Derechos socioeconómicos estancados

Bulgarian Gender Research Foundation
en cooperación con Bulgarian-European Partnership Association

En 2007, el primer año del país como miembro pleno de la Unión Europea, el Gobierno no logró implementar una política coherente de protección de los derechos de los ciudadanos, particularmente en lo que respecta a derechos socioeconómicos. Un resultado inmediato de la adhesión a la UE ha sido un apetito creciente por formas “más eficientes” de absorber los fondos estructurales de la UE. Al mismo tiempo,, formar parte de la UE está familiarizando al Gobierno con el concepto de Política de Cooperación para el Desarrollo y a la población con el de acción civil

El año pasado fue el primero de Bulgaria como miembro pleno de la UE. Sin embargo, en lo que respecta al Gobierno, la implementación de garantías constitucionales para los derechos humanos y el cumplimiento con los instrumentos internacionales sobre el tema siguieron siendo preocupaciones secundarias. De hecho, la corrupción, la ineficiencia judicial y el bajo nivel de capacidad administrativa siguen impactando negativamente en los derechos humanos y los mecanismos para implementarlos. Como consecuencia, los derechos socioeconómicos de los búlgaros se han visto muy restringidos y no se ha logrado equiparar los ingresos del país con los niveles disfrutados por otros países de la UE.

En 2007, el Gobierno no logró proponer una política coherente para reforzar la protección de los derechos de los ciudadanos, en particular derechos socioeconómicos tales como la inclusión de los grupos menos favorecidos y la mejora del acceso a la educación, empleo, salud, vivienda y a niveles de vida dignos. Pero sí mostró gran interés en absorber los fondos estructurales de la UE. De igual forma, en el otoño boreal de 2007, las elecciones locales fueron escenario de una feroz batalla para acceder a esos fondos y el nivel de corrupción generado no tuvo precedentes. La compra masiva de votos constituyó una violación grave a los derechos humanos, según se detalla en el “Informe de los Derechos Humanos” para Bulgaria realizado en 2007 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según datos del Centro de Estudio para la Democracia se distribuyeron aproximadamente  EUR 100.000 (USD 150.000). El dinero provino de círculos de negocios y elementos del crimen organizado en busca de acceso a los fondos europeos.

Cuando los ciudadanos hacen reclamos legítimos por sus derechos, el Gobierno responde con autosuficiencia y se niega a contemplarlos, basándose en la premisa de que, si Bulgaria se ha incorporado a la UE, cumple con las principales leyes de protección de los derechos humanos y su legislación está armonizada, en mayor o menor grado, con los estándares de la UE. Sin embargo, el Gobierno no tiene interés en poner en práctica esas leyes o por el hecho de que los niveles de vida de los búlgaros se encuentren entre los más bajos de la UE. De acuerdo con EUROSTAT  2008, el PBI per cápita de Bulgaria es EUR 2.764 (USD 4.146), el más bajo de la UE y considerablemente inferior al de otros miembros de Europa Oriental, por ejemplo, en Rumania es EUR 3.667 (USD 5.500); en Eslovenia, EUR 13.834 (USD 20.751); en Polonia, EUR 6.385 (USD 9.577); en la República Checa, EUR 9.758 (USD 14.637); en Hungría, EUR 8.794 (USD 13.191); en Eslovaquia, EUR 7.082 (USD 10.623); en Estonia, EUR 8.208 (USD 12.312); en Lituania, EUR 6.020 (USD 9.030); y en Latvia, EUR 5.642 (USD 8.463).

El impacto positivo general de las instituciones nacionales de derechos humanos establecidas en 2004, el Ombudsman y la Comisión para la Protección Contra la Discriminación,  no puede compensar la falta de políticas gubernamentales adecuadas para el cumplimiento de los derechos socioeconómicos. El número alarmante de informes del Gobierno que no fueron enviados a los Órganos de Vigilancia de la ONU en 2007 es un ejemplo de la falta de compromiso con el cumplimiento de los estándares de derechos humanos reconocidos internacionalmente. El Gobierno no presentó en fecha u omitió presentar dos informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tres informes al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y cinco informes al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. (Finalmente presentó un informe consolidado ante este último en febrero de 2008).

La educación, un derecho descuidado

Las políticas del Gobierno revelan una falta de valoración del empoderamiento que la educación brinda como un derecho social y económico básico y su papel esencial en el cumplimiento de otros derechos humanos y en la protección de los ciudadanos contra la pobreza y la explotación. El Compendio Mundial de la Educación 2006 de la UNESCO destaca que durante el período de transición hubo un cambio de financiamiento público a privado y un impulso tendiente a que los institutos de enseñanza se volcaran hacia sus recursos propios. El aumento de los costos redujo la matriculación más allá del cuarto año de enseñanza obligatoria a un 87% [1] . Al igual que en otros países de la región, la educación obligatoria ha dejado de ser universal. Las personas con poco o ningún poder adquisitivo ya no pueden acceder a ella. El resultado final de esta reforma ha sido la exclusión de los grupos vulnerables que tienen definidas características étnicas.

Esta tendencia negativa se ha agravado en los últimos dos años. Más de 1.500 escuelas han cerrado y más de 13.000 maestros y maestras y 8.000 auxiliares han quedado cesantes en los últimos diez años, según datos del Sindicato de Docentes.

La falta de políticas de integración para niños y estudiantes de las minorías continúa lesionando los derechos humanos. El Plan de Acción y Estrategia del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), cuyo objetivo era la integración al sistema educativo de los niños y estudiantes de minorías étnicas y el Programa Nacional para el Desarrollo de la Educación Escolar y el Aprendizaje y Preparación Preescolar (2006-2015), no han obtenido resultados positivos. Tampoco los han obtenido el Plan Nacional MEC 2004 para la integración a la educación pública de niños con necesidades educativas diferentes y/o enfermedades crónicas ni el Centro de Educación e Integración de Niños y Estudiantes de las Minorías Étnicas, o el Comité Consultivo, un organismo asesor del Ministerio, establecido en mayo de 2006, en el marco del MEC.

En 2004 mientras que 95% de las niñas y 96% de los niños de edad escolar estaban matriculados, solamente 46,2% de los niños y niñas romaníes completaron la escuela primaria. El porcentaje general de alumnos que completaron la educación secundaria fue 87% para las niñas y 90% para los varones; en el caso de los romaníes el porcentaje fue sólo de 7,4%. El porcentaje general de matriculación en educación terciaria fue de 41%, pero en la comunidad romaní fue de sólo 0,2% [2] .

Las mujeres romaníes completan la educación secundaria cuatro o cinco veces menos que los hombres. Aunque no se presta atención a esta brecha de género en la alfabetización de la comunidad romaní, es esencial reducirla para lograr la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los derechos humanos de niños y mujeres.

Estas tendencias alarmantes muestran el bajo porcentaje de PBI que se asigna a la educación, solamente 3,9% en 2007 y 4,22% proyectado para 2008. Este leve incremento se debe a una huelga de los docentes en  2007, que fue una acción cívica única: docentes de todo el país hicieron huelga por 40 días, en reclamo de mejoras salariales y un incremento en la asignación presupuestaria. Como resultado adicional se logró que se prometiera aumentar el salario promedio de los docentes hasta BGN 650 (USD 487,5) a partir de mediados de 2008.

A pesar de haber aceptado conceder estos aumentos, el Gobierno, que no está acostumbrado a las presiones de los ciudadanos, adoptó un paquete de propuestas para reformas en la educación que tendrán como consecuencia la penalización de la acción civil. Estas medidas, que son parte de la adopción progresiva de principios de eficiencia y competitividad en este sector tan sensible, cambiaron el mecanismo para el financiamiento de la educación pública. Desde 2008 en adelante, el Gobierno distribuirá todos los fondos para la educación través de los gobiernos municipales, que tendrán que decidir cómo sobrevivir dentro de los ajustados parámetros financieros. Los sueldos de los docentes dependerán de la “eficiencia” de su trabajo y de la “iniciativa” de los directores de los centros educativos. Los centros “ineficientes” tendrán que cerrar y los docentes estarán aún más inseguros de su remuneración y situación general.

En este ámbito también se pasan por alto las implicancias de género. Más del 80% de los docentes son mujeres; su marginalización por parte del Estado representa un ejemplo grave de segregación laboral y discriminación de género.

Políticas poco efectivas para garantizar el derecho al trabajo

Los programas y proyectos implementados a lo largo de los últimos 15 años han mejorado muy poco la situación de la comunidad romaní. La protección e integración de las minorías ha sido un asunto preocupante desde que Bulgaria se integró a la UE. Según datos estadísticos oficiales, el 87% de los hogares romaníes viven en o por debajo de la línea de pobreza de BGN 102 (USD 80) por mes (a partir del 1 de enero de 2009, la línea de pobreza aumentará a BGN 166 – USD 130). La expectativa de vida para los romaníes es cinco o seis años menor que la de otras comunidades de Bulgaria; la mortalidad infantil es el doble que el promedio nacional [3] . Aunque la comunidad romaní lleva un estilo de vida estable, muchos no poseen tierras, ni viviendas y tampoco reciben ingresos regulares.

Los problemas que enfrentan los romaníes recibieron mayor atención de parte de las instituciones gubernamentales, los partidos políticos y las ONG durante el primer año de ingreso a la UE. La mayor crítica que recibe el Gobierno, que también ha sido planteada por la Comisión Europea (CE), es que no se han llevado a cabo los programas y planes, y además carecen de coordinación y financiamiento adecuados y de enfoque estratégico. A pesar de que en los últimos dos o tres años surgieron tendencias  hacia una coordinación y planificación más amplias, los asuntos más preocupantes no han cambiado: la alta tasa de desempleo, la pobreza y el creciente deterioro de la educación y servicios de atención médica entre la comunidad romaní.

En 2006 el Comité Asesor del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa expresó su preocupación por la discriminación y exclusión que sufren los romaníes en lo que respecta al empleo. De hecho, en las regiones con mucha concentración de romaníes, entre 65% y 75% de los adultos todavía son desempleados. La tasa es de 49% para los hombres y 71% para las mujeres, lo que refleja tanto las diferencias de género en las tendencias del mercado laboral como la ausencia de políticas concretas y sensibles al género.

El bajo nivel de educación y capacitación profesional es el factor principal de desempleo y aislamiento [4] . Si no se hace algo para mejorar este problema, la mano de obra seguirá careciendo de preparación, es decir, sin posibilidad de competir [5] .

Esto revela las deficiencias del Programa Nacional para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de la Comunidad Romaní para el período 2005-2015 (cuyo propósito principal era asegurarle el derecho a la vivienda), adoptado en marzo de 2006 por el Consejo de Ministros. Otras iniciativas que intentaron promover la capacitación, las oportunidades de trabajo y los emprendimientos, como el Plan de Acción para el Decenio de la Inclusión Romaní, tampoco han conseguido buenos resultados.

Una de las razones por las cuales el Gobierno ha fallado en estas áreas,  identificada en el informe Situación de las Minorías del Mundo 2007, es la poca participación de los romaníes en la formulación de políticas que los afectan directamente. El nombramiento de 27 expertos en temas de comunidades minoritarias del Consejo Nacional para la Cooperación en Asuntos Étnicos y Demográficos para las administraciones regionales y la designación de expertos para trabajar en la mitad de las 264 municipalidades [6] búlgaras no han tenido impacto visible.

Desafíos y nuevas tendencias en la protección de los derechos humanos

El superávit de presupuesto del Gobierno en 2007 alcanzó a 3.8% del PBI y el superávit proyectado para 2008 es también bastante alto, de un 3%.  Esta ajustada política financiera fue recomendación de la CE, que reemplazó el monitoreo realizado en años anteriores por las instituciones financieras internacionales. La CE aconsejó a Bulgaria ahorrar todos los ingresos obtenidos del superávit de las proyecciones del presupuesto y  cumplir estrictamente con los límites impuestos al gasto. También insistió en que el Gobierno resistiera las presiones inflacionarias, manteniéndose firme en cuanto a los aumentos salariales, especialmente del sector público, y que incrementara la eficiencia del gasto público, principalmente a través de un estricto programa presupuestal, un seguimiento administrativo más riguroso y una reforma del sistema de salud. Esto significó que el ingreso personal se mantendría lo más bajo posible, asegurando así, tal como lo afirmaran los sindicatos independientes, la continuada falta de “socialización del crecimiento económico”. La inversión pública en educación y salud seguirá muy por debajo de las tasas de 5% o 6% requeridas [7] . Como consecuencia, se producirá un estancamiento o retroceso en el progreso hacia el cumplimiento de los derechos humanos básicos.

Con la integración total a la UE surgió un nuevo ímpetu y un renovado desafío: la adopción, a mediados de 2007, del Concepto sobre Política de Cooperación para el Desarrollo.

Si se consideran las restricciones financieras detalladas anteriormente, la Asistencia Oficial al Desarrollo planificada de 0,17% del PBI para 2010 y 0,33% para 2015, parecen imposibles. Sin embargo, a Bulgaria se le exige, como a los otros Nuevos Estados Miembros, una alineación con las políticas de desarrollo de la UE y los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. El objetivo principal de la Política de Cooperación para el Desarrollo de Bulgaria será la erradicación de la pobreza a través de una buena gobernanza, la protección de los derechos humanos y la igualdad de género. La UE dará prioridad a los países del Sudeste de Europa y de la región del Mar Negro. Al mismo tiempo, Bulgaria brindará apoyo a las iniciativas de desarrollo de África. Las áreas prioritarias de apoyo serán: educación, reformas económicas, sociales y sanitarias, diversidad cultural y tolerancia y preservación del medioambiente. La Comisión Inter-Ministerial sobre la Cooperación Internacional al Desarrollo, creada en julio de 2007, tendrá a su cargo la elaboración de la Política de Cooperación para el Desarrollo y estará abierta al intercambio con representantes de la sociedad civil, de la prensa, etc.

Otro resultado positivo del primer año de incorporación de Bulgaria a la UE fue el surgimiento de protestas públicas. Se realizaron huelgas del sector de la salud, conductores de trasporte público, docentes y otros trabajadores en busca de una remuneración más justa y acciones para la protección del medioambiente, especialmente por parte de grupos de jóvenes ambientalistas.


 


[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE (2003). Informe sobre las Políticas Nacionales de Educación: Sudeste de Europa,  Vol. 1, Paris, pp. 176-178.

[2] Datos del Instituto de Estadísticas de UNESCO y de Monitoreo de la Educación para la Comunidad Roma, un estudio estadístico para Europa Central, Oriental y Sudeste del Instituto Sociedad Abierta, Programa de Apoyo a la Educación, diciembre 2006.  

[3] Comité Búlgaro de Helsinki. “¿Puede una política demográfica estar fuera de lugar?” en Obektiv, Obektiv Club de Discusión, Edición 131, abril de 2006. Disponible en: <www.bghelsinki.org/obektiv/2006/131/131-13.pdf>.

[4] Aproximadamente 70% de la comunidad roma no tiene capacitación y solamente puede realizar las ocupaciones más humildes. El 80% tiene un nivel educativo correspondiente a cuarto grado o menor y dificultades para encontrar trabajo a causa de los requisitos cada vez más exigentes del mercado laboral.

[5] Fundación Friedrich Ebert – Oficina Regional de Sofía (abril de 2007). “La población romaní en Bulgaria: los nuevos desafíos” (Informe analítico), Sofía.

[6] Datos de Consejo Nacional para la Cooperación en Asuntos Étnicos y Demográficos.

[7] Opinión de la Confederación de Sindicatos Independientes sobre el Anteproyecto de Ley de Presupuesto de Bulgaria para 2008.


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