Es impostergable revisar el paradigma de desarrollo desde el enfoque de los derechos humanos

Areli Sandoval Terán (DECA Equipo Pueblo)[1]
Adherentes: Espacio DESC[2], ADOC y Convergencia de Organismos Civiles[3]

Reflexionar sobre la futura agenda desarrollo de las Naciones Unidas “más allá del 2015”, cuando el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) habrá vencido, requiere revisar el grado de cumplimiento del marco de desarrollo actual, conformado precisamente por esos Objetivos. El anterior gobierno federal incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  algunos indicadores y metas para avanzar en el cumplimiento de los ODM en México. Como medida adicional, el gobierno estableció en 2010 un Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los ODM para la coordinación interinstitucional y el seguimiento. En su Informe de avance 2010 al respecto, el gobierno presenta resultados optimistas al considerar que a pesar de la crisis internacional de 2008-2009, y “gracias a la red de protección social construida con políticas y programas durante la última década…así como al manejo de las finanzas públicas”, la población en situación de pobreza en el país no aumentó en la misma proporción que en crisis anteriores, y que al mismo tiempo mejoraron significativamente la mayoría de los indicadores asociados a los ODM y a sus metas; de esta manera afirma haber cumplido ya desde 2010 con la mayoría de las metas, al tiempo que plantea poder cumplir con el resto en tiempo, alcanzando los ODM para 2015.[4] Para ilustrar, a continuación se presentan en resumen algunos indicadores de este Informe oficial:

Cuadro resumen sobre el Informe de avances 2010 respecto a los ODM en México

ODM

Avance de algunas metas e indicadores a nivel nacional

1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

-  Entre 1989 y 2010, disminuyó la desigualdad en el ingreso.
-  El índice de Gini registró su nivel más bajo en 2010.
- Se contuvo el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, pese al repunte por crisis económica de 2008-2009.
- Entre 1992 y 2010, disminuyó casi a la mitad la proporción de población ubicada por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.

2: Lograr la enseñanza primaria universal

-Se incrementó la tasa neta de matriculación en primaria a la par del crecimiento de la población, en edades de entre 6 y 11 años.
-Disminuyó a menos del 1% la deserción escolar.
- La tasa de alfabetización de personas entre 15 y 24 años llegó a 98.1% en 2009.
-Se duplicó la tasa neta de matriculación en educación preescolar, alcanzando 80.9% en 2010.

3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

-Desde 2009, prácticamente se ha eliminado la diferencia de inscripción por sexo en todos los niveles educativos.
-Las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo de manera creciente, aunque se requiere que cuenten con todas las prestaciones de ley y salarios equitativos respecto a los masculinos.
-Existe tendencia ascendente en la proporción de escaños ocupados por mujeres en el Poder Legislativo.

4: Reducir la mortalidad infantil

-Se redujo la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años, llegando 17.3 defunciones por cada mil nacidos vivos en 2009.
-Se redujo también la tasa de mortalidad en menores de un año a 14.6 muertes por cada mil nacidos vivos en 2009.

5: Mejorar la salud materna

-Más del 90% de los partos cuentan con asistencia de personal sanitario capacitado, pero la tendencia en la reducción de la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en el periodo 1990-2010 no parece suficiente para alcanzar la meta en 2015. De 1990 a 2010, la RMM pasó de 89.0 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, a 53.5
-El promedio de consultas prenatales por embarazada, atendida en instituciones del Sistema Nacional de Salud, aumentó de 4.44 en 2000 a 4.79 en 2009, y los promedios por entidad federativa reflejan una disminución en la desigualdad regional.
-Entre 1992 y 2009, la prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil aumentó a 72.5%, mientras que en el ámbito rural pasó a 63.7%.

6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

-La prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) resulta relativamente baja comparada con la internacional (tasa de prevalencia de 0.38 enfermos por cada 100 personas, en el grupo de 15 a 49 años en 2010).
- Desde finales de 2003 se alcanzó el acceso universal y gratuito a Tratamientos Antirretrovirales para personas con VIH/SIDA.
- Se logró detener  y comenzar a reducir el paludismo y la tuberculosis; las tasas de prevalencia son relativamente bajas y se concentran en las zonas con mayor grado de marginación.

7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

-Se han logrado mejoras sustantivas al: incrementar las Áreas Naturales Protegidas con el fin de reducir la pérdida de biodiversidad; disminuir el consumo de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono; avanzar en el abastecimiento de agua potable y la cobertura de saneamiento de aguas residuales (en  2010, el 90.9% de la población cuenta con agua entubada y 89.6% con servicios de saneamiento); disminuir la proporción de población urbana que habita en viviendas precarias.
-Persisten retos en la agenda ambiental, como la disminución de la superficie cubierta por bosques y selvas, la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y la presión sobre los recursos hídricos.

8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

-En la meta dirigida a que un mayor número de personas aproveche los beneficios de las telecomunicaciones, el número de líneas de teléfonos fijos se triplicó en las últimas dos décadas; el número de suscripciones de teléfonos celulares se sextuplicó en los últimos diez años y, la penetración del servicio de Internet pasó de 5.1 a 31.0 usuarios por cada 100 habitantes en el mismo periodo.

Fuente: elaboración propia con base en Presidencia de la República. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante los avances reportados, el Informe también indica que aún queda un largo camino por recorrer, y señala retos que requieren de coordinación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y la sociedad civil organizada, para lograr hacer frente a: la persistencia de la desigualdad en el ingreso y a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en que aún viven muchas familias en México;  la necesidad de redoblar esfuerzos hacia las metas de reducción del índice de mortalidad materna, la consolidación de la equidad de género y el establecimiento de otros objetivos y metas que favorezcan un desarrollo más equitativo y justo; al reto vital del medio ambiente y al de un mayor crecimiento económico. Asimismo, ubica la necesidad de un diagnóstico que profundice en las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, para avanzar en su solución eficiente, integral y a un ritmo más acelerado, mejorando el diseño de las políticas públicas con un enfoque multidimensional.

Por otro lado, organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), también dan cuenta de la problemática del desarrollo nacional. El PNUD ubica a México en el umbral de los países de más alto nivel de desarrollo, pero registra grandes disparidades en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre regiones, entidades federativas y municipios del país. Por su parte, las estadísticas de la CEPAL sobre la evolución de la pobreza y la indigencia de 1999 al 2011, en áreas urbanas y rurales de 19 países latinoamericanos,[5] reflejan que mientras en el año 2000 México se ubicaba por debajo del promedio regional tanto de pobreza como de indigencia rural y urbana, para 2010 ya rebasaba la media de 29.4% de pobreza con un 36.3% de su población viviendo en tales condiciones, destacando el incremento en la indigencia urbana.[6] En ese año, México tenía 112 millones 336 mil 538 habitantes,[7] lo que significaría que la CEPAL estimaba que alrededor de 40 millones 778 mil 163 personas vivían en la pobreza y la indigencia.  Esta cifra resulta conservadora al compararla con la medición de la pobreza por ingresos realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para el mismo año, pero aunque los valores cambien, la tendencia que revelan es la misma: entre 2008 y 2010, el Coneval reporta la reducción en el ingreso real de los hogares en áreas urbanas, al tiempo que constata el aumento de la pobreza alimentaria[8] a 18.8% de la población (21.2 millones de personas), de la pobreza de capacidades[9] a 26.7% (30.0 millones de personas), y de la pobreza de patrimonio[10] a 51.3% (57.7 millones de personas).[11]

Dado que el indicador de pobreza por ingresos solamente da cuenta de uno de los ocho factores que estipula la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) para medir la pobreza en México -ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social- el Coneval desarrolló una metodología multidimensional de medición, por la que actualmente considera en pobreza a la población cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar (valor monetario de la canasta alimentaria y de bienes y servicios básicos) y que padece por lo menos una de seis carencias sociales (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación). Asimismo, considera en situación de pobreza extrema a la población que  padece tres o más carencias sociales y que cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo  (determinada por el valor monetario de la canasta alimentaria).

Bajo esta perspectiva, el Coneval identificó que en 2010, cerca de la mitad de la población en México (46.3%), vivía en condiciones de pobreza; esto es, 52.1 millones de personas. De esta población, una de cada tres personas (34.9%) vivía en pobreza moderada (39.3 millones de personas); y poco más de una décima parte (11.4%), en pobreza extrema (esto es 12.8 millones de personas). El 53.7% de la población restante (60.5 millones de personas) fue considerada por el Coneval como no pobre, pero entre la cual casi tres de cada diez personas (28.8%, equivalente a 32.4 millones de personas) eran vulnerables por carencias sociales, esto es, tenían al menos una carencia social, aunque su ingreso se ubicara por arriba de la línea de bienestar. Asimismo, una de cada diecisiete personas (5.7%, equivalente a 6.4 millones de personas) era vulnerable por ingresos ya que no presentaba carencias sociales pero su nivel de ingresos era inferior a la línea de bienestar. Por último, casi una quinta parte de la población (19.3%, esto es 27.1 millones de personas) no era considerada pobre ni vulnerable. Cabe mencionar que respecto a la incidencia de carencias sociales a nivel nacional, la mayor la tuvo la de acceso a la seguridad social: el 60.7% de la población (equivalente a 68.3 millones de personas) carecían de ella. Por su parte, la carencia de acceso a los servicios de salud incidió en el 31.8% de la población (35.8 millones de personas). El 24.9% de la población (28 millones de personas) presentó carencia en el acceso a la alimentación; el 23% (25.9 millones de personas) carencia en el indicador de servicios básicos en la vivienda; el 20.6% de la población (23.2 millones de personas) presentó rezago educativo, y finalmente, el 15.2% (17.1 millones de personas) tuvo carencia en la calidad y espacios de la vivienda.[12]

Todo este panorama nos lleva a cuestionar la efectividad de la política social que se ha venido implementando en nuestro  país, así como las limitaciones del enfoque de los ODM, que desde su establecimiento consideramos como parte de un “piso” básico para el desarrollo social y no como un “techo” por encima del cual ya no hubiera necesidad de construir. Para alcanzar cambios significativos y sostenibles en la vida de las personas y las comunidades, y no solamente reducir brechas en la estadística, es indispensable replantear los actuales paradigmas de desarrollo social y económico desde el enfoque de los derechos humanos, concebidos éstos integralmente. Tanto los derechos civiles y políticos -entre los que se encuentran no sólo las libertades fundamentales sino los derechos de acceso a la información, a la consulta y a la participación en los asuntos públicos- como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales - que incluyen el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho de los pueblos a la libre determinación para proveer a su desarrollo económico, social y cultural así como su derecho a no ser privados de sus medios de subsistencia- son esenciales para lograr un verdadero desarrollo, sustantivo, equilibrado y sostenible, en donde los fines son tan importantes como los medios.

No obstante algunos importantes avances, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, los derechos humanos en México lejos de avanzar en su realización, se encuentran en franco retroceso producto de acciones y omisiones del Estado; por ejemplo, al impulsar medidas legislativas regresivas, o acciones y proyectos de “desarrollo” que en muchas ocasiones resultan social y/o ambientalmente irresponsables –represas, monocultivos,  minería a cielo abierto, parques eólicos, corredores industriales, desarrollos inmobiliarios, comerciales, y turísticos, infraestructura carretera, privatización de servicios, entre otros- lo cual obedece en gran medida a una agenda corporativa y a una lógica de liberalismo comercial y de inversiones, que en aras de multiplicar ganancias, se distancia de los objetivos del desarrollo sostenible y equitativo. Asimismo, la imposición de tales medidas desmantela cualquier avance democrático en nuestro país, debilita los canales institucionales de diálogo y debate, al tiempo que victimiza doblemente a la población que al verse afectada en sus condiciones de vida y sus derechos, se organiza, protesta y luego es criminalizada por ello por el propio Estado que la afecta directamente, o no la protege, como es su obligación, frente a la afectación de actores no estatales.

Estando México al comienzo de una nueva administración federal que regirá al país de 2013 a 2018, la oportunidad de redefinir el rumbo es inmejorable. Lo reconoció incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al firmar con el Presidente electo de México, en septiembre de 2012, una Declaración de Intenciones para establecer un Acuerdo Marco para la Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, y hacerle entrega de un análisis de los principales desafíos y recomendaciones de política pública en 21 temas prioritarios bajo el título “México: mejores prácticas para un desarrollo incluyente”, señalado como una modalidad de cooperación en procesos de transición y como insumo para la preparación del plan sexenal de gobierno y la identificación de fuentes de financiamiento. En dicho documento la OCDE también expresa preocupaciones en torno a diversos indicadores sobre la realidad del país, por ejemplo: la ocupación de México del segundo lugar en desigualdad, evidenciado en que el decil más pobre de la población recibe el 1.3% del total del ingreso, mientras que el decil más rico obtiene el 36%; el segundo lugar en obesidad y la incidencia más alta en diabetes; el nivel más alto de pobreza relativa, así como una mortalidad infantil tres veces superior al promedio de la OCDE; y un gasto social muy inferior al promedio en la organización, de 7.5% del PIB frente a 24%.[13]

A inicios del presente año, en el marco del “Foro México 2013: Políticas públicas para un desarrollo incluyente",[14] convocado por la OCDE, el BM, el BID y la CEPAL, la OCDE hizo entrega al Presidente Enrique Peña Nieto de otro documento, titulado “Getting It Right. Una agenda estratégica para las reformas en México”,[15] que incluye análisis y recomendaciones para concretar los planteamientos del llamado Pacto por México, el cual es mencionado más de 80 veces a lo largo de ese documento. La importancia del Pacto por México, más allá de la polémica que causó su firma por los principales partidos políticos, radica en que anticipa, a través de 95 compromisos divididos en 5 grandes temas,[16] lo que será la agenda política, económica y social del nuevo gobierno nacional, aún antes de la elaboración -supuestamente participativa- del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. También es importante señalar que algunos de esos compromisos consisten en propuestas o iniciativas que entrañan acciones que impactan no siempre favorablemente el ejercicio de los derechos humanos, y por tanto debieran ser analizados y discutidos antes de implementarse. El compromiso 6, por ejemplo, anunció la creación de un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que debería garantizar la alimentación como un mínimo fundamental; en ese marco, el 21 de enero de 2013, inicia la “Cruzada Nacional contra el Hambre” (SINHAMBRE)[17], encabezada por la Secretaría de Desarrollo Social, que se plantea -sin contar con presupuesto específico para ello- atender a la población en pobreza extrema y carencia alimentaria, así como disminuir la desnutrición infantil aguda, entre otros objetivos. Desde el enfoque de derechos humanos la preocupación surge no en torno a los fines sino a los medios que se emplearán, por ejemplo, para incrementar la producción de alimentos en el país, y si esto implicará movilizar recursos y esfuerzos del sector privado agroindustrial -encabezado por la trasnacional Monsanto- que tiene intereses específicos en la producción de transgénicos. Al respecto, diversas organizaciones civiles y campesinas han señalado que, entre otras cuestiones, debe evitarse que a partir de las donaciones de las agroindustrias esta Cruzada sea utilizada para la promoción de los cultivos transgénicos con falsos argumentos, o para promover el consumo de alimentos industrializados ajenos a la cultura alimentaria de la población.[18]

Desde el mismo enfoque preocupa el compromiso 67 del mencionado Pacto por México, el cual plantea acciones de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, que incluyen:  “la ampliación y modernización de la red carretera y ferroviaria, la integración digital, el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud, la creación de polos de desarrollo industrial, turísticos, portuarios, agrícolas, pesqueros y de energías de fuentes renovables, con especial énfasis en las cuencas de los ríos Usumacinta, Grijalva, Balsas y Papaloapan. Todo lo anterior, mediante una coordinación del Ejecutivo Federal con los ejecutivos estatales del sur-sureste, y el impulso a las reformas necesarias en el Congreso de la Unión.” Es necesario subrayar que los planes y proyectos de “desarrollo” anteriores para esta misma región, desde el inicial Plan Puebla Panamá hasta el Corredor Pacífico -que fue considerado en el informe del Panel de Alto Nivel del G20 como un proyecto con potencial de involucramiento del sector privado para integrar la región mesoamericana y facilitar el transporte de bienes y personas para el comercio intrarregional- han sido ampliamente cuestionados por no tomar en cuenta los derechos de las comunidades de la región a la información, a la consulta y a la participación; por no evaluar adecuadamente los impactos sociales y ambientales que entrañan las obras; por no analizar y discutir con oportunidad, transparencia y profundidad las alternativas de desarrollo de proyectos con menor impacto; y por no acordar posibles medidas de reparación en caso de afectación de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales de esas comunidades.[19]

No se trata de desacreditar todas las medidas sociales implementadas, ni de dejar de reconocer  algunos logros y cambios operados en la política social que desde la academia y la sociedad civil veníamos demandando años atrás; tampoco de cuestionar anticipadamente las políticas, programas y acciones que plantea el nuevo gobierno federal, sino de identificar, desde el enfoque de derechos, aquello que no abona a su realización y por el contrario, impone obstáculos o afecta su ejercicio, así como de reconocer que de no cambiar seriamente el rumbo, nuestro país acumulará rezagos y una diversidad de problemas que le impedirán consolidar su desarrollo. En este sentido, sostener una mirada acrítica y triunfalista acerca de la “tarea cumplida” respecto de los ODM, sin reparar en las limitaciones de ese enfoque, ni en las contradicciones de la política social y económica vigentes, terminará minando los avances sociales que se pretenden reportar en 2015.

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta impostergable la revisión del modelo de desarrollo nacional desde el enfoque de derechos humanos. Esta revisión debe considerar los avances y los obstáculos en materia de desarrollo, incluyendo las brechas sociales y de género, y realizarse tanto a nivel nacional como global, en aras de promover un nuevo marco de desarrollo post-2015 basado en la agenda integral y sustantiva  plasmada en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Una agenda que es además dinámica, constantemente revitalizada, enriquecida y actualizada desde las perspectivas y luchas de pueblos originarios y de comunidades rurales y urbanas que, en contrapartida a los embates del modelo de desarrollo actual, proponen y construyen otra relación con el entorno y la sociedad, un modo de vida digno, sostenible, responsable, solidario, incluyente, con justicia social, paz y equidad.

Notas:

[1] DECA Equipo Pueblo, A.C. es el punto focal de Social Watch en México desde 1996.

[2] El Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), es el grupo de referencia para Social Watch en México y está integrado por 17 organizaciones: Casa y Ciudad; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC); Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (CEREAL-DF); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC (CEJUDESC); Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo (DECA Equipo Pueblo); Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS); Food First Information and Action Network México (FIAN Sección México); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH); Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (RADAR).

[3] La Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC) y Convergencia de Organismos Civiles, son dos plataformas mexicanas encargadas de coordinar en 2013 las consultas nacionales sobre el marco de desarrollo post-2015, impulsadas por Naciones Unidas con el apoyo de Beyond 2015 y GCAP bajo convenio con la Mesa de Articulación.

[4] Presidencia de la República. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Informe de Avances 2010. México, agosto 2011, disponible en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/

[5] Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana y Uruguay.

[6] Más información en: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2012 (LC/G.2554-P), Santiago de Chile, 2012, pp. 65, 143 y 144.

[7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Censo de Población y Vivienda 2010, México. Disponible en: http://www.censo2010.org.mx/

[8] Población con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos.

[9] Población con ingresos insuficientes para acceder a alimentación, salud y educación.

[10] Población con ingresos insuficientes para cubrir los requerimientos básicos de  alimentación, salud, educación, vivienda, calzado y transporte público.

[11] Coneval. Comunicado de prensa No.007, México, Distrito Federal a 29 de julio de 2011.

[12] Estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010 (MCS-ENIGH 2010), tomadas de: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de Pobreza en México 2010: el país, los estados y sus municipios. México, D.F., CONEVAL, 2012, pp.14, 23-25. Este informe constituye la primera vez que se cuenta con información sobre la pobreza en México basada en la Ley General de Desarrollo Social. Disponible en:
http://web.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf

[14] El Foro se realizó en la ciudad de México los días 9 y 10 de enero 2013; más información en:
http://www.oecd.org/centrodemexico/aperturadelforomexicopoliticaspublicasparaundesarrolloincluyente.htm

[16] Acuerdos sobre: 1) sociedad de derechos y libertades; 2) crecimiento económico, empleo y competitividad; 3) seguridad y justicia; 4) transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; y 5) gobernabilidad democrática, que pueden consultarse en:   http://pactopormexico.org/acuerdos/

[17] Mayor información sobre SINHAMBRE en: http://www.sedesol.gob.mx/

[18] Más en: Conferencia de prensa de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Campaña Sin Maíz no hay País, el Centro de Orientación Alimentaria (COA), FIAN México, el Foro Nacional para la Construcción de la Política Alimentaria y Nutricional de México (FONAN), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), El Poder del Consumidor, Semillas de Vida, Slow Food y OXFAM México, del 30 de enero de 2013. Boletín de prensa disponible en: http://cencos.org/node/30584; y en: Rodrigo Olvera (CEJUDESC/Espacio DESC) “SINHAMBRE, una primera mirada desde la perspectiva de Derechos”, 23 de enero de 2013, en el Blog DESContando, en:http://rolveradesc.blogspot.mx/2013_01_01_archive.html

[19] Areli Sandoval (Equipo Pueblo / Espacio DESC). “Pacto por México: Observaciones y recomendaciones desde la perspectiva DESCA. Documento de trabajo y discusión”. Mimeo, 10 de diciembre de 2012.

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