Perú: Acción urgente para proteger derechos humanos de manifestantes
Published on Wed, 2012-07-18 10:54
La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) transmitió el 11 de julio una comunicación al gobierno de Perú para solicitar acción urgente en procura de protección de los manifestantes opuestos a la mina de oro Conga después de que cinco personas murieron en las protestas de la semana del 3 de julio tras “una desproporcionada represión policial”.. “Le recordamos al gobierno peruano que [según] el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual ha ratificado, toda persona tiene derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a no ser víctima de detenciones arbitrarias. Por lo tanto, las disposiciones emitidas bajo un Estado de Emergencia deben de ser compatibles con el pleno rango de obligaciones que el Estado tiene para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales”, advirtió la red. La Red DESC, la mayor coalición global de organizaciones y activistas dedicados a consagrar los derechos económicos, sociales y ambientales a través de los derechos humanos, envió la carta al presidente peruano Ollanta Humala y a los ministros Juan Jiménez Mayor (Derechos Humanos), Carolina Trivelli (Inclusión Social), Manuel Pulgar-Vidal (Ambiente), Wilver Calle Girón (Interior) y Oscar Valdés Dancuart (presidente del Consejo de Ministros); así como a los jefes ejecutivos Richard T. O'Brien y Carlos Santa Cruz, de la firma minera a cargo del proyecto, Newmont Mining Corporations. La comunicación fue también transmitida a los defensores y relatores especiales de la ONU para los derechos humanos, la pobreza extrema, el derecho a la alimentación, agua y saneamiento, el derecho a la salud, la situación de los defensores de los derechos humanos, y sobre de empresas y derechos humanos, así como al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias. La Red DESC está compuesta por unas 200 redes y organizaciones (entre ellas Action Aid, Amnistía Internacional, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, Abogados sin Fronteras, el Proyecto Bretton Woods, la Fundación Búlgara de Inverstigaciones sobre Género, el Centro de Derechos Constitucionales de Estados Unidos, el Center of Concern, el Centro de Estudios Legales y Sociales y FOCO, de Argentina; el Centro para los Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, Conectas de Brasil, Equipo Pueblo de México, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Food First, Sahringon Tanzania y Provea de Venezuela), así como 41 individuos de todo el mundo. Lo que sigue es el texto de la carta remitida por la Red DESC: Alerta Urgente: Respetar los derechos humanos de los manifestantes en contra del proyecto minero Conga La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (la Red-DESC) es la mayor red global dedicada a lograr la justicia económica, social y ambiental por medio de los derechos humanos. Tenemos como miembros más de 230 organizaciones e individuos radicados en 66 países. Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra gran preocupación frente a la creciente violencia y represión frente a las manifestaciones contra el proyecto minero Conga, y la muerte de cinco personas entre el 3 y 5 de julio de este año. De acuerdo con la información recibida, miles de personas se han movilizado durante los últimos meses para expresar su gran preocupación sobre los impactos que tendrá el proyecto Conga en el derecho al agua, la alimentación, la salud y una adecuada estándar de vida de las comunidades situadas en la zona. Han señalado que el proyecto amenaza los medios de subsistencia de las comunidades afectadas, y resultará en mayores niveles de pobreza o extrema pobreza. También reclaman que no hubo un proceso adecuado de consulta por parte del gobierno ni por el mayor accionista, Newmont Mining Corporation. Se reporta que, bajo el Estado de Emergencia impuesto en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca, las manifestaciones se han encontrado con una desproporcionada represión policial, resultando en la muerte de cinco personas entre el 3 y el 5 de julio de 2012. La Red-DESC expresa su colectiva indignación frente a la trágica muerte de Eleuterio García Rojas, José Antonio Sánchez Huamán, José Faustino Silva Sánchez, Joselito Vásquez Jambo y un menor con iniciales C. M. A. de 17 años. Denunciamos el uso de la violencia en todas ocasiones, incluyendo en contra de los manifestantes y la reciente detención arbitraria y violenta del Padre Marco Arana. Notamos con preocupación la creciente persecución y criminalización contra los defensores de los derechos humanos y ambientales en el contexto de los megaproyectos mineros, y rechazamos la suspensión de las libertades civiles en respuesta a los conflictos socio-ambientales. Le recordamos al gobierno peruano que [según] el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al cual ha ratificado, toda persona tiene derecho a la vida, derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes y a no ser víctima de detenciones arbitrarias. Por lo tanto, las disposiciones emitidas bajo un Estado de Emergencia deben de ser compatibles con el pleno rango de obligaciones que el Estado tiene para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos fundamentales. También hacemos nota de las obligaciones que tiene el Gobierno de Perú bajo el Convenio 169 del OIT, lo cual ha ratificado mediante Resolución Legislativa 26253, y la nueva Ley 29.785 de Consulta Previa. Frente esta situación, hacemos un llamado colectivo al gobierno de Perú para: 1. Garantizar el respeto al derecho a la vida y la integridad física, tanto como la seguridad, de los manifestantes y defensores de los derechos humanos que ejercen su derecho a la libre expresión y asociación; 2. Tomar toda medida necesaria para que el uso la fuerza durante las manifestaciones sea lo mínimo requerido para proteger a los manifestantes y los miembros de las fuerzas públicas; 3. Realizar una investigación imparcial e independiente sobre la muerte de los manifestantes mencionados arriba, la prosecución de los responsables y la reparación frente los daños ocasionados; 4. Generar las condiciones necesarias para la resolución pacífica y justa del conflicto, entre las autoridades, la empresa y las poblaciones afectadas; y 5. Establecer un proceso de diálogo, en buena fe, sobre el proyecto Conga y mecanismos efectivos de consulta para a todos los proyectos de explotación de los recursos naturales, de manera que garantice la participación de las comunidades en las decisiones que les afectan y promueva la plena realización de los derechos humanos. A la empresa Newmont Mining Corporation, principal inversionista del proyecto Conga, le instamos a que cumpla con sus obligaciones para respetar los derechos humanos, en particular: 1. Denunciar públicamente el uso de la violencia por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, e instarle al Gobierno de Perú que realice una investigación completa sobre los hechos y asuma las indicadas medidas remédiales; 2. Llevar a cabo la debida diligencia para asegurar que la fuerza desproporcional no sea utilizada por parte del Estado para proteger a los intereses de sus inversiones; y 3. Facilitar dialogo abierto referente a las preocupaciones expresadas por la población local, con miras de promover el derecho a la participación y libre expresión. Esto incluye también el derecho al consentimiento libre, previo e informado de la población de los pueblos indígenas que serán afectada por el proyecto. Por último, le solicitamos mantenernos informados sobre la situación. Chris Grove, Director de la Red DESC Fuente » |
