Crecimiento: una cuestión de medios, no de fines

Canadian Feminist Alliance for International Action
Kate McInturff
North-South Institute
John Foster
Canadian Centre for Policy Alternatives
Armine Yalnizyan

El Gobierno ha puesto el crecimiento económico a corto plazo como una prioridad fundamental de sus políticas. Sin embargo, el desarrollo sustentable exige que el crecimiento a corto plazo no se dé a costa de una devastación ambiental. El medio ambiente está siendo degradado debido a la falta de políticas, y los derechos de las mujeres y las minorías son socavados; las mujeres indígenas, por ejemplo, padecen violencia en forma desproporcionada. Las organizaciones de la sociedad civil han presentado una amplia gama de alternativas a las políticas públicas, proponiendo medios viables y sustentables para llevar el bienestar a todos los habitantes del país.

Mientras Canadá sale de la recesión con pasos inseguros, el Gobierno del presidente Stephen Harper sigue aplicando políticas económicas neoliberales que incluyen la rebaja de las tasas impositivas, la disminución del déficit y las inversiones en proyectos de infraestructura física. Aun dentro de un marco neoliberal, los resultados no han sido parejos. La creación de empleos no ha seguido el ritmo del crecimiento de la población activa, ni ha habido un crecimiento significativo del empleo permanente[1] . Las rebajas y créditos del impuesto a las rentas personales han favorecido de manera desproporcionada a las personas de mayores ingresos, brindando apoyo financiero a quienes menos lo necesitan. La disminución de la tasa del impuesto a la renta de las empresas no ha aumentado las inversiones en equipo e infraestructura[2] . Al tiempo que el gasto en programas sociales se atrasa con relación a la inflación, se prevé un aumento importante del gasto en las fuerzas armadas y el sistema carcelario, a pesar de que el índice de  criminalidad está estático y que se ha programado la reducción de la participación militar de Canadá en Afganistán.

El gobierno de Harper ha puesto el crecimiento económico a corto plazo como una prioridad fundamental de sus políticas públicas. Se considera que cualquier crecimiento es bueno; sin embargo, el crecimiento sustentable exige inversiones públicas en el desarrollo del capital humano, en investigación y desarrollo de políticas; exige medidas públicas dinámicas para asegurar que el crecimiento a corto plazo no sea a costa de una devastación medioambiental a largo plazo. En Canadá las organizaciones de la sociedad civil se han unido para presentar una amplia gama de alternativas a las políticas públicas; algunos ejemplos son: el proyecto anual Presupuesto Federal Alternativo del Canadian Centre for Policy Alternatives, la formación de una amplia coalición de organizaciones llamada Voices, el llamamiento del Canadian Council for International Development para un “nuevo trato” entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil[3] ; y la colaboración entre estudiosos y organizaciones de mujeres para hacer un análisis de género de las prioridades del gasto público[4] . Aunque está demostrado que las organizaciones con un fuerte programa de cabildeo en materia de políticas públicas corren el riesgo de perder la financiación otorgada por el gobierno federal, la sociedad civil canadiense sigue produciendo políticas públicas críticas e innovadoras.

Desigualdad

A consecuencia de las rebajas impositivas, el Gobierno perderá CAD 96,6 mil millones (USD 97,9 mil millones) de ingresos entre 2008 y 2011[5] . Al aproximarse el fin del programa de gastos para estimular la economía, el Canadian Centre for Policy Alternatives prevé para 2011-2012 una disminución de USD 3,8 mil millones del gasto en programas federales, y que “por su tamaño (en dólares de los EE. UU.) este recorte ocupará el segundo lugar desde la década de 1950” [6] . Esto probablemente será una continuación de los recortes que comenzaron a mediados de la década de 1990 de los gastos federales en programas sociales. La política económica del Gobierno ha tenido fuertes efectos sobre el bienestar de las personas. Las tasas de asistencia social han permanecido prácticamente sin cambios en casi todo el país[7] . La mayoría de los ingresos por asistencia social seguirán estando muy por debajo de la línea de los bajos ingresos. Si bien el índice general de pobreza es del 9%, esta todavía recae de manera desproporcionada sobre las mujeres, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades. Por ejemplo, en Canadá una de cada tres personas indígenas o que no integran la población blanca viven en la pobreza, del mismo modo que una de cada cuatro personas con discapacidades, inmigrantes y mujeres que encabezan familias monoparentales. En todas las categorías, los índices de pobreza son más elevados para las mujeres que para los hombres.

El acceso a los servicios es sumamente desigual: es frecuente que los más afectados por la crisis económica sean los menos beneficiados por las políticas económicas nacionales. Por ejemplo, en el sector de la educación se habla del acceso a la educación primaria como uno de los logros del país, pero muchos niños de las reservas de las Naciones Originarias no tienen acceso a escuelas seguras[8] . Los niños de las Naciones Originarias están sobrerrepresentados en el sistema de bienestar infantil y es mucho más probable que sientan los efectos de la pobreza y la falta de vivienda adecuada[9] .

Erosión de los derechos de las mujeres

Los economistas han demostrado que en momentos de crisis económica suelen ser las mujeres quienes absorben el impacto [10] . En Canadá las mujeres han sido de las primeras en volver a integrar la fuerza laboral después de la recesión, pero este retorno temprano no se traduce en mayor bienestar o más estabilidad económica, ya que es probable que esas mujeres que vuelven a trabajar sean contratadas a tiempo parcial o para trabajo no remunerado[11] . Además, siguen padeciendo una de las mayores brechas salariales por razón del sexo entre los países de la OCDE[12] .

Los salarios más bajos y el trabajo temporal tienen como consecuencia que menos mujeres que hombres reúnan las condiciones para tener seguro de empleo y rebajas impositivas. Las madres que trabajan enfrentan más desafíos[13] . Sin embargo, el Gobierno canceló un plan nacional de cuidado infantil que hubiera facilitado el acceso de todos los padres que trabajan al cuidado infantil seguro y asequible. La erosión de derechos ha sido particularmente grave en el caso de las mujeres que no tienen trabajo remunerado, especialmente las que más probablemente dependan del servicio de bienestar social, como las madres solteras y las mujeres indígenas. Los ingresos por la asistencia social son tan bajos que hace poco el presidente del Consejo Nacional de Bienestar Social los llamó “vergonzosos y moralmente insostenibles en un país rico”[14] .

La violencia contra las mujeres varía considerablemente entre los diferentes grupos y regiones; las mujeres indígenas sufren actos de violencia en forma desproporcionada. En los últimos 40 años más de 500 mujeres indígenas de Canadá han desaparecido o han sido asesinadas[15] . Las mujeres que viven en comunidades apartadas del norte también sufren mayores índices de violencia que las que viven en las regiones urbanas o el sur de Canadá, y tienen menos acceso a los servicios de apoyo[16] . Con niveles tan altos de violencia de género, no puede sorprender que las mujeres apoyen decididamente las políticas contra los delitos violentos. Sin embargo, la “Ley sobre adecuación de la pena y el delito” del actual Gobierno parece estar dirigida a solucionar un problema que no existe, dado que las penas impuestas para cada tipo de delito han variado poco en el último decenio[17] . La nueva ley tendrá más efectos sobre la economía que sobre las penas que se apliquen. La Oficina de Presupuesto del Parlamento calcula que la Ley sobre adecuación de la pena y el delito duplicará el costo del sistema penitenciario en los próximos cinco años - a CAD 9,5 mil millones (USD 9,7 mil millones) - y que serán necesarios USD 1,8 mil millones más para la construcción de cárceles[18] .  

A diferencia del gasto en programas sociales, el gasto en el sector de la seguridad va a aumentar considerablemente. Los cálculos del propio Gobierno indican que los gastos militares llegarán a CAD 22 mil millones (USD  22,4 mil millones) en 2010-2011[19] . Sin embargo, las estimaciones de gastos en equipo militar y por la nueva legislación penal “de mano dura” han sido muy discutidas. Por ejemplo, las estimaciones del costo de los cazabombarderos F-35 recién adquiridos varían entre los USD 9 mil millones, según el Departamento de Defensa Nacional[20] , y los USD 29 mil millones, según el Director Parlamentario del Presupuesto[21] .

Aunque Canadá se ha comprometido a duplicar sus gastos en ayuda al desarrollo en dólares absolutos, la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) como porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB) sigue siendo el 0,3%, sin cambios desde 2005[22] . La Ley de responsabilidad en materia de ayuda oficial al desarrollo (2008) requiere que la ayuda canadiense para el desarrollo “contribuya a reducir la pobreza, contemple el punto de vista de los pobres y sea consistente con las normas internacionales de derechos humanos”[23] . Muchas organizaciones de la sociedad civil consideran que la ley es un mecanismo muy prometedor para integrar los asuntos de derechos humanos a la política y los programas de desarrollo internacional. Sin embargo, un informe del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, una coalición de la sociedad civil, sugiere que el Gobierno prácticamente no ha aplicado la ha aplicado[24] .

La “igualdad entre mujeres y hombres” y la “sustentabilidad ambiental” siguen siendo temas transversales para la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional; sin embargo, se están reduciendo los recursos políticas, humanos y financieros para esos objetivos. El término “igualdad de género” ha desaparecido en buena medida de las declaraciones oficiales del Gobierno y sus documentos sobre políticas[25] . La financiación para programas destinados a la igualdad de género todavía es inferior al 2% de la AOD canadiense[26] . En la reunión de 2010 del G8, el Gobierno de Harper comprometió 1,1 mil millones de dólares canadienses (USD 1,12 mil millones) para nuevos gastos en programas de salud materno-infantil en los países pobres. Las organizaciones de la sociedad civil acogieron este compromiso con agrado, pero muchas criticaron la decisión de no financiar servicios de aborto como parte de la iniciativa, aun en los países en que estos servicios serían lícitos.

Degradación ambiental

Los antecedentes de Canadá en materia de sustentabilidad ambiental recogieron críticas de otros países en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en Copenhague. Desde entonces, Canadá ha presentado su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020[27] , pero estas están de hecho aumentando. Según un informe de 2011 del Penumbra Institute, el Ártico canadiense ya ha sufrido un calentamiento de más de 1,7 °C y se prevé un aumento de 4 o 5 °C[28] . Las comunidades inuit informan que ha disminuido su acceso a las fuentes tradicionales de alimento y que hay una degradación general de su ambiente y su bienestar[29] . En las regiones septentrionales y rurales esta degradación se agrava por las industrias mineras y extractivas. Aunque la calidad del agua en todo Canadá sigue siendo buena, más de cien comunidades de las Naciones Originarias siguen viviendo sin acceso adecuado al agua potable.

La industria minera canadiense tiene una fuerte presencia internacional y también nacional. Empresas con sede en Canadá componen más del 40% de la industria extractiva del mundo. Aunque la sociedad civil canadiense desempeña un papel fundamental en el seguimiento de la industria por medio de iniciativas tales como Publish What You Pay, Canadá todavía no ha adoptado normas de protección de los consumidores ni ha aceptado cumplir los lineamientos de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva.

Una cuestión de medios

La crisis económica ha impulsado a la sociedad civil a volver a debatir sobre asuntos de política económica. Tanto los actores gubernamentales como los no gubernamentales se esfuerzan por resolver el tema de cómo lograr sus metas en un entorno de restricciones fiscales. Pero cómo estimular el crecimiento económico y asegurar la estabilidad económica es una cuestión de medios, no de fines. En última instancia, el centro de atención debe ser la sociedad que se construye con ese crecimiento.

 

[1] Canadian Centre for Policy Alternatives, Alternative Federal Budget: 2011, (Ottawa: 2011), p. 11.

[2] K.Howlett, “Corporate Tax Cuts Don't Spur Growth, Analysis Reveals as Election Pledges Fly”, The Globe and Mail, (6 de abril de 2011).

[3] <www.ccic.ca>.

[4] <www.fafia-afai.org>.

[5] Canadian Centre for Policy Alternatives, op cit., p.16, “Figure 9: Cost of Tax Cuts Since 2006”.

[6] Ibíd, p. 15.

[7]Canadian Feminist Alliance for International Action, No Action: No Progress: Canada's Progress in Implementing Priority Recommendations made by the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women in 2008, “Appendix A: Provincial and Territorial Social Assistance Rates”.

[8] A. Rajekar y R. Mathilakath, The Funding Requirement for First Nations Schools in Canada, (Office of the Parliamentary Budget Officer, 2009).

[9] M. Mendelson, Why We Need a First Nations Education Act, Caledon Institute of Social Policy, (Ottawa: 2009).

[10] C. Sweetman y R. King, “Gender Perspectives on the Global Economic Crisis”, (Oxfam International Discussion Paper, 2010).

[11] Statistics Canada, Women in Canada: Work Chapter Update, (Ottawa: 2007).

[12] OCDE, Gender Pay Gaps For Full-Time Workers And Earnings Differentials By Educational Attainment, (2010).

[13] Statistics Canada, “Paid Work”, en Women in Canada, op. cit.

[14] National Council of Welfare, Staggering Losses in Welfare Incomes, (Ottawa: 2006).

[15] Native Women’s Association of Canada, Voices of Our Sisters In Spirit: A Report to Families and Communities, (Ottawa: 2009).

[16]  Statistics Canada, Measuring Violence Against Women: Statistical Trends 2006, (Ottawa: 2006).

[17] K. MacQueen, “Is Canada Tough On Crime Or Doing Just Fine?”, revista Macleans, (7 de septiembre de 2010).

[18] Office of the Parliamentary Budget Officer, “The Funding Requirement and Impact of the “Truth in Sentencing Act” on the Correctional System in Canada”, (Ottawa: 2010).

[19] Department of National Defence, National Defence 2010–2011 Report on Plans and Priorities: Part III Estimates, (Ottawa: 2010).

[20] Ibíd.; Arriving at Canada’s Costs for the F-35A Conventional Takeoff and Landing Variant Joint Strike Fighter,  (Ottawa: 2011).

[21] K. Page, An Estimate of the Fiscal Impact of Canada’s Proposed Acquisition of the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, Office of the Parliamentary Budget Officer, (marzo de 2011).

[22] Canadian International Development Agency, Statistical Report on International Assistance: Fiscal Year 2009–2010, (Ottawa: 2011).

[23] Ministry of Justice, Official Development Assistance Accountability Act, (Ottawa: 2008).

[24] Canadian Council for International Co-operation, A Time to Act – Implementing the ODA Accountability Act: A Canadian CSO Agenda for Aid Reform, (Ottawa: 2010).

[25] Canadian Labour Congress y FAFIA, Reality Check: Women in Canada and the Beijing Declaration and Platform for Action Fifteen Years On: A Canadian Civil Society Response,  (Ottawa: 2010); M.Collins, “Gender Equality", "Child Soldiers" and "Humanitarian Law" are Axed from Foreign Policy Language”,  revista Embassy,  (29 de julio de 2009).

[26] CSO Working Group on Women’s Rights, Strengthening Canada’s International Leadership in the Promotion of Gender Equality: A Civil Society Response to the Evaluation of the Implementation of CIDA’s 1999 Policy on Gender Equality, (Ottawa: 2009), Tabla 1: Gender Equality Trends, Percentage of CIDA ODA.

[27] Environment Canada, “Canada Lists Emissions Target Under the Copenhagen Accord”, (Calgary, Alberta: 1º de febrero de 2010).

[28] A. Morgan, Canadian Index of Well-being Environment Report, (Waterloo, Ontario: 2011).

[29] S. Nickels, et al., Unikkaaqatigiit – Putting the Human Face on Climate Change: Perspectives from Inuit in Canada, Inuit Tapiriit Kanatami, (Ottawa : 2005).