Derechos humanos, corrupción e impunidad

Valentin Burada
Fundación para el Desarrollo de la Sociedad Civil

Durante el régimen comunista, los derechos humanos fueron desatendidos para beneficio de los miembros del partido e informantes de la policía secreta. La gran mayoría de ellos se mantiene, todavía, en puestos de privilegio. Los que sufrieron más durante el período autoritario están ahora enfrentando las penurias de la transición económica. Aunque el Estado apoya formalmente los derechos humanos, su implementación es insuficiente. No hay voluntad política; el estado incumple sus obligaciones

Desde la caída del régimen autoritario en 1989, los derechos humanos se perciben como un derivado de la democracia. La primera prioridad ha sido la construcción y consolidación de la democracia, principalmente a través de la promoción de los derechos civiles y políticos, la libertad individual y una economía de mercado. Los derechos positivos – sociales, económicos y culturales – han recibido menos atención, basándose en la premisa de que su desarrollo se daría en forma natural en una economía de mercado democrática. Al mismo tiempo, las instituciones estatales se desmoronan bajo el peso de la corrupción y politización extrema, causando un sostenido deterioro en la calidad y cantidad de servicios públicos esenciales, erosionando, a la vez, la confianza de la población en las instituciones públicas.

Desde el lanzamiento oficial de la transición a la democracia, a principios de la década de 1990, el énfasis de los activistas de la sociedad civil se puso siempre en los derechos civiles (libertad de expresión, propiedad privada, habeas corpus, libertad de culto, etc.). Sin embargo, algunas ONG han comenzado a desempeñar un papel activo en la promoción de los derechos de los sectores marginados de la sociedad, como los niños (especialmente los que se encuentran confinados en instituciones), las personas con discapacidades, los romaníes, y las minorías sexuales.

Hasta ahora, los estándares de derechos humanos no han sido completamente incorporados a la sociedad, legislación o prácticas de Rumania. Se necesitan políticas sensatas de largo plazo y también medidas presupuestarias para su implementación. La postura del Gobierno ha sido la de actuar solamente cuando es necesario, generalmente como respuesta a presiones internacionales directas. Por ejemplo, las políticas de derechos humanos de Rumania fueron monitoreadas de forma rigurosa durante el proceso previo a la incorporación a la UE, a fin de asegurar que cumplían con las disposiciones de los criterios políticos de Copenhague. A veces, el estímulo para realizar reformas proviene de un escándalo que sale a luz en la prensa internacional. Incluso cuando ha puesto en vigor medidas a favor de los derechos humanos, el Gobierno ha dependido de ayuda externa para implementarlas, en lugar de movilizar recursos propios.

Los derechos de las personas con discapacidad

Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado regularmente violaciones graves de los derechos de personas con discapacidad mental. El Monitoreo de los derechos de los niños y jóvenes con discapacidad mental en las instituciones públicas [1] ,un informerealizado por el Centro de Recursos Legales (CRJ, una ONG de Rumania) y UNICEF en abril de 2007 menciona un gran número de violaciones. Los pacientes no tienen acceso a las necesidades básicas (alimentos, vestimenta adecuada, sábanas, almohadas ni camas, ni tampoco calefacción en invierno) y carecen de servicios adecuados o condiciones de vida apropiadas, como actividades, estimulación, medicamentos y tratamiento. Las medidas de contención y el aislamiento se aplican en forma abusiva. El Estado es responsable directo de muchos de los abusos, entre los cuales se cuentan condiciones inhumanas en instituciones psiquiátricas donde la violencia del personal es frecuente. Algunos niños han sido internados en instituciones de tratamiento psiquiátrico arbitrariamente, sin diagnóstico ni tratamiento específico.

En diciembre de 2006 se aprobó una nueva ley que enumeraba los derechos de las personas con discapacidad, para cubrir la carencia existente de una legislación contra la discriminación. Por ejemplo, una encuesta realizada por la agencia nacional para personas con discapacidad mostró en 2006 que, de todas las instituciones públicas inspeccionadas, sólo el 25% proporcionaba accesibilidad adecuada (como respuesta, algunas instituciones públicas y privadas modificaron sus instalaciones en forma voluntaria). Sin embargo, en muchos otros casos, el Gobierno aún no ha introducido políticas eficaces para implementar y hacer cumplir la reforma. El acceso universal es un asunto primordial. Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad se quejan de que gran parte de los edificios y transporte público carecen de instalaciones adecuadas.

Los derechos de las personas con VIH/Sida

En Rumania hay más de 7.200 niños y jóvenes son VIH positivos, la cifra más alta de Europa. Frecuentemente llamados “niños del milagro de Rumania” son los sobrevivientes de los más de 10.000 niños infectados con VIH por el uso de jeringas contaminadas y micro-transfusiones de sangre sin analizar [2] en hospitales y orfanatos entre 1986 y 1991. La causa subyacente es la negligencia del Estado.

Aunque fue el primer país de Europa del Este en proporcionar acceso universal a la terapia antirretroviral, ha hecho poco para luchar contra la estigmatización y discriminación de las personas con VIH/Sida. Frecuentemente se les niega el acceso a la educación, atención médica, servicios públicos y trabajo.

Según un informe publicado en septiembre de 2007 por UNOPA, una federación no gubernamental de varias organizaciones que representan a las personas con VIH, el Gobierno no ha implementado ningún programa para asegurar que, cuando los niños con VIH/sida alcancen la edad límite en el sistema de protección social, hayan de contar con las habilidades y el apoyo necesarios para integrarse completamente a la sociedad y al mercado laboral [3] . Un informe de Human Rights Watch, publicado en agosto de 2006, señalaba que menos de 60% de los niños que viven con VIH/sida reciben algún tipo de educación escolar, a pesar de que la legislación establece que la educación es libre y obligatoria hasta el décimo grado o hasta los 18 años [4] .

A pesar de que se constatan progresos en algunas áreas, los médicos a menudo se niegan a tratar a niños y jóvenes que viven con VIH/sida o usan una serie de estratagemas y excusas para evitar atenderlos, como por ejemplo cambiarles la fecha asignada para la consulta en forma reiterada para que se desanimen y que no regresen al consultorio. Otras actitudes discriminatorias consisten en pedirles que vuelvan cuando todos los pacientes se hayan ido y dirigirse a ellos como “sidosos” delante de los demás pacientes.

El sistema de tratamiento antirretroviral (ARV) ha dado muy pocos resultados. En el período 2001-2006 se proporcionó sin cargo, pero durante esos años el tratamiento se interrumpió por varios meses cuando se terminaban los recursos asignados. Además, representantes de las ONG que trabajan en esa área aseguran que se han desarrollado tratamientos mejores desde la adquisición del ARV en 2003. El Gobierno ha demorado los llamados a licitación desde 2005, aunque se asignaron USD 60 millones para ese propósito.

Derechos de la comunidad roma

La entrada en vigor de legislación progresista no ha puesto fin a la discriminación que sufren los romaníes en varios aspectos, como por ejemplo empleo, vivienda, salud y educación. Aproximadamente 70% de los hogares de la comunidad roma carece de agua corriente, según el informe Rompiendo el ciclo de exclusión: los niños de la comunidad Roma en el Sudeste de Europa de UNICEF de marzo de 2007. Esta cifra supera ampliamente la proporción de 50% del total de hogares pobres en la totalidad de esta comunidad. El principal obstáculo que encuentran los romaníes para el acceso a los servicios es la falta de documentos. Por esta causa se ven excluidos del derecho a una atención médica gratuita, por ejemplo. Se estima que tan sólo un tercio de los romaníes cuenta con seguro de salud, principalmente a causa del costo relativamente alto y de la baja tasa de empleo de la comunidad en el mercado laboral formal.

En lo que respecta al sistema educativo, los niños romaníes siguen siendo más segregados que otros grupos. Sus escuelas generalmente tienen instalaciones más pobres y no cuentan con docentes calificados. Entre los jóvenes rumanos que no tienen educación, más de 80% son romaníes y 38% de éstos son analfabetos. Solamente 64% está inscripto en la escuela primaria, cuando el promedio nacional es 98.9% [5] .

Derechos humanos, corrupción e impunidad

En las últimas dos décadas la mayor amenaza a los derechos humanos han sido la corrupción y la impunidad. Esto representa un ataque directo a uno de los principios fundamentales de los derechos humanos: tratamiento igualitario para todos los miembros de la sociedad. Los únicos beneficiados son la minoría que tiene acceso al poder y los que acceden a puestos de toma de decisiones. El resto de la población paga el precio. Los pobres, especialmente los que viven en áreas rurales o poco des-industrializadas, han sido desatendidos por todos los gobiernos en forma sucesiva. Para la mayoría, la única solución a las penurias económicas ha sido la emigración. Aunque la adhesión de Rumania a la UE ha fomentado un sistema político y judicial más saneado, hasta ahora, a la corrupción y la impunidad se las ve más extendidas y poderosas que nunca.

Compartimos la perspectiva de Pearson respecto a que “el discurso de los derechos humanos nos permite reconocer los efectos que la corrupción provoca en las personas, especialmente en su contacto con el Estado. El sufrimiento que las prácticas corruptas causa en la gente se oculta, con demasiada frecuencia, detrás de declaraciones vagas y eufemísticas de desarrollo, y niveles de pobreza que no alcanzan a atraer la atención nacional o internacional para estimular la acción necesaria.” [6]

Rumania es un ejemplo claro de que “en los países en los que hay mayor corrupción, la posibilidad de enriquecimiento es la motivación para participar en la política, ya sea por razones egoístas y personales o por razones de influencia política para atrincherarse en el poder” [7] . En este sentido parece razonable calificar a Rumania de “cleptocracia multipartita”. Característica que se ve reforzada por la oposición de todos los partidos a los intentos de reforma del sistema judicial actual [8] .

Desde 1989, el sistema judicial nacional ha sido notoriamente corrupto y dependiente de la política. Prueba de esto son las escasas acciones legales iniciadas en los casos de crímenes cometidos durante el régimen comunista o durante el período revolucionario que le siguió. Esto hubiera amenazado al nuevo gobierno y a su red de aliados, funcionarios que anteriormente habían pertenecido a la nomenklatura (funcionarios del gobierno) y a la Securitate (policía secreta) y ahora se convirtieron en empresarios. Ellos y sus aliados dominan todo el espectro político nacional.

A pesar de que la corrupción crecía ostensiblemente, la justicia se convirtió en un problema importante recién durante los últimos años de negociación con la UE. En ese momento, se mostró como el principal obstáculo para la adhesión a la UE y la lucha para hacer una revisión general del sistema tuvo algunos avances. El Estado desarrolló una nueva capacidad institucional para tratar con la “corrupción de alto nivel”. Cuando Rumania se convirtió en miembro pleno de la UE, ésta invocó una cláusula que le permitía continuar el monitoreo de los esfuerzos del país para reformar el sistema judicial.

Sin embargo, ahora que el país se ha incorporado a la UE, la clase política nacional se ha puesto más renuente a responder a las presiones de Bruselas para seguir adelante con las reformas [9] . Alarmados por las investigaciones de corrupción, que involucran cada vez a más líderes políticos, representantes de todos los partidos políticos han creado una nueva “coalición de voluntarios”, con el propósito oculto de detener las reformas, retroceder en los progresos alcanzados y restaurar la impunidad. Después de una primera etapa, en la que políticos de cargos superiores fueron acusados formalmente por primera vez y las ataduras políticas del sistema judicial se mostraron más evidentes que nunca, el sistema parece haber reunido el coraje suficiente para atacar a la corrupción de alto nivel y procesar a ministros de gobiernos anteriores y del actual, y también a primeros ministros. Sin embargo, recientemente, opositores al proceso han comenzado a realizar acusaciones argumentando que este nuevo ímpetu de los jueces proviene de intereses políticos que buscan perjudicar a los partidos rivales.

En enero de 2008, la Corte Constitucional destituyó a la directiva del Consejo Nacional de Investigación sobre el Archivo del Servicio Secreto Comunista (CNSAS), la única institución dedicada a brindar justicia a las víctimas del régimen comunista, y suspendió las actividades de la institución. Esta decisión se tomó justo antes de un año electoral, cuando los investigadores estaban por inspeccionar los archivos de los jueces y miembros de la Corte Constitucional. Antes de ser silenciado, el CNSAS descubrió que varias figuras públicas – ex-ministros y primeros ministros, periodistas y clérigos – eran informantes de la Securitate. Muchos otros, sin embargo, recibieron la protección de la agencia de servicio secreto actual, que continúa impidiendo el acceso a algunos de sus archivos más controversiales.

La corrupción también se ha filtrado en la economía. Los derechos de propiedad, fuertemente impulsados después de 1989 como piedra angular de la nueva “democracia liberal”, han sido violados en forma descarada por manipuladores que cometieron fraudes durante el proceso de privatización. Algunos de ellos se enriquecieron a través de su vinculación anterior con la nomenklatura o Securitate. Otros movieron sus hilos en el sistema judicial y usaron chantaje y fraude para arrebatar, a sus legítimos dueños, propiedades nacionalizadas por el régimen comunista. Y otros inclusive han hecho fortunas con la ayuda de ex-camaradas que ahora se encuentran en cargos públicos claves, ganando así acceso preferencial a las propiedades del Estado que fueron privatizadas o a contratos con el Gobierno.

“La impunidad de los poderosos y de los que tienen vinculaciones políticas es el factor individual más importante en la perpetuación de la corrupción, y en todas las violaciones a los derechos humanos [10] . La situación de Rumania ilustra esto a la perfección.


 


[1] Centro para los Recursos Legales (CRJ) (2007). Mecanismos de Protección para las Personas con Discapacidad Mental de las Instituciones Socio-médicas: de la Ilusión a la Realidad, Bucarest, disponible en: <www.crj.ro/files/ProtectionMechanismReport.pdf>.

[2] Human Rights Watch (agosto de 2006). La vida no espera. El fracaso de Rumania en la Protección y Apoyo a Niños y Jóvenes que Viven con VIH, Vol. 18, Nº 6(D).

[3] UNOPA (septiembre de 2007). Drepturile omului in context HIV/SIDA. Raport de monitorizare, iulie 2006–martie 2007, <www.unopa.ro/download/Raport_de_monitorizare_UNOPA_iulie_2006-martie_2007.pdf>.

[4] Human Rights Watch, op. cit.

[5] Romania educatiei, Romania cercetarii (julio de 2007). Disponible en: <edu.presidency.ro/edu/cv/raport.pdf>.

[6] Pearson, Z. (s/f) “Human Rights and Corruption”. Trabajo de investigación del Centro para las Instituciones Democráticas, Universidad Nacional de Australia 3, disponible en: <www.cdi.anu.edu.au/research_publications/research_HumanRightsandCorruption.htm>.

[7] Kiai, M. (2007). El Rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la Lucha contra la Corrupción, Consejo Internacional sobre la Política de Derechos Humanos, Reunión de Revisión, Corrupción y Derechos Humanos, Ginebra, 28-29 julio, disponible en: <www.ichrp.org/files/papers/133/131_-_Maina_Kiai_-_2007.pdf>.

[8] Rumania es precisamente uno de los muchos ejemplos de que un sistema judicial corrupto o dependiente de la política facilita la corrupción a alto nivel, socava las reformas y atropella las normas legales.

[9] Ver por ejemplo, “Blacksliding on reform is seen in new EU states”, en el International Herald Tribune, 1 de abril de 2008, disponible en: <www.iht.com/articles/2008/04/01/europe/union.php>.

[10] Kiai, op. cit.