Minería a gran escala, insistiendo en el desarrollo insostenible

Francisco Hurtado
Centro de Derechos Económicos y Sociales

La entrada en vigencia, en octubre de 2008, de la Constitución del Ecuador plantea para el Estado nuevos retos frente a su obligación, y máximo deber de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente.  En ella, adicional al reconocimiento de derechos humanos, individuales y colectivos, se reconoce también, como nuevo sujeto de derechos, a la Naturaleza o Pachamama. Este gesto esperanzador no refleja, sin embargo, toda la realidad del modelo extractivista  ecuatoriano.

El Art. 71 de la nueva Constitución ecuatoriana reconoce el derecho de la naturaleza a “que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” [1], y se legitima a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades la posibilidad de exigir a los poderes públicos su cumplimiento.  Esto se traduce en la obligación del estado de garantizarlos, prevenir su violación, e incluso la responsabilidad de restauración de los ecosistemas, independiente del derecho a la reparación que las personas, individual y colectivamente, tienen garantizada por la violación de derechos humanos.

De ese modo, la concepción misma del reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo de la gestión ambiental, fundamentados en el concepto de desarrollo sostenible, entran en tensión por el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, al reconocerle valores intrínsecos más allá de los bienes y servicios que representa a la humanidad.

El desarrollo sostenible

La cada vez más acelerada explotación de recursos naturales en los siglos XIX y XX ha permitido constatar la existencia y superación de los límites máximos de explotación de determinados recursos naturales, sobre todo los no renovables, y ha evidenciado los límites físicos del planeta frente al crecimiento de la producción y el consumo de las sociedades.  Desde el punto de vista ecológico, esto ha implicado la degradación, cada vez más aguda, de diversos ecosistemas a lo largo del mundo, causada por la necesidad de aplicar procesos de extracción de recursos naturales cada vez más intensivos que permitan aprovecharlos al máximo; produciendo globalmente una serie de impactos como la degradación de los suelos, la desaparición de especies de flora y fauna, contaminación del agua, elevados niveles de contaminantes atmosféricos, y la deforestación y desertificación a nivel mundial, entre varios otros; y por otra parte, los impactos sociales y culturales en varias comunidades y pueblos a lo largo del mundo, cuya evidencia más dramática ha sido la extinción de pueblos originarios.

Si bien, en la década de los setenta y ochenta, la preocupación por la preservación del ambiente frente a los impactos provocados por la actividad humana trasciende a la discusión política de los organismos internacionales, y produce la lenta y paulatina incorporación de normas ambientales en los ordenamientos jurídicos de los Estados, incluidos el reconocimiento del derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el desarrollo de la gestión ambiental; es necesario analizar cómo esa preocupación ambiental se ha enmarcado en el concepto de desarrollo.

El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado

El surgimiento del desarrollo sostenible no implicó una crítica a la lógica de acumulación capitalista como causa estructural de los impactos ambientales, y como consecuencia el derecho humano de vivir en un ambiente sano, y al contrario se concretó en el surgimiento de la gestión ambiental (con distintas modalidades en cada país) por la cual se incorporan procesos de evaluación de impactos ambientales como mecanismo para reducir y eliminar modos de producción y consumo insostenibles, e incluso llegó a incorporar la posibilidad de la participación ciudadana en esa gestión, a través de procesos de información adecuada sobre el medio ambiente, y la posibilidad y oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones, fundamento de lo que hoy se conocer en Ecuador como derecho a la consulta ambiental.

Sin embargo, esa gestión ambiental no busca en sí mismo la protección de la naturaleza (de los ecosistemas y de la población que en ellos habita) bajo la consideración de los valores intrínsecos que tiene para la existencia de la vida, sino que refuerza el discurso del desarrollo y por tanto del crecimiento económico, buscando mecanismos que permitan garantizar un uso más eficiente de los recursos naturales en el tiempo, alentando al desarrollo técnico y científico, el cual, se dice, permitirá producir más con menos recursos naturales.

La minería a gran escala en Ecuador

En el Ecuador, la extracción de recursos naturales, principalmente de petróleo, ejemplifican el acelerado deterioro de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones impactadas. De acuerdo a los datos del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) [2], la mayoría de los poblados asentados en los alrededores de los campos petroleros están por encima del promedio de pobreza del país[3], y soporta gravísimos impactos ambientales[4].

En la actualidad el inminente inicio de la fase de explotación de proyectos de minería metálica a gran escala constituye uno de los procesos de mayor conflictividad en el Ecuador.  Desde la década de los 90, los distintos gobiernos han preparado las condiciones adecuadas para su desarrollo en función de su potencial, a decir de esos gobiernos, para generar importantes recursos para el Estado y garantizar el desarrollo del país.

Tanto el Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo Minero y Control Ambiental (PRODEMINCA) y la aprobación de la Ley de Minería en 1991, procesos auspiciados por el Banco Mundial, significaron el inicio de la política ecuatoriana para el desarrollo paulatino de la minería a gran escala en Ecuador cuyo objetivo primordial ha sido generar condiciones favorables para las inversiones privadas.  Desde entonces, varias empresas transnacionales se convirtieron en concesionarias del Estado para iniciar actividades de prospección y exploración, que llegaron a representar, al 2007, 2,8 millones de hectáreas, de las cuales casi la mitad correspondían a minería metálica [5].

Esto provocó la reacción de varias comunidades campesinas e indígenas directamente afectadas por los impactos socioambientales generados por las empresas, entre ellos la contaminación del agua y de la tierra, acaparamiento y tráfico de tierras, y el consecuente control del territorio concesionado.  La resistencia de Íntag, en la provincia de Imbabura, es emblemática, sus comuneros impidieron en un primer momento los trabajos de la empresa japonesa Bishimetals (1997), y posteriormente de la canadiense Ascendant Cooper (2006).  Esas acciones de resistencia junto a otras ocurridas en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago, llevaron incluso a la suspensión de actividades para varias empresas en el año 2007[6].

El inicio de la minería a gran escala y el proceso de resistencia

En los años recientes, pese a que la Asamblea Nacional Constituyente expidió el Mandato Constituyente No. 6 que dispuso la reversión de concesiones mineras al Estado, el gobierno nacional, después de la entrada en vigencia de la Constitución, envió un proyecto de Ley de Minería que fue aprobado por la Asamblea Nacional, e identificó, además, 5 proyectos de minería a gran escala como estratégicos para la consecución del Plan Nacional de Desarrollo[7].

En la actualidad el Ecuador cuenta ya con el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2011 – 2015 que prevé aproximadamente 21 depósitos de minerales a gran escala en varias provincias del territorio, describe la participación del Estado en la renta minera a través de las regalías y los impuestos que la empresas privadas deben pagar, así como las políticas de gestion ambiental y social de esta actividad ; el Estado además ha consolidado el ordenamiento jurídico suficiente para el desarrollo de esta actividad[8] y está negociando cinco contratos de explotación minera con empresas trasnacionales, una de las cuales una ya ha recibido licencia ambiental para la fase de explotación[9].

De su parte, las comunidades indígenas y campesinas directamente impactadas siguen en movilización y resistencia permanente, pese a la presión que ejerce el gobierno nacional, sea a través del discurso del desarrollo en el que se acusa a las comunidades de primitivismo político y de querer impedir la generación de recursos para el Presupuesto del Estado y por tanto el crecimiento económico del Ecuador[10]; e incluso a través de estrategias más directas como el uso del ordenamiento jurídico penal para procesar los conflictos a través de la persecución y criminalización de la población, a través de delitos como el terrorismo o el sabotaje[11].

Una mirada alternativa al desarrollo

El inicio de proyectos de minería metálica a gran escala en el Ecuador han generado y seguirán generando procesos de movilización social y resistencia frente a los impactos  reales y potenciales, sociales y ambientales, que conlleva.  Esa tensión entre el gobierno y las comunidades indígenas y campesinas impactadas tienen como fondo la discusión política sobre el modelo de desarrollo propuesto.

La Constitución Política del Ecuador de 2008 tiene disposiciones que deben ser analizadas integralmente y más allá de su interpretación o aplicación jurídica.  Así, garantizar los derechos de la naturaleza junto con los derechos humanos, individuales y colectivos, no sólo constituye deber ineludible del Estado, sino que plantea la necesidad de pensar y construir una propuesta alternativa al actual modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales como posibilidad del crecimiento económico de la sociedad.

El discurso del desarrollo sostenible, por tanto, no puede ser considerado alternativo, menos aún crítico, pues no cuestiona la ideología del progreso, tan solo encubre con una fachada de preocupación ambiental la continuidad del modelo capitalista imperante, en que la naturaleza sigue siendo fuente de recursos naturales, aunque se diga que se pretende preservar, con el avance técnico y científico, su aprovechamiento para las futuras generaciones.

Así, el inicio de la minería a gran escala en Ecuador reafirma el discurso del desarrollo sostenible, su modificación respecto del proyecto neoliberal tiene relación sólo con la mayor participación del Estado en la renta que genera, pero en nada afecta al modo en que se efectúa toda la actividad, pues esta ha sido delegada a empresas transnacionales privadas, responsables globalmente de los impactos más intensivos para diversos ecosistemas en que varias comunidades recrean sus vidas, comunidades que precisamente exigen transitar hacia nuevas alternativas que garanticen una vida integralmente digna, de los ecosistemas, las especies y los seres humanos que en ellos habitan.

En definitiva, el gobierno nacional, pese a la imagen internacional que ha construido sobre las posibles salidas postextractivistas (reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza y del sumak kawsay como propuestas alternativas al desarrollo, e incluso la intención de mantener el petróleo bajo tierra a cambio de una compensación económica internacional expresada en la propuesta Yasuní-ITT[12]), insiste en ampliar la frontera extractiva, en este caso la minera, evidenciando una profundización de la dependencia del Ecuador en la explotación de recursos naturales, con la consecuente profundización de vulneración de derechos humanos de las poblaciones afectadas por estas actividades, bajo el supuesto de obtener ingresos para el Estado que permitan conseguir el desarrollo.

 

Recuadro: Los pozos que algunos no quieren ver

Mientras el Gobierno ecuatoriano y algunos actores sociales insisten en la sustentabilidad del proyecto minero, la realidad es muy otra en las áreas mineras y petrolíferas del país. Según un informe sobre la sustentabilidad de la minería en el país, la explotación del yacimiento de cobre de Mirador, en la cordillera del Cóndor, a cargo de la empresa china CCRC-Tongguan, generará al menos 326 millones de toneladas de desechos, el equivalente a cuatro cerros como El Panecillo de Quito, y un volumen cercano a la recolección de basura de Guayaquil durante 405 años. La explotación del depósito de Fruta del Norte, con 11,8 millones de onzas de oro, provocaría 384 millones de toneladas de desechos. Para el Gobierno la apuesta es válida, tomando en cuenta que estima que la contribución del sector a la economía del país crecerá hasta los USD 37.000 millones en los próximos veinte años[13]. Ante esta realidad otra propuesta de desarrollo parecer ser retórica y discursiva.

 

[1] Constitución Política del Ecuador, Art. 71.

[2] Se puede descargar el SIISE en el siguiente link: <www.siise.gov.ec>.

[3] La media nacional se ubica alrededor del 53%, pero en el caso de estas localidades el promedio bordea el 73,09% de pobreza, de un total aproximado de 200 mil personas. Pablo Ortiz, “Protestas locales amazónicas y modelo petrolero en Ecuador” <<www.ibcperu.org/doc/isis/9339.pdf>.

[4] Esperanza Martínez, “Ecuador: contra la globalización de las transnacionales”, <168.96.200.17/ar/libros/osal/osal17/martinez.pdf>.

[5] CEDHU - FIDH, Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de derechos humanos: Caso Corriente Resources (Ecuador: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y Federación Internacional de Derechos Humanos, 2010) 13-15.

[6] “Breve historia de la resistencia a la Minería en Intag, Ecuador” <www.sloth.gr.jp/S-chapter/MINING%20RESISTANCE%20IN%20JUNIN-SUMMARY_esp.pdf>; “Resistencia anti-minera en Morona Santiago” <www.olca.cl/oca/ecuador/mineras54.htm>; “Minera no puede operar en Zamora” Diario La Hora, 29 de mayo de 2007, sección País, <www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/575172/-1/Minera_no_puede_operar_en_Zamora.html>.

[7] Ministerio de Recursos Naturales no Renovables del Ecuador, “Proyectos Mineros Estratégicos” <bit.ly/nswzLa>.

[8] Plan Nacional de Desarrollo Minero del Sector Minero 2011-2015 <bit.ly/PlanMinero2011-2015>.

[9] “Ecuacorrientes cerca de obtener permisos ambientales” Diario El Hoy, (6 de octubre de 2011), sección Hoynegocios, <www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuacorrientes-cerca-de-obtener-permisos-ambientales-505288.html>.

[10] “Presidente Correa defiende minería responsable” Ecuadorinmediato.com, (25 de septiembre de 2009),  <bit.ly/rhESn3>; “Presidente Correa afirma que el Gobierno no acepta plazos de nadie” Ecuadorinmediato.com, (11 de diciembre de 2009), <bit.ly/n6AwEt>; “La Minería” Ministerio de Recursos Naturales no Renivables <bit.ly/rgTbeb>.

[11] Francisco Hurtado, “Análisis sobre la criminalización actual en Ecuador” (Ecuador: Observatorio de Derechos Colectivos del Centro de Derecjos Económicos y Sociales - CDES y Oxfam, 2011)  <observatorio.cdes.org.ec/analisis/documentos-de-analisis.html>,

[12] Revisar al respecto: <www.yasuni-itt.gob.ec>; <www.amazoniaporlavida.org>.

[13] William Sacher y Alberto Acosta, ¿Puede ser sustentable la minería?, Observatorio de conflictos mineros de América Latina, (agosto de 2011), <www.conflictosmineros.net/contenidos/12-ecuador/8199-ipuede-ser-sustentable-la-mineria>.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
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