Derechos, económicos, sociales y culturales: las reformas y la cruda realidad

Espace Associatif

Si bien en los últimos años ha habido en Marruecos múltiples reformas, el acceso a los derechos económicos y sociales sigue siendo deficitario. El Estado no invierte de manera adecuada en derechos humanos: cada año, el presupuesto asignado a dos ministerios de seguridad es más de 11 veces mayor que el asignado a los otros 10 ministerios sociales juntos. El derecho al trabajo, a la igualdad de género, a la salud, a la educación, a un ambiente viable, dista de ser realidad para los marroquíes

En los últimos años ha habido en Marruecos numerosas reformas e iniciativas en el área de los derechos humanos. Sin embargo, no han sido llevadas a la práctica – al menos en su mayor parte – las recomendaciones de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), establecida oficialmente por el actual rey Mohamed VI en 2004 para el “esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado”, esto es, investigar sobre la represión y guerra sucia perpetradas durante el reinado de su predecesor, Hassan II.

Diversas leyes marroquíes refieren a menudo, en sus preámbulos o en sus artículos, a los textos fundacionales: desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), hasta la Declaración del Milenio (2000), pasando por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero, si bien es dable consignar logros legislativos, aunque moderados, en cuanto a igualdad de género – como la reforma del código de familia – y también respecto a los derechos socioeconómicos – como la reforma del código de trabajo (2005), la de la educación y el seguro obligatorio contra enfermedades (2005) – los mismos carecen aún de correlato en la realidad.

Hay carencias en los instrumentos de las políticas económicas y sociales en materia de respeto hacia los derechos humanos. Esto se constata cada año ni bien empieza la preparación de leyes presupuestales: la desproporción entre los presupuestos asignados a dos ministerios de seguridad es más de 11 veces mayor que los asignados a los 10 ministerios sociales juntos.

Las inversiones, ya sean públicas o privadas, siguen siendo escasas y orientadas principalmente hacia la producción para la exportación. Los sectores de la agricultura y la pesca constituyen un caso muy elocuente. La orientación de la agricultura hacia la exportación (cítricos y frutas en general) según las necesidades de algunos mercados ha llevado al país a importar productos agrícolas básicos (trigo y cereales) de países industrializados de la Unión Europea, cuya agricultura está subvencionada. Esto explica en parte las dificultades para enfrentar el alto costo de los productos alimentarios básicos en el mercado internacional, lo que se siente en el ingreso por habitante, que no puede acompasar el alza de precios. En cuanto a la pesca, el país, a pesar de sus 3.600 Km. de costa, padece sobreexplotación de su riqueza pesquera, sin que eso se traduzca en una rentabilidad económica notoria. Esta sobreexplotación provoca una degradación de los recursos (no se respeta el descanso biológico, se utilizan redes no reglamentarias, etc.). Y, además, el consumo de pescado por habitante es el más bajo de la región; el precio es muy alto en el mercado nacional en relación a los ingresos de los y las habitantes.

Los diferentes acuerdos de libre comercio (con Estados Unidos y la Unión Europea) y las diferentes zonas francas suelen ser acusadas de violar los derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras.

Las observaciones de campo y los indicadores socioeconómicos muestran un retraso importante en casi todos los sectores: desde el desempleo, sobre todo entre jóvenes profesionales de ambos sexos, hasta la degradación del ambiente, pasando por la cobertura sanitaria de la población y la calidad de la enseñanza. Marruecos, según señala el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [1] , tiene que hacer “un gran esfuerzo” para mejorar la situación de los derechos humanos, sociales y económicos. Lo mismo se desprende de los indicadores de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como del Índice de Equidad de Género y del Índice de Capacidades Básicas de Social Watch que acompañan el presente informe.

Desempleo e implosión social

El artículo 13 de la Constitución estipula que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al trabajo. El desempleo, sin embargo, aumenta sin tregua, sobre todo entre los que egresan de la enseñanza terciaria, y el número de puestos creados es inferior al de las personas que buscan trabajo cada año.

El desempleo es de carácter estructural; más de 70% de los desempleados busca empleo hace más de un año y 80% de esos desempleados nunca trabajó. Esto ha hundido a muchos jóvenes en la desesperación, llevándolos a la inmigración clandestina e, incluso, al suicidio. El desempleo, vivido como un drama social por la mayoría de las familias marroquíes, constituye una amenaza real de desestabilización social y es factor de implosión social.

Los programas de formación para la inserción laboral fueron un fracaso porque algunas empresas los usaron para cobrar indemnizaciones injustificadas. Así, muchos de los beneficiarios de estos programas integran las filas de desempleados. En cuanto a la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y sus Competencias, es preciso consignar que, a través de ella, miles de jóvenes han sido víctimas de trampas tendidas por numerosas sociedades ficticias. Otro grupo, también a través de la Agencia, firmó contratos con empresas extranjeras que luego se negaron a dar trabajo a los jóvenes, que ya se habían instalado en España. Algunos cientos de diplomados obtuvieron empleo en diversos organismos de administración pública, sobre todo dentro de la educación, tras un proceso de selección por entrevistas y testeos propuestos, sobre todo, a quienes participan activamente en los colectivos de desempleados.

El trabajo infantil sigue siendo un fenómeno común en Marruecos (según fuentes oficiales, 600 mil niños trabajan). Esto se debe, sobre todo, a la tolerancia para con el empleo de menores de la edad legalmente estipulada en las áreas de artesanía y agricultura, además del trabajo doméstico y la explotación en establecimientos privados de producción. El fenómeno de los niños y niñas de la calle, junto con la explotación de menores para el turismo sexual es un serio agravante. La falta de reglamentación para el trabajo doméstico y la promulgación de leyes específicas para el trabajo en oficios tradicionales, realizados mayoritariamente por niños y niñas, a pesar del código de trabajo, contribuyen a ello de manera en extremo significativa.

Salud: la reforma fracasó

Según el conjunto de actores políticos, sindicales y asociativos, y según informes abrumadores de las instituciones internacionales (OMS, UNICEF, PNUD y Banco Mundial), la salud en Marruecos sufre de la enfermedad de su propio modelo, de su propia opción política y de su modo de gestión y de gobernanza.

Las crisis recurrentes se relacionan, esencialmente, con la ausencia de una política y una visión estratégica global de salud – aún no existe una carta sanitaria de Marruecos. Tanto esa política, como esa visión estratégica, deben apoyarse en acciones dinámicas, innovadoras y en una carta nacional basada en los valores universales de los derechos humanos y el derecho a la salud, es decir en los principios generales de solidaridad, igualdad, equidad, gratuidad y, finalmente, democracia y responsabilidad de la colectividad y el Estado.

Existen evidentes disparidades entre las regiones centrales (Casablanca y Rabat) y las periféricas en todas las áreas. Se constata una actuación y un desempeño muy bajos de las estructuras sanitarias existentes. Más de la mitad (55%) de los médicos del sector público se encuentran en Casablanca y Rabat, pero allí vive sólo 19% de la población del país [2] . Los riesgos y las enfermedades profesionales se volvieron moneda corriente en los hospitales y centros de salud: 30% del personal de salud sufre enfermedades contraídas en su trabajo, y 3% tiene hepatitis C [3] . Diversos testimonios revelan que el personal de la salud ni siquiera tiene jabón para lavarse las manos y que los procedimientos elementales de higiene, asepsia y esterilización no son posibles. Es muy frecuente que los pacientes en cirugía contraigan enfermedades.

Los resultados, alarmantes en más de un sentido, son consecuencia directa de las restricciones presupuestarias (5% del PBI). En ese contexto, los ejemplos más inquietantes para los actores del sector son los indicadores anuales de mortalidad materna (227 cada 100 mil) e infantil (50 cada 1.000). En las zonas rurales, 52% de las mujeres todavía da a luz en su casa. Cerca de 31% de la población rural vive todavía a más de 10 Km. de un centro de salud y uno de cada cinco niños muere antes de los cinco años [4] .

Los proyectos de reforma del sistema de salud, lanzados por el ministerio del sector (nueva estrategia 2008-2012), son irrealizables. Por un lado, no hay recursos financieros ni humanos y, por otro, el proyecto del gobierno no presenta un enfoque global, integrado y coherente de la cuestión sanitaria. La salud no se puede separar de otras áreas, tales como educación, alimentación, agua potable, vivienda, ambiente, nivel y condiciones de vida, y protección y asistencia a la población vulnerable.

Luego de tres años de la entrada en vigor del seguro médico obligatorio, el nuevo régimen, con sus decretos de aplicación, afecta cada vez más el presupuesto de los hogares, sobre todo de los asalariados, ya sean del sector público o privado. El régimen de asistencia a los desamparados, conocido como RAMED, que debía comenzar a principios de 2007, demora en su concreción. La aparición de un sistema privado de cobertura médica, con el nombre de INAYA (término árabe que significa “cuidar”), parece indicar el inicio de una privatización del sector, como ya sucediera en Egipto y Turquía.

El consumo de medicamentos es muy bajo – el promedio asignado es de USD 20 por año y por individuo, una de las coberturas más bajas de la región. Los impuestos a los medicamentos son muy elevados (49% del precio del medicamento son gravámenes) y, a pesar de una importante reducción impositiva sobre el precio de la materia prima, que bajó de 25% a 2,5%, el precio no ha cambiado. Por otra parte, la tasa de reembolso no supera 41% de lo que gasta el/la asegurado/a, lo que significa que, contrariamente a lo que anunciara la estrategia, seguramente aumente el precio que ya pagan los hogares por cobertura de salud [5] .

Educación: otro fracaso

El derecho a la educación, igual que el del trabajo, figura en la Constitución. Si bien esta década que termina fue declarada “de la educación y la formación”, y a pesar de la Carta de Educación y Formación, de la creación de un Consejo Superior de Enseñanza y Formación, de los presupuestos invertidos en el sector y de algunos progresos cuantitativos en los últimos años, los resultados están muy por debajo de los objetivos de fijados, así como de los logros obtenidos en países comparables a Marruecos.

Hay unanimidad en cuanto al fracaso del sistema educativo; el informe del Consejo Superior de Enseñanza que se le presentó al Jefe de Estado el 16 de abril de 2008 llama la atención sobre el mismo y a una intervención urgente. El analfabetismo ronda 50% (en el medio rural, menos de 10% son alfabetizados), la enseñanza preescolar es escasa (45% en 2004), y en zonas rurales 1 niña cada 5 accede a ella.

Las cifras oficiales – 92% de escolarización (87% en la zona rural) – se basan en las declaraciones de padres y madres, sin ningún control; cerca de un millón de niños y niñas de entre 6 y 15 años no están escolarizados y, por otra parte, casi un millón y medio dejan la escuela cada año. Los alumnos y alumnas que egresan del cuarto año de enseñanza primaria no saben leer ni comprender un texto.

A pesar del incremento de personal docente, no se han realizado esfuerzos en materia de orientación y guía de los estudiantes hacia el tipo de formación que es mejor para cada uno/a. En cuanto a la enseñanza superior, que cuenta con 280 mil estudiantes – una de las tasas más bajas (10%) entre los países de la región en situación comparable – es de rendimiento regular. Si no se invierten los recursos necesarios, la reforma del sector no habrá de generar resultados apreciables.

Recursos naturales degradados

En Marruecos, las cuestiones relativas al agua – la cantidad por habitante, por ejemplo – están lejos del umbral establecido a nivel mundial para garantizar el desarrollo. La calidad del agua del país figura entre las peores del mundo. La contaminación del aire es severa en las áreas industriales, a pesar de la reciente adopción de planes de energía eólica y solar, tiene repercusiones negativas en la salud de la población. La gestión de la biodiversidad es una de las peores de la región mediterránea. La pérdida de bosques y la degradación de los suelos han generado una desertificación que va en aumento.

El costo de la degradación del ambiente es muy alto; representa anualmente MAD 20 mil millones [6] (USD 2.591 millones). No hay una visión clara que permita orientar a los agricultores y alentar a los inversores. La producción nacional cubre cada vez menos el consumo de alimentos y la seguridad alimentaria del país se encuentra en grave peligro.

La gestión de los recursos naturales, que es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas a tener alimento suficiente y a vivir en un ambiente viable, no recibe la atención que merece y sigue sin figurar entre los intereses ni del ejecutivo, ni de los partidos políticos y el Parlamento.

Género: muy lejos de la equidad

Los tibios logros legislativos no disimulan el hecho de que las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades que los varones en cuanto a trabajo, salud y educación. Por otra parte, la aplicación del nuevo código de familia está lejos de ser una realidad, sobre todo en lo referente a la poligamia, el divorcio (unilateral) y la tutela de la madre sobre hijos e hijas, el casamiento de menores, el matrimonio bicultural, y la creación de un sistema de ahorro para la pensión.

Es necesario instaurar un mecanismo institucional de seguimiento de los logros en materia de derechos de la mujer y de los obstáculos que se presentan.


 


[1] En el Índice de Desarrollo Humano, pasó de ocupar el lugar 117en 1995 al 124 de un total de 177 (2005) y al 126 en 2007 (PNUD).

[2] Informe del señor Jaidi, Social Watch, 2007.

[3] Informe de la Organización Democrática del Trabajo, marzo de 2008.

[4] Informe del Cincuentenario de Marruecos.

[5] Dato del Consejo Regional de Farmacéuticos de Oficina del Norte, 2007.

[6] Estrategia Nacional de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, 1996.

Este documento es parte de una síntesis realizada a un informe desarrollado en el marco de un trabajo colectivo y participativo que duró cinco meses. El 23 de abril de 2008, Espace Associatif organizó una mesa redonda que reunió a un panel de expertos, investigadores y universitarios que hubieran realizado estudios y tuvieran relación con actores de la sociedad civil, entre ellos cuadros asociativos y periodistas. Esto permitió ver el estado de situación de los derechos económicos, sociales y culturales, y del rol de las asociaciones, además de contribuir al análisis de los obstáculos que frenan la aplicación de esos derechos más allá de su reconocimiento

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