, 2006).

La población cree que la desigualdad está creciendo, sin que esa creencia varíesignificativamente entre los distintos sectores de ingresos. Aproximadamente 65%cree que los canadienses más ricos son quienes se benefician del crecimiento yla prosperidad económicos.

Asimismo creen que la creciente desigualdad fomentará el incremento de ladelincuencia, aunque los actos delictivos en gran medida han descendido en losúltimos años. Creen que la sociedad se caracteriza cada vez más por el egoísmo.Se preocupan porque sus hijos e hijas ya no vivan tan bien como antes. Loscanadienses ven en una sociedad más desigual a una sociedad más similar a lade Estados Unidos.


Nubes en el horizonte

Acaso las amenazas más graves que enfrenta la capacidad del país paragarantizar a su gente una mayor seguridad social o humana radica en elcompromiso asumido por algunos de sus gobiernos para incrementar los privilegiosde ciertos poderes (particularmente en el sector empresarial) y para reducir lacapacidad (algunos la llamarían soberanía democrática) de los propiosgobiernos.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) actuó como un frenoa la intervención estatal y reforzó la desigualdad en la distribución delingreso. El más destacado de los procesos en curso es la Asociación deSeguridad y Prosperidad entre Canadá, Estados Unidos y México. En este procesodirigido por los poderes ejecutivos se incluye una innumerable cantidad de comitésadministrativos trinacionales que trabajan por la liberalización y la‘armonización’ de sus prácticas, así como en un gran conjunto de medidasde seguridad y contralor que afectan el movimiento de la gente, la supervisiónde las fronteras y priorizan el movimiento de productos y el comerciointernacional.

Una iniciativa en el plano provincial, el llamado Acuerdo sobre Comercio,Inversiones y Movilidad Laboral entre las provincias de Columbia Británica yAlberta, amplía el privilegio de las empresas al permitir que los interesesprivados reciban indemnizaciones de hasta CAD 5 millones en demandas contrapresuntas violaciones por parte de los gobiernos provinciales, las empresas públicas,las autoridades educativas o los gobiernos municipales. La decisión finalcorrespondería a los tribunales comerciales y no a las cortes canadienses. Comoseñalara un experto académico, “el acceso sin restricciones del sectorprivado a los mecanismos de resolución de disputas… convertiría a casi todoproyecto provincial o municipal en objeto de ataques” (Helliwell, 2007). Estamedida es una ampliación invasiva de los privilegios empresariales creados porel TLCAN (capítulo 11). Ha sido rechazada por el gobierno de la provincia deSaskatchewan, pero está siendo considerada por otros.


¿Quiénes se benefician?

El gobierno es la garantía de que la situación de la clase media no se hayadeteriorado, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido y Países Bajos. Canadáexperimentó el crecimiento de la clase media, de 33% a 37% de la población enlas dos décadas anteriores a 2000. Los factores esenciales han sido las políticasde Estado: las exenciones fiscales para los ahorros con fines jubilatorios, elseguro público de atención médica, las exenciones fiscales para la compra dela primera vivienda y mucho más.

Pero, ¿esas políticas cuidadosamente instrumentadas, concentradas en la clasemedia, ayudan también a las personas pobres? Según la OCDE, Canadá dedica 64%del gasto a los cuatro décimos de la población que corresponden a la clasemedia y apenas 22% a los tres décimos que corresponden a los más pobres[1].Los recortes impositivos no ayudarán a mejorar la política de ingresos parapermitir que los más pobres salgan de la pobreza.


Elementos persistentes de la seguridadsocial

Trabajo digno con salario digno. Elnivel de empleo es relativamente alto en la actualidad, con la disminución dela fuerza de trabajo nacional, una mayor dependencia de la inmigración y laexpansión del interés por la mano de obra extranjera que por su caráctertemporal, carece de las garantías que proporcionaría la protección sindical.Una de las garantías fundamentales es la de los niveles de salario mínimo enlos sectores federal y provincial del mercado de trabajo. En la actualidad hayseñales positivas que indican que en varias provincias los salarios mínimosestán subiendo (aunque no necesariamente a ingresos del nivel de la línea depobreza), en parte debido a las campañas públicas del movimiento sindical ysus organizaciones aliadas.

Seguro de desempleo. El seguro dedesempleo fue concebido como un plan contributivo por el cual el Estado daba surespaldo a la población trabajadora proporcionándole garantías contra pérdidasrepentinas o catastróficas del ingreso salarial. En 1996 se cambió por elseguro de empleo, lo que generó drásticas reducciones en cobertura, de 82,9%de los desempleados en 1989 a 43,5% en 2004. Entre los sectores más gravementeperjudicados están los inmigrantes recientes, los recién incorporados almercado de trabajo y los trabajadores ‘atípicos’. Las mujeres siguenperdiendo terreno frente a los hombres, ya que la brecha de género se triplicóentre 1996 y 2004.

Atención infantil. El gobierno delpartido liberal en el poder antes de 2006 adoptó convenios de educacióninicial y atención infantil con las provincias, subsidiando la expansión de laprovisión de atención infantil de alta calidad. El gobierno conservador que lesucedió puso fin a esos convenios e introdujo la llamada Prestación de AtenciónInfantil Universal, que ofrece fondos muy reducidos (un pago único de CAD 100por cada niño o niña menor de seis años otorgado a todas las familias,incluso a aquellas que no lo necesitan) y sin garantías de que los fondos seutilizarán para la atención infantil pública.

Atención de la salud.
El sistema público de seguro de salud universal ytransferible del país es la envidia de muchos vecinos, y numerosos movimientossociales buscan que se extienda al seguro dental, óptico y farmacéutico.Recibe ataques permanentes de los defensores del seguro privado, que sereanudaron desde que un fallo de la Corte Suprema eliminó la prohibición dealternativas de seguro privado en Québec. El gobierno federal tiene laresponsabilidad de aplicar las garantías que otorga la ley sobre salud, pero hademostrado poco interés en hacerlo.

Pensiones. Una población envejecida ytrabajos más precarios con beneficios menos asegurados hacen que el sistema públicosea más importante que nunca. Sin embargo, existen fuertes presiones paraconvertir lo que es esencialmente un fondo público de inversiones eninversiones de alto riesgo en la bolsa de valores.

Vivienda. La política nacional devivienda y las iniciativas nacionales que aseguran viviendas a preciosaccesibles prácticamente desaparecieron de la agenda del gobierno federal.

Acceso para los pobres y los pueblos indígenas.Recientes medidas del gobierno cancelaron la asistencia para recurrir antelos tribunales en defensa de derechos, lo cual es esencial para los pobres, lasmujeres y los grupos marginados. El gobierno federal actual canceló un acuerdode amplio alcance con los pueblos indígenas sin haberlo sustituido por unamedida de similar amplitud. La década transcurrida sin las garantías del Plande Asistencia de Canadá socavó la seguridad de numerosos segmentos de lapoblación pobre y marginada.


¿Avanzamos?

Doce años después de la Cumbre sobre Desarrollo Social de Copenhague,Canadá no cuenta con una estrategia nacional de erradicación de la pobreza.Incluso el Parlamento, que hace más de una década prometió poner fin a lapobreza infantil, fracasó absolutamente en la implementación de su‘compromiso’. A principios de 2007 el Consejo Nacional de Bienestar Social,un organismo asesor cuasi oficial, reclamó una estrategia federal/provincialconjunta.

El presupuesto federal más reciente (marzo de 2007) pone en marcha una PrestaciónImpositiva para el Ingreso Devengado (WITB) concebida para fomentar que aquellosque se mantienen con la asistencia pública obtengan una remuneración laboral.Los pobres que trabajan pueden ganar el salario mínimo o salarios por encimadel mínimo pero aún inferiores a la línea oficial de pobreza.

Si el objetivo de la nueva prestación impositiva era sacar de la pobreza a lasfamilias que trabajan, sólo lo logra en parte. Entre tanto, la necesidad decoordinar la iniciativa federal con programas provinciales existentes llevarálargas negociaciones y mucha confusión.

Como comentara un grupo político destacado, la “WITB posee objetivos económicosy de justicia social que deben tomarse en cuenta en toda evaluación o análisisde costo-beneficio. Una mayor cantidad de canadienses que trabajen se traduciráen un mayor gasto de consumo y más ingresos fiscales. Con la escasez crecientede mano de obra, resulta aun más importante ayudar a que el trabajo remuneremejor a los trabajadores con bajos ingresos y que los mantenga sin caer en lared de la asistencia pública” (Battle, etal., 2007).

Québec ha implementado una estrategia ‘integral’ de combate a la pobreza yla exclusión social, incluyendo aumentos del salario mínimo, viviendas conatención a las personas discapacitadas, bonificaciones salariales ycomplementos de la asistencia social. Estos últimos fueron indexados a lainflación.

Luego de extensas consultas con la comunidad, la provincia de Terranova anunciórecientemente un paquete integral de políticas concebidas expresamente parareducir la pobreza, incluyendo atención específica a las necesidades de lospueblos indígenas.

Entre sus objetivos hay un mayor apoyo a la discapacidad, viviendas a preciosaccesibles, mayores niveles de complemento de ingreso, apoyo al desarrollo deaptitudes, complemento del ingreso para los jóvenes y sistemas públicosreforzados de educación inicial y atención infantil.

Canadá ha ratificado el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos,Sociales y Culturales. En 2006 el Comité del PIDESC analizó su cumplimiento.Diversas ONG canadienses presentaron testimonios pormenorizados sobre elincumplimiento cabal del Pacto por parte de Canadá.

El Comité manifestó su particular preocupación porque en un país tan próspero11,2% de la población es pobre e incluye indígenas, inmigrantes, mujeres,madres solteras y discapacitados.

El Comité evaluó que los gobiernos canadienses tratan derechos como los deasistencia social y atención médica adecuadas como “principios y objetivosprogramáticos y no como obligaciones jurídicas”. Señaló que faltanmecanismos de aplicación de estos derechos y que los gobiernos argumentan antelos tribunales contra la inclusión de los derechos del Pacto entre losprotegidos por la Carta de Derechos y Libertades de la Constitución.

El Comité destacó muchas de las reformas cuya inclusión las ONG canadiensespretenden hace tiempo: asistencia social suficiente para un nivel de vida digno,aumento de los salarios mínimos, acceso asegurado a las prestaciones de segurode desempleo y medidas que aborden la inseguridad alimentaria, el hambre, laspersonas sin techo y la falta de vivienda (NAPO, 2006).

Una estrategia nacional contra la pobreza podría abarcar esas medidas. Doce añosdespués de Copenhague, los canadienses siguen esperando.


Referencias

Battle,K., Torjman, S., Mendelson, M. y Tamagno, E. (2007). “Mixed Brew for the‘Coffee Shop’ Budget”. Ottawa: The Caledon Institute of Social Policy.

CCPA (
Canadian Centre for Policy Alternatives) (2006).“Growing Gap, Growing Concerns: Canadian Attitudes Toward IncomeInequality”. Ottawa: CCPA.

Helliwell, J. (2007). Revisión del informe “Assessing the Impact ofSaskatchewan Joining the BC-Alberta: TILMA”.
Preparado por elConference Board of Canada para el Gobierno de Saskatchewan.

NAPO(National Anti-Poverty Organization) (2006). “Don’t Ignore UN CommitteeRecommendations on Human Rights, Canadian NGOs say”. Ottawa: NAPO. Comunicadode Prensa, 22 de mayo.

Saunders, D. (2007). “The secrets of Canada’s world-leading middle-classsuccess”.
The Globe and Mail [en línea], 4 de agosto. Disponible en:<www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20070803.doug04/BNStory/International/home>.

Yalnizyan, A. (2007). The Rich and the Rest of Us: The Changing Face of Canada’s Growing Gap.Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives.


Nota:


[1] Estos datos sebasan en cifras de la OCDE y en el estudio “The Decline of the Middle Class:An International Perspective” del profesor de la Universidad de MonmouthSteven Pressman, según el artículo de Saunders (2007).

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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