Entre la pobreza y la desigualdad

Suyapa Martínez, Ana María Ferrera, José Filadelfo Martínez
Equipo del Centro de Estudios de la Mujer - Honduras (CEM-H), Equipo del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEPRODEC)

Pese a los proclamados esfuerzos de los sucesivos gobiernos democráticos la realidad presenta un marcado divorcio entre objetivos y logros. Las inequidades se mantienen aunque el Estado ha intentado reiteradamente atacar el fenómeno de la inequidad social que afecta a la población, en especial a las mujeres. Los proyectos asistencialistas fracasan uno tras otro, aumentando la incertidumbre y la inseguridad de las y los ciudadanos.

Elpueblo hondureño está viviendo uno de los momentos más contradictorios de laparadoja de la democracia. Transcurridos 25 años de gobiernos librementeelectos por la voluntad popular, los viejos problemas de la pobreza y la exclusiónsocial siguen sin resolverse. El mejoramiento del marco legal no ha contribuidoa incrementar la participación ciudadana y a consolidar los derechos de lasmujeres en los procesos electorales. Por el contrario, pequeños grupos de podermantienen secuestrado el aparato de gobierno, mientras las estructuraspartidarias perviven bajo una estructura verticalista y autoritaria cerrandocualquier acceso de las mujeres pobres a los cargos de elección popular y depoder del país. Si bien hay 31 diputadas en un total de 128 legisladores, éstasno representan a las mujeres pobres, sino más bien el pensamientofundamentalista del sector católico Opus Dei, y con su accionar obstruyen todoavance que en materia de derechos humanos de las mujeres se pudo haber logradoen el último cuarto de siglo.*

Una creciente corrupción que ocasiona pérdidas estimadas en USD 500 millonesal año, la frágil institucionalidad y el clientelismo de las organizacionespartidarias y sindicales en el gobierno son, entre otras, las causas de laineficiencia del aparato estatal. En vez de mejorar las situaciones de corrupciónse aprueban leyes como la Ley contra el Tráfico Gris, que no hace otra cosa quegenerar más de USD 69 millones anuales de pérdidas a la Empresa Hondureña deTelecomunicaciones (HONDUTEL) con la objetiva intención de provocar su quiebre,aun cuando es la empresa pública de mayor rentabilidad para el Estado. La otracara de este fenómeno es la inacción respecto a los más de 20 casos decorrupción en manos del Ministerio Público que involucran a presidentes,ministros y otras personas de mucho poder económico en el país[1].

Pese a las millonarias inversiones realizadas por la Estrategia para la Reducciónde la Pobreza (ERP), las cifras tanto oficiales como no oficiales hacen evidentela deuda social que el Estado tiene con la mayoría de su población. Según elForo Social de la Deuda Externa (FOSDEH), se han gastado unos USD 3.850 millones[2]en programas y proyectos de la ERP en el período 2000-2006, mientras que elporcentaje de pobres sólo se redujo 4%[3].


Presupuestos que discriminan a las mujeres

Entre las razones de estos resultados, resaltan la mencionada ineficiencia delaparato gubernamental, la dispersión de la inversión pública y la falta deuna estrategia consensuada y con visión de país. En el caso de las mujeres, enun mapeo realizado por el CEM-H se pudo observar que únicamente 14% de losrecursos de la ERP que llegaron a las alcaldías estaban asignados a ellas. Portal razón estas intervenciones nunca lograrán transformar las relacionesdesiguales de poder entre varones y mujeres ni lograr cambios estratégicos enlas relaciones de género en el país, así como tampoco las mujeres saldrán dela pobreza ni de la violencia en la que el Estado las ha sumido[4].

Según el informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)correspondiente a 2007, las jefaturas femeninas representan 25,6% de los hogarespobres (Sistema de Naciones Unidas en Honduras, 2007). El gobierno de ManuelZelaya Rosales ha realizado intentos de reformular la ERP, pero en el nuevodocumento las mujeres continúan apareciendo como poblaciones vulnerables, loque permite afirmar que desde ningún punto de vista la transversalidad de géneroha sido relevante para las actuales autoridades.

Con este panorama no es aventurado establecer que resulta poco probable que elpaís pueda cumplir con las metas de la ERP y los ocho ODM establecidos para2015.


Un aparato pesado e ineficiente

Frente a los graves problemas de seguridad ciudadana y jurídica, el tema de laseguridad social no aparece entre las preocupaciones fundamentales de la mayoríade las y los ciudadanos, acostumbrados ya a vivir al margen de derechosuniversalmente aceptados.

La huelga de 1954 en los campos bananeros de la costa atlánticadel país sentó las bases del actual sistema de seguridad social. Cinco añosdespués se aprobó el Código de Trabajo vigente y se creó el InstitutoHondureño de Seguridad Social (IHSS).

Según la Ley del Seguro Social es obligatoria la afiliación al IHSS “de lostrabajadores particulares que prestan sus servicios a una persona natural o jurídica;los trabajadores públicos; los de las entidades autónomas y semiautónomas ylos de las entidades descentralizadas del Estado”[5].Asimismo, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer aprobada en 2000plantea en el Artículo 50 la protección de la seguridad social para lasmujeres que se desempeñan en el servicio doméstico. Sin embargo, son escasoslos casos de cumplimiento de la ley.

El IHSS cubre los servicios de enfermedad, accidente no profesional ymaternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional, vejez e invalidez,muerte, subsidios de familia, viudez y orfandad, paro forzoso por causas legaleso desocupación comprobadas y servicios sociales.

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados yFuncionarios del Poder Ejecutivo (INJUMPEMP) fue creado en 1971, el Instituto dePrevisión Militar (IPM) en 1972, el Instituto Nacional de Previsión delMagisterio (INPREMA) en 1980, el Instituto de Previsión Social del Periodista(IPSP) en 1985 y el Instituto de Previsión de la Universidad Nacional Autónomade Honduras (INPREUNAH) en 1989.

Formalmente el Estado incluye la seguridad social como derecho. En la Constituciónde 1982 el Artículo 142 establece que “toda persona tiene derecho a laseguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad paratrabajar u obtener trabajo retribuido” y el Artículo 143 obliga al Estado,los patronos y los trabajadores a “contribuir al financiamiento, mejoramientoy expansión del seguro social” (Rojas Caron, 2001).

En este marco funciona el sector salud constituido por la Secretaría de Salud,el IHSS y el subsector privado, sin coordinación y enlaces funcionales entreellos, a pesar de los compromisos por alinear y armonizar las acciones delgobierno y de la cooperación internacional. Los sucesivos gobiernos hanmantenido con el IHSS una creciente deuda respecto a sus obligaciones comopatrono y Estado y de las cuotas retenidas a las y los empleados públicos.

La dirección del IHSS es compartida por el gobierno, la empresa privada y lascentrales obreras. Transcurrido medio siglo de existencia del IHSS su coberturaes deficiente. De 5.507.697 personas en edad de trabajar solamente 580.000 estánaseguradas en forma directa por el IHSS y 843.900 son beneficiarias ubicadas enlas ciudades más importantes del país (INE, 2006).

Aunque ha habido esfuerzos por mejorar su eficiencia, sobre todo a partir de2001, cuando se incrementó el porcentaje de patronos y obreros, la calidad delos servicios prestados sigue siendo mala, una solicitud de cita médica puedellegar a atenderse entre dos y tres meses después, una larga lista de esperaatormenta a los beneficiarios que requieren de una intervención quirúrgica yla respuesta más frecuente en las farmacias del Instituto es “no haymedicamentos”.

Los afiliados al INJUPEMP son los empleados del Poder Ejecutivo con contratoindefinido de trabajo. Los beneficios que cubre son de jubilación, pensión porinvalidez, transferencia de beneficios, muerte en servicio activo, retiro delsistema, traslado de valores actuariales y además servicio de préstamoshipotecarios y personales. Hasta septiembre de 2002 la población afiliada erade 109.205 personas, de las que 54.654 eran cotizantes activas y 2.190 jubiladasy pensionadas. Del total de cotizantes a esa fecha, 50,4% eran mujeres y 49,6%hombres (Martínez, 2003).

El INPREMA protege una población aproximada de 50.000 maestros de educaciónprimaria y secundaria. El INPREUNAH protege a unos 4.500 trabajadoresuniversitarios en todo el país.

Además de la mala calidad de los servicios y la baja cobertura, el sistema depensiones enfrenta serias amenazas. Según el periódico El Heraldo, en2005 los institutos de previsión públicos arrastraban más de USD 200 millonesde déficit operativo acumulado (López García, 2005). Si bien en la actualidadestas instituciones tienen fondos para pagar los beneficios a sus asegurados, enel mediano y largo plazo la situación podría ser bastante crítica.

El creciente descontento de la población en general y en particular de losusuarios directos del sistema de seguridad nacional ha permitido unrelanzamiento de los planes de privatización, sobre todo de los fondos depensiones.


Seguridad ciudadana para las mujeres: una utopía

Entre 2003 y julio de 2007 ocurrieron 673 femicidios aún impunes[6].Pese a que en 2006 se aprobó en el Presupuesto General de la República unapartida de USD 894 mil para la creación de unidades especiales de investigaciónde las muertes violentas de mujeres, el gobierno todavía no logra identificarlos fondos para entregarlos al Ministerio Público. Los casos de violencia domésticasiguen en incremento, más de 12.000 en 2006, y continúa demorada la creación(ordenada por la ley contra la violencia doméstica de 1997) de juzgadosespecializados en dos ciudades importantes. Un dato relevante es que más de 12%de los crímenes contra mujeres son ejecutados por sus parejas con el agravantede que las agredidas ya habían presentado la denuncia previa, sin que el Estadoles diera la protección requerida por la ley. El Comité de Derechos Humanos,en la presentación de los informes oficial y alternativo sobre el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos en noviembre de 2006, recomendóal gobierno “tomar las medidas adecuadas para combatir al violencia domésticay asegurar que se juzgue a los responsables”. Además, “invita al Estadoparte a educar a la población en su conjunto sobre la necesidad de respetar losderechos y la dignidad de las mujeres, en aras de cambiar los patronesculturales”.

Sin embargo, la realidad dista del respeto y la aplicación de estasrecomendaciones. Los grupos fundamentalistas unidos a las fuerzas del gobiernose han opuesto a la implementación de las guías de educación sexual y deequidad de género en los centros educativos, exhibiendo desinterés ante elincremento de los casos de VIH/sida, que en 46,25% afectan a mujeres. Únicamente52% de las personas que viven con VIH/sida tienen acceso a los medicamentosantirretrovirales (Sistema de Naciones Unidas en Honduras, 2007).

Sumado a todo esto, todavía no se ha ratificado el protocolo facultativo de laConvención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contrala Mujer (CEDAW), fundamental para que las organizaciones de mujeres y lasafectadas puedan presentar las denuncias internacionales correspondientes. Noobstante las presiones del movimiento organizado de mujeres, el gobierno continúateniendo engavetado el documento de protocolo, lo que demuestra la escasavoluntad política de las autoridades por el avance en la reducción de labrecha de discriminación entre hombres y mujeres.


La Red Solidaria y el sueño prohibido de las mayorías

La mayoría de los y las ciudadanas están excluidas de la seguridad social. ElPrograma de la Red Solidaria creado por el gobierno del presidente Manuel Zelayatrata de ordenar “el conjunto de acciones para acceder a mecanismos deprotección social para las familias en condiciones de pobreza y pobrezaextrema”[7].En el período 2006-2010 la Red Solidaria atenderá prioritariamente 252.484hogares en condiciones de pobreza extrema de todo el país. Para cubrir estademanda el gobierno ha incrementado el presupuesto para los próximos tres añosen USD 198 millones aproximadamente. Los programas de compensación como elFondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Programa de Asignaciónfamiliar (PRAF) que administra el bono familiar condicionado[8],el Bolsón Escolar y el bono de la tercera edad pasan a formar parte del paquetede la Red Solidaria dirigida por la ‘primera dama’ del país. La Secretaríade Educación se encarga de entregar a los estudiantes de secundaria de losinstitutos públicos un bono estudiantil anual de USD 21 y también entrega unamerienda escolar, así como un paquete básico para atender las enfermedades máscomunes. La Secretaría de Agricultura y Ganadería entrega el llamado bonotecnológico, consistente en un quintal de urea, uno de abono y una ración desemillas de maíz o frijoles. El Programa Nacional de Desarrollo RuralSostenible (PRONADERS) contempla programas de crédito, mejoramiento de caminosy sistema de riego para estimular la producción agrícola.

En la práctica, la propuesta de la Red Solidaria sustituye a la ERP como política.Para su implementación el gobierno está desconociendo los mecanismos deconsulta que la ERP establece y se maneja con un gran sesgo político-sectario.Los recursos que ésta demanda son muy altos con relación a la capacidad delgobierno, y tendrán que salir de la condonación de la deuda o de nuevos préstamoscon las instituciones financieras. En conclusión, Red Solidaria es un paqueteasistencialista que endeuda al país y que condena a los pobres a huir alexterior o a vivir con la mano extendida.


Referencias

INE (Instituto Nacional de Estadística) (2006).Trigésima Segunda Encuesta Permanente de Hogares. Tegucigalpa: Secretaríadel Despacho de la Presidencia, p. 52.

López García, E. (2005). El Heraldo,25 de junio.

Martínez, Y. (2003).
Pobreza, seguridad social y desarrollo humano en Honduras.Tegucigalpa: PNUD.

Rojas Caron, L. (2001) La Constituciónhondureña, brevemente analizada. Tegucigalpa: Litografía López, p.200-201.

Sistema de Naciones Unidas en Honduras (2007). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Honduras 2007. Segundo Informe dePaís.
<www.undp.un.hn/ODM-Honduras-2007/Informe2007.swf>


Notas:

*Uno de los componentes del ICB fue imputado en función de información de paísesde nivel similar.
[1] Entrevista con Silvia Ayala, diputadaal Congreso Nacional de Honduras.
[2]Tasa de cambio calculada: USD 1 = HNL 19.
[3]FOSDEH, <www.fosdeh.net/archivos/erp_act_2006_anexos.pdf>.
[4] Estudio realizado por el CEM-H.
[5]Decreto No. 140 de 1959.
[6] Base de datos del Centro deDocumentación del CEM-H y la Dirección General de Investigación Criminal.
[7] Decreto Ejecutivo PCM 33-2006.
[8]Para mejorar indicadores de talla y peso en menores de cinco años y asegurar laasistencia a la escuela prebásica y básica, el bono es de USD 113aproximadamente.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGHI
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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