África oriental: Otra pista en la carrera a la baja de los impuestos empresariales
Published on Thu, 2012-05-03 10:15
Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda pierden 2.800 millones de dólares al año por incentivar a empresas mediante la rebaja de impuestos, práctica que ha sido inútil para atraer inversiones, según un informe de la Red por la Justicia Fiscal-África y ActionAid. Esta tendencia “priva a los países de recursos cruciales para reducir la pobreza” y la “dependencia de la asistencia exterior”, señala este análisis titulado “Competencia fiscal en África oriental: ¿Una carrera a la baja?”. En Uganda, por ejemplo, el Estado deja de recaudar por esa causa un monto que equivale a casi el doble del “presupuesto total de salud, una situación grave dado que la cuarta parte de los 34 millones de habitantes viven en la pobreza, con menos de USD 1,25 al día”, advirtieron las mismas organizaciones en otro estudio dedicado exclusivamente a ese país. El informe fue publicado casi al mismo tiempo en que el Parlamento Europeo declaraba, el 19 de abril, que la Unión Europea requería “reglas claras” para “impedir las formas de competencia fiscal que socavan las estrategias de recuperación de los países afectados” por la crisis económica. En esa misma jornada, en otra resolución que enmendaba la propuesta de la Comisión Europea sobre una “base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades” empresariales, que “ciertas formas de competencia, optimización y arbitraje fiscal podrían socavar los ingresos de algunos Estados miembro y crear distorsiones”. “La política fiscal de Europa es ahora la de la Red por la Justicia Fiscal [TJN]. Es un logro extraordinario”, escribió en su blog Richard Murphy, uno de los fundadores y principales expertos de esa coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil. La TJN define la competencia fiscal como “el proceso por el cual las jurisdicciones usan incentivos fiscales (como exenciones de impuestos y subsidios) para atraer inversiones. Puede involucrar a países que ‘compiten’ unos con otros, pero también entre partes de una federación, como Estados Unidos o Suiza, e incluso entre ciudades”. “Estados más débiles, como los africanos, son mucho menos capaces de lidiar con las presiones externas de la competencia fiscal”, la cual les ocasiona “una base de ingresos más baja, aumento de la inequidad, una mayor dependencia de la asistencia exterior y un debilitamiento de la responsabilidad del gobierno como consecuencia de la cambiante carga tributaria”, explica la Red en su página web. “Los gobiernos participan con frecuencia en una ‘carrera a la baja’ mundial de los impuestos, en particular los empresariales”, observó el Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil sobre Perspectivas de Desarrollo Global en un capítulo del Informe de Social Watch 2012. En esos países se “han preferido gravámenes indirectos, como un impuesto al valor agregado indiferenciado, que tienen efectos regresivos y aumentan las desigualdades”, agregó el Grupo, compuesto por miembros de Social Watch, Friedrich Ebert Stiftung, terre des hommes, la Red del Tercer Mundo, la Fundación Dag Hammarskjöld, DAWN y el Global Policy Forum. En una carta abierta a todos los gobiernos, medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo propusieron el año pasado la creación de una Comisión Intergubernamental de Cooperación Internacional en Materia Tributaria para proteger a los países de prácticas abusivas como la evasión y la competencia fiscal nociva. Encabezaron el llamado la TJN y las redes internacionales Eurodad, CIDSE, ActionAid y Christian Aid.
Incentivos fiscales solo benefician a “grandes empresas” En la presentación de los informes sobre África oriental el mes pasado, Sophie Kyagulanyi, coordinadora de Gobernanza de ActionAid en Uganda, dijo que “la ‘carrera a la baja’ es la tendencia actual de los gobiernos de recortar impuestos y aliviar los requisitos exigidos a los inversores extranjeros con el fin de atraer a grandes empresas para que operen en la región”. “Los pobres son quienes llevan la mayor carga de esos incentivos fiscales, dada la reducción del ingreso destinado a los servicios públicos. Los únicos que se benefician de la competencia fiscal son grandes corporaciones”, agregó Kyagulanyi. El estudio regional recuerda que Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda, los cinco miembros de la Comunidad del África Oriental (EAC), completaron su integración en un área de libre comercio con un arancel externo común entre 2005 y 2009. Con la creación de “un mercado regional más grande”, las empresas tienen desde entonces la posibilidad de “radicarse en cualquier país de la EAC para abastecerlo. Al mismo tiempo, de todos modos, los países son tentados a aumentar los incentivos para atraer inversiones extranjeras directas y, según ellos, incrementar los empleos y las exportaciones”, explica el informe regional. “Los países de África oriental brindan una amplia gama de incentivos fiscales, muchos de ellos para atraer compañías extranjeras. Los más notorios son las ‘vacaciones fiscales’ de 10 años de los impuestos a las ganancias empresariales, y exenciones de los impuestos al valor agregado, a las importaciones y a los salarios”, agrega el estudio. “Los principales beneficiarios son inversores extranjeros, y los más perjudicados, dada la sustancial pérdida de ingresos, son la población y los países en sí mismos.” Estas políticas ya “alientan el comercio ilícito, complican las operaciones de empresas que quieren hacer negocios por la EAC y frenan el proceso de integración”, además de amenazar con conducir a la región a una “creciente competencia fiscal y a una ‘carrera a la baja’” que le dificultarían contrarrestar la caída de la recaudación. En Tanzania, la pérdida de recaudación por exenciones fiscales e incentivos vinculados con el comercio y la inversión extranjera equivalió a 6% del producto interno bruto en 2008; en Kenia, a alrededor de 3,1% anual; en Uganda, a “por lo menos 2%” en el ejercicio 2009-2010; y en Ruanda, a 4,7% en 2009, según el informe. El estudio urgió a las autoridades nacionales a “asumir la revisión, a la vista del público, de todos los incentivos fiscales con miras a reducir o eliminar muchos de ellos, especialmente aquellos para cuya asignación los ministros tienen facultades discrecionales” y a elaborar cada año “un análisis público sobre pago de impuestos” en el que conste el costo de los beneficios y que identifique a los beneficiarios. Los gobiernos deben también “promover la coordinación en la EAC para atender la competencia fiscal dañina” y “para eliminar los incentivos fiscales excesivos”, asegurando “una mayor transparencia sobre aquellos que persistan”. Este informe se basa sobre datos de las siguientes fuentes: |
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