Igualdad de género y crisis financiera*

Nancy Baroni
Canadian Feminist Alliance for International Action
Mirjana Dokmanovic, PhD
Association Technology and Society, Serbia y Women in Development Europe (WIDE)
Genoveva Tisheva
Bulgarian Gender Research Foundation y Bulgarian-European Partnership Association
Emily Sikazwe
Women for Change

La igualdad entre mujeres y hombres tiene que ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis financiera, ya que ésta comienza a afianzarse en sectores dominados por trabajadoras y está aumentando la tasa de violencia contra las mujeres. Es necesario un análisis de género a fin de entender la profundidad y el alcance de la crisis, así como para diseñar las respuestas adecuadas. Sin embargo, además de los desafíos, la crisis económica también presenta oportunidades para el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres, como ya se ha visto en países en los cuales éstas han surgido como líderes.

La desigualdad de género no es un fenómeno nuevo; sin embargo, la actual crisis económica ha exacerbado las desigualdades de género en todo el mundo. En tanto persiste la recesión mundial, los gobiernos y la industria negocian rescates y préstamos de capital; se privatizan cada vez más servicios públicos para “proteger” los fondos gubernamentales y se recortan impuestos corporativos para beneficiar a las grandes empresas y a los ricos. Cada vez es más claro que las mujeres están siendo perjudicadas profundamente por la recesión mundial y las respuestas nacionales a la crisis.

La ONU informa que, si bien al principio la pérdida de empleo entre los hombres aumentó más rápido que la de las mujeres, la tasa masculina se está enlenteciendo, mientras que para las mujeres sigue en crecimiento; la tasa de desempleo mundial para las mujeres podría alcanzar el 7,4%, comparado con el 7,0% para los hombres1. Y aunque la crisis financiera en Estados Unidos y Europa golpeó primero a los sectores financieros e industriales, dominados sobre todo por hombres, sus efectos comienzan a tomar fuerza en los sectores dominados por mujeres, como la industria de servicios y el comercio al por menor.

Las mujeres en el mundo en desarrollo son las más perjudicadas debido a la crisis financiera. Su control sobre la propiedad y los recursos es más débil, son mayoría en los empleos vulnerables o a destajo, ganan menos y tienen menor protección social; es por eso que, junto a sus hijos e hijas, las mujeres son más vulnerables a la crisis financiera. Por consiguiente, están en una posición social y económica mucho más débil que la de los hombres en términos de su capacidad de enfrentar la recesión. Suelen tener que trabajar más horas y asumir otras formas de empleo extra, al tiempo que continúan con sus responsabilidades primarias en el cuidado del hogar.

El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo ha señalado que la crisis financiera ofrece una oportunidad crucial para cambiar la arquitectura financiera mundial con el objetivo de adherir a principios equitativos y basados en los derechos. El grupo demanda una alternativa a la decisión del G-20 de reposicionar al Fondo Monetario Internacional. Esa decisión solo perpetuaría el fracaso de las políticas económicas neoliberales, reforzaría las desigualdades estructurales del pasado y aumentaría el endeudamiento de los países en desarrollo. Esta situación continúa el anticuado e injusto enfoque de unas pocas naciones ricas que deciden en nombre de muchas naciones que se encuentran en circunstancias diversas. El Grupo de Trabajo de Mujeres exige soluciones y medidas para la crisis financiera que provengan de un proceso amplio, consultivo e inclusivo, no dentro del marco del FMI sino de Naciones Unidas, donde están consagrados los derechos humanos de las mujeres y donde cada estado miembro tiene voz en la mesa de debate2.

Los enfoques gubernamentales al tratamiento de la crisis económica y financiera no están, en su mayoría, basados en principios de igualdad o de derechos humanos. Muchos países del Norte negociaron enormes rescates para las principales industrias usando dineros públicos. Muchos también invierten en proyectos de infraestructura destinados principalmente a actividades dominadas por los hombres (construcción, transporte, etc.), en vez de invertir en el tipo de infraestructura que tradicionalmente beneficia a las mujeres (atención médica, cuidado de niños y niñas, asignaciones familiares, etc.). Los programas de seguro de desempleo, allí donde existen, suelen cubrir a los trabajadores de tiempo completo y rara vez al personal que trabaja horario parcial, donde a menudo las mujeres son mayoría. Los informes sobre violencia contra las mujeres van en aumento; al faltarles seguridad económica y social, tienen más dificultades para escapar de situaciones violentas.

El más reciente informe sobre tráfico humano del Departamento de Estado de Estados Unidos3 señala que la crisis económica mundial contribuye al tráfico laboral y sexual, ya que el aumento del desempleo y la pobreza hace a las personas más vulnerables frente a los traficantes y hay una creciente demanda de bienes y servicios baratos. El informe pronostica que la crisis económica provocará que más negocios pasen a trabajar de manera ilegal a fin de evitar el pago de impuestos y las leyes de protección laboral contratando mano de obra no sindicada, lo que aumentará el empleo de trabajo forzado, barato e infantil por parte de empresas multinacionales escasas de dinero.

Según Amnistía Internacional, la crisis económica agrava los problemas de derechos humanos existentes y algunos problemas muy importantes – como la pobreza, los derechos reproductivos y la violencia contra las mujeres - no consiguen la atención y los recursos que necesitan. Los gobiernos invierten en enderezar nuevamente el mercado, pero éste no va a tener en cuenta los problemas de derechos humanos. En el pasado los gobiernos recurrían a la seguridad como excusa para socavar los derechos humanos; ahora que la crisis económica impone a los gobiernos otra prioridad, los derechos humanos vuelven a ser ignorados.

Las reacciones ante la crisis económica implican reducciones de la financiación para los mecanismos de igualdad de género y la implementación de legislación sobre la materia, lo que pondrá en peligro los logros obtenidos e inevitablemente reforzará los estereotipos existentes. Al mismo tiempo, disminuye el apoyo a las organizaciones de mujeres, que son una parte esencial del movimiento mundial de mujeres.

En una conferencia de la Comisión Europea sobre la “Igualdad entre hombres y mujeres en tiempos de cambio” (15-16 de junio de 2009) se identificaron algunas tendencias regionales del impacto de género de la crisis económica. Los problemas identificados son similares a las tendencias globales: en Europa, las mujeres son mayoría en los empleos inseguros, de media jornada y a corto plazo, en gran parte debido a sus desproporcionadas responsabilidades en la atención del hogar. A pesar de los estándares de la Unión Europea sobre empleo  e igualdad de género, los problemas de salario desigual y la necesidad de equilibrar el trabajo con la vida familiar siguen vigentes. Si bien la crisis en Europa ha afectado tanto a mujeres como a hombres, lo ha hecho de manera diferente.

Entre otras cosas, la conferencia concluyó que: son necesarias más medidas de aliento para que las mujeres participen del mercado de trabajo; la igualdad entre mujeres y hombres debe ser un elemento clave en el desarrollo de medidas y políticas contra la crisis; debería alentarse la participación de mujeres en cargos altos del sector privado; las empresas deben adoptar políticas que tengan en cuenta a las familias; es esencial invertir en su educación y capacitación. Además, se destacó la importancia de las leyes y los mecanismos de igualdad de género en tiempos de crisis.

Fortalecer los derechos de las mujeres durante la crisis

MUJERES y CRISIS EN AFRICA SUBSAHARIANA

Mientras que los países industrializados rescataron a sus empresas, en el Sur la crisis ha producido un aumento de las privatizaciones y una caída de la recaudación de ingresos de los inversionistas extranjeros. En muchos países de África Subsahariana, las empresas aprovecharon la situación congelando los salarios, despidiendo personal e incluso clausurando sus puertas con la excusa de reducir los costos generales. Por ejemplo, en Zambia, para lidiar con los efectos de la crisis financiera mundial, el Gobierno eliminó en primer lugar los impuestos a las ganancias eventuales de la minería, en un intento de evitar que los inversionistas del sector minero cerraran sus operaciones. Todas estas medidas han limitado la recaudación de ingresos.

Por consiguiente los Gobiernos en el Sur continúan recortando la provisión de servicios sociales como educación y salud.

Al reducirse los gastos en el sector de la salud, aumentó la carga de las mujeres en la atención de los enfermos, especialmente de quienes padecen VIH/ SIDA; las mujeres siguen siendo las primeras en perder sus empleos y se encuentran cada vez más limitadas al menudeo informal de verduras y tomates como mecanismo de supervivencia. Asimismo, al aumentar el número de personas que pierden sus empleos cada vez se registran más casos de violencia de género.

Lo más preocupante es la ausencia de voces femeninas en la resolución de la crisis. Para resolverla se siguen tomando decisiones con sesgo masculino de forma de servir primero a los intereses masculinos. Por lo tanto, es necesario aumentar la voz y la participación de las mujeres en la toma de decisiones para que sus problemas sean incluidos en las medidas nacionales orientadas a solucionar la crisis económica y financiera mundial.

Recientemente, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Juan Somavia, anunció una importante iniciativa: la creación del pacto mundial de empleos de emergencia, diseñado para promover una respuesta política coordinada a la crisis mundial del trabajo y al aumento del desempleo, los trabajadores pobres y los empleos vulnerables4. Esta respuesta busca evitar la recesión social mundial y a mitigar sus efectos en las personas. El pacto ayudará a las medidas de estímulo extraordinarias, junto con otras políticas gubernamentales, a abordar más cabalmente las necesidades de las personas que necesitan protección y trabajo a fin de acelerar combinadamente la recuperación económica y del empleo.

Recientemente, Amnistía Internacional lanzó una campaña llamada Exige Dignidad para luchar por los derechos amenazados por la crisis económica y por los que fueron ignorados en las respuestas a la crisis. La cuestión fundamental es empoderar a las personas que viven en la pobreza. La campaña se enfoca en fortalecer su voz junto con la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, para que las personas puedan exigir el cumplimiento de los compromisos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres y participar en las decisiones que afectan sus vidas. La campaña pone especial énfasis en los derechos y la participación de las mujeres en las decisiones relativas a sus derechos.

Además de estas iniciativas, debe ponerse especial atención a los desafíos y oportunidades que la crisis mundial presenta para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Somos testigos de ejemplos positivos de mujeres que acceden a cargos de alto nivel como resultado de la crisis económica y financiera mundial; los más notables son los casos de la nueva Primera Ministra de Islandia y la nueva presidenta de Lituania, que fueron elegidas en gran parte debido a la frustración de los votantes ante las fracasadas políticas económicas que contribuyeron al impacto de la crisis en esos países.

Según el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo, una respuesta a la crisis basada en derechos requiere, inter alia, la reforma inmediata de la arquitectura financiera mundial con el fin de gestionar eficazmente la escasez de liquidez y los desequilibrios de la balanza de pagos, y asegurar que las respuestas políticas no trasladen la carga del bienestar familiar y la prestación de servicios a la economía del cuidado. El Grupo de Trabajo de Mujeres incide para establecer medidas y procesos nacionales, regionales e internacionales que respeten el espacio de política nacional, y sean consistentes con los estándares y compromisos acordados a nivel internacional, entre ellos los que involucran los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Las políticas y acuerdos comerciales deberían permitir a los países evitar los desequilibrios del régimen de la OMC y la fracasada ronda de Doha. Además, estas medidas deberían ser acompañadas por la cancelación de las deudas ilegítimas de los países en desarrollo y la creación de un mecanismo de prueba de deudas con la participación de los gobiernos deudores, grupos de derechos de las mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil.

En la Conferencia de Alto Nivel de la ONU sobre la Crisis Financiera y Económica Mundial y su Impacto en el Desarrollo (24-26 de junio de 2009), el Grupo de Trabajo de Mujeres recordó a los Estados Miembro de la ONU que las mujeres no pueden esperar, y que es éste el momento para actuar sobre la reforma fundamental de la arquitectura financiera mundial5. A pesar del unánime llamado a la acción de las organizaciones de la sociedad civil, el documento final de la conferencia no llenó las expectativas. A fin de salvaguardar un consenso frágil, los Estados Miembro mostraron apenas un compromiso débil con la reforma de la arquitectura financiera, mientras que el papel central de la ONU (llamada el “G-192”) en la gobernanza económica casi ha desaparecido.

Los defensores y defensoras de los derechos de la mujer apreciaron en el documento el reconocimiento de que las mujeres enfrentan “mayor inseguridad de ingresos y un aumento de la carga del cuidado de la familia” (párrafo 3), y de que las mujeres y los niños y niñas se han empobrecido particularmente a causa de la crisis (párrafo 7). El documento también reconoce que las respuestas a la crisis deben contener una perspectiva de género (párrafo 10), que las medidas de alivio deben tomar en cuenta la igualdad de género, entre otras (párrafo 21), y que las designaciones de cargos en las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) deben tomar en consideración el equilibrio de género (párrafo 49). La gran decepción fue la falta de un fuerte compromiso de seguimiento. La referencia constante a un “Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas” a lo largo de todo el texto representa una restricción del papel de la ONU a un campo limitado a la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo. Los grupos de la sociedad civil concluyen que el documento final representó una clara tentativa de dejar al G-192 al margen del sistema de gobernanza económica mundial.

Mirando hacia el futuro, sin embargo, el Grupo de Trabajo de Mujeres hace hincapié en que éstas seguirán exigiendo justicia económica y de género dentro de la órbita de la ONU, a pesar de la continua resistencia de las IFIs y el G-20 a poner a las personas, en lugar de las ganancias, en el centro del desarrollo. A pesar del probado fracaso de sus recetas de políticas neoliberales y del irresponsable sistema de gobernanza financiera, el FMI y el Banco Mundial siguen promoviendo sus políticas fallidas e imponiendo sus condicionalidades a los países en desarrollo, actuando no como agencias especiales de la ONU, sino como si la ONU fuese su agencia especial. En el sistema de la ONU, en el cual todos los Estados Miembro deberían ser iguales, algunos – ahora ampliados a 20 – son más iguales que los restantes 172. La declaración del Grupo de Trabajo de Mujeres afirma su fuerte oposición a esta práctica, y exige que todos los Estados Miembro tengan igual poder de voto, iguales derechos e iguales obligaciones en la toma de decisiones.

La crisis en Europa Oriental: impactos de género
 
Las tendencias globales del impacto de la crisis mundial en las mujeres son también características de los países de Europa Oriental, como se puede ver en los informes nacionales incluidos en esta publicación. En la República Checa, por ejemplo, las reformas de las finanzas públicas, así como la reducción de impuestos para los más ricos y el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) de los artículos básicos, pusieron la mayor carga sobre los más pobres, incluidas las mujeres. Lo mismo ocurre con la introducción de las tarifas de servicios y el intento de disminuir los impuestos de los seguros sociales, especialmente para los contribuyentes más ricos. Incluso antes de la crisis, los salarios desiguales y la discriminación por género y edad ya eran cuestiones importantes. Los nuevos problemas de igualdad de género en la República Checa se deben a la política conservadora del Gobierno y la falta de apoyo a las instituciones de atención infantil. Como resultado de la crisis también se ha exacerbado la discriminación contra las inmigrantes, en particular de Asia.

En Hungría, uno de los países de Europa Oriental más afectados por la crisis, el nuevo Gobierno acordó una serie de medidas que incluyen el recorte de las pensiones, sobresueldos para el sector público, apoyo a la maternidad, subsidios hipotecarios, de energía y transporte público como condición del paquete de rescate del FMI para lidiar con el impacto de la crisis económica. Todas estas medidas afectarán negativamente a las mujeres y aumentarán su carga de atención familiar, como también sucederá con algunas medidas adicionales planteadas, que incluyen la reducción de las asignaciones y beneficios familiares y la ayuda a las parejas jóvenes con hijos.

En Polonia, la disminución de los ingresos familiares como resultado de la crisis económica amenaza con el empobrecimiento de grupos sociales enteros, en particular entre las clases media y baja. Es muy probable que esto tenga, a su vez, un impacto más significativo en las mujeres, ya que ellas son tradicionalmente responsables del bienestar familiar. Según algunos analistas, la crisis también podría ampliar la zona gris en la economía polaca, ya que muchos empresarios, sobre todo pequeños, intentarán minimizar los costos laborales y evitar el pago de impuestos, así como otros costos asociados con el empleo formal. Por consiguiente, parece muy probable que el crecimiento de la economía gris afecte más a las mujeres, ya que es más frecuente encontrarlas en trabajos mal pagos, sobre todo en el sector privado de servicios (por ejemplo el comercio minorista). Otras problemas de igualdad de género son: la contracción del sector de vestimenta, mayormente femenino, y la limitada movilidad del mercado de trabajo debido a los más altos costos de alquiler de vivienda, sobre todo en áreas económicamente deprimidas de pequeñas ciudades.

En Bulgaria, las ONG y los sindicatos no estuvieron de acuerdo con lo que consideraron un cambio de política del Gobierno hacia la aceptación de la necesidad de reducir los gastos sociales en tiempos de crisis. Estos gastos ya eran escasos cuando comenzó el control monetario y cualquier otra reducción podría romper la paz social en el país. El desempleo aumenta (debe señalarse que los desempleados no registrados igualan – o incluso exceden – a los registrados) y afectará sobre todo a la gente joven que carece de antecedentes laborales, a los trabajadores no calificados, a los mayores, los discapacitados y las mujeres.

En Serbia, los sindicatos aceptaron la propuesta del Gobierno de posponer la implementación del Contrato Colectivo General y retrasar algunas obligaciones financieras de los patrones hacia los trabajadores, entre ellas el pago de los beneficios laborales, “para ayudar al sector privado a salir de la crisis económica”. Los derechos de los trabajadores se violan abiertamente con la excusa de mantener la estabilidad económica, mientras las grandes compañías y los magnates tienen la libertad de no pagar impuestos, salarios y otros beneficios. Recientemente se anunció que el mantenimiento del nuevo acuerdo stand-by con el FMI, por un monto de USD 3.960 millones, producirá recortes en las pensiones, la educación y la atención de la salud, deteriorando aún más la posición social de la mujer. Y en Eslovaquia, a pesar de los pronósticos iniciales de que el país no se vería afectado, las estimaciones oficiales en cuanto a la pérdida de trabajo excedieron las 30.000 personas en abril de 2009. En estas condiciones, persiste la discriminación contra las mujeres en el mercado de trabajo.

Por regla general, en todos los países de la región las mujeres constituyen el mayor número de los trabajadores temporarios, zafrales y contratados así como de los no calificados, que en general no tienen cobertura de seguro de desempleo formal o planes de protección social. Como advierte el informe Transición y Desarrollo de julio de 2009, es probable que la crisis afecte a las mujeres en áreas como el empleo y las redes de protección social, cuidado no remunerado, educación, migración y violencia de género. Por ejemplo, en Kazajstán, el acceso limitado a los recursos financieros necesarios para actividades económicas formales las empuja hacia actividades comerciales independientes y de pequeña escala en el sector informal. La vulnerabilidad de las mujeres podría profundizarse fácilmente al avanzar la crisis. La magnitud de la migración laboral femenina a menudo no se conoce con exactitud, y con ello el impacto en las familias que dependen de sus salarios para sobrevivir. Por otra parte, las mujeres podrían encontrarse en una posición aún más vulnerable al regresar a su hogar, siendo rechazadas por sus comunidades y familias al percibirlas como prostitutas7.

 

Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las organizaciones y redes de mujeres, demandan un enfoque del desarrollo basado en derechos. Una revisión de la implementación de este enfoque por parte de las agencias de la ONU muestra que puede ser eficaz en la erradicación de la pobreza, el desarrollo de la democracia y los derechos humanos y el apoyo a los grupos vulnerables, en particular las mujeres, para que participen en la toma de decisiones6. La aplicación de este concepto contribuye a la realización de los compromisos de los Estados Miembro derivados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing.

Sin embargo, hay una necesidad de mejorar este enfoque a fin de abordar con eficacia las necesidades de las mujeres y mejorar las relaciones de igualdad de género. Hay varios defectos derivados de la excesiva generalización, los débiles mecanismos de implementación y la aplicación insuficiente del concepto de derechos humanos. El enfoque del desarrollo basado en derechos se fundamenta en los principios de participación, responsabilidad, no discriminación, igualdad, atención especial a los grupos vulnerables, empoderamiento, vinculación a los estándares de derechos humanos, realización progresiva, no regresión y estado de derecho. Sin embargo, este enfoque del desarrollo no apunta al desmantelamiento de las relaciones sociales, económicas y políticas basadas en la discriminación y la distribución desigual de la riqueza, el poder y los recursos. El marco de derechos humanos no es suficiente en sí mismo para cambiar la ideología neoliberal que socava considerablemente la realización de los derechos humanos y de las mujeres, ya que la mayoría de los estándares de derechos humanos no es obligatoria y hasta ahora no existe ningún mecanismo que obligue a los estados a cumplir con sus compromisos.

Un análisis de género muestra que dicho enfoque implica desarrollar buenas herramientas analíticas para entender las desigualdades inherentes tanto a la economía de mercado neoliberal como a las relaciones de género. Las economistas feministas han analizado las desigualdades de género en la elaboración de las políticas macroeconómicas y han desarrollado herramientas tales como indicadores específicos, un presupuesto y estadísticas sensibles al tema de género para ser usados conjuntamente con un enfoque basado en derechos, que fortalezca el empoderamiento de las mujeres en el proceso de desarrollo y permita exigir la responsabilidad corporativa de las instituciones financieras internacionales.

 * Publicado originalmente en el Informe Social Watch 2009, Primero la gente.

1 Ver: Organización Internacional del Trabajo. Global Employment Trends for Women. Ginebra: OIT, 2009.

2 El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo está coordinado por Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) y comprende las siguientes organizaciones y redes: African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), Arab NGO Network for Development (ANND), Association for Women’s Rights in Development (AWID), Feminist Task Force-Global Call to Action against Poverty (FTF-GCAP), Global Policy Forum (GPF), Consejo Internacional de Educación para Personas Adultas (ICAE), Red Internacional de Género y Comercio (IGTN), Confederación Sindical Internacional (ITUC), Network for Women’s Rights in Ghana (NETRIGHT), Red de Educación Popular entre Mujeres para América Latina y el Caribe (REPEM), Red del Tercer Mundo-África (TWN-Africa), Women’s Environment and Development Organization (WEDO), y Women in Development Europe (WIDE).

3 Departamento de Estado de Estados Unidos. Trafficking in Persons Report. Washington DC, 2009. Disponible en: <www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009>.

4 Las proyecciones de la OIT sobre trabajadores pobres en todo el mundo indican que hay 200 millones de trabajadores en riesgo de unirse a las filas de personas que viven con menos de USD 2 diarios entre 2007 y 2009. Ver: OIT. “Global Employment Trends Update”, mayo de 2009.

5 Grupo de Trabajo de Mujeres sobre la Financiación para el Desarrollo (GTM-FpD). “Time to Act: Women Cannot Wait. A call for rights based responses to the global financial and economic crisis”. Junio de 2009.

6 Inter-Agency Standing Committee (2002). Growing the Sheltering Tree;UNICEF. Protecting Rights through Humanitarian Action, Programmes & Practices Gathered from the Field; Moser, C. y Norton, A. (2001). To Claim Our Rights: Livelihood Security, Human Rights and Sustainable Development. Londres: Overseas Development Institute; OECD (2006). Integrating Human Rights into Development: Donors approaches, experiences and challenges; OHCHR (2002). Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies. UN, 10 de septiembre.

7 Sperl, L. “The Crisis and its consequences for women”, en Development & Transition, No. 13, 2009.


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