La pobreza, ese freno

Carlos Farinha Rodrigues
Catarina Cordas
Rita Veiga
GT “Economia e Sociedade”/Comissão Nacional Justiça e Paz

En las últimas tres décadas, Portugal se ha convertido en un país desarrollado y una democracia política. Los derechos humanos son respetados en general, pero no en todos los casos. Existen dos plagas sociales en las que el cumplimiento de los derechos humanos aún no se ha logrado: la pobreza y las inequidades sociales. Todos y cada uno de los portugueses deberían verse libres de la pobreza, las mujeres deberían gozar de igualdad de oportunidades y verse libres de violencia y la brecha en los salarios debería disminuir. Además, el abuso infantil y el tráfico humano continúan siendo un problema grave

Todas las personas, en todas partes, tienen derecho a vivir con dignidad. Cada vez más se reconoce que las condiciones en que los pobres se ven muchas veces forzados a vivir, violan los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos es básica para reducir la pobreza y la inequidad. En 2007 la Comisión Nacional Justicia y Paz realizó una petición al Parlamento solicitando que la pobreza se considere una violación grave a los derechos humanos y que se hiciera una evaluación en forma regular de las políticas públicas con relación a su impacto en la pobreza.

El tema de los derechos humanos en Portugal todavía trae a la memoria el período de la dictadura, que finalizó en abril de 1974, y en el que las violaciones a los derechos humanos, especialmente de aquellos que se oponían al régimen, eran permanentes. Para la gran mayoría de la población, que simplemente siguió adelante día tras día, las condiciones de vida en un país pobre y subdesarrollado violaban incluso el más elemental de los derechos humanos. A fines de la década de los 60, Portugal tenía la tasa de natalidad más alta de Europa Occidental, pero también la más baja en expectativa de vida al nacer, el menor ingreso per cápita, la tasa más baja en matriculación en educación primaria y secundaria y el menor número de habitantes protegidos por el seguro social [1] .

La Constitución actual, aprobada en 1976, garantiza el respeto por los derechos humanos de todos los ciudadanos. La defensa de los derechos humanos, libertades y derechos legítimos de todas las personas está bajo la responsabilidad de un ombudsman independiente. El sistema judicial para los asuntos civiles es independiente e imparcial y los ciudadanos tienen acceso a los tribunales para solicitar compensaciones por daños y perjuicios, o la cesación de las violaciones de los derechos humanos [2] . No obstante, todavía existen desafíos importantes en dos áreas principales: la pobreza y la inequidad social.

Pobreza y exclusión social

El hecho de que las personas estén condenadas a una vida de pobreza es claramente una violación a los derechos humanos. Especialmente en los países desarrollados, donde el crecimiento económico debería permitir la erradicación de la pobreza y la integración plena de cada individuo. En 2006, el último año del que se disponen estadísticas, las condiciones de vida de 18% de la población se encontraban por debajo de la línea de pobreza [3] . Esta cifra se vuelve aún más impactante al considerar que la línea de pobreza de Portugal corresponde aproximadamente a 52% del valor para todos los 25 miembros de la UE (UE-25) y a menos de la mitad del valor de los 15 miembros originales (UE-15).

Además, Portugal es uno de los países con más inequidades de la UE: en 2006, el ingreso del 20% más rico de la población era 6,8% más alto que el ingreso del 20% más pobre. Las políticas sociales para la lucha contra la pobreza y la exclusión social han resultado inadecuadas. El impacto de las transferencias sociales (sin considerar las pensiones) para reducir los niveles de pobreza es claramente inferior en Portugal que en otros países, aunque sin esas políticas (como por ejemplo el programa de ingreso mínimo) la intensidad de la pobreza sería mucho más profunda. Se han introducido varias medidas para hacer frente a los graves problemas sociales, pero éstas no se han implementado en su totalidad debido a la austeridad en las políticas actuales, que tienen como objetivo la reducción del déficit a través de recortes en el gasto público.

En un análisis por grupo etario, se ve que la incidencia de la pobreza afecta más a la población de mayor edad, a pesar de que se constataron algunas mejoras en los últimos 12 años. En 1995, 38% de los individuos de más de 65 años recibían ingresos por debajo de la línea de pobreza, porcentaje que disminuyó a 26% en 2006. La tasa de pobreza para la gente mayor que vive sola también ha disminuido, en 2006 era 40% y en 1995, 57%. La pobreza infantil también es alta: 21% de los niños portugueses viven en familias cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Las familias con solo padre o madre y las familias con tres o más niños son especialmente vulnerables, con tasas de pobreza de 41% y 38% respectivamente.

Desempleo e inequidades salariales

El desempleo creció desde 2000 hasta alcanzar 7,9% en 2004 [4] . Las mujeres componen el grupo mayoritario de adultos sin empleo (56,1%), el desempleo entre jóvenes de entre 25 y 34 años es el doble del promedio; y 72,2% de las personas de 55 años o más continúan sin empleo después de transcurrido más un año [5] . La inseguridad laboral también está en aumento: en 2007, 22,2% de los trabajadores remunerados ocupaban cargos de medio horario o temporales, mientras que en 1993 era de 12,3%.

Las inequidades salariales también aumentan. En 2005, el salario promedio del 10% superior era 6,1 veces mayor que el 10% del grupo inferior de asalariados. Los hombres, en promedio, ganan 24% más que las mujeres. El salario básico de los hombres jóvenes (entre 18 y 29 años) es en promedio 67% del salario de los trabajadores de más de 30 años, aún cuando tengan un título universitario. La situación se ha deteriorado en los últimos diez años. En 2005, el salario básico promedio de los hombres y mujeres trabajadores con contratos laborales de duración determinada representaba 74% del salario básico de los hombres y mujeres trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido.

La participación de la mujer en el mercado laboral es 68,1%, la más alta de todos los países de la UE, a pesar del hecho de que tienen, además, responsabilidades domésticas. Sin embargo, la discriminación de género es importante, según surge de datos del Instituto de Estadística y del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social. Por ejemplo, 71% de las trabajadoras con empleo se encuentran entre las profesiones peor pagas, mientras que menos de 2% ocupan cargos de alta capacitación en los directorios de la administración pública, puestos de liderazgo o directorios de empresas. Las diferencias son evidentes desde el comienzo, ya que las jóvenes tienen mayores problemas cuando tratan de ingresar al mercado laboral: 18,4% de los desempleados de entre 15 y 24 años son mujeres, mientras que solamente 14,5 % son hombres. Asimismo, están en desigualdad de condiciones en lo que respecta a los ascensos, debido a la falta de licencia por maternidad paga y servicios de cuidado infantil a precios accesibles. En 2005 ganaban 80,7% del salario básico mensual promedio que ganaban los hombres, lo que supuso un aumento con respecto a 76,5% de 1995; en los puestos de alto nivel, sin embargo, la diferencia en el mismo período es mayor: 88,1% en 2005 y 93,7% en 1995 [6] .

Educación y salud

Hace tres décadas, un quinto de la población entre 15 y 64 años de edad era analfabeta y solamente 5% completaba la educación secundaria. En la actualidad, la educación básica es obligatoria. No obstante, algunas escuelas públicas carecen de recursos e infraestructura necesarios para contribuir con la creación de oportunidades equitativas para todo el alumnado. Además, la alta tasa de deserción en la escuela primaria por razones de pobreza es alarmante, y contribuye a que ésta se perpetúe de una generación a la otra: en 2006, era de 39,2%, más del doble del promedio de la UE. Ese mismo año, 71% de la población con empleo solamente había recibido educación básica o menos, apenas 15,3% había completado la educación secundaria y sólo 14,1% contaba con un título avanzado [7] .

La Constitución de 1976 señala que el derecho a la salud es universal y que, en la medida de lo posible, debería ser gratis; también enuncia que el cuidado de la salud debe ser proporcionado por el Servicio Nacional de Salud. Aunque Portugal está bastante bajo entre países europeos en términos de desarrollo económico, se hizo una fuerte inversión en este sector entre 1980 y 2004. El porcentaje del PBI destinado a salud pública se duplicó en ese período, pasando de 3,6% a 7,2%, lo que permitió que algunos indicadores de salud como la tasa de mortalidad infantil o la de expectativa de vida alcanzaran niveles similares a los de los países altamente desarrollados, a pesar de que el gasto en salud per cápita es todavía modesto. Una de las medidas que mejoró el acceso a los servicios de atención médica fue la exoneración del costo de los honorarios de atención médica a las personas de bajos ingresos (el 40% de la población).

Persisten problemas que se acarrean desde hace mucho: las listas de espera para cirugía y para una primera consulta con algunos especialistas son enormes. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud, a fines de 2006 había más de 380.000 pacientes esperando para conseguir una primera consulta con un especialista y más de 225.000 esperando una cirugía, con un tiempo promedio de espera de 6 a 9 meses. El Gobierno actual ha implementado algunas medidas para mejorar esta situación, con resultados diversos. A lo largo de los últimos tres años se introdujeron reformas para mejorar el modo en que se proveían los servicios, disminuyendo los costos y optimizando los recursos. El resultado fue el cierre de algunas clínicas de maternidad, servicios de emergencia y algunos servicios especializados, lo que contribuyó a crear una sensación de inseguridad, especialmente entre los que no viven en las ciudades principales. El Gobierno se comprometió a asegurar que cada familia tenga un médico y un servicio de emergencia médica a una distancia razonable, sin embargo, aún no se ha logrado.

Abuso infantil y delincuencia

Desde la introducción del Primer Plan para la Eliminación de la Explotación del Trabajo Infantil en 1998, y su actualización en 2004, el trabajo infantil se ha reducido al mínimo. Sin embargo, el abuso infantil continúa siendo un problema. La Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas denunció 97 casos de crímenes contra niños en los primeros seis meses de 2006 [8] . La violencia entre los jóvenes disminuyó desde 2000 hasta 2005, pero luego volvió a incrementarse. De acuerdo con un informe de 2007 elaborado por la Subcomisión del Parlamento para la Equidad de Oportunidades [9] , el aumento de la delincuencia juvenil se relaciona directamente con la pobreza, la disminución de la seguridad económica y la falta de oportunidades laborales. Actualmente, las instituciones que están a cargo de proporcionar refugio y amparo son débiles y están superpobladas.

El primer Plan para la Eliminación de la Explotación del Trabajo Infantil se inició en 1998 y terminó en 2003. Se implementó una nueva versión actualizada en 2004.

Violencia contra las mujeres

Las denuncias de violencia contra la mujer se reciben a diario, aunque no existe evidencia de que este tipo de violencia esté en aumento. De los casi 7.070 casos presentados a la Asociación para el Apoyo a las Víctimas en los primeros meses de 2006, más de 86% involucraba a las parejas de hecho. De acuerdo con datos proporcionados por la Agrupación de Alternativas y Respuesta para la Mujer, 39 mujeres murieron asesinadas por su esposo o pareja.

En 2005, el Gobierno estableció la Estructura Portuguesa contra la Violencia Doméstica, que lanzó una campaña nacional para la toma de conciencia, capacitó a los profesionales de la salud, propuso una legislación para mejorar la asistencia legal a las víctimas, aumentó en el número de casas de acogida y firmó protocolos con las autoridades locales para asistirlas. En julio de 2006, el Presidente Cavaco Silva, recorrió varios distritos del norte con el objetivo de crear conciencia sobre el tema de la violencia doméstica. La ley prevé castigos penales para los casos de violencia por parte del cónyuge; sin embargo, las actitudes tradicionales de la sociedad desaniman a muchas mujeres a recurrir al sistema judicial.

Tráfico de seres humanos

Portugal es destino y también punto de tránsito para el tráfico de mujeres, hombres y niños que provienen principalmente de Brasil, Europa oriental y África. En algunos casos el objetivo es el trabajo forzado, y al haber ingresado al país en forma ilegal, no pueden reclamar sus derechos y frecuentemente permanecen escondidos y viviendo en condiciones de pobreza extrema. Los traficantes exigen generalmente pagos adicionales o participación en las ganancias, les retienen sus documentos de identificación y a veces amenazan con hacer daño a sus familias en el país de origen.

Según información del Departamento de Estado de los Estados Unidos, alrededor de 5.000 mujeres, en su mayoría brasileñas, llegan a Portugal cada año para trabajos sexuales. El Gobierno ha incrementado los esfuerzos anti-tráfico e informó que se desmantelaron algunas redes en 2005, lo que condujo a su reducción en términos generales en el país. A muchas de las víctimas se les otorgó residencia legal, pero la mayoría fueron repatriadas, con la asistencia de las ONG para la reintegración social. El país cuenta con aproximadamente 20 Centros Nacionales de Apoyo a la Inmigración que brindan asistencia a los inmigrantes y también se ocupan de las necesidades de las víctimas del tráfico de personas. El Gobierno provee subsidios para que las víctimas reciban refugio, empleo, educación, acceso a servicios médicos y asistencia para la reunificación familiar [10] .

Los casos de exceso de violencia por parte de los funcionarios de servicios policiales continúan. El aumento de los arrestos, las malas condiciones de las prisiones y la violencia entre los presos, exigen medidas urgentes.


 


*Uno de los componentes ICB fue imputado basado en información de países de nivel similar 

[1] Barreto, A. (2002). “Mudança social em Portugal, 1960/2000”. Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa. Disponible en portugués en: <www.ics.ul.pt/publicacoes/workingpapers/wp2002/WP6-2002.pdf>.

[2] Departamento de Estado de los Estados Unidos (2007). “Portugal. Informes por País sobre las Prácticas de Derechos Humanos, 2006”. Disponible en: <www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78833.htm>.

[3] Instituto Nacional de Estadística  (INE) (2008). “Ingresos y condiciones de vida”. Disponible en: <www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=11230479&DESTAQUESmodo=2>.

[4] XI Congreso de la Confederación General de Trabajadores Portugueses.

[5] INE, op. cit.

[6] Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social.

[7] INE, op. cit.

[8] Departamento de Estado de los Estados Unidos, op. cit.

[9] <www.anip.net/noticiasdoc/apres.AP_TBrandao_07.pdf>

[10] Departamento de Estado de los Estados Unidos, op. cit.