Indígenas reclaman expulsar a transnacionales mineras de Bolivia

Instalaciones de la Mina San
Cristóbal en Potosí. (Foto:
Fundación Tierra)

Los proyectos de ley sobre minería a debate en Bolivia dejan en evidencia que el oficialismo no toma en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas al tratar cuestiones que los afectan, advirtió el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Esta organización, representativa de las nacionalidades y pueblos originarios del Altiplano y los Andes del país latinoamericano, urgió a las transnacionales mineras a retirarse del territorio.

Tras analizar en Cochabamba las propuestas tituladas “ley de agua”, “de minería”, “de consulta” y “de Madre Tierra”, representantes de los 16 suyus (distritos) de la organización exigieron al presidente Evo Morales acordar con las comunidades indígenas los textos que considerará de la Asamblea Legislativa Plurinacional, informó la Plataforma de Política Energética, espacio impulsado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), uno de los puntos focales de Social Watch en ese país.

Además, el Conamaq reclamó a Morales que expulse a las empresas mineras transnacionales “que saquean los recursos naturales de Bolivia”.

“Los recursos naturales que existen en nuestro territorio deben quedar para todos los bolivianos y bolivianas. Nosotros deberíamos sentarnos a dialogar con los mineros de Bolivia, para que sean nacionalizadas las minas y sean administradas sin contaminar a nuestros territorios. Queremos que se vayan las transnacionales. Por eso luchamos los pueblos indígenas”, dijo Félix Becerra, portavoz del Conamaq.

Becerra postuló “una verdadera nacionalización de nuestros recursos naturales”. El objetivo es “que los administremos junto al Estado y no dejárselos a las transnacionales, sean las que se dedican a la minería, al petróleo o a construir carreteras”, agregó.

Según esta organización indígena, las propuestas de ley del oficialismo tienden a consolidar el “modelo de desarrollo neoliberal en vigor en casi todos los países del mundo”.

Para el Conamaq, el proyecto oficialista “favorece los negocios del capitalismo aun más que la ley 1777” aprobada en 1997 durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y aún vigente.

“Creemos que los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución, en convenciones y declaraciones internacionales deben ser incluidos en todas las leyes o decretos”, comentó Becerra.

“Ningún artículo” de “las propuestas de ley de la Madre Tierra, o la ley de Agua o la ley de Minería […] toma en cuenta a los pueblos indígenas. […] Conamaq no va a permitir que se aprueben estas leyes mañana o pasado. Acabamos de emitir una resolución y un pronunciamiento en el que exigimos al gobierno que establezca consensos con los pueblos indígenas de Bolivia”, agregó el representante.

El proyecto de ley de la Madre Tierra, elaborado por el gobierno y las organizaciones indígenas campesinas dos años atrás, fue modificado sustancialmente por dirigentes oficialistas.

El representante de Conamaq Froilán Puma manifestó sorpresa por el añadido “de Desarrollo Integral” al título de esa iniciativa legislativa, así como por el hecho de que se “modifique este proyecto de la noche a la mañana”.

La propuesta anterior, recordó Puma, había sido consensuada por el denominado “Pacto de Unidad”, integrado por Conamaq, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia.

Sin embargo, las tres últimas organizaciones, por influencia del Movimiento al Socialismo, rompieron relaciones con el Conamaq y la Cidob, críticas del gobierno nacional.

“Ahora aparece otra ley muy contradictoria con el proyecto anterior que hemos presentado”, según Puma. “En Conamaq decidimos no permitir al parlamento ni al presidente poner en vigencia la ley de la Madre Tierra modificada por el oficialismo. De la ley de la Madre Tierra anterior, elaborada por nosotros y el gobierno, dependen todas las otras leyes de Minería, de Agua, de recursos naturales. Para nosotros, la ley de la Madre Tierra es la segunda Constitución.”

El Conamaq confía en que su presión sobre el presidente Morales será efectiva. Cuentan con el antecedente del conflicto de Mallku Kota, en el norte de Potosí, cuyas comunidades locales lograron expulsar a la transnacional minera South American Silver. No obstante, en Cochabamba denunciaron que el gobierno continúa persiguiendo a integrantes de comunidades participantes en la protesta.

Morales “debería extender los plazos de aprobación de estas leyes para llegar a consensos con los pueblos indígenas”, advirtió Puma. “Si no lo hace, comenzaremos estrategias de movilización con otros sectores, en su momento.”

Fuente
Plataforma Energética: http://bit.ly/OvC7Zp

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