Realidades, promesas e ilusiones

En este país multicultural casi un tercio de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los programas de asistencia social siguen siendo endebles. Aunque los problemas de género se han convertido en un tema candente, la reciente legislación aún no se ha integrado a las políticas públicas o a documentos estratégicos de desarrollo. La violencia doméstica es frecuente; el Gobierno recién comienza a tomar medidas para prevenirla. La elevada tasa de participación de la mujer en la fuerza laboral no se ha visto acompañada de una participación equivalente de los hombres en las tareas domésticas

La pobreza es un grave problema en el país.En 2006, 30% de la población vivía en la pobreza; alrededor de 4,5% en la pobreza extrema. Las tasas más altas corresponden a las zonas rurales en donde las actividades económicas son menos rentables y los salarios más bajos. Más de 40% de los hogares encabezados por trabajadores agrícolas y pensionistas se ganaban la vida a duras penas, por debajo de la línea de pobreza.

La pensión jubilatoria promedio en 2006 era de MDL 457,51 (USD 45), un alza de 15% con respecto al año anterior. En la actualidad, un moldavo de cada cinco cobra una pensión o beneficio de seguro social, lo que constituye una pesada carga financiera para la fuerza laboral. La casi total ausencia de contribuciones al sistema de seguro social en el sector agrícola socava su sustentabilidad financiera.

Protección social

El sistema de protección social consta de dos elementos principales, el seguro social y la asistencia social. La legislación con respecto al seguro social estatal es muy compleja e incluye tasas de seguros diferenciadas para las distintas categorías. Los beneficios se basan en las necesidades, pero debido a la mala administración de los datos, la misma persona puede recibir 11 tipos diferentes de asistencia.

Todos los servicios comunitarios fueron creados con el apoyo de organizaciones internacionales y fondos benéficos. Si bien las estrategias y los programas para la reforma del sistema de protección social se han basado en las necesidades de la población vulnerable, la mayor amenaza al sistema reside en sus fórmulas extremadamente complejas.

En 1998 el Gobierno introdujo una reorganización radical del sistema de pensiones. Se requería un aumento de las contribuciones, un control más estricto de la distribución y el aumento de la edad de retiro. Sin embargo, para 2002 la mayoría de las reformas se había estancado y sólo unas pocas habían sido implementadas. Aunque el Gobierno intentó nuevamente crear un sistema de pensiones uniforme en 2004, los efectos fueron limitados.

En cuanto al seguro social, los gobiernos locales tienen poca capacidad para gestionar y financiar los servicios sociales, lo que resulta en desigualdades en el suministro de servicios como el apoyo para niños, familias vulnerables y ancianos. En 2006 sólo 44% de las familias más pobres recibía beneficios por hijos y 26,2% recibió pagos monetarios o alimentos.

Aun cuando los pobres reciben la totalidad de los servicios sociales del Estado, éstos no son suficientes para cubrir sus necesidades. En las zonas rurales, son las ONG quienes suministran la mayoría de los servicios sociales comunitarios y suplementan los beneficios públicos. Estos programas, que asisten principalmente a niños, jóvenes, mujeres y ancianos, pueden agruparse en tres categorías:

• Servicios de prevención, con énfasis en información y consultas (82%) y en orientación y apoyo (63%).
• Servicios de intervención, que incluyen asistencia humanitaria (66%); sin embargo, sólo 29% corresponde a los servicios de atención diurna.
• Servicios médico-sociales, relacionados principalmente con el cuidado de la salud y servicios de higiene (26%).

Igualdad de género y derechos de la mujer

La igualdad de género se ha convertido en un tema muy discutido en el último decenio. El Estado no valora las ONG como fuerzas de cambio, a pesar de los esfuerzos crecientes de la sociedad civil para lograr una voz más fuerte en la elaboración de políticas. La Alianza “PasProGen”, una coalición de la sociedad civil que aboga por la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, cuenta con más de 90 organizaciones miembro; gracias a su labor, la conciencia de los ciudadanos en cuanto a los problemas de género aumenta en forma constante.

El Gobierno ha promulgado una ley para la igualdad de oportunidades y un plan nacional llamado “La promoción de la igualdad de género en la sociedad para 2006-2009”. Sin embargo, después de revisar la ley cuidadosamente, la organización independiente Gender-Centru llegó a la conclusión de que algunas de sus disposiciones son meramente formales y no proveen los mecanismos para su implementación. Por otra parte, la ley no se ha aplicado en las políticas públicas ni en documentos estratégicos de desarrollo. El plan nacional requiere formar sociedades con ONG para lograr 19 de sus 20 objetivos específicos. Por lo general se invita a los representantes de las ONG más visibles y activas a participar en actividades, planificar reuniones y discusiones, pero no se ha llevado a cabo ninguna colaboración real.

Aunque se cita la igualdad de género en muchos instrumentos legales (por ejemplo, en las Leyes de Educación, de Partidos Socio-Políticos y de Ciudadanía, y en los Códigos Laboral, Salarial y de la Familia) estos contienen, también, numerosas disposiciones que la contradicen. Por ejemplo, el artículo 14 del Código de la Familia establece la edad legal para el matrimonio en 18 años para los hombres y en 16 para las mujeres, lo que constituye una violación de los estándares internacionales para la igualdad de trato.

Según el informe de Moldova de la Herramienta de Evaluación de CEDAW, aunque las mujeres participan del sistema político, siguen sufriendo discriminación dentro de la familia: la violencia doméstica es corriente. La participación considerable de la mujer en la fuerza laboral no ha sido acompañada de una participación equivalente de los hombres en tareas domésticas tales como el cuidado de los niños y los quehaceres de la casa. En febrero de 2008 el Gobierno promulgó la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia en la Familia, que entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2008. Además de establecer penas para la violencia psíquica, sexual, psicológica, espiritual y económica dentro de la familia, además de la predisposición moral y material contra la mujer, la ley prevé la creación de centros de rehabilitación en los que las víctimas podrán recibir asilo y protección y tanto ellas como sus agresores podrán obtener asistencia jurídica, social, psicológica y médica.

La reestructuración reciente del gabinete ministerial, luego de la renuncia del Primer Ministro en marzo de 2008, resultó en un aumento del número de mujeres en cargos de alto nivel, incluyendo a la nueva Primera Ministra. Sin embargo, la proporción de mujeres en el gabinete y en cargos parlamentarios sigue siendo muy baja.

La justicia tampoco es sensible al género. El informe de una misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), “Hallazgos preliminares acerca de la experiencia de presentarse a los tribunales en Moldova”, sobre la base de un análisis de seis meses, concluye que la Constitución y otras leyes normativas no logran definir con claridad los términos “discriminación”, “igualdad de género”, “acoso sexual”, etc., lo que conduce al trato desigual de la mujer en el sistema legal.

Además, no hay un recurso legal eficaz contra la discriminación de género. La falta de sensibilidad de género en los tribunales y entre las autoridades policiales niega a la mujer el acceso a la justicia, sobre todo en casos que involucran la violencia de género. A fines de 2005 entró en vigencia la Ley Contra el Tráfico; sin embargo, el Informe 2007 sobre Trata de Personas, del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirma que Moldova sigue siendo un importante país de origen y, en menor grado, país de tránsito en el tráfico de mujeres para la explotación sexual.

Los progresos legislativos deben acompañarse de un cambio en la actitud y comportamiento; sin embargo, pocas de las más de 2.000 ONG se ocupan de forma específica de los problemas de la mujer o de género. La igualdad de género sólo se puede lograr a través de los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la sociedad civil; los grupos de mujeres tienen un papel esencial a desempeñar en el diseño e implementación de iniciativas que apoyen y promuevan los derechos y el empoderamiento de la mujer, así como en atender la brecha de género en el acceso a la información.

La niñez

La educación primaria es gratuita y obligatoria hasta el noveno grado. Aun así, en muchas escuelas sin recursos suficientes, en especial en las zonas rurales, los padres deben pagar los útiles escolares. Aunque no sea ilegal técnicamente, dichos pagos contravienen las políticas gubernamentales y son motivo de que algunos hijos no sean enviados a la escuela. El Gobierno y las autoridades locales proveen una asistencia anual de USD 30 para pagar los útiles escolares de los niños de familias vulnerables.

Según UNICEF, el porcentaje de niños que asiste a la escuela primaria descendió de 94% a 88% entre 2000 y 2005. Cerca de 16.000 jóvenes de entre 15 y 16 años abandonan el sistema educativo cada año, sin obtener formación profesional alguna. La matriculación en educación secundaria llegó a 88,5% aproximadamente, pero la asistencia está disminuyendo, según datos del Centro Moldavo de Derechos Humanos. Este centro considera que las razones primordiales son la ausencia de los padres (muchos trabajan en el extranjero) y la obligación de cuidar hermanos menores debido a la carencia de instituciones preescolares en las zonas rurales.

Aunque la ley lo prohíbe, el abuso al menor es generalizado. Sólo los casos más serios de abuso y negligencia se registran y denuncian en forma oficial; el Centro Nacional para la Prevención del Abuso al Menor identificó 116 casos en 2006, pero la mayoría no se denuncia. Un estudio de UNICEF sobre violencia contra los niños en Moldova reveló que casi la mitad de los padres entrevistados considera que las palizas son una forma aceptable de castigo; 10% concuerda en que hay ocasiones en que el castigo físico es necesario. Un tercio de los niños encuestados informa haber sido golpeado en el hogar durante el año anterior; 40% afirma haber recibido bofetadas y 25% informa que recibió amenazas de abuso físico o que fue objeto de abuso verbal en el hogar. No hay estadísticas gubernamentales disponibles.

El tráfico de niños para la explotación sexual y la mendicidad sigue siendo un problema. El Centro para el Combate al Tráfico de Personas identificó a 28 niños menores de 18 años traficados en los primeros seis meses de 2007, en comparación con 61 en 2006. Se cree que las cifras reales son mucho más elevadas.

Personas discapacitadas

A pesar de la existencia de leyes que prohíben la discriminación contra personas con discapacidades físicas y mentales, éstas rara vez se aplican. Gaudeamus, una ONG local, ha denunciado la discriminación generalizada contra estudiantes discapacitados. La División de Asistencia Social del Ministerio de Salud y Protección Social y la Agencia Nacional para la Fuerza Laboral tienen la responsabilidad de proteger sus derechos.

Los niños discapacitados constituyen uno de los grupos más vulnerables y marginados. Muchos viven en condiciones de extrema pobreza y aislamiento, sin acceso a servicios que podrían ayudarlos a aprender a cuidar de sí mismos y convertirse en ciudadanos productivos. El Gobierno dedica una mínima cantidad de recursos a instructores que trabajan con individuos con discapacidades. En 2002 el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó honda preocupación con respecto al creciente número de menores con discapacidades y el insuficiente apoyo que ellos y sus familias reciben. El Comité señaló también que se habían implementado pocos programas, tales como actividades culturales y recreativas, para integrar a estos niños al sistema educativo y a la sociedad. Tres años después, sólo 33% de los niños discapacitados inscriptos (4.540) recibía servicios educativos especiales; casi todos vivían en instituciones residenciales. Otros 700 recibían capacitación especializada en sanatorios. El Comité además,  recomendó cambiar la terminología para referirse a niños con discapacidades y señaló que el término “inválido” podría reforzar los prejuicios y la estigmatización.

La legislación no exige se disponga el acceso universal a los edificios, y la mayoría carece de rampas de acceso especiales. Las calles y aceras están en malas condiciones y el transporte público carece de dispositivos para el acceso especial.

Aunque las familias que tienen niños con discapacidades a su cargo reciben asignaciones mensuales, el dinero no cubre la subsistencia básica ni el costo de la asistencia médica ni otros servicios que se requieren. En 2005 la mitad de las familias con por lo menos un niño discapacitado declaró no tener ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Minorías étnicas

Moldova tiene excelentes antecedentes en cuanto a los derechos de las minorías étnicas. La ley garantiza el principio de igualdad y universalidad; las minorías étnicas tienen derecho a afianzarse en su propia cultura y practicar sus artes tradicionales. En 1990 se estableció el Departamento de Estado para las Relaciones Interétnicas. La Casa de las Nacionalidades, que depende del mencionado departamento, tiene el cometido de apoyar y promover las culturas étnicas de todas las nacionalidades. En 1996 el Parlamento ratificó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa.

Hay 18 grupos minoritarios en el país, de los cuales los mayores son los ucranianos, los rusos, los búlgaros y los gagauzos. Todas estas comunidades protegen los derechos civiles, económicos, sociales y religiosos de sus miembros y representan sus intereses. Los miembros de las comunidades ucranianas, rusas, búlgaras, belarusas, alemanas, azerbaiyanas, armenias y georgianas han establecido sus propias organizaciones sociales, culturales y humanitarias y existe, también, una red de instituciones culturales para las minorías étnicas apoyada en el sistema de bibliotecas, museos y teatros del Estado. Hay seis bibliotecas en Chisinau para las minorías étnicas y un teatro estatal ruso. Se ha creado en Comrat la primera compañía de teatro gagauzo; en Taraclia se ha establecido la primera compañía de teatro búlgaro del país.

Los padres tienen, por ley, el derecho a elegir el idioma de instrucción de sus hijos y el Gobierno garantiza este derecho en la práctica. Además de una gran red de escuelas que imparten clases en ruso, se enseña ucraniano en 71 escuelas, gagauzo en 49 escuelas y búlgaro en 27 escuelas. Los niños belarusos, lituanos, griegos, georgianos, armenios y alemanes pueden aprender la lengua y cultura maternas en escuelas dominicales establecidas por sociedades étnico-culturales. Hay programas de capacitación especial para docentes en escuelas y jardines de infantes en los que los alumnos hablan los idiomas de las minorías étnicas. Durante el último decenio el Gobierno ha establecido varias instituciones de educación superior para las minorías étnicas, entre ellas la Universidad Estatal de Comrat, los Institutos de Formación Pedagógica de Comrat y de Taraclia y una filial de la Escuela de Música Stefan Neaga en Tvardita.

Las estaciones locales de televisión y radio transmiten con regularidad programas en los idiomas de las minorías étnicas. El rumano, conocido oficialmente como moldavo, es el único idioma oficial. Sin embargo, todos los documentos oficiales son también traducidos al ruso, que se utiliza para las comunicaciones interétnicas. Casi la mitad (45% en 2005) de la producción total del sector editorial – libros, periódicos, revistas – está en ruso. Se exige que los funcionarios gubernamentales sepan tanto rumano como ruso, “en la medida necesaria para cumplir con sus obligaciones profesionales”.