Organizaciones de DDHH cuestionan reingreso de Honduras a OEA

María Antonieta Guillén, vicepresidenta
de Honduras, en la sesión de la OEA.
(Foto: Juan Manuel Herrera/OEA)

Fuentes CEJIL
Diario La Tribuna
Diario El Heraldo

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el jueves por 32 votos y uno en contra la reincorporación de Honduras en medio de intensas críticas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente, para las cuales debió “primar el cumplimiento de los principios democráticos que son la razón de ser y deberían regir el actuar” del foro.

En una carta remitida a los embajadores permanentes ante la OEA, decenas de organizaciones recordaron que “la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República y hasta el Comisionado Nacional de Derechos Humanos avalaron o tuvieron una participación activa y determinante en la ejecución del golpe de Estado” contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

“Pese a ello, estas personas se mantienen en sus cargos, generando serias dudas respecto a la independencia e imparcialidad con que realizan sus funciones así como las garantías existentes para la vida en democracia”, advirtieron.

Al mismo tiempo, alertaron, “militares de alto rango que tuvieron una participación directa en el golpe […] tienen cargos clave dentro del gobierno de Porfirio Lobo”. Entre esas figuras, mencionaron a los generales Venancio Cervantes (director general de Migración y Extranjería), Manuel Enrique Cáceres (director de Aeronáutica Civil), Nelson Willy Mejía (director de Marina Mercante) y Romeo Vásquez Velásquez (gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones).

Por otra parte, la anulación de los procesos judiciales contra Zelaya, clave en la decisión de la Asamblea General, “solamente implica una anulación de actuaciones por irregularidades procesales y no el archivo definitivo del proceso”, lo cual permitiría al Ministerio Público “presentar las mismas acusaciones en contra del ex presidente en cuanto éste regrese a Honduras (siempre y cuando no hayan prescrito)”.

Además, alertaron, “en el contexto del Golpe de Estado y como resultado del mismo ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos”, pero “ninguna” de ellas “ha sido efectivamente sancionada”.

“Es fundamental que, a la hora de valorar la posible reincorporación del Estado de Honduras al seno de la Organización, se valore como mínimo el cumplimiento efectivo de las conclusiones que realizó la Comisión de Alto Nivel nombrada por la Asamblea General”, añadieron.

Entre esas recomendaciones figuran el fin de los juicios contra Zelaya, investigar el asesinato de periodistas y de defensores y defensoras de los derechos humanos, medidas contra las amenazas y hostigamientos a activistas, comunicadores y jueces que se opusieron al golpe, medidas cautelares para defender la vida e integridad de “numerosas personas en situación de riesgo” y “el cese de la impunidad por las violaciones a los derechos humanos”.

“Pese a ello, al día de hoy no se ha dado cumplimiento total a los anteriores puntos, es decir, no se han cumplido las condiciones mínimas establecidas por la OEA”, anotaron.

Ecuador fue el único país que votó en contra de la reincorporación de Honduras al foro continental. Venezuela, que decidió su postura a último momento, apoyó la resolución “con reservas”

Las organizaciones firmantes de la carta fueron las hondureñas Asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación para una Vida Mejor de las Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA, el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, la Colectiva de Mujeres Hondureñas, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, el Comité por la Libre Expresión, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, el Frente de Abogados y Abogadas en Resistencia-Zona Norte, la Organización Fraternal Negra, la Red Lésbica Cattrachas, Asociación LGBT Arco Iris, el Centro de Estudios de la Mujer, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el Foro de Mujeres por la Vida, el Colectivo de Hondureños en Resistencia del Norte de California, la Mesa Nacional Consejo Latinoamericano de Iglesias y el Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla".

Las organizaciones regionales e internacionales firmantes son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIAN Internacional, la Asociación Americana de Juristas, el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, Friendship Office of the Americas, Hermanas de la Misericordia de las Américas-Equipo de Justicia, la Asociación Internacional por la Paz en Colombia y el Mundo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Oscar Romero”.

También adhirieron a la carta las instituciones salvadoreñas Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, la Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental, la
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, el Centro para la Promoción de Derechos Humanos "Madeleine Lagadec", la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Fundación Hermano Mercedes Ruiz, la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera”, la Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los Pobres en El Salvador y el Movimiento de Profesionales y Técnicos Patria Exacta; las peruanas Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia; las guatemaltecas Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos; la colombiana Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Fuera de la región, firmaron el Sindicato General de Gran Bretaña, el español Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, la organización belga Solidaridad Mundial, Chicago Religious Leadership Network on Latin America y el instituto holandés Judges for Judges.