Informe Italiano de Social Watch 2012: El derecho a un futuro está en riesgo

El Informe Italiano de Social Watch 2012, presentado el martes, presenta un panorama económico y social de pocas luces y muchas sombras, y advierte sobre la falta de medidas que supongan una salida alternativa de la crisis, lo cual pone en peligro la consagración de un derecho al futuro, indicó Amnistía Internacional en su blog en la página web del diario Corriere della Sera.

El informe nacional, publicado por las organizaciones ACLI, Amnistía Internacional, ARCI, CRBM, FCRE, Lunaria, Manitese, Oxfam Italia, WWF y Sbilanciamoci, describe una situación socioeconómica preocupante, marcada, entre otros problemas, por los siguientes:

■ Aumento del desempleo femenino en Italia central y meridional;

■ Un desempleo juvenil que asciende a 30%;

■ Aumento de la brecha entre ricos y pobres: 10% de los hogares poseen aproximadamente 46% de la riqueza total;

■ Persisten los estereotipos culturales relacionados con los roles de género;

■ Alta discriminación en perjuicio de las mujeres en los lugares de trabajo, en la política y en materia de salud reproductiva;

■ En ese sentido, 30% de las madres (frente a 3% de los padres) abandonan sus empleos luego de la licencia que corresponde tras el nacimiento de un hijo;

■ Violencia intrafamiliar generalizada contra las mujeres: 117 fueron asesinadas en 2011, es decir 6,7% más que en el año anterior;

■ Obstáculos a la libertad de información;

■ El desarrollo sustentable está fuera de las prioridades del gobierno.

Social Watch es una red internacional que incluye más de 500 organizaciones de la sociedad civil en más de 70 países de todo el mundo. Desde 1995, a través de análisis aportados por sus miembros, la red controla la acción de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales hacia la erradicación de la pobreza y la consagración de los derechos sociales y la equidad de género.

Este reporte anual es considerado a menudo un "informe sombra" de la sociedad civil frente al de organizaciones de la comunidad internacional, como el del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe italiano incluye una larga lista de recomendaciones y "medidas al alcance" de Italia, cuyo gobierno, de continuar omiso, incurriría en "la responsabilidad de negar el derecho a un futuro", dijo Jason Nardi, portavoz de coalición italiana de Social Watch.

Entre otras recomendaciones en materia económica, figuran el apoyo a la creación de empleos, incentivos fiscales al desarrollo de la producción y el consumo ambientalmente responsable, un impuesto de 0,05% en la especulación financiera y otro para los grandes patrimonios.

En el área social, la lista incluye elevar los recursos destinados a la asistencia y a la lucha a la pobreza, del nivel básico de las prestaciones sociales, la protección a las mujeres víctimas de violencia y un aumento de los aportes a la cooperación internacional.

Por último, en cuestiones ambientales, el informe reclama financiación adecuada para la protección y recuperación del bienes sociales afectados por desastres, el establecimiento de una estrategia nacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el largo plazo, el logro en breve plazo de la meta de reducir 6,5% las emisiones respecto de las de 1990, la inclusión en el Código Penal de delitos contra el ambiente y mejores servicios locales de transporte público.

Fuente

Corriere Della Sera/Amnesty International: http://bit.ly/Lu13zP

El Informe Italiano de Social Watch 2012, presentado el martes, presenta un panorama económico y social de pocas luces y muchas sombras, y advierte sobre la falta de medidas que supongan una salida alternativa de la crisis, lo cual pone en peligro la consagración de un derecho al futuro, indicó Amnistía Internacional en su blog en la página web del diario Corriere della Sera.

El informe nacional, publicado por las organizaciones ACLI, Amnistía Internacional, ARCI, CRBM, FCRE, Lunaria, Manitese, Oxfam Italia, WWF y Sbilanciamoci, describe una situación socioeconómica preocupante, marcada, entre otros problemas, por los siguientes:

■ Aumento del desempleo femenino en Italia central y meridional;

■ Un desempleo juvenil que asciende a 30%;

■ Aumento de la brecha entre ricos y pobres: 10% de los hogares poseen aproximadamente 46% de la riqueza total;

■ Persisten los estereotipos culturales relacionados con los roles de género;

■ Alta discriminación en perjuicio de las mujeres en los lugares de trabajo, en la política y en materia de salud reproductiva;

■ En ese sentido, 30% de las madres (frente a 3% de los padres) abandonan sus empleos luego de la licencia que corresponde tras el nacimiento de un hijo;

■ Violencia intrafamiliar generalizada contra las mujeres: 117 fueron asesinadas en 2011, es decir 6,7% más que en el año anterior;

■ Obstáculos a la libertad de información;

■ El desarrollo sustentable está fuera de las prioridades del gobierno.

Social Watch es una red internacional que incluye más de 500 organizaciones de la sociedad civil en más de 70 países de todo el mundo. Desde 1995, a través de análisis aportados por sus miembros, la red controla la acción de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales hacia la erradicación de la pobreza y la consagración de los derechos sociales y la equidad de género.

Este reporte anual es considerado a menudo un "informe sombra" de la sociedad civil frente al de organizaciones de la comunidad internacional, como el del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe italiano incluye una larga lista de recomendaciones y "medidas al alcance" de Italia, cuyo gobierno, de continuar omiso, incurriría en "la responsabilidad de negar el derecho a un futuro", dijo Jason Nardi, portavoz de coalición italiana de Social Watch.

Entre otras recomendaciones en materia económica, figuran el apoyo a la creación de empleos, incentivos fiscales al desarrollo de la producción y el consumo ambientalmente responsable, un impuesto de 0,05% en la especulación financiera y otro para los grandes patrimonios.

En el área social, la lista incluye elevar los recursos destinados a la asistencia y a la lucha a la pobreza, del nivel básico de las prestaciones sociales, la protección a las mujeres víctimas de violencia y un aumento de los aportes a la cooperación internacional.

Por último, en cuestiones ambientales, el informe reclama financiación adecuada para la protección y recuperación del bienes sociales afectados por desastres, el establecimiento de una estrategia nacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono en el largo plazo, el logro en breve plazo de la meta de reducir 6,5% las emisiones respecto de las de 1990, la inclusión en el Código Penal de delitos contra el ambiente y mejores servicios locales de transporte público.

Fuente

Corriere Della Sera/Amnesty International: http://bit.ly/Lu13zP


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