Escasas garantías

Escuela Nacional Sindical, Corporación Región

La modificación que ha sufrido la protección social tiende a la privatización del sistema de salud y pensiones y a la fragmentación de los programas de asistencia social en una serie de ayudas focalizadas dirigidas a poblaciones específicas. El acceso a la seguridad social depende cada vez más de lo que se pague por ella, lo cual le resta todo su fundamento de derecho y contradice el principio de igualdad de la ciudadanía.

En 1990 el país incorporó un nuevo modelo económicobasado en las corrientes del libre mercado como motor para lograr el desarrolloy sobre estos principios realizó una serie de cambios estructurales tanto en lonormativo como en lo institucional.

El sistema de protección social en Colombia opera bajo esta lógica y tiene dosgrandes componentes: el sistema de seguridad social integral (salud, pensiones yriesgos profesionales) y el sistema de asistencia social (subsidios y auxiliosen nutrición o en dinero). Las leyes que regulan ambos permiten que los agentesprivados operen en la administración de salud y pensiones. A la vez, se creóla asistencia pública en salud por medio de un régimen subsidiado.


Acceso a la seguridad social condicionado por el mercado

En pensiones se establecieron los fondos privados basados en el principio de lacapitalización individual, pero se mantuvo el sistema anterior, basado en elreparto simple y la administración pública de los recursos. En el caso de lasalud, se permitió la participación del sector privado modificando el sistemade aseguramiento y se dejó de financiar el sistema hospitalario (subsidio a laoferta) mediante un subsidio a los pobres para el pago de la atención de lasalud. Los hospitales y demás entidades de salud pasaron a financiarse mediantela venta de servicios.

Con eltranscurrir de los años la legislación ha presentado más retrocesos queavances en materia de acceso, modificándose en favor del mercado. En 2001 sereformó constitucionalmente el sistema de transferencias[1], creando el actual sistema general departicipaciones y distribución de competencias. La protección social registrócambios como: la concepción, manejo y organización institucional de la políticasocial; la adaptabilidad del mercado laboral a las nuevas tendencias, con elobjetivo de reducir el pasivo pensional del país; una reedición delasistencialismo social; la creación del Sistema de la Protección Social (SPS).

La nueva concepción de la política social acoge las últimas propuestas delBanco Mundial sobre el manejo social del riesgo, bajo el argumento de que el SPSpuede asistir a las personas y comunidades a manejar bien el riesgo y articularel desarrollo económico y la protección de la población más vulnerable y enextrema pobreza (Rodríguez, 2006).

Las modificaciones introducidas por la Ley 1122, aprobada en enero de 2007,sigue privilegiando a las empresas privadas y recargando a los contribuyentes ya los entes territoriales, que deberán destinar mayores recursos paraincrementar la cobertura del Régimen Subsidiado y disminuyendo la proporcióncorrespondiente al gobierno nacional. Además, queda excluida la poblaciónentre 19 y 24 años soltera, desempleada y no estudiantil y el nivel III delSistema de Selección de Beneficiarios de Subsidios Sociales (SISBEN)[2].

Sumado a lo anterior, el Congreso desligó de manera definitiva el SistemaGeneral de Participaciones de los ingresos corrientes de la Nación, lo querecorta a las entidades territoriales cerca de COP 52 billones (USD 27 millones)en los próximos 11 años en los rubros educación, salud, saneamiento básico yprogramas de nutrición y la atención a la tercera edad.


Fragmentación de la asistencia social

El primer gobierno del presidente Álvaro Uribe no alcanzó a cumplir conlas metas propuestas en su Plan de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un EstadoComunitario” en materia de protección y seguridad social. Esto impidióasistir y restablecer integralmente a la población desplazada por la violencia,establecer un sistema de tarifas mínimas para la prestación de servicios desalud y lograr aseguramiento universal en salud. En este segundo período sepropone ingresar a siete millones de colombianos al régimen subsidiado de salude incorporar 300 hospitales al Programa de Modernización y Reestructuración.

Uno de los mecanismos a usar es la Red de Protección Social contra la ExtremaPobreza. Durante su segundo mandato, el gobierno incorporará al sistema 1,5millones de familias (7,4 millones de personas) en situación de pobrezaextrema, mediante programas de asistencia pública (CONPES, 2006). El nuevomodelo de gestión social incorpora el acompañamiento de gestores sociales(entre ellos el Ejército Nacional, autoridades locales, iglesia y ONG) quedeberán recopilar y sistematizar la información de los beneficiarios,construir “Un Plan de Vida” a cada familia y controlar y vigilar elcumplimiento de las obligaciones por ellas adquiridas con el Estado.


Crecimiento económico sin generación de empleo

El primer Plan de Desarrollo de Uribe se propuso crear 2,2 millones de nuevosempleos en cuatro años. Para ello se confiaba en el impacto positivo que larecuperación de la economía y la aprobación de una reformalaboral tendría sobre el empleo. Los objetivos de la reforma eran “dictarnormas para apoyar el empleo y ampliar la protección social”. No obstante, sesuprimió el pago de 35% adicional por trabajo nocturno entre las 18 y las 22horas, se recortó en 25% el pago por trabajo los domingos y días festivos y seredujeron a la mitad las tablas de indemnización por despido sin justa causa.

La reforma se aprobó cuando el país comenzaba a recuperarse de la peor recesióneconómica de la historia nacional, donde la tasa de crecimiento económico cayómás de cuatro puntos y el desempleo llegó a niveles cercanos a 20%. Suimplementación coincidió con una coyuntura internacional extraordinariamentefavorable.

A su vez, la emigración masiva de colombianos y colombianas produjo unincremento del flujo anual de remesas, quintuplicadas entre 1996 y 2005, quedesde 2004 ya representaban la tercera fuente de divisas del país, superada sólopor las exportaciones de petróleo y carbón (Khoudour-Cásteras, 2006).

Estos indicadores explican en buena medida la recuperación del empleo y elcrecimiento del PBI. La Tabla 1 registra un crecimiento de la tasa de ocupaciónen los cuatro primeros años y un descenso de la tasa de desempleo en esosmismos años.

TABLA 1. Indicadores del mercado detrabajo

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tasa de crecimiento económico PBI

1,9

3,9

4,9

4,7

6,8

 

Tasa de ocupación

52,8

54,8

53,4

54,6

50,3

49,6

Tasa de desempleo

15,1

13,1

12,1

10,2

11,4

12,8

Tasa de subempleo

33,1

33

31,4

31,6

36,1

 

Tasa de ocupación varones

65,9

67,6

67,3

68,2

64,9

 

Tasa de ocupación mujeres

41,0

43,4

40,7

42,4

37,4

 

Tasa de desempleo varones

12,4

10,2

9,01

7,8

8,9

 

Tasa de desempleo mujeres

18,7

16,8

16,2

13,5

14,9

 

Trabajo informal

61,3

60,6

58,6

58,7

58,5

 

Población ocupada

17.065.785

18.092.892

18.004.879

18.804.843

17.667.878

 

Fuente:Elaboración propia a partir de datos delDANE, Balance del mercado laboral por trimestres. Ver:<www.dane.gov.co>.

Sin embargo, a cuatro años de implementación de esta reforma y tras alcanzaruna tasa de crecimiento cercana a 7%, el nivel de empleo está muy lejos de lasmetas del Plan de Desarrollo, y ni siquiera hemos recuperado los nivelesanteriores a la crisis de 1999[3].


Falta de trabajo decente y protección social

Precariedad del empleo.
Una característica de los últimos años es el carácterprecario del trabajo, determinado por su duración, los ingresos y los derechosque garantiza. Sin embargo, la proporción de trabajadores afiliados a losfondos de cesantías (21%) y a las cajas de compensación familiar (27,5%) sonun indicativo de cierta estabilidad laboral.

Limitado acceso a la seguridad social. Lacobertura de salud, riesgos profesionales y pensiones de los trabajadores estángarantizados por ley. Sin embargo, sólo están afiliados al régimen de salud40,7% de los trabajadores, 32% al sistema de riesgos profesionales y a pensionessólo 26%. Los demás están completamente al margen de la protección social,deben demostrar que son muy pobres para lograr la afiliación al SISBEN en saludo tienen que pagar por su propia cuenta la seguridad social.

Falta de libertad sindical y diálogosocial. En Colombia existe una violencia sistemática contra elsindicalismo, con más de 2.500 asesinatos de sindicalistas y afiliados asindicatos en los últimos 20 años; una cultura antisindical de las elitesgobernantes y empresariales (para el presidente Uribe los derechos laborales son‘privilegios’); sindicatos que tienen que fundarse en la clandestinidad; yun Código Laboral obsoleto que no recoge los Convenios Internacionales de laOIT y sólo aplica al trabajador con contrato de trabajo.

Todos estos factores explican que menos de 5% de los trabajadores esténafiliados a un sindicato, que sólo se acuerden anualmente menos de 400convenios colectivos laborales (cuando a la Superintendencia de Sociedadesreportan información financiera más de 3.000 empresas cada año) y que lacontratación colectiva sólo beneficie a menos de 1% de la población ocupada.

Estado débil, cultura de ilegalidad delempresariado. A la omisión de losempresarios se suma la debilidad del Estado en la labor de inspección.Si bien Colombia ratificó los Convenios Internacionales 81, de 1947, y 129, de1969, relativos a la inspección del trabajo, excluyó de su aplicación lainspección relativa a la actividad del comercio, justamente uno de los ramosque mayores problemas presenta. En segundo lugar, en contraposición o loestipulado por el Convenio 81, el número de inspectores del trabajo resultacompletamente insuficiente en relación al grave problema de ilegalidad y evasión,tal como lo informa el propio Ministerio de la Protección Social[4].

La Tabla 2 refleja la situación y los derechos del trabajo a nivelnacional.

TABLA 2. Indicadores del trabajo

 

2002

2004

2006

%

Población ocupada1

17.065.785

18.004.879

17.667.878

100,0

Afiliados fondos cesantías2

2.678.899

2.996.027

3.710.477

21,0

Afiliados cajas3

3.351.691

3.842.045

4.440.000

25,1

Afiliados cotizantes régimen contributivo salud4

6.096.926

6.880.392

7.193.889

40,7

Afiliados riesgos profesionales5

4.164.975

4.849.754

5.637.676

31,9

Afiliados cotizantes pensiones6

4.961.223

4.907.243

4.630.469

26,2

Trabajadores pensionados7

 

1.220.138

 

 

Población sindicalizada8

875.785

844.648

847.253

4,8

Convenios colectivos9

700

620

355

 

Cobertura por convenciones colectivas10

176.774

134.244

60.462

0,9

Cálculo a diciembre de cada año.Fuentes: 1: DANE, Balance del mercado laboral por trimestres. 2:Superintendencia Financiera. Estadísticas de los Fondos administrados,<www.superfinanciera.gov.co>. 3: ASOCAJAS, <www.asocajas.org.co>. 4,5, 6, 7, 9, 10: Ministerio de la Protección Social, Informes al Congreso de laRepública, <www.minproteccionsocial.gov.co>. 8: Escuela Nacional Sindical (ENS), CensoSindical <www.ens.org.co>.


Conclusión

Algunos indicadores, sin embargo, han mejorado en los últimos años, enparticular los de acceso a la seguridad social, pues la acción del sindicalismoy las denuncias de que es objeto el Estado colombiano ante organismosinternacionales lo han presionado a ser más exigente con los empresarios (porejemplo, en relación a la afiliación a la seguridad social, a las cajas decompensación familiar y los aportes parafiscales).

A 14 años de haber comenzado la reforma a la seguridad social (Ley 100 de 1993)que promovía la universalidad de la protección, la cobertura en salud llega sóloa 62% de la población. En el área de las pensiones la situación es similar ala de 1993, con una cobertura de 28%. En seguros por riesgos profesionales, laexclusión del sector informal no ha permitido mayores avances en la cobertura.Entre las ‘ganancias’ de este sistema de aseguramiento se cuenta que el carnédel régimen subsidiado da sentido de pertenencia a la población vulnerable, ycualquier intento de suprimir la afiliación enfrenta un férreo rechazo de losafectados.


Referencias

CONPES(Consejo Nacional de Política Económica y Social) (2006). Documento Social No.102.

Khoudour-Cásteras, D. (2006). “Las remesas: ¿beneficio o costo paraColombia?” en Observar, Observatoriopara la equidad y la integración social en Medellín y Antioquia. Medellín:Comfama, Diciembre. No. 16.

OIT (Organización Internacional del Trabajo). “Trabajo decente para todos”.Disponible en:<www.ilo.org/global/About_the_ILO/Mainpillars/WhatisDecentWork/lang--es/index.htm>.

PROFAMILIA (2005). Salud sexual yreproductiva en Colombia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá:PROFAMILIA.

Rodríguez, O. (2006). “Protección social y ciudadanía: visión alternativade las políticas sociales”. Periódico UN, No. 100, Diciembre.


Notas:

[1] Las transferencias representan, enpromedio, 67% de los presupuestos departamentales y 46% de los presupuestosdistritales y municipales (excepto Bogotá) y constituyen la principal fuente definanciación del gasto social; 53% se destina a educación, 23,5% a salud, 10%a saneamiento básico y el 13,5% restante a programas de nutrición, terceraedad y promoción del empleo. Como porcentaje del PBI su comportamiento esdescendente desde 2002.
[2] El nivel III del SISBEN incluye la poblacióncon ingresos familiares que corresponden a tres canastas básicas de alimento,lo cual equivale aproximadamente a un salario mínimo mensual vigente para unafamilia que según el promedio nacional hallado en la encuesta realizada porPROFAMILIA es de 4,1 personas.
[3] En 2006, con un crecimiento de 6,8%del PBI, la tasa de ocupación bajó 4,3 puntos porcentuales, el desempleo seincrementó más de un punto, y la tasa de subempleo aumentó 4,5 puntos.
[4] Como pudo constatar directamente laEscuela Nacional Sindical (30 de septiembre de 2004) el grado de incumplimientode las normas laborales por parte de numerosos empleadores es tal que en unasola oficina (la Regional del Trabajo de Antioquia) se recibieron en un año69.000 reclamaciones individuales, de las cuales 45.000 fueron verbales, 24.000escritas y otras 700 reclamaciones colectivas presentadas por organizacionessindicales.

En la elaboración de este trabajo participaron los profesionales Héctor Vásquez Fernández, José Fernando Gutiérrez, Rubén Fernández y Antonio Javier Jaramillo.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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