Palabras gastadas, políticas vacías

Plataforma 2015 y más
Ana Bustinduy
Pablo Martínez Osés

El apoyo del Gobierno al desarrollo sustentable no se ha visto reflejado por los hechos. Tanto en relación a políticas de género como energéticas y de cooperación para el desarrollo, la Sociedad Civil española ha visto muchas promesas y pocos resultados. Como consecuencia de esto, en el presente no hay políticas sólidas que garanticen la igualdad de género y el compromiso por una economía sustentable que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y apueste por fuentes de energía renovables.

Durante el año 2011 el Gobierno se alejó aún más de los postulados del desarrollo sustentable al apostar por políticas económicas centradas en el ajuste y la reducción del gasto público. A pesar de las numerosas protestas ha seguido obviando cualquiera de las propuestas alternativas que apuntan hacia la reforma fiscal, el cambio de modelo productivo y el empleo de políticas anticíclicas que alienten una salida de la recesión centrada en los derechos de las personas. Este giro economicista señala el final de un ciclo político.   

Centramos este informe en el análisis de la evolución de tres políticas públicas que fueron planteadas como apuestas específicas para alentar el tránsito hacia la sostenibilidad del modelo de desarrollo en España: la política de Igualdad, la política Ambiental y la política de Cooperación para el Desarrollo.

Género: promesas vaciadas

Durante la primera legislatura del gobierno socialista (2004- 2008) se realizó una apuesta por la igualdad de género apoyada en dos pilares de cambio social: por un lado la visibilización de la profunda desigualdad de los derechos de las mujeres mediante campañas públicas de información y comunicación. Por otro lado la puesta en marcha de un amplio marco legislativo.

Volver visible la falta de justicia de género abrió numerosos espacios de debate en la sociedad española donde persisten paradigmas patriarcales; los lentos avances para acabar con la tolerancia social ante las conductas discriminatorias y para un cambio social orientado hacia la igualdad, fueron objeto de un debate que volvía evidente la necesidad de dedicar recursos públicos y espacios políticos a la igualdad de género.

Por otro lado, junto a campañas de información y visibilización, se impulsaron un conjunto de iniciativas institucionales que trataron de promulgar un marco legal esperanzador y coherente con la estrategia de igualdad postulada. Este esfuerzo legislativo ha sido constante desde el inicio de la primera legislatura hasta el final de la segunda. Entre otras destacan la Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley del Aborto y la última iniciativa el Proyecto de Ley de Igualdad de Trato y no discriminación que no ha logrado finalizar el trámite legislativo.  

La creación del Ministerio de Igualdad aunaba estos dos mecanismos, la visibilización y la institucionalización, y suponía un respaldo tangible a la voluntad de poner la igualdad de género como pilar del resto de políticas públicas. De igual forma, la pública intención de nombrar gobiernos paritarios (es decir, un gabinete con el mismo número de hombres y mujeres) abrió el debate sobre las cuotas como medio para lograr romper los techos de cristal que afectan a las mujeres en el país, y abordó temas como la brecha salarial, las precarias condiciones laborales que afectan a algunas mujeres y la dificultad de conciliación de vida personal y laboral.

La información está hoy más disponible y mejor tratada, y muestra una situación general de persistencia de la discriminación por causa de género. Por ejemplo, y atendiendo a la discriminación salarial en el año 2008, el salario anual más frecuente en las mujeres (13.494 euros, USD 18.370) representó el 86,9% del más frecuente en los varones (15.522,9 euros, USD 21.131,6). En el salario mediano este porcentaje fue del 79,2% y en el salario medio bruto del 78,1%. Si se consideran los salarios anuales con jornada a tiempo completo, el salario de las mujeres representaba el 86,3% del salario de los hombres, y en la jornada a tiempo parcial, el porcentaje era del 84,8%. 

Estas y otras muchas discriminaciones por causa de género necesitan un esfuerzo institucional, político y económico de largo aliento. La superación de las causas de la discriminación exige un impulso de amplios sectores sociales, educativos y culturales que necesitarán todo el apoyo público para generar un verdadero cambio de cultura.

Sin embargo, la política de recortes del gasto público iniciada en 2010 ha alcanzado también a las políticas de género. La remodelación del Gobierno realizada en octubre de 2010, que incluía la supresión del Ministerio de Igualdad, dejaba bien claro el cambio de prioridades. “Situar otra vez las políticas de igualdad bajo el Ministerio de Sanidad convierte de nuevo la situación de la mujer en cuestión sanitaria, si no social, y causará gran decepción en numerosos sectores”[1]. La supresión del Ministerio en la restructuración del Gobierno induce a pensar que su creación, costosa en términos de estructura, recursos humanos, dedicación e innovación, había sido un mero símbolo.

La incapacidad del Gobierno para lograr aprobar la Ley de Igualdad de Trato permite desvelar más contradicciones. Un año atrás el Gobierno había aprobado una reforma laboral de corte liberal; poco después, el mismo Gobierno, presionado por el ECOFIN, el FMI y las agencias de calificación interrumpió el proceso de gestión de una Ley que obligara a equiparar salarios entre hombres y mujeres y que ampliara a cuatro semanas los permisos de paternidad, por citar sólo dos de las más conocidas modificaciones propuestas en el texto presentado por el Gobierno.

La distancia que encontramos entre el sentimiento de solidaridad con víctimas de abusos evidentes y la racionalidad política que sugiere emplear instituciones, mecanismos y presupuestos para lograr un cambio profundo en nuestra sociedad que elimine las expresiones de la discriminación por causa del género, es la misma distancia que muestran las políticas tradicionales de la derecha y las progresistas de la izquierda con la causa feminista. Las diferencias son ahora insignificantes cuando ambas representaciones parlamentarias han coincidido en priorizar la ortodoxia liberal económica en forma de ajuste. Parece que la igualdad tendrá que esperar.

El vacío ambiental: energías insustentables

El Gobierno socialista trató de caracterizar parte de su política internacional realizando una fuerte apuesta por los mecanismos multilaterales de promoción de la sostenibilidad ambiental. Zapatero fue reconocido por su discurso en la Cumbre de Copenhague que fue celebrado y comentado: “Tenemos que lograr unir el mundo para salvar la Tierra, nuestra Tierra en la que viven pobres, demasiados pobres y ricos, demasiados ricos. Pero la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”[2]

Las medidas domésticas en materia de lucha contra el cambio climático y de reducción de las emisiones de CO2 habían supuesto un eje del discurso gubernamental y de la demostración de su corresponsabilidad con los retos globales. Las intenciones explícitas, por parte del Gobierno, de legislar para facilitar el tránsito hacia un nuevo modelo productivo, menos vulnerable y más acorde con los principios del desarrollo sustentable vieron la luz en octubre de 2009 con la presentación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Fue necesario más de un año y medio de accidentado trámite legislativo para que resultara aprobada en marzo de 2011.  El contenido final de esta extensa Ley -114 artículos y 60 disposiciones adicionales en más de 200 páginas- fue muy influido por la crisis económica, y recoge medidas con poca conexión entre sí y en algunos casos incluso contradictorias.

Esto significó perder la oportunidad de establecer una legislación con medidas más coherentes y eficaces para encaminarse hacia el desarrollo sustentable. Así, el debate público que propugna la Ley de Economía Sostenible apenas se ha producido; la ley, de hecho, ha sido presentada como el referente de un discurso vacío por parte del Gobierno. El trámite coincidía con decisiones políticas inspiradas en el programa de ajuste y reducción del gasto público, por lo que difícilmente la Ley podía responder a pautas de sostenibilidad. De hecho en el artículo 2 se define el concepto de economía sostenible como “un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva”. La referencia principal al “patrón de crecimiento” muestra que la estructura y desarrollo de lo legislado persigue ante todo un crecimiento económico apenas atenuado por criterios ambientales, en lugar de un cambio de modelo basado en los principios y límites naturales y humanos. Como consecuencia de ello la Ley no  incorporará, por ejemplo, algunos de los objetivos de reducciones considerados esenciales por la comunidad internacional.

De hecho, el Plan de Energías Renovables (PEN) 2011-2012 presentado por el Gobierno ha recibido críticas, dado que descarta los objetivos de generación eléctrica de origen renovable. Según la propuesta del IPCC la reducción doméstica de emisiones de CO2 en países como España debería ser del 40% en 2020 respecto de las de 1990. El Gobierno español, sin embargo, asumió tan sólo alcanzar el 30% en 2020[3]. A este compromiso insuficiente con las fuentes renovables de energía se añade que España está entre los cinco países europeos que serán responsables de dos tercios del incremento de emisiones en el futuro cercano, a causa de la inversión del Gobierno en agrocombustibles, que podrá generar 9,5 millones de toneladas de CO2 extra[4].

El compromiso de cierre de las centrales nucleares también se vino abajo. Durante 2011 el debate público sobre su seguridad volvió a elevarse producto de la tragedia de Fukushima, pero el Gobierno se ha mostrado reticente a planificar el cierre definitivo. Peor aún: sigue insistiendo en introducir como “de generación autóctona” a la energía nuclear en el balance energético, dejando de lado que todo el combustible utilizado –uranio enriquecido- es importado, dato que falsea el grado de autoabastecimiento eléctrico y viene a dificultar la integración de la energía renovable en la red eléctrica.

En definitiva, también las políticas coherentes con el desarrollo sustentable parecen haber quedado vaciadas de su contenido político a causa del giro económico, pareciendo mostrar que suponían poco más que desembolsos realizados en tiempos de bonanza económica, en lugar de aprovechar la oportunidad generada por la crisis para demostrar su capacidad de transformación del modelo de desarrollo.

El vaciamiento de las políticas de cooperación

Las promesas de reforma institucional y de que la AOD de calidad alcanzaría el 0,7% de la RNB en 2012 han caído en saco roto. Dos tendencias son observadas con gran preocupación por parte de las organizaciones sociales:

Por un lado, los recortes realizados a partir de 2009 en los fondos públicos de la cooperación no han sido proporcionales con los recortes generales realizados en el gasto público. Todo lo contrario, las reducciones de presupuesto de cooperación han sido sobredimensionados, al descender un 20% entre 2010-2011 mientras que el gasto público general lo hizo poco más del 6%[5]

Por otro lado, el Gobierno también ha realzado el papel del sector privado empresarial en materia de cooperación para el desarrollo, alentando su capacidad para invertir y financiar acciones de desarrollo sin establecer ningún elemento regulador de dichas inversiones. Pareciera que ante la incapacidad de mantener la coherencia y el nivel de una política pública otrora prioritaria, el Gobierno ahora precisa solicitar ayuda al sector privado para aumentar la financiación para el desarrollo. A estos efectos ha reforzado legislativamente las posibilidades de internacionalización de las empresas y creado un nuevo fondo reembolsable para la realización de inversiones de capital en fondos destinados al desarrollo empresarial. Esta herramienta puede ser clave en el futuro más próximo puesto que su carácter reembolsable le permite mantener niveles de inversión sin generación de déficit; otra cuestión es establecer que este instrumento será útil para los objetivos de desarrollo de los receptores y congruente con los objetivos de la política de cooperación española.

En mayo de 2011 fue creada una subcomisión parlamentaria para realizar un informe sobre las perspectivas de la ayuda al desarrollo en España. Las organizaciones de la Sociedad Civil manifestaron su descontento con el resultado final de ese informe, aprobado por la  comisión de cooperación del Congreso, que otorga un peso muy significativo al sector privado lucrativo y lleva implícita la posibilidad de perder el enfoque de lucha contra la pobreza, que había guiado las reformas y mejoras realizadas en la política de cooperación y contado con el apoyo y el consenso de los actores sociales e institucionales implicados en la cooperación internacional.

 Conclusión

Todo apunta a pensar que la igualdad de género deberá esperar. Asimismo, las políticas coherentes con el desarrollo sustentable parecen haber quedado vaciadas de su contenido político a causa de la crisis económica y el giro tomado por el Gobierno para lidiar con la situación. Esto sugiere que las políticas que resultaron alentadoras en su momento supusieron poco más que desembolsos realizados en tiempos de bonanza económica. Asimismo, los compromisos descartados en cuanto a reducción de emisiones e inversión en fuentes de energía renovables han decepcionado a quienes esperaban que el apoyo a nivel discursivo dado por el Gobierno a la sustentabilidad y a la lucha contra el cambio climático se viera reflejado en los hechos. Del mismo modo, vaciar la política pública de cooperación del hilo conductor de la lucha contra la pobreza, aún cuando sea para permitir introducir otros actores con concepciones más laxas del desarrollo sustentable, puede constituir un paso atrás de consecuencias impredecibles para una política que se define como la expresión solidaria de la ciudadanía española.

 

[1] El país, (20 de octubre de 2010), < www.elpais.com>.

[2] Discurso ante la Cumbre de Cambio Climático, 17 de diciembre de 2009, Copenhague. Disponible en <www.psoe.es >.

[3] Greenpeace, Comentarios de Greenpeace al borrador del PER 2011-2012, < w ww.greenpeace.org >.

[4] Institute for European Environmental Policy, Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and Bioliquids in the EU – An Analysis of the National Renewable Energy Action Plans,  (Marzo, 2011)  p. 19, <www.foeeurope.org>.

[5] Véase el informe anual de la Plataforma 2015 y más titulado Balance de la cooperación española: crisis, estancamiento y debilidad política, en Las Política Globales Importan, Plataforma 2015 y más, (2011), pp.45-56, <www.2015ymas.org >.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGH
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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