Avances y limitaciones en El Salvador

Lic. María Dina Sales de Rodríguez
CIDEP – Social Watch El Salvador–2010

Los avances de las mujeres salvadoreñas a 15 años de la Conferencia de Beijing son escasos. Los logros que pueden señalarse se han obtenido gracias al empuje del movimiento de mujeres y feministas y a la voluntad política de algunas mujeres en los partidos políticos.

Existe evidencia de la gran cantidad de posibilidades legales que hay en el país para propiciar el avance en el desarrollo de las mujeres. Sin embargo éstas se han convertido en formalidades diplomáticas en el caso de las Convenciones y en obligaciones legislativas que son exigencia de los organismos internacionales de cooperación bilateral.

El gobierno de El Salvador no ha realizado esfuerzos para achicar la brecha de género, a pesar de su compromiso en 1995 en Beijing de promover el equilibrio de género en sus instituciones. Los cargos de dirección son mayoritariamente masculinos; la participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa sólo alcanza el 9% – es decir que un 91% son hombres.

También hay escasa representatividad de la mujer en alcaldías y consejos municipales. Las oficinas de la mujer creadas en algunas alcaldías, sin bien son un avance en términos de gestión municipal, enfrentan escasez de recursos y limitaciones que dificultan su gestión. Esto se expresa claramente en los obstáculos para la transversalización de las políticas de género en sus estructuras internas.

Los informes oficiales sobre el avance de las salvadoreñas en los espacios de decisión señalan resultados desfavorables en las diferentes esferas del Estado.

Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, El Salvador – junto con Nicaragua – penaliza de forma absoluta el aborto, con leyes totalmente restrictivas que condenan con cárcel el aborto en todas sus expresiones, aún cuando la vida de la madre esté en peligro o el feto tenga malformaciones congénitas. Si bien en el Ministerio de Salud existen planes y estrategias de control natal, el discurso político asimila el conservadurismo religioso contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sanciona todas las formas de anticoncepción y rechaza los reclamos sobre los derechos relacionados con la orientación sexual.

Un balance

Las Naciones Unidas y sus agencias, así como la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y otros organismos, desde 1995 han dado apoyo a la implementación del enfoque de género en El Salvador para lograr cambios en las políticas y planes del gobierno, así como en actitudes y comportamientos discriminatorios a fin de que las mujeres puedan ejercer sus plenos derechos. En tal sentido se han logrado cambios a nivel jurídico en las áreas del derecho de familia, el derecho civil y el derecho penal.

Entre varios objetivos planteados se hicieron presentes el rompimiento de la frontera entre lo público y privado, el reconocimiento de las mujeres como sujetas sociales y políticas con derechos económicos, sociales, políticos y culturales, en paridad con los hombres y con incidencia en las relaciones de poder político.

Actualmente las mujeres siguen luchando, por varias vías a nivel local, nacional e internacional por una ciudadanía plena, por una democracia genérica, por los derechos sexuales y reproductivos, por una educación no sexista, por el cuidado y preservación del medio ambiente, por el reconocimiento al trabajo reproductivo, por una vida sin violencia y sin discriminación, así como por un desarrollo sustentable, a través de diferentes esfuerzos a nivel local, regional y nacional.

Desde la política oficial se comenzó a responder a las demandas de las mujeres comenzando con la inserción en el ámbito gerencial y político y dando salida a sus peticiones con la creación de diversos organismos: la Oficina de la Mujer de la Procuraduría General de la República, la secretaría de la Mujer que instauró el partido de izquierda FMLN, el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Mujer (IMU), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, entre otros.

Efectos diferenciados

La política neoliberal aplicada en la década de los 1990 en la región, unida a las desigualdades estructurales de género y al extremismo religioso conservador agravan las dificultades de las mujeres para obtener sus reivindicaciones. Por un lado los medios de comunicación, la educación formal o la salud son utilizados como instrumento ideológico para impedir el progreso de los derechos humanos de las mujeres.

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas de la crisis acentúan la ya existente vulnerabilidad del empleo en general y el particularmente el femenino.

La CEPAL ya había señalado que ante la vulnerabilidad de las mujeres para el acceso a la protección social: “existe la necesidad de analizar los mecanismos instituidos de solidaridad con fines de protección social en términos del mercado del trabajo. No debe esperarse que el empleo sea el mecanismo de protección suficiente de la mayor parte de la población frente a riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud, y el envejecimiento. Ante una época de crisis, se debe replantear el marco de una solidaridad integral, en que se combinen mecanismos de protección social contributivos y no contributivos” 1

Las medidas orientadas a generar políticas paliativas a esta situación deben tener en cuenta que, para no poner en peligro los objetivos del desarrollo, hay que considerar los efectos diferenciados que las políticas económicas tienen sobre hombres y mujeres.

O sea, para quién y de qué manera se realizan estas políticas, sobre quiénes impactan, sobre quiénes cae el peso de la recuperación económica, en qué medida se refuerzan las desigualdades sociales o en qué medida se abre una ventana de oportunidad para evitar las crisis recurrentes 2.

Incumplimientos del Estado

El Estado ha cumplido solo parcialmente con los compromisos nacionales e internacionales relativos a los derechos de las Mujeres. Entre ellos:

• El Pacto Intencional de Derechos Civiles y Políticos (1996),

• Los Acuerdos de la IV Conferencia de la Mujer, Beijing, 1995;

• El Decreto 902, Ley contra la Violencia Intrafamiliar 1996, con lo establecido en la Constitución Política, de proporcionar una vida digna a toda la población; así como a demostrar voluntad política ante tal problemática,

• En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la CEDAW, el cual es un instrumento complementario de la Convención, en el que se establecen mecanismos mínimos de exigibilidad. El Salvador es firmante del Protocolo Facultativo, sin embargo hasta la fecha la Asamblea Legislativa no lo ha ratificado, lo cual constituye un obstáculo para acceder a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, así como de políticas públicas que hagan efectivos los derechos humanos de las mismas.

• El Estado no reconoce la importancia del rol productivo y reproductivo de las mujeres en la economía nacional.

• Aún cuando se reconoce la existencia del ISDEMU como instancia para el adelanto de Mujer, es evidente que éste no ha sido garante del cumplimiento de la Política de la Mujer, así como los fondos destinados para el adelanto de la mujer son pocos y escasamente pueden dedicarse en la inversión de pequeños proyectos. Además la presencia de dos representantes propietarias y dos suplentes, de las organizaciones de mujeres, en la Junta Directiva del ISDEMU no ha significado mejores posiciones por parte de las mujeres para negociar y para hacer incidencia en el ámbito de la Junta Directiva del mismo; pues los aportes de las organizaciones se han invisibilizado al no ser mencionados en los documentos producidos, así como en el Informe Beijing +10.

Objetivos específicos que se persiguen

Las mujeres salvadoreñas reclaman la implementación de los principios de equidad e igualdad genérica en forma transversal en todo el sistema económico, social, político y cultural. Entre otros, los objetivos se dirigen hacia una educación no sexista, a un cambio en la relaciones de poder entre hombres y mujeres, a la eliminación de la violencia de género, al reconocimiento del valor del trabajo reproductivo, de los derechos sexuales y reproductivos, a la orientación o preferencia sexual y a la ciudadanía plena.

Demandas de las mujeres

• A la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley Integral del acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia
• A la Asamblea Legislativa la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, para contar con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y la implementación de políticas públicas que hagan efectivos los derechos de las mujeres.

• A la Asamblea Legislativa la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

• A la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República, que cumplan con efectividad su rol en la investigación de los feminicidios y en todos los hechos de violencia sexual contra mujeres y niñas.

• A los Jueces y Juezas a que apliquen una pronta justicia para las mujeres y las familias afectadas por cada hecho de violencia que enfrentan.

• La incorporación en el Código Penal del delito de feminicidio y el esclarecimiento y justicia en los procesos judiciales por los feminicidios de todas las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adultas víctimas de violencia, a quien el Estado adeuda justicia, ya que estos crímenes continúan impunes.

• Al Estado que cumpla con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (de Naciones Unidas) en su 42º período de sesiones – 20 de octubre a 7 de noviembre 2008; con relación a las observaciones finales del Comité, sobre el 7º Informe periódico de El Salvador (CEDAW/C/ SLV/7); conocido en sus sesiones 862º y 863º celebradas 31 de octubre de 2008.

• Que las Instituciones competentes, asuman un mayor compromiso por la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.

• Al gobierno se le demanda mayor transparencia acerca de los mecanismos con los que vigila el cumplimiento de la normativa laboral y de la política que procura empleos para las mujeres.

• Al gobierno que tome en consideración las observaciones hechas, en 2004, por la Sra Yakin Ertürk, Relatora Especial sobre la Violencia hacia las mujeres del Secretario General de Naciones Unidas; quien concluyó que, no obstante algunos logros importantes “el hecho de que las autoridades no investiguen, enjuicien y castiguen a los responsables de actos de violencia contra la mujer ha contribuido a crear un clima de impunidad, que se ha traducido en una escasa confianza en el sistema de justicia. La impunidad de los delitos, las disparidades socioeconómicas y la cultura machista favorecen un estado generalizado de violencia en el que la mujer está sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato, la violación, la violencia en el hogar, el acoso sexual y la explotación sexual comercial”.

 

1 CEPAL, “Istmo Centroamericano y República Dominicana: Evolución económica en 2008 y perspectivas para 2009–Enfrentando la crisis”. Disponible en: www.unifem.org.mx/un/documents/cendoc/otras/eclac-crisis2009.pdf.

2 “Las medidas anticrisis: posibles impactos en el empleo de las mujeres y en la conciliación entre el trabajo en el hogar y
en el mercado”. Alma Espino, diciembre de 2009.

 

Fuentes consultadas:
Análisis de los Componentes de Estudio de Plataforma de Beijing. Las Dignas, Las Mélidas, Concertación Feminista Prudencia Ayala. San Salvador, 2005.

Comunicado “La Violencia contra la Mujer siempre es una Emergencia Nacional” Concertación Feminista Prudencia Ayala, Las Mélidas, las Dignas y ORMUSA. 25 de noviembre de 2009.

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: El Salvador, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 42º periodo de sesiones, 20 de octubre a 7 de noviembre de 2008, Naciones Unidas, CEDAW7C/SLV/CO/7.

Publicación del ISDEMU, conteniendo instrumentos legales sobre la Violencia de Género, 2000.

Agenda de Bolsillo, Campaña preventiva de la Violencia de Género, OXFAM América, entre Vos y Yo una vida sin Violencia, MINED. 2009 Publicaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a través de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, Campaña “Toda Mujer tiene derecho a una vida sin discriminación ni violencia”, 2009.

Informe de ISDEMU, sobre Violencia contra las Mujeres, noviembre de 2009.

Información de la Secretaria Nacional de Inclusión Social, sobre la Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes, 4 de diciembre de 2009.