Argentina: Crítico informe ciudadano sobre derechos sexuales y reproductivos

Manifestación por despenalización
del aborto el año pasado en
Buenos Aires.
(Foto: Artemisa Noticias)

En un informe sobre los derechos sexuales y reproductivos en Argentina elevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, diez organizaciones de la sociedad civil pusieron de relieve las dificultades en el acceso a métodos de planificación familiar, a la anticoncepción quirúrgica y a la educación sexual, así como la situación en materia de aborto y sus dolorosas consecuencias.

“El altísimo número de abortos clandestinos evidencia el poco efecto disuasivo de la ley sobre las mujeres, además del fracaso de las políticas de educación sexual y la dificultad en el acceso a los métodos de anticoncepción”, advierte el estudio, que será considerado en octubre, cuando el Consejo evalúe por segunda vez el desempeño de Argentina en ocasión de su segundo “examen periódico universal”.

El informe de 17 páginas fue elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto nacional focal de Social Watch), el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), entre otras organizaciones.

Completan la lista la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Foro por los Derechos Reproductivos y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo. Las autoridades del Estado argentino tienen plazo hasta el 23 de julio para presentar su informe oficial ante el Consejo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El estudio de la sociedad civil detectó en todo el territorio nacional fallas en la distribución de métodos anticonceptivos, en especial falta de eficacia y equidad. Sus autores reclamaron clarificaciones sobre las medidas impulsadas, el presupuesto asignado y las normas en vigor aplicadas para garantizar los objetivos del Plan Nacional de Salud Sexual y

Ello obliga clarificar qué medidas efectivas se impulsan, con qué presupuesto y sobre la base de qué normativa para garantizar en las provincias el cumplimiento de los objetivos del gubernamental Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es preciso, según las organizaciones, tomar en cuenta cómo se reparten las competencias federales y locales.

El informe destaca deudas pendientes en materia de educación sexual integral y la necesidad de que la sociedad civil participe en el diseño y evaluación de las políticas públicas, que requiere canales efectivos. También cuestiona la nula regulación de la objeción de conciencia, ejercida por profesionales de la salud de manera “encubierta”. La excepción es la provincia de Santa Fe, donde se implementó un registro público de objetores.

La sociedad civil llamó de nuevo al Estado a adoptar medidas eficaces para reducir la tasa de mortalidad de mujeres en relación con el embarazo y el parto desde una perspectiva de derechos humanos, las que deberán incluir una vigilancia activa de los indicadores al respecto.

Además, solicitó medidas para avanzar en la atención de calidad de las complicaciones por abortos voluntarios, así como en la despenalización y la legalización de esa práctica.

Las organizaciones firmantes consideraron necesario que el Ministerio de Salud se muestre activo y responsable en relación con la implementación de los abortos no punibles de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y con la reciente interpretación de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, añadieron, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías debe autorizar el uso sin restricciones del misoprostol como abortivo, ya aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Los obstáculos y resistencias al ejercicio de ese derecho hacen necesario reforzar su vigencia a nivel provincial.

Las autoridades federales están obligadas “a cumplir con los tratados internacionales” y no pueden “ampararse en su organización federal para justificar el incumplimiento de las provincias y municipios”, advierte el informe. Sin embargo, agrega, “la distribución de competencias establece que la atención de la salud es atribución principal de las provincias”.

En ese sentido, “el Ministerio de Salud de la Nación es responsable de la rectoría de la política sanitaria nacional y de convocar y conducir los acuerdos de políticas básicas comunes de las provincias en el Consejo Federal de Salud”.

El CELS presentó otros dos informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uno de ellos aborda la situación de las personas privadas de libertad, en particular los detenidos y detenidas en la provincia de Buenos Aires. El estudio remarca graves deficiencias estructurales en las condiciones de alojamiento y la práctica de tortura y malos tratos a un nivel alarmante.

Este informe también cuestiona la violencia institucional sobre reclamos en materia de tierra y territorio, la flamante la “ley antiterrorista”, los obstáculos al ejercicio del derecho a la vivienda y la situación de grupos sociales específicos, entre ellos el de personas con discapacidad psicosocial.

El CELS destacó como aspectos positivos avances en el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por la más reciente dictadura militar, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la reglamentación de la Ley de Migraciones.

Otro informe, sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, fue elaborado por el CELS en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales. El estudio destaca importantes faltas en las políticas del Estado que impiden a las comunidades contar con títulos de propiedad de sus territorios y con su correctamente identificación.

Estas organizaciones lamentaron la persecución de algunas comunidades por parte de la justicia y la criminalización de la lucha por sus territorios. Así mismo, resaltaron la necesidad de que el Estado nacional desarrolle mecanismos jurídicos para asegurar el cumplimiento de los principios mínimos de consulta y participación indígena establecidos por los tratados y convenciones internacionales.

 

Más información
Comunicación Conjunta para Examen Periódico Universal-Argentina- Los derechos sexuales y los derechos reproductivos:
http://bit.ly/JWmSWh
Un freno a la judicialización de los casos de aborto no punible: http://bit.ly/I8thTF
Cuando impedir el aborto voluntario equivale a tortura: http://bit.ly/JdDLOI
Dilaciones médicas y judiciales impiden aborto de niña violada: http://bit.ly/omfY1s

Fuentes
Fundacion Mujeres Del Tercer Milenio: http://on.fb.me/ImPL0c
Diario Judicial: http://bit.ly/JbMl0s
CELS: http://bit.ly/IPb20Y