Sin enfoque de derechos humanos y sustentabilidad: no es viable la Agenda 2030

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DECA Equipo Pueblo, A.C. - Social Watch Mexico1/  
Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en México2,
con aportes especiales de: Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos,
Corporativa de Fundaciones, Elige Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos,
Freswater Action Network México, Hábitat para la Humanidad México,
Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM,
Save the Children, The Hunger Project México,
y  adhesión de otras organizaciones3

El informe de México analiza algunos desafíos para el logro de la Agenda 2030 en los planos nacional, estatal y municipal en los que la constante es la falta de enfoque de derechos humanos y de sustentabilidad en marcos normativos y de políticas públicas relacionados con temas que abarcan los ODS, y recomienda revisar, reformar y reorientar algunos de esos marcos, si se pretende seriamente generar condiciones de viabilidad para la Agenda, así como círculos virtuosos entre ODS y metas. Incluye también recomendaciones generales de la sociedad civil al gobierno mexicano sobre la importancia de la participación ciudadana en la discusión y el diseño del plan de implementación nacional, de los instrumentos y mecanismos de medición, seguimiento y revisión, así como el despliegue de mayores esfuerzos que aseguren una amplia difusión y apropiación social de la Agenda, punto de partida para “no dejar a nadie atrás”.

Las organizaciones del Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en México coincidimos con el Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 2030 ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN)4 en que garantizar presupuesto público, facilitar la participación de sociedad civil, e involucrar a los gobiernos subnacionales en el cumplimiento de la Agenda son retos clave de nuestro país. Pero a partir del análisis de la realidad nacional, del marco legal, institucional y de diseño y aplicación de políticas públicas también identificamos otros retos y obstáculos estructurales sobre los que formulamos recomendaciones, con el propósito de generar una  "alerta temprana" sobre la necesidad revisar, ajustar y mejorar ciertos marcos con enfoque de derechos humanos y sustentabilidad para generar condiciones de viabilidad para la implementación de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas en México.

La actual política en materia de alimentación y agricultura presenta retos que dificultan la implementación del ODS 2 y de sus metas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4., en un contexto nacional en el que 27.4 millones de mexicanos viven en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa5 mientras la principal estrategia, Cruzada Nacional contra el Hambre, atiende solamente a 7.01 millones de personas en pobreza extrema de alimentación y ha sido ineficaz por deficiencias de diseño e implementación. Por otro lado, aunque el 80% de los productores en México son de pequeña escala, la mayoría del presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación beneficia a los medianos y grandes agricultores, a la agricultura industrial, mientras se promueve el uso de agroquímicos y organismos genéticamente modificados. Las recomendaciones incluyen: diseñar una política nacional integral para promover el derecho a la alimentación y asignarle un rubro en el presupuesto público; crear una estrategia de implementación que vincule mínimamente a los ODS 1, 2, 5, 6, 8, 12 y 13 y otros compromisos internacionales relacionados a la nutrición; crear una política integral e intersectorial para aumentar la productividad agrícola, los ingresos de los pequeños agricultores y su acceso a mercados promoviendo el precio justo; asegurar la transparencia y el enfoque de derechos humanos y sustentabilidad en las alianzas entre gobierno y el sector privado; promover un marco institucional y legal que garantice la transición hacia la agricultura sustentable.6 

El marco jurídico en materia energética reformado en 2013 y 2014 entraña obstáculos estructurales para el ejercicio pleno de derechos humanos y el cumplimiento de varios ODS y metas, ya que da preferencia a las actividades de exploración y  explotación del petróleo y demás hidrocarburos “sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas”7, estableciendo para ello una serie de disposiciones legales, con instituciones y procedimientos específicos (como la determinación de servidumbres legales de hidrocarburos por vía administrativa o judicial8) favorables a los proyectos energéticos (públicos, privados, nacionales y trasnacionales) algunos de los cuales emplean técnicas tan nocivas como la fractura hidráulica o fracking, sujeta a prohibiciones o moratorias en otros países pero no en México, constituyendo una regresión en términos de la protección de derechos humanos y medio ambiente9, y a la vez comprometiendo seriamente la consecución del ODS 2, metas 2.3 y 2.4; ODS 6, metas 6.3, 6.4 y 6.6;  ODS 11, meta 11.a; ODS 12, meta 12.4; ODS 13 y sus metas; ODS 14, meta 14.2; y ODS 15, metas 15.1 y 15.5. Ante este escenario de indefensión se apela a la primacía de los derechos humanos y a que la actuación del Estado se apegue estrictamente al artículo 1° constitucional  que mandata la aplicación de los estándares más altos de derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar  los derechos humanos, así como de prevenir, investigar y sancionar  las violaciones.10

Por insuficiencias en el alcance y la aplicación de la política nacional de vivienda se identifican obstáculos para el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada y la implementación del ODS 1, meta 1.4 y del ODS 11, metas 11.1,  11.3 y 11.a. En un contexto en el que el suelo en las ciudades ha perdido su función social y su mercantilización ha sido extrema, se requiere la acción del Estado para: detener la especulación del suelo y de manera urgente dotar a las familias más pobres de suelo servido (con infraestructura y equipamientos); dotar a la política de vivienda y desarrollo urbano con instrumentos claros que permitan llevar a cabo acciones de prevención y atención para los asentamientos irregulares, la regularización de la propiedad y la posterior dotación de servicios; que la política de vivienda no siga apostando a la cantidad sin calidad; que se concreten líneas de acción para generar vivienda culturalmente adecuada a las comunidades indígenas; que se revise la línea de acción del programa sectorial sobre desincorporar la propiedad social para el desarrollo de la infraestructura del país por sus implicaciones directas sobre el derecho a la tierra; y que se adecuen reglas de operación y manuales de procedimientos de los programas de vivienda al marco normativo nacional e internacional.11

Los programas de prevención de obesidad e instalación de bebederos en las escuelas deben implementarse con mayor celeridad y rendirse cuentas sobre el presupuesto asignado a bebederos para los ejercicios 2015 y 201612, dado que México es el mayor consumidor de refrescos y agua embotellada del mundo y enfrenta serios problemas de salud pública en materia de sobrepeso, obesidad y diabetes, lo que desafía el cumplimiento de la meta 6.1 sobre acceso universal y equitativo al agua potable y de las metas 3.4 sobre reducción de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante prevención y tratamiento, y 3.d sobre reforzar la capacidad en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. Asimismo, la nueva Ley General de Aguas debe garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento y alinearse con el ODS 6, en particular fomentando la participación de las comunidades en la gestión de agua (meta 6.b), asegurar la calidad del agua (meta 6.3) y su sustentabilidad (meta 6.6).13

Las estrategias federales para reducir carencias sociales y prevenir el embarazo adolescente requieren modificaciones importantes si se busca que aporten al cumplimiento de los ODS: 4, meta 4.1 y 10, meta 10.3; y ODS 3, meta 3.7 y 5, meta 5.6, respectivamente. La fusión del Programa de Apoyo Alimentario con el Programa de Inclusión social PROSPERA creó una disparidad entre las poblaciones beneficiarias que aumentará la brecha de inequidad entre ellas, ante lo que se recomienda realizar los cambios necesarios que beneficien de manera prioritaria a las poblaciones más maginadas garantizando la disminución de brechas y con reglas de operación adecuadas y la asignación de presupuesto suficiente. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, aunque con varios aciertos, carece de reglas precisas para el ámbito operativo, no posee un enfoque que revise las causales socioeconómicas del embarazo adolescente, le falta claridad sobre el ejercicio y disposición del financiamiento con el que cuenta, no define con claridad un mecanismo de rendición de cuentas, y focaliza la salud sexual en los varones y la salud reproductiva en las mujeres; por tanto, se recomienda asegurar tres garantías para las y los adolescentes: contar con financiamiento justo, eliminar barreras de discriminación, y rendición de cuentas.14 

Se requieren medidas dirigidas hacia las personas jóvenes, en particular mujeres jóvenes y sus derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos que ayuden a superar las barreras adicionales con las que se enfrentan y que representan obstáculos para la disminución de la tasa de natalidad en adolescentes (ODS 3 y meta 3.7), tales como: insuficiente acceso a servicios de salud y salud sexual y reproductiva, falta de capacitación del personal médico, poca accesibilidad y disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos. También se necesitan eliminar todas las formas de violencia, incluyendo aquellas que a través de políticas o marcos legales las perpetúan y reproducen, como las 17 entidades federativas cuyas constituciones enmarcan condiciones para la criminalización de la interrupción del embarazo, exponiendo a las mujeres a abortos clandestinos e inseguros; o bien la falta de tipificación de muchas formas de violencia en nuestro país lo que hace imposible hacerles frente (meta 5.2) Por otra parte, hace falta garantizar la igualdad salarial (meta 8.5) y el acceso a empleos plenos, especialmente para quienes están por integrarse al campo laboral, y reducir así la proporción de jóvenes que no están empleados (meta 8.6); para lo que se recomienda impulsar modificaciones estructurales con participación de todos y todas dentro de un marco de derechos humanos y revertir los marcos legales que precarizan el empleo. La implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda 2030 tendrá que realizarse desde una perspectiva de derechos humanos, interculturalidad, juventudes y género.15  

En el mismo contexto de la salud sexual y reproductiva se recomienda para avanzar en el ODS 3 que se fortalezca el acceso al sistema de salud poniendo atención especial en alcanzar a mujeres pobres y adolescentes cerca de donde viven; contar con servicios no discriminatorios, como servicios de salud dirigidos y adecuados a las personas jóvenes, especialmente con relación a la salud sexual y reproductiva; abordar los factores subyacentes que ponen a las mujeres jóvenes en riesgo de muerte materna, poniendo atención especial en la violencia de género, la falta de educación e información, y la falta de nutrición y salubridad; garantizar que las mujeres puedan acceder a servicios de emergencia debido a complicaciones por aborto sin estar en riesgo de recibir una pena criminal. Vinculado al ODS 4 se debe trabajar hacia una educación integral en sexualidad, tanto en escuelas públicas como privadas. Y para favorecer el ODS 5 hace falta construir un ambiente justo, donde las niñas y jóvenes pueden crecer con igualdad de oportunidades, libres de violencia, coerción y discriminación.16

La política de drogas vigente, derivada del régimen de control y fiscalización de drogas consensuado por la comunidad internacional, ha tenido un impacto devastador en México, con índices de violencia (incluyendo muertes, desapariciones y desplazamiento), inseguridad y corrupción disparados, especialmente a partir de 2006, problemas señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)17, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales18, el Relator Especial sobre la situación de la tortura19 y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó México en octubre de 2015 y dio cuenta de la corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado, destacando que las enormes cantidades de dinero que movilizan los grupos del crimen organizado “está cooptando y corrompiendo instituciones clave”20. La estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, pero no se han desplegado verdaderos esfuerzos para desmantelar la red de corrupción que involucra al crimen organizado con agentes del Estado. Para reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad, así como poner fin al maltrato y la tortura en México, se debe revisar la política de seguridad encaminada al combate de la producción, distribución y consumo de drogas y poner en práctica políticas de control de drogas respetuosas de derechos humanos, con enfoques de salud y  perspectiva de género. Para avanzar en el ODS 16 también se debe cuidar que la meta 16.4 que incluye luchar contra todas las formas de delincuencia organizada se persiga siempre alineada a la 16.1 sobre reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad.21

Conclusiones y recomendaciones generales

Desde la adopción de la Agenda 2030 en ONU, la acción gubernamental en México ha estado centrada en cómo se va a medir su implementación, más que en la implementación misma, por lo que consideramos urgente que a la par de la definición de indicadores nacionales se comience a elaborar un plan nacional de implementación de la Agenda 2030 a través de un mecanismo participativo, en línea con el mandato del artículo 26 constitucional de planeación democrática del desarrollo nacional y para lograr la titularidad nacional de las estrategias y políticas de implementación a la que aspira la propia Agenda.22

Las organizaciones del Espacio de articulación solicitamos al nuevo Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible liderado por la Oficina de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Consejo Nacional de Población23 nuestra incorporación en el proceso de diseño de indicadores nacionales, lo que ha quedado como compromiso incluso en el informe voluntario de México al FPAN.

Desde la etapa de negociaciones intergubernamentales de la Agenda adelantamos recomendaciones24 en materia de indicadores para que los principios y estándares de derechos humanos guíen su construcción sobre todo a nivel nacional, donde deberán establecerse medidas apropiadas para identificar de forma específica los retos prevalecientes, considerando, como mínimo: (i) metodologías consistentes para el apropiado reflejo de los estándares de derechos humanos; (ii) procesos participativos, donde las voces de sociedad civil y academia proporcionan un referente experto y consciente de las problemáticas locales; (iii) establecimiento de mecanismos para la recolección de información con las desagregaciones necesarias para garantizar el principio de igualdad y no discriminación; (iv) identificación de interacciones entre metas para asegurar la integralidad de los derechos; así como (v) priorización de recursos necesarios para la fijación de niveles de progreso adecuados al marco de derechos.25  No puede olvidarse que la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos -no solo el 16- entrañan la aspiración de realización de los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras, por lo que en su implementación, generación de datos, medición, seguimiento y revisión no se debe avanzar fuera del marco de derechos ni simplemente ampliando la batería de indicadores generados para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Recomendamos aplicar el marco conceptual y metodológico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en materia de indicadores, y la metodología del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con base en las Normas y Lineamientos de la CIDH.26

El Estado también debe ser capaz de desarrollar un plan amplio, diverso, amigable y cercano a las personas para dar a conocer la Agenda 2030 y el rol de todas las partes para su exitoso alcance, al tiempo que se impulsa la coordinación estratégica y un proceso formativo y técnico de funcionarias y funcionarios públicos que se replique en lo estatal y municipal y abarque los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.27 Asimismo recomendamos el diseño participativo de una campaña de alcance nacional de información y sensibilización sobre la Agenda 2030 y su difusión en medios masivos de comunicación, espacios públicos, escuelas, centros de trabajo, transporte, entre otros.28

Finalmente, como parte de los siguientes pasos a nivel nacional, recomendamos la formalización de un mecanismo de diálogo y deliberación gobierno-sociedad civil en torno a  la implementación nacional de la Agenda 2030, que favorezca la participación y la  incidencia desde las fases iniciales de diseño de la estrategia nacional de implementación y del sistema de seguimiento, medición y evaluación, así como en las fases posteriores a lo largo del proceso de implementación y rendición de cuentas nacional, regional y global.29

Notas:

1 Coordinado por Areli Sandoval Terán, Coordinadora del Programa Diplomacia Ciudadana, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Social Watch México de DECA Equipo Pueblo, A.C., organización miembro del Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en México. Contacto: arelisandoval@equipopueblo.org.mx

2 El Espacio de articulación está conformado por más de 50 organizaciones y redes en México. Más información se puede consultar en el sitio: http://agenda2030equipopueblo.org.mx/

3 Se adhieren a este informe: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM; Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C. (CECIG); Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo (CIPE) / Observatorio Género Violencias y Derechos Humanos; ChildFund México; Ensamble Social; Espacio Autónomo A.C.; Espolea A.C.; Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. (MEXFAM); Global Water Watch México; Incidencia Civil en la Educación; Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, INCIDE Social A.C.; Pensamiento y Estrategia Social A.C.; Red Global de Acción Juvenil, GYAN México A.C.; Tomala.mx. 

4 Publicado a mediados de mayo en la Plataforma de Conocimiento sobre Desarrollo Sostenible / Sustainable Development Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016/mexico

5 CONEVAL. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2014. México, 2015 p. 19. Disponible en: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/IEPDS_2014.aspx

6 Aporte de The Hunger Project México (THP) www.thp.org.mx; contacto: Ana Lucía Márquez Escobedo <analucia.marquez@thp.org>

7 Artículo octavo transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia energética de diciembre de 2013, y artículo 96 de la Ley de Hidrocarburos de agosto de 2014.

8 Ley de Hidrocarburos, artículo 96,  primer párrafo.

9 Más información en: “El fracking en la explotación de hidrocarburos no convencionales: amenaza para los derechos humanos, amenaza para la vida”, en: Impacto social y ambiental del fracking. Senado de la República y Alianza mexicana contra el fracking, México, 2014. Disponible en: http://www.nofrackingmexico.org/libro.pdf

10 Aporte de DECA Equipo Pueblo, A.C. www.equipopueblo.org.mx y Alianza mexicana contra el fracking http://nofrackingmexico.org/;  contacto: Areli Sandoval Terán <pueblodip@equipopueblo.org.mx>  

11 Aporte de Hábitat para la Humanidad México http://www.habitatmexico.org/; contacto: Mario Rivera <mrivera@habitatmexico.org>

12 Más información en: http://alianzasalud.org.mx/

13 Aporte de Freshwater Action Network México (FANMex) http://www.fanmexico.net/; contacto <nathalieseguin@fanmexico.net>

14 Aporte de Save the Children https://www.savethechildren.mx/; contacto: Mario Téllez <mario.tellez@savethechildren.org>

15 Aporte de Elige Red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos http://www.eligered.org/; Contacto: Claudio Frausto Lara <claudio@eligered.org>

16 Aporte de Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud http://www.redbalance.org/; contacto: Mariana Mancilla <jovenes@redbalance.org>

17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15, 31 diciembre 2015, p. 31.

18 Informe del Relator Especial sobre las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de
2014, p. 5.

19 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014, p.  6.

20 Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, p. 3.

21 Aporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) http://cmdpdh.org/; contacto: Olga Guzmán <incidencia@cmdpdh.org>

22 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (Distr. general 21 de octubre de 2015), apartado sobre Medios de implementación, párrafo 63.

23 El trabajo del CTEODS está comenzando, mientras tanto, en el sitio http://agenda2030.datos.gob.mx/ , iniciativa del Gobierno de la República, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se encuentra a prueba un conjunto de indicadores de inclusión social y una plataforma piloto para el seguimiento de los ODS.

24 Las propuestas en materia de indicadores, seguimiento y revisión presentadas al equipo de negociadores de la Cancillería mexicana en 2015 constan en los documentos disponibles en el sitio http://agenda2030equipopueblo.org.mx/ sección Posicionamientos dentro de Campaña Beyond 2015.

25 Aporte del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM) http://www.pudh.unam.mx/; contacto Laura Elisa Pérez <lauraelisaperez@yahoo.com.mx>

26 Reiterado en la intervención de Areli Sandoval Terán en el panel: "Lecciones aprendidas de los ODM y nuevos retos para la generación de datos desagregados sobre la medición de los ODS" en el “Día nacional: Implementando la Agenda 2030 con perspectiva de inclusión social y económica” organizado por el gobierno mexicano en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de su XXXVI periodo de sesiones que tuvo lugar del 23 al 27 de mayo de 2016 en la Ciudad de México.

27 Posicionamiento Institucional de Corporativa de Fundaciones, A.C. http://www.cf.org.mx/ sobre el Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional a presentarse en el FPAN; contacto: Karol Arámbula <karol@vivirparacompartir.org>

28 Documento de recomendaciones del Espacio de articulación de sociedad civil para el seguimiento de la Agenda 2030 en México ante el Reporte de México al Foro Político de Alto Nivel, entregado a la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores el 22 de junio de 2016.

29 Ibídem.


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