Cuando la ayuda al desarrollo se convierte en comercio

Al contrario de lo que mucha gente suele pensar, la mayor parte del presupuesto público para cooperación al desarrollo no se gestiona a través de ONG. En realidad éstas tan sólo acaban ejecutando en torno a un 15% del total de la Ayuda Española al Desarrollo (AOD). De hecho, en nuestro país un porcentaje elevado del presupuesto público ha sido tradicionalmente ejecutado por el Ministerio de Economía a través de las aportaciones que España realiza a las Instituciones Financieras Internacionales, como el Banco Mundial y los Bancos Regionales de Desarrollo, y mediante la concesión de créditos a los países empobrecidos. Es la cooperación financiera reembolsable.

Allá por los primeros años noventa, cuando la cooperación española estaba en pañales –fuimos aceptados como donantes en 1991-, el llamado “componente comercial” de la Ayuda española superaba el 40% del total, es decir que en lugar de “ayudar” a los países pobres, gastábamos dinero en fomentar, facilitar y promover las exportaciones de empresas españolas en aquellos países sin tener en cuenta si dichas exportaciones respondían a sus intereses ni los impactos negativos que éstas podrían tener en sus niveles de desarrollo. Los créditos FAD se encargaban de ellos y con razón fueron el instrumento más polémico y discutido por organizaciones sociales, países beneficiarios y organismos internacionales de nuestra ayuda. Por su descarada finalidad para beneficiar a empresas a costa de las necesidades de los países empobrecidos, y por su capacidad de engordar la deuda externa de aquellos países para garantizar el cobro de las empresas. Ambas cuestiones fueron denunciadas por toda la comunidad internacional, y gracias a las presiones de muchos, en la segunda mitad de la década de los 2000 se consiguió “limpiar” nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo de aquellas prácticas, reduciendo el componente comercial a la mínima expresión.

La crisis como excusa

En 2010 se realizó  la reforma legal de aquellos FAD ya en franco retroceso, y producto de la misma se crearon dos instrumentos diferenciados: el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) que gestionaría el Ministro de Economía y que ya no volvería a considerarse como ayuda, y el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) que gestionaría el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y que se destinaría a financiar programas y proyectos de lucha contra la pobreza, en consonancia con la finalidad de la política de cooperación. Para entonces los tiempos habían cambiado, y los países ricos tradicionalmente donantes en el sistema de ayuda empezaban a sufrir los ajustes de déficit fiscal como receta indiscutida e indiscutible contra los efectos de la crisis financiera internacional. Estos ajustes han servido de excusa para, en la práctica, descartar la agenda del 0,7%, estancando el porcentaje de ayuda dedicado a los países empobrecidos. Además, los países donantes, abandonando toda la doctrina internacional sobre ayuda al desarrollo de las últimas décadas, comienzan a vincular de nuevo sus políticas de ayuda con sus intereses comerciales y financieros, exportadores de bienes y de capital.

El Gobierno español pretende justificar ahora en esas nuevas prácticas de otros donantes,  el desmantelamiento y la instrumentalización de la política de cooperación al servicio de los intereses comerciales. Porque España no detuvo el incremento de su ayuda como otros, sino que la redujo a la mínima expresión reduciéndola un 70% en sólo tres años. Y ahora tramita en el Senado la  reforma legal del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) para “devolver” al Ministerio de Economía el control del mismo, de forma que sirva para aumentar las exportaciones en lugar de responder a las estrategias de desarrollo. Cualquier cosa con tal de equilibrar la balanza comercial exterior, ya que el tejido productivo e industrial español está bajo mínimos gracias a décadas de “burbujas” financiera e inmobiliaria.

Una reforma hecha por la puerta de atrás

La reforma del FONPRODE se hace a espaldas del conjunto de actores de la cooperación, a pesar de que el mismo debería ser un instrumento fundamental de dicha política. Introducen la reforma mediante una disposición adicional de otra ley, presentada en forma de enmienda del Grupo Popular en el Congreso, hurtando de facto a diputados y a otros actores la posibilidad de conocer el anteproyecto e informar sobre el mismo. A nadie debería extrañar esto porque en el Gobierno español nadie defiende la cooperación, y esta reforma lo termina de poner de manifiesto. El Ministro titular de la cartera, el Sr. Margallo, confía más en la promoción de la  Marca España que en situar a España entre los países comprometidos con la lucha contra la injusticia internacional o en la provisión de los Bienes Públicos Globales. Confía más en enriquecer las cuentas de resultados de las grandes transnacionales de origen español, que en fomentar políticas de cooperación convergentes con las estrategias de desarrollo de los países empobrecidos. Por eso no es de extrañar que entregue la capacidad para gestionar la cooperación financiera reembolsable a la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (COFIDES), dedicada a la internacionalización de la empresa española y participada por grandes entidades financieras españolas, como el Banco Santander o el BBVA.

Tanto desde las organizaciones sociales como desde otros actores de la cooperación  se reclama con urgencia que el gobierno detenga esta reforma, que no aplaste más la cooperación con el rodillo de la mayoría absoluta. De hecho,  todos los grupos de la oposición en el Senado han propuesto su supresión. Si no lo hace, a corto plazo, tal vez crezca un poco nuestro porcentaje de ayuda y salga de ese bochornoso 0,15% en el que se encuentra, pero lo que crezca lo hará, como en aquellos noventa, entregando dinero procedente de nuestros impuestos a algunas empresas en lugar de a los países supuestamente beneficiarios de la política de ayuda. Tal vez también, con poca probabilidad, pueda servir para sacar pecho algún que otro trimestre por un nuevo repunte de las exportaciones.

Pero a medio plazo, la ciudadanía española sabrá que esas prácticas no pueden considerarse ayudas coherentes con el desarrollo. Porque lo denunciarán los países que vean de nuevo su deuda externa incrementada a base de pagar a empresas españolas que ellos no llamaron, porque la ciudadanía española ya entendió que su bienestar no está ligado al de los negocios de las compañías españolas en el exterior. Porque en definitiva, más pronto que tarde, los desmanteladores de la cooperación española ya no dispondrán de mayoría absoluta, y tendrán que negociar con otros el restablecimiento urgente y coherente de una política de cooperación comprometida con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad. Aunque se diga que rectificar sea de sabios, esperemos un milagro.

[El posicionamiento completo sobre la reforma del FONPRODE, realizado por la Coordinadora de ONGD y la Plataforma 2015 y más, puede ser consultado en este enlace.]

Por Pablo José Martínez Osés.

Fuente: El Diario.