La sociedad civil gana espacio

Masarat for Culture & Media Development (MCMD)
Sa’ad Salloum

Tras décadas de guerra, negligencia y mala administración, la situación social y medioambiental de Irak es crítica. El país continúa lidiando con un gobierno inestable, con la corrupción y con enormes abusos a los derechos humanos que incluyen ataques contra los grupos minoritarios. Hasta que no se obtengan niveles más altos de  paz y seguridad, será difícil el progreso en términos de la creación y utilización de un modelo exitoso de desarrollo sustentable. En tanto el país vive un incremento en la participación de la sociedad civil y en la participación democrática, a los efectos de garantizar un futuro democrático lo que se exige es una constante atención a la represión y las violaciones de los derechos humanos.

Irak continúa lidiando con formidables desafíos provocados por años de agitación social y guerra. Las manifestaciones que sacudieron al país en febrero de 2011, exigiendo la eliminación de la pobreza, del desempleo y de la corrupción, ilustran el nuevo papel que los ciudadanos iraquíes están empezando a desempeñar en una sociedad en la que la participación democrática fue violentamente reprimida o silenciada por completo. Aunque todavía con de un telón de fondo de inseguridad y libertades públicas muy deficientes, las organizaciones de la sociedad civil están creciendo y jugando un papel cada vez más relevante en el desarrollo democrático de la nación.

El papel fundamental de la sociedad civil

Los ciudadanos iraquíes concurrieron a las urnas el 7 de marzo de 2010 y votaron por 325  nuevos Miembros del Parlamento para que los representaran en el Consejo de Representantes. Desafortunadamente, la primera sesión del Parlamento del 14 de junio de 2010, en una contravención constitucional, fue abierta sin elegir presidente ni diputados. Esta parálisis política y constitucional llevó a que las organizaciones de la sociedad civil pusieran en marcha la Iniciativa Ciudadana para la Preservación de la Constitución (ICPC), presentando una demanda ante el >Tribunal Supremo Federal. El Tribunal Federal ordenó al Presidente del período que solicitara a los parlamentarios reanudar la sesión y elegir un Presidente y dos diputados[1]. Los observadores de la sociedad civil destacaron la decisión como un signo de la independencia e imparcialidad del poder judicial, pero esto también demostró que la separación de poderes es la piedra angular de una democracia exitosa.

La conclusión más importante que puede extraerse de la decisión del tribunal, sin embargo, es el papel fundamental que es capaz de desempeñar la sociedad civil iraquí en el proceso de construcción de un Estado civil moderno. La demanda fue seguida de otra campaña de la ICPC para recolectar firmas y ejercer presión sobre los bloques políticos a los efectos de que cumplieran sus compromisos electorales para con sus electores. De acuerdo con cifras de la ICPC, más de 800 ONG, asociaciones y sindicatos, además de destacadas personalidades de distinta extracción cultural, académica y social, provenientes de diversos puntos de Irak, participaron en la campaña[2].

La ICPC ha cristalizado como un marco cívico para lograr múltiples objetivos, incluyendo: acelerar la formación de un gobierno de alianza nacional en base de la sinceridad, competencia e integridad; elaborar un programa para consolidar la seguridad y la estabilidad política; reformar la infraestructura institucional; fortalecer el proceso político a través de la ley de partidos políticos; modificar la ley electoral; respetar la independencia del poder judicial, así como también aumentar su eficiencia; prestar servicios públicos; mejorar el desempeño de las agencias gubernamentales; asegurar la protección de los derechos humanos y las libertades públicas a través de las garantías constitucionales y legales, incluida la libertad de expresión, asociación, prensa y acceso a la información; abordar la pobreza, el desempleo, el desplazamiento y la discriminación contra los grupos minoritarios[3].

Minorías en riesgo

A pesar del hecho de que los niveles de desplazamiento se han estabilizado en los últimos años, un brutal ataque terrorista a una iglesia católica en Bagdad el 31 de octubre de 2010 obligó a algunas comunidades minoritarias a reconsiderar la opción de instalarse en otra localidad. En noviembre de 2009 cerca de 350.000 desplazados internos regresaron a sus distritos -- 60% de los cuales Bagdad – si bien la mayoría de los repatriados eran árabes (sunitas y chiítas), y por lo tanto no son considerados parte de un grupo minoritario. Los informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han demostrado que solo el 52% de la totalidad de las personas desplazadas internamente desean retornar, en tanto un 20% que desean reasentarse en otro lugar[4]. De acuerdo con cifras del Ministerio de Desplazamiento y Migración (MDM) y el Gobierno Regional de Kurdistán (GRK), el número de personas desplazadas dentro de Irak es de alrededor de 2,8 millones, en su mayoría árabes (chiítas y sunitas), y con cerca de 250.000 individuos caldeos, asirios, armenios, sabeos mandeos, kurdos faili, yezidis y grupos de minoría shabak[5].

La falta de una acción gubernamental eficaz para abordar los problemas de las minorías del país ha llevado a las organizaciones de la sociedad civil a presionar por mayor acción contra la discriminación y los ataques a las minorías. La ICPC, por ejemplo, ha organizado mesas redondas sobre temas de las minorías, lo que ilustra cómo la sociedad civil puede y debe participar en los asuntos de importancia nacional. Las discusiones de la ICPC destacaron la necesidad de aumentar la participación de las minorías en la esfera política, y de eliminar las políticas educativas racistas y otras formas de desinformación que contribuyen a la discriminación basada en la ignorancia. También destacaron el hecho de que desde 2003 numerosas minorías se han marchado de Irak, y se espera que más minorías continúen abandonando el país debido a la falta de seguridad, a la falta de protección constitucional o a leyes de no discriminación y a la escasa representación en el Gobierno y el Parlamento como así también al predominio de una cultura de exclusión en una sociedad basada en la discriminación y la ignorancia.

Protestas masivas y represión gubernamental

Irak no ha estado aislado de las manifestaciones de masas conocidas como la "primavera árabe" en 2011. La lentitud para constituir el Gobierno (más de siete meses de arduas negociaciones), el deterioro en la prestación de servicios públicos, además del creciente aumento en los niveles de pobreza y desempleo, fomentaron las primeras chispas de protesta, que comenzaran en los barrios pobres y olvidados del norte de Bagdad. Durante el mes de febrero se celebraron manifestaciones en las ciudades de Kut, Diwaniya, Basora y Anbar, y en una serie de ciudades más. En la rica ciudad petrolera de Basora, en el sur de Irak, se comenzaron a escuchar voces que exigían el fin de la corrupción, con manifestantes que llevaban consigo tarjetas amarillas (como las utilizadas por los árbitros de fútbol) para expresar la insatisfacción pública con el Gobernador y con algunos funcionarios locales. Una animosidad similar surgió también en el resto de las provincias debido a la creciente falta de servicios. Las críticas a las restricciones de las libertades públicas, a la corrupción y a los altos salarios de los parlamentarios se convirtieron en consignas populares y en pancartas de protesta. Más importante aún, las manifestaciones pusieron fin a la ley que exige un permiso legal para protestar la cual había frustrado en años anteriores cientos de manifestaciones.

Como resultado de las vastas protestas populares, el Primer Ministro Nuri Al-Maliki emitió una directiva en febrero de 2011 para reducir su salario mensual a la mitad. Esto representó un reconocimiento de la disparatada brecha entre los salarios de los altos funcionarios y personal con menos experiencia y los salarios del iraquí promedio, e inspiró a revisar los salarios de la totalidad de los altos funcionarios del Gobierno y a reducir el presupuesto para las tres presidencias – de la República, del Consejo de Ministros y del Parlamento – que suman una gran proporción del presupuesto del Estado. Al igual que en otros países árabes, fueron convocadas grandes manifestaciones para el viernes 25 de febrero, 24 horas antes de que el Primer Ministro solicitara una reunión con los líderes de la sociedad civil. La ICPC le envió al Primer Ministro un duro mensaje, exigiendo la eliminación de la pobreza, el desempleo y la corrupción gubernamental[6]. A la luz de las protestas que se avecinaban, el Gobierno puso en alerta a la totalidad de los servicios de seguridad y, además de utilizar la fuerza para dispersar las manifestaciones, arrestó y torturó a cuatro periodistas que participaron en las protestas[7].

Los levantamientos de febrero pusieron en marcha un movimiento sin precedentes para establecer las organizaciones de la sociedad civil y las redes a los efectos de monitorear las actividades del Gobierno y las situaciones de los derechos humanos, y establecieron el importante papel que los ciudadanos iraquíes pueden desempeñar para garantizar un desarrollo democrático nacional.

Recomendaciones

Para hacer realidad la visión de los levantamientos de febrero,  es neceario realizar varias cosas:
- Preparar el terreno para la participación de las mujeres en el gobierno y poner en práctica las medidas adecuadas para eliminar la violencia familiar y social basada en el género.
- Abordar la impunidad la corrupción financiera y la falsificación, enjuiciar a los responsables del terrorismo y del crimen organizado, e investigar los casos de criminales que repetidamente escaparon de la cárcel.
- Implementar una estrategia nacional de reducción de la pobreza. La inmensa mayoría de los ciudadanos padecen la pobreza y el desempleo, y el empeoramiento de la crisis económica, social y de servicios, especialmente en el suministro de agua, alimentos, energía, vivienda, bajos niveles de atención de la salud.
- Acelerar la legislación relacionada con los asuntos políticos, civiles, económicos y culturales, particularmente lo que atañe a la regulación de los partidos políticos, las elecciones, el petróleo y el gas.