Mujeres hondureñas exigen acceso a los recursos del presupuesto nacional

Foto: CEM-H.

Las Organizaciones de Mujeres y Feministas aglutinadas en diferentes plataformas y redes locales, reclaman, ante la discusión y aprobación del Presupuesto General de la República de Honduras, que es tiempo de que las mujeres tengan acceso a los recursos del presupuesto nacional.

La situación de las mujeres hondureñas es cada día más precaria, las condiciones de pobreza y miseria hacen cada vez más difícil su vida, que sumado a las violencias que enfrentan en la cotidianidad procedente del entorno familiar,  del crimen organizado, de los cuerpos represivos del Estado hacen que la matria pase en un constante dolor.

• Según datos de la Corte Suprema de Justicia entre los años 2012 y 2013 se presentaron 42,030 denuncias de violencia doméstica, un promedio de 21,015 anual.  En el año 2013 las cifras de femicidios registrada por el Observatorio de la Violencia de la UNAH, fueron 636 casos, de los cuales únicamente ingresaron a los tribunales 140.  Es evidente el incremento de los femicidios de un año a otro, lo cual se ve reflejado en la tasa de muertes violencia de mujeres hondureñas que pasó de 2.7 en el año 2005,  a 14.6 en el 2013.  Si bien en Honduras se tipificó el femicidio a principios del 2013, al mes de abril del 2014 solamente un caso había sido sentenciado con esta figura legal y aproximadamente la morosidad  judicial en femicidio según datos de la Corte Suprema de Justicia  es de 60% y el grado de impunidad en el país según las organizaciones de mujeres es de 95%. 
• Las limitaciones para un efectivo acceso a la justicia siguen siendo las mismas, dentro de las más mencionadas por los y las  administradore(a)s de justicia desde hace un tiempo, están: Reducido personal certificado en métodos de investigación científica, falta de reactivos, balística y laboratorios,  déficit de materiales básicos para un buen manejo de la escena del crimen, limitado número de vehículos, extravío de pruebas, carencias de protocolos de investigación con estándares internacionales, relación desproporcionada entre el  número de agentes y el número de casos a investigar, alta rotación de personal, sentencias alejadas de un enfoque de género y con argumentos apegados a las convenciones internacionales, excesivo formalismo legal escrito y falta de garantías para la vida de los testigos protegidos.
• Si bien las tasas de crecimiento promedio de los presupuestos asignados a Seguridad y Defensa durante el período 2009 al 2013 ha sido de 10% anual, esto no ha impactado en la disminución de la violencia generalizada en Honduras, donde las más afectadas son las mujeres por la relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, siendo las mujeres adultas, jóvenes y niñas víctimas de los hombres. La violencia contra las mujeres se incrementa cada día tal como lo demuestran las cifras de los diferentes entes operadores de justicia.
• Mientras la inseguridad y la criminalidad contra las mujeres se incrementa,  los presupuestos de las diferentes instancias de justicia y de investigación dirigidas a las mujeres, no tienen un aumento significativo, es el caso de la  Fiscalía Especial de la Mujer que tiene un presupuesto que representa el 2% del total del presupuesto del Ministerio Público, mientras el resto de la fiscalía oscila entre 6 y 7 por ciento. Asimismo, los Juzgado Especializados en Violencia Doméstica representan únicamente el 0.98 por ciento del total del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia comparado con los otros Juzgados que oscilan entre 3, 8 y 12 por ciento, siendo la Violencia Doméstica  la primera causa de denuncias de delitos contra las personas a nivel nacional.
• Los recursos destinados a la  investigación delictiva representa sólo el  10.5% del presupuesto de Seguridad y Defensa, siendo la investigación delictiva uno de los obstáculos que se tiene para reducir la impunidad en el país y detener los femicidios.
• Tampoco miramos recursos asignados en el presupuesto para  las mujeres campesinas, indígenas y garífunas  de manera específica, siendo las más vulneradas al tener que enfrentar desalojos sistemáticos por parte de las fuerzas represivas del Estado, siendo obligadas en muchas oportunidades a migrar dentro o fuera del país.
• La distribución y uso de los recursos nacionales tienen implicaciones y repercusiones diferenciadas entre hombres y mujeres, de igual forma ocurre con las políticas fiscales implementadas por el gobierno. No es posible que se hayan creado leyes y políticas que favorecen a las mujeres como ser la Política Nacional de la Mujer, la Política de Derechos Humanos, la Ley de Violencia Doméstica, la figura legal del Femicidio en el Código Penal, entre otras, si no se asignan recursos para su implementación.

Por lo tanto exigen al Congreso Nacional y a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo, lo siguiente:

• La creación de un capítulo especial “De la Igualdad entre Hombres y Mujeres” en la Ley General de Presupuesto 2015, que permita colocar indicadores de género de manera obligatoria en los programas, proyectos y acciones implementadas por la administración pública.
• La asignación de recursos para la creación de tres  Juzgados Especializados en Femicidios en las ciudades con más incidencia de esta problemática, como ser San Pedro Sula, Cortés y La Ceiba.
• La asignación de recursos para la creación de tres Juzgados Especializados en Violencia Doméstica en las ciudades Comayagua, Ceiba y Yoro.
• El incremento en un 20% del presupuesto de la Fiscalía Especial de la Mujer.
• La asignación de recursos para la creación de una línea especial de investigación delictiva de crímenes contra mujeres.
• Asignar el 1% de los recursos que se recauden de la tasa de seguridad para impulsar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas.
• Asignar el 2% de los recursos de la tasa de seguridad para la implementación universalizada de las guías de educación sexual en el país, considerando que la educación es un factor importante para deconstruir la educación sexista que es la principal responsable de la cultura que sostiene la violencia hacia las mujeres y las niñas.
• Asignar al menos el 30% de los proyectos productivos y bono tecnológico implementado por la administración pública para las mujeres. Así como asignar recursos para el programa CREDIMUJER anteproyecto presentado recientemente en el Congreso Nacional  por las mujeres campesinas.

“PODER Y RECURSOS PARA LAS MUJERES”
“NOS QUEREMOS VIVAS, PAREMOS EL FEMICIDIO”
“LA TIERRA SE CUIDA Y SE DEFIENDE, POR NUESTROS CUERPOS , POR NUESTRAS VIDAS “
“Somos las nietas de todas las brujas que no pudieron quemar” y estamos orgullosas de su ejemplo.

Organizaciones firmantes:
Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Mesoamericanas en Resistencia por Una Vida Digna, Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras (CESADEH), Red de Mujeres contra la Violencia hacia las Mujeres de Intibucá, Red de Mujeres contra la Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Fundación Simiente, Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador y  Red de Mujeres de la Colonia Cruz Roja.

Fuente: CEM-H.