Obligaciones internacionales permanecen incumplidas

Tanzania firmó numerosos tratados internacionales que garantizan el derecho a la seguridad social para todos. La Organización Internacional del Trabajo sostiene que el país puede pagar la prestación de modestos niveles de protección de la seguridad social para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, por el momento, los planes de seguridad social se limitan en gran parte a quienes trabajan en el sector formal de la economía, que representan sólo una fracción de la población.

Desde su independencia en1964, la República Unida de Tanzania ratificó varios tratados de la ONU quegarantizan el derecho a la seguridad social para todos, incluso el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966,que en su Artículo 9 estipula: “LosEstados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a laseguridad social, incluso al seguro social.”

La Constitución de 1977 también establece que “la autoridad estatal y todossus organismos están obligados a dirigir sus políticas y programas para quegaranticen… la preservación y la defensa de la dignidad humana de acuerdo conla Declaración Universal de Derechos Humanos”. En su Artículo 22, laDeclaración garantiza claramente: “Toda persona, como miembro de la sociedad,tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacionaly la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y losrecursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, socialesy culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de supersonalidad.” Asimismo, el Artículo 11(1) de la Constitución señala: “Laautoridad estatal tomará los debidos recaudos para realizar el derecho de lapersona al trabajo, a la educación personal y al bienestar social en momentosde vejez, enfermedad o discapacidad y en otros casos de incapacidad.”


Necesidad de presentar informes a organismos de contralor

Todos los estados partes del PIDESC están obligados por el Artículo 16 apresentar informes periódicos al Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales “sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados,con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo.”

Si bien Tanzania ratificó el Pacto el 11 de septiembre de 1976, y alhacerlo se obligó a presentar un informe inicial en un plazo de dos años apartir de esa fecha y posteriormente cada cinco años, el gobierno presentó elinforme inicial el 10 de septiembre de 1979, pero desde entonces no volvió apresentar ni un solo informe periódico al comité[1].

Asimismo, tanto los Artículos 9 y 11 de la Constitución del país, quegarantizan el derecho a la seguridad social según la Declaración Universal delos Derechos Humanos y “los debidos recaudos para realizar el derecho de lapersona al trabajo, a la educación personal y al bienestar social en momentosde vejez, enfermedad o discapacidad y en otros casos de incapacidad,”respectivamente, están excluidos de la Declaración de Derechos incorporada alCapítulo III de la Constitución, lo que hace que el derecho a la seguridadsocial no sea exigible en el país.

Recomendamos enérgicamente que el gobierno cumpla con la obligación depresentar informes periódicos a los organismos de contralor del tratado paramaximizar y facilitar el cumplimiento y la instrumentación de los tratadosinternacionales que garantizan el derecho a la seguridad social. Además, elgobierno debe incorporar el derecho a la seguridad social en la Declaración deDerechos de la Constitución, para que la ciudadanía pueda apelar en caso deque sus derechos a la seguridad social sean violados mediante procesos ante lostribunales y fuera de ellos.


El derecho de las personas desempleadas a contar con la seguridad social

Las leyes y planes vigentes de seguridad social sólo cubren a las personas quetrabajan en los sectores formales público y privado, que representan sólo unafracción de la población. La encuesta más reciente del gobierno sobre lafuerza de trabajo señala que, de las 15,3 millones de personas que trabajan,84% lo hacen en la agricultura tradicional, 6% en el sector informal, 4% en elsector privado formal, 3,5% en empleos domésticos, 2% en el gobierno y 0,5% enel sector paraestatal[2].

El Fondo Paraestatal de Pensiones (PPF)[3],creado por la Ley No. 14 de 1978, brinda servicios de seguridad social a losempleados de organizaciones paraestatales, organismos gubernamentales,organizaciones paraestatales privatizadas y empresas privadas que no estáncubiertas por otros fondos de seguridad social. Las aportaciones al PPF serealizan mensualmente y se calculan en un 20% del salario del empleado, quepuede dividirse en: 5% aportado por el empleado y 15% por el empresario, o 10%aportado por cada parte. Los empresarios deben realizar tanto su propia aportacióncomo la de sus empleados (deducida de sus salarios). El PPF también incluyeotro plan conocido como el Plan de Administración de Depósitos, destinado alos empleados que trabajan por contrato o a tiempo parcial.

Por su parte, el Fondo Nacional deSeguridad Social (NSSF), creado por la ley No. 28 de 1997, es un planobligatorio que cubre a todos los empleados del sector privado, incluyendo losempleados de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, embajadas enTanzania que emplean a tanzanios, y asociaciones y grupos organizados queemplean a personas en el sector informal, así como empleados del gobierno yparaestatales de servicios operativos y empleados temporarios. Por este plan, elNSSF administra y paga a las personas aseguradas calificadas tanto prestacionesa largo plazo (pensiones jubilatorias, por invalidez, a supervivientes) yprestaciones de corto plazo (asignaciones funerarias, prestaciones pormaternidad, accidentes laborales/enfermedades ocupacionales y seguro de salud)[4].

El Plan Nacional de Seguros de Salud(NHIS) sólo cubre a los empleados del gobierno central junto a sus cónyuges yun máximo de cuatro hijos o dependientes legales. Estos empleados deben aportarobligatoriamente al NHIS. La aportación obligatoria es del 6% del salario delempleado, dividido en partes iguales entre el empleado y el gobierno.

Mientras, el Fondo de Sanidad Comunitaria (CHF), creado por la ley del Fondo deSanidad Comunitaria de 2001, es básicamente un plan prepago a nivel de losdistritos para los servicios primarios de atención médica, dirigido a lapoblación rural y al sector informal. Las familias se incorporan al CHFmediante el pago anual de una tasa de afiliación para obtener un accesoilimitado a los servicios para pacientes externos de las instalacionesparticipantes en el CHF. Presuntamente, las familias que no puedan pagar la tasade afiliación anual reciben una tarjeta gratuita del CHF. En la práctica,fuentes del sector revelan que las aportaciones de los miembros del CHF son muybajas y que en gran medida están en descenso, lo que deja a los desempleadosdel medio rural sin ninguna cobertura confiable de seguridad social[5].

En relación con los derechos humanos y la justicia social, es necesario incluira los desempleados en los mecanismos de seguridad social con que cuenta la pequeñaminoría que trabaja en el sector formal (Van Ginneken, 1999). El Departamento de Seguridad Social de la OrganizaciónInternacional del Trabajo (OIT)[6]sostiene que se pueden pagar nivelesmodestos de protección de la seguridad social en todo el país para todos susciudadanos, con o sin trabajo, de manera de cubrir al menos la atenciónprimaria de la salud, el acceso a la enseñanza y las pensiones básicas (porej., pensiones de vejez, invalidez y supervivencia). En particular, las dos últimasson instrumentos importantes para combatir las consecuencias sociales delVIH/sida. Una intervención gubernamental tan modesta costaría menos del 6% delPBI de Tanzania, según la OIT.

Numerosos países han adoptado planes de indemnización por desempleo paraayudar a los trabajadores que perdieron sus empleos involuntariamente, mediantedesembolsos monetarios durante un período de tiempo dado o hasta que encuentranotro trabajo. Esta compensación tiene el propósito de otorgar tiempo altrabajador desempleado para que encuentre un nuevo empleo equivalente al perdidosin sufrir mayores perjuicios financieros. Sin embargo, en Tanzania quienespierden su empleo sólo tienen derecho a recibir indemnización por despido. Elgobierno aún no ha ratificado los convenios de la OIT sobre desempleo C2, de1919, y C44, de 1934.

Exhortamos enérgicamente al gobierno a ratificar e implementar todos losconvenios de la OIT que garantizan el derecho a la seguridad social para losdesempleados, y a adoptar un plan de seguridad social con este propósito.


... y de las mujeres rurales, en especial las madres

Tanzania ratificó la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas lasFormas de Discriminación contra la Mujer de 1979.

El Censo de Población y Vivienda de 2002 indica que Tanzania cuenta con34,5 millones de habitantes, de los cuales 77% vive en zonas rurales mientras el23% restante lo hace en zonas urbanas. Las mujeres constituyen 51,1% del totalde la población (17,6 millones)[7]. Las mujeres tienen más responsabilidades y riesgos, comolos relacionados con la crianza de los hijos, que exigen una mayor protecciónde seguridad social. El ya fallecido presidente Mwalimu Julius Kambarage Nyerere(1977) dijo una vez que “cuando una sociedad… cuida de sus individuos,entonces ningún individuo de esa sociedad deberá preocuparse por qué lesucederá mañana si no acumuló riquezas hoy”. La mayoría de las mujeresrurales no están en posición de “acumular riqueza” y viven en condicionesde pobreza extrema, lo que agrava el riesgo de mortalidad materna. La elevadamortalidad materna en el país se debe en gran medida a la falta de cobertura deseguridad social para todas las mujeres, estén donde estén, y en particularlas que viven en el medio rural.

A pesar de que existen varias iniciativas gubernamentales, incluso la prestaciónde servicios de atención médica gratuita, mosquiteros tratados coninsecticidas y asesoramiento a las embarazadas, la mortandad materna es alta yva en aumento: de 529 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos en 1996 a578 por cada 100.000 nacidos vivos en 2005[8]. Como solución parcial, recomendaríamos un plan deseguridad social basado en el PBI para las mujeres rurales, y especialmente paralas madres.


Más de dos millones de huérfanos por VIH/sida

El país es parte de la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño de1989. El Artículo 26 de la Convención establece que los “Estados Partesreconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridadsocial, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias paralograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislaciónnacional.”

La incidencia de VIH/sida es de aproximadamente 7% (6,3% para los hombres y 7,7%para las mujeres) entre los adultos de 15 a 49 años. Los residentes urbanostienen niveles de infección considerablemente más elevados (10,9%) que losresidentes rurales (5,3%). Se calcula que dos millones de personas viven conVIH/sida, y el gobierno ha registrado a dos millones de huérfanos por laenfermedad. No obstante, el número de huérfanos por esta causa se duplicó deun millón en 2003 a dos millones en 2005 (TACAIDS,2005), lo que significa que el número actual seguramente sea mayor y esté enaumento[9].

Dada la gran proporción de la población integrada por niños[10]y el número creciente de huérfanos debido, entre otros, al VIH/sida, existe lanecesidad evidente de un plan integral de seguridad social que brinde a los niñoslos servicios básicos, especialmente de educación. Con la intención deresolver este problema, Tanzania creó ‘redes de seguridad’ socialincorporadas al Programa Económico y de Acción Social (ESAP) vigente. Uno deestos programas de redes de seguridad es la creación del Fondo FiduciarioEducativo Mwalimu Nyerere, que se emplea para patrocinar la asistencia de huérfanosa la escuela.

Sin embargo, en la realidad este fondo no ha podido asistir a todos los huérfanosque necesitan enseñanza en distintos niveles. Algunas autoridades locales degobierno y escuelas le pasaron esta carga a personas desconocidas, ya que se havisto a escolares huérfanos recorrer las oficinas y las calles con cartas delos gobiernos locales que les autorizan a buscar la ayuda financiera de buenossamaritanos[11].

Recomendamos que la comunidad internacional extienda su apoyo para asistir al paísen la creación de un plan de seguridad social que asegure el acceso de todoslos niños, incluidos los huérfanos, a la enseñanza básica y posterior,incluso a los estudios universitarios.


Derechos sin garantizar de las personas con discapacidad

La seguridad social y los planes de mantenimiento del ingreso son de particularimportancia para las personas con discapacidades. Como se señala en las Normasuniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con capacidadesdiferentes (1993), “Los Estados deben velar por asegurar la prestación deapoyo adecuado en materia de ingreso a las personas con discapacidad que, debidoa la discapacidad o factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmentesus ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas deoportunidades de empleo.”

El Artículo 28 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personascon discapacidad, adoptada el 6 de diciembre de 2006, señala que los “EstadosPartes reconocen el derecho de las personas con discapacidad.”[12]El gobierno aún no ha ratificado esta importante convención, lo que dificultaa las personas discapacitadas contar con el derecho a la seguridad social queella garantiza.


Señales de aliento

El presidente del Banco Central de Tanzania, Daudi T. Balali, reconoció enmarzo de 2007 que la mayor parte de la población del país sigue dependiendodel sistema tradicional de seguridad social, que se debilita día a día comoconsecuencia de los efectos corrosivos generados por la urbanización yenfermedades de riesgo como el VIH/sida. “Debido al difícil entorno económicoy a enfermedades como el VIH/sida que han deteriorado el tejido socialtradicional y el poder económico… el acceso a los servicios de bienestarsocial de parte de los grupos necesitados es limitado”. El presidente Balalisubrayó que “esta tendencia exige una reinterpretación de la forma en que lagente está organizada con respecto a la prestación de la seguridad socialpara, entre otras cosas, explorar formas nuevas de mejorar la cobertura y lasprestaciones para poder cumplir las obligaciones estipuladas en el Artículo 22de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.”[13]Esta observación nos deja conformes y exhortamos al gobierno a trabajar en estesentido.


Referencias

Naciones Unidas (1993). Normasuniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.Anexadas a la resolución 48/96 de la Asamblea General, 20 de diciembre.Introducción, párr. 17; Norma 8, párr. 1.

Nyerere, J.K. (1977). Essays on Socialism.Oxford University Press.

TACAIDS (Tanzania Commission for AIDS) (2005). Follow-up Reportto the Declaration of HIV/AIDS (UNGASS) Commitment. Enero-diciembre.

Van Ginneken, W. (1999). Social Securityfor the excluded majority: Case studies of developing countries. Ginebra:OIT.


Notas:

[1] <www.unhchr.ch/TBS/doc.nsf/newhvsubmittedbycountry?OpenView&Start=180.1&Count=15&Expand=180.4#180.4>
[2] <www.tanzania.go.tz/economicsurvey1/2002/part1/humanresources.htm>
[3] <www.ppftz.org>
[4] <www.nssf.or.tz/services.php>
[5] Comentarios de los participantes, SAHRINGON - Sesión de intercambio sobre el sistema de contralor del gasto público de Tanzania, mayo de 2007, Babati.
[6] <www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/projects/africa.htm>
[7] <www.tanzania.go.tz/census/>
[8] S.E., Ali Hassan Mwinyi, discurso del ex presidente de Tanzania en un acto público el 23 de marzo de 2007 para recordar a las mujeres y niñas que murieron de complicaciones durante el parto y el embarazo.
[9] <data.unaids.org/Topics/UNGASS2003/Sub-Saharan-Africa/tanzania_ungassreport_2003_en.pdf>
[10] El Censo de Población y Vivienda de 2002 indica que los niños menores de 18 años constituyen 50,6% de la población. <www.tanzania.go.tz/census/>
[11] Carta del Comisionado del Distrito de Babati, del 11 de enero de 2007, con el número de referencia DC/BBT/V.10/5/Vol.V/56 en la que exhorta a los buenos samaritanos a ayudar a un alumno de la secundaria de Gidas.
[12] <www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm>
[13] Daudi T. Balali, Presidente del Banco de Tanzania (BoT) en su discurso ante una reunión de la International Social Security Associations (ISSA) en Dar es Salaam, con la asistencia de autoridades nacionales y extranjeras, marzo de 2007. Citado por Michael Haonga en el diario local The Guardian “BoT Governor calls for enhanced public access to social security” del 26 de marzo de 2007.