Vulnerabilidad y violencia, reflejos de la pobreza

Social Watch El Salvador
Jeannette Alvarado
Scarlett Cortez
Mario Paniagua

El país, que por primera vez es gobernado por la izquierda, intenta cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Bajar los índices de pobreza y pobreza extrema, reformar el sistema de salud para hacerlo accesible a toda la población, desarrollar políticas de prevención de desastres naturales y avanzar hacia la equidad de género son prioridades que deberá fijar el nuevo Gobierno. Si El Salvador quiere alcanzar los ODM en 2015, es imperativo que ponga el énfasis en combatir la vulnerabilidad de gran parte de su población, sin descuidar la violencia y la criminalidad.

El año 2009 estuvo marcado por acontecimientos que modificaron el rumbo del país a nivel político, económico y social. La elección presidencial de marzo se constituyó en uno de los principales hechos históricos para la nación ya que, por primera vez, un candidato de izquierda – el periodista Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – asumió la presidencia por cinco años.

Las más serias preocupaciones de la ciudadanía y el Gobierno, al momento de asumir, eran la crisis económica – que mantenía al 50% de la población desempleada o subempleada – y la inseguridad social; de acuerdo a cifras de la ONU solo dos de cada 10 trabajadores tenían un contrato formal de trabajo con acceso a la seguridad social y un salario digno. Según  encuestas publicadas en diferentes medios informativos, los tres mayores problemas que afectaron a salvadoreñas y salvadoreños en 2009 fueron los altos índices de delincuencia, la falta de empleos y los elevados precios de los productos de la canasta básica.

La necesidad de una reforma fiscal

El último informe presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2009, Sin Excusas. Alcancemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2015,establece que el país ha disminuido la pobreza extrema en más del 50% por ciento, ya que del 28,8% de hogares que vivían en esta condición en 1991 se ha pasado a un 10,8% en 2007[1].

Sin embargo, estas cifras no implican que el país haya superado totalmente el problema de la pobreza y la pobreza extrema, que sigue siendo uno de los principales desafíos del Gobierno. Aún hay más de 800.000 personas que viven en condiciones de extrema pobreza, por lo que debe dársele una atención prioritaria e integral a este problema incluyendo una mayor inversión de recursos.

Según el analista W. Marroquín, existen diferencias entre los países de la región a la hora de combatir la extrema pobreza, algo más accesible para El Salvador que para sus vecinos. Se estima que el país podría erradicar la pobreza extrema si destinara un 6% de sus ingresos, mientras que Honduras y Nicaragua necesitarían invertir un 8% de los ingresos, algo difícil de alcanzar por ellos mismos[2].

La disminución de las desigualdades en ingresos sólo es posible a través de una reforma fiscal y la redistribución equitativa de la riqueza. En su discurso de asunción, el presidente Funes se comprometió a trabajar en la reducción de la pobreza y el desempleo mediante un plan global de recuperación económica que incluye medidas para estabilizar la economía, inversión en proyectos de infraestructura (incluyendo la cobertura de energía eléctrica en las áreas rurales) y compensación para los trabajadores y sus familias por la pérdida de sus trabajos. Entre las medidas más innovadoras figuraba la extensión del sistema de seguridad social para cubrir a los trabajadores domésticos, el 90% de los cuales son mujeres. El Ministerio de Trabajo lanzó una campaña para erradicar el trabajo infantil y fortalecer la protección laboral a través de la legalización de 75 nuevos sindicatos.

Cambios en el sistema de salud

Es importante resaltar que el nuevo Gobierno, que inició funciones en junio de 2009, está tratando de cortar con el proceso de desmantelamiento y abandono de la salud pública y de la seguridad social. Entre los problemas más graves se destacan: el desabastecimiento crónico y deliberado de medicamentos, el establecimiento de cuotas mal llamadas voluntarias[3], los recortes del presupuesto para los hospitales y los conflictos de interés entre los ministros y los servicios privados que abastecen al sistema público y de seguridad social[4].

En mayo de 2009 se presentó la nueva política de salud denominada Construyendo la Esperanza, que refleja las intenciones de diversas organizaciones sociales y el compromiso público del nuevo Gobierno en materia de salud[5]. Es así que, por primera vez, el Estado reconoce la salud como un derecho y rechaza explícitamente la mercantilización de la misma, al considerarla un bien público[6].

En los primeros meses de la nueva gestión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se realizó un proceso de compra de medicamentos para abastecer a los hospitales y unidades de salud de SVC 17.900 millones (algo más de USD 2 millones), destinados al refuerzo presupuestario de 2010, la ampliación de los contratos de las licitaciones del año 2009 y medicamentos esenciales para los hospitales[7]. En el segundo semestre del 2009, el MSPAS afrontó la epidemia de Influenza H1N1, para lo cual se invirtieron unos USD 150.000, con lo que se logró mantener una baja mortalidad causada por la enfermedad en comparación con otros países de la región.

El Salvador es el país de Centroamérica con los más altos precios de medicamentos – tanto de marca como genéricos. No existe una política de regulación ni de precios ni de la calidad de los medicamentos que se consumen. Cuando, en febrero de 2010, el MSPAS presentó el anteproyecto de ley de medicamentos que garantiza la regulación de precios y la calidad de los mismos, se desencadenó un ataque mediático a la propuesta, liderado por la mayor empresa farmacéutica nacional y apoyado por los partidos de derecha. Esto ha estancado la discusión del documento en la Asamblea Legislativa.

El gasto público en salud, que ha caído en los últimos años, se estancó en el 3,6% del PIB. El compromiso del actual Gobierno es llegar al 5% en este quinquenio. De cumplirse, deberían advertirse mejoras en la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de atención que brinda el MSPAS. Aunque en el 2009 se reportaron mejoras en los indicadores oficiales relacionados a la cobertura de los servicios de salud, muchas de estas estrategias no tienen garantizada su continuidad ya que dependen de fondos externos.

El informe final de la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) 2008 destaca un descenso de la tasa de mortalidad infantil (referente a niños y niñas menores de 1 año) de 9 puntos. En tanto, entre la población menor de 5 años el descenso fue de 12 puntos a nivel nacional[8]. De todas formas, existe una brecha considerable entre los niveles de mejora entre la población urbana – más beneficiada – y la rural, cuya vulnerabilidad continúa siendo alta. En conclusión, la mayoría de los niños y niñas que murieron vivían en zonas alejadas de las grandes ciudades, en condiciones de pobreza y con difícil acceso a los servicios de salud.

La mortalidad materna sigue siendo una prioridad en el marco del cumplimiento de los ODM debido a que, de acuerdo a lo reportado por el Gobierno, no se cumplirá con el compromiso asumido en la Cumbre del Milenio de reducir la tasa de mortalidad materna en 75% para 2015. En 2006 hubo 82 muertes cada 100.000 nacimientos, 64 en 2007, 62 en 2008 y 82 en 2009. La variación de los años 2007 y 2008 obedeció, principalmente, al subregistro y no a la mejora del indicador[9].

En cuanto al VIH/SIDA, se contabilizan hasta noviembre de 2009 un total de 23.731 personas afectadas, de las cuales más de 15.000 fueron diagnosticadas con VIH y las restantes con SIDA[10]. ONUSIDA ha planteado que puede haber un subregistro de hasta 25.000 casos. Con estos datos difícilmente se puede asegurar que se haya detenido la tendencia, como establece el ODM 5. Actualmente, el programa nacional para el VIH/SIDA es financiado únicamente con recursos externos, a través del Fondo Global[11], lo que pone en peligro su continuidad.

En junio de 2009 se consignó el tema de la participación y contralor social en el documento Construyendo la esperanza; actualmente está en proceso de constitución el Foro Nacional de Salud, programado para 2010, instancia que le dará seguimiento a estos aspectos y será coordinada por las organizaciones sociales.

Mayor vulnerabilidad ambiental

Las lluvias originadas por la depresión tropical Ida, en noviembre de 2009, pusieron una vez más al descubierto el alto nivel de vulnerabilidad de El Salvador. En 4 horas se registraron 355mm de lluvia en todo el país – un valor enorme, considerando que durante el Huracán Mitch se registraron 400mm de lluvia en 5 días[12].

Las zonas altas y costeras de los departamentos de San Salvador, San Vicente, La Libertad, La Paz, y Cuscatlán, fueron las más afectadas por el fenómeno. A nivel nacional se registraron 198 fallecidos, 77 desparecidos y 7.428 familias damnificadas. Se habilitaron 117 albergues para atender a los evacuados – unos 14.300. Los deslaves e inundaciones provocaron el colapso de puentes y el cierre de carreteras que dejaron incomunicados a varios municipios del país. También se reportaron cuantiosas pérdidas en campos de cultivo de frijoles, maíz, caña de azúcar y café.

El impacto de la tormenta tropical Ida era algo predecible, tomando en cuenta las grandes vulnerabilidades sociales y ambientales de El Salvador, así como el poco interés de las administraciones anteriores en abordar responsablemente la crisis ambiental que el modelo económico neoliberal ha profundizado.

Las organizaciones sociales reunidas en la Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo de El Salvador, han denunciado la falta de políticas públicas sobre gestión del riesgo y ordenamiento territorial, así como la necesidad de reformar la actual Ley de Protección Civil para la Prevención y Mitigación de los Desastres[13].

Violencia: una barrera para la educación

En el año 2009, la Policía Nacional Civil registró 4.365 homicidios – 1.186 más que en 2008 –, un promedio de entre 12 y 13 asesinatos diarios. Según el Informe de Desarrollo Humano de América Central 2009-2010, en 2008 el país se situó en la segunda posición, después de Honduras, en cantidad de homicidios – 52 homicidios cada 100.000 habitantes, contra 58 en Honduras[14]. Es preciso terminar con las acciones de las pandillas que actúan con impunidad.

La violencia y la criminalidad de los últimos años han afectado seriamente al sector educativo nacional. Solamente para el mes de junio de 2009, el Ministerio de Educación reportó que existían 742 escuelas en situación de riesgo por la delincuencia, un dato superior al de 2008 que fue de 500 centros escolares en tal condición. Esto refleja una seria situación de violencia juvenil que dificulta el acceso a la educación de miles de jóvenes que en su mayoría cursan Plan Básico y Educación Media.

Según el último informe del cumplimiento de los ODM en El Salvador, presentado en marzo de 2009, entre los ODM de difícil cumplimiento se encuentra la finalización del ciclo de enseñanza primaria. Aquí, el trabajo infantil y la pobreza juegan un papel protagónico, al impedir a niños y niñas completar su educación primaria. En cuanto a la eliminación de las desigualdades educativas entre los sexos, si bien es cierto que según el informe del PNUD la meta ha sido cumplida en su totalidad, en esta área sólo se incluye a la población inscrita en el sistema educativo formal, dejando fuera de los indicadores del país a toda la población que aún no puede acceder a este derecho humano fundamental[15].

En el ámbito educativo, algunas de las grandes propuestas del Gobierno durante el 2009 fueron: la reducción del analfabetismo, que en 5 años se espera disminuya del 16%[16] al 3,2%, el programa de alimentación escolar, la entrega de paquetes escolares y uniformes gratuitos a la población estudiantil y el fortalecimiento de los programas educativos que servirán para mejorar la calidad de la propuesta educativa a nivel nacional.

Equidad de género: un objetivo distante

A pesar de que a nivel legal El Salvador apoya la equidad de género y propicia el desarrollo de las mujeres – más allá de las formalidades diplomáticas, las convenciones y los compromisos internacionales asumidos – se puede afirmar que los avances de las salvadoreñas, a 15 años de la Conferencia de Beijing, son escasos. Los logros se han obtenido gracias al empuje del Movimiento de Mujeres y a la voluntad de algunos partidos políticos[17].

Respecto al compromiso adquirido en Beijing por el Gobierno salvadoreño en relación a promover el equilibrio de género en sus instituciones, se observa que el Estado no ha hecho esfuerzos para mejorar la brecha de género, pues sigue siendo mayor la presencia de los hombres en los cargos de dirección. La participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa actualmente sólo representa el 9%[18].

Para Social Watch El Salvador es importante retomar las observaciones realizadas en 2004 por la Sra. Yakin Ertürk, relatora Especial sobre la Violencia hacia las mujeres del Secretariado General de Naciones Unidas. Ertürk afirmaba que la falta de investigación, juicio y castigo a quienes cometen actos de violencia contra la mujer genera un clima de impunidad, que promueve la falta de confianza en el sistema judicial. El resultado es una sociedad en la que la mujer es sometida a constante violencia sexual, económica y psicológica en situación de disparidad económica e inmersa en una cultura machista que limita sus posibilidades de alcanzar una calidad de vida digna.

Conclusión

Si El Salvador quiere lograr los ODM en 2015, es imperativo que ponga el énfasis en combatir la vulnerabilidad de gran parte de su población y la violencia y criminalidad en la sociedad. La vulnerabilidad se puede ver en los índices de pobreza y pobreza extrema – todavía altos –, en los problemas de salud ocasionados, entre otros aspectos, por los costos de cobertura y medicamentos, en la falta de una política más eficaz a la hora de prevenir desastres naturales y en la no implementación de políticas de género que terminen con la inequidad. Además, es preciso terminar con las acciones de las pandillas que actúan impunemente.