Argentina: CIDH ordenó proteger a presos en cárceles bonaerenses

(Foto: Lacantora.org.ar)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a las autoridades de Argentina que protejan la vida y la integridad de los reclusos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, en respuesta a medidas cautelares solicitadas, entre otros, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, punto focal de Social Watch en el país latinoamericano) por la violencia y desprotección que sufren los internos.

La solicitud elevada en conjunto por el CELS y la no gubernamental Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en abril surgió tras actos de violencia y maltrato y de traslados arbitrarios de detenidos de las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Informes oficiales dan cuenta de un aumento de 20 por ciento en los homicidios cometidos en unidades penitenciarias bonaerenses en el último año. El panorama general se caracteriza por el persistente hacinamiento y numerosos casos de tortura, malos tratos y privaciones de derechos.

Expertos y observadores atribuyen la violencia extrema en los centros de reclusión a acciones y omisiones del SPB, al que califican de “intocable”. Desde el ámbito político se niega la existencia de estas violaciones de derechos humanos, lo cual alimenta las suspicacias sobre la autonomía de esa dependencia armada y sobre la represión reinante.

Acusaciones a las autoridades de la Unidad 48 del SPB según las cuales facilitaban la salida de detenidos para obligarlos a cometer delitos se remontan a marzo de 2011. Desde esa fecha hasta marzo último al menos 18 reclusos sufrieron heridas.

Se registraron dos homicidios en las tres unidades desde octubre pasado. Una de las víctimas, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por otros presos frente al resto de los internos y de su esposa. Cinco sufrieron heridas de gran gravedad. Uno perdió la visión de un ojo y otro quedó cuadripléjico. Los antecedentes del complejo muestran un grave patrón de violencia e impunidad.

En noviembre de 2011, la Suprema Corte de Justicia de Argentina ordenó a la Procuración (fiscalía) General y a las autoridades provinciales tomar medidas para poner fin a la situación. Pero los responsables de las áreas penitenciaria y judicial han sido hasta ahora han sido incapaces de prevenir y sancionar estos hechos.

Las medidas cautelares ordenadas por la CIDH impulsan una discusión seria dirigida a disminuir la violencia y prevenir las violaciones de derechos humanos en las cárceles bonaerenses.

El CELS considera fundamental que se definan medidas orientadas a eliminar las arbitrariedades en las cárceles de la localidad bonaerense de San Martín, así como una intervención política decidida contra la circulación de armas, permitida por las autoridades del SPB.

También se reclama acordar líneas programáticas generales que conduzcan a una reforma profunda del SPB, que le aporte valores democráticos a su funcionamiento y que rompa las estructuras de negocios que se amparan en las lógicas violentas que sufren los detenidos.

Este acuerdo debe llevar a la discusión demorada sobre la ley de control de sobrepoblación que impone límites al encarcelamiento y define los parámetros constitucionales de las plazas carcelarias. Del mismo modo, es importante avanzar con la sanción e implementación de los mecanismos nacionales y provinciales para prevenir la tortura.

Fuente
CELS: http://bit.ly/LzFH2f