Informes elaborados por los interesados: «El camino se presenta difuso y lleno de obstáculos»

Por Roberto Bissio, Social Watch

Cuando se consulta a grupos y coaliciones de la sociedad civil del mundo entero asociadas a Social Watch acerca de cómo los países están aplicando la Agenda 2030, por lo general concuerdan en que los gobiernos reconocen el peso político del nuevo consenso internacional. El informe de Chipre, elaborado por el centro de investigación y desarrollo CARDET, es el único donde se identifica la naturaleza no obligatoria del acuerdo en tanto posible excusa para promover «una inercia prolongada y establecida por parte del gobierno».1 Si bien en diferentes países se identifican muchas otras dificultades de naturaleza diversa, es evidente que la mayoría de los gobiernos creen en la importancia de la Agenda 2030. A su vez, los ciudadanos se están organizando de diferentes formas para exigir que se rindan cuentas sobre la consecución de las promesas realizadas.

¿Promover el crecimiento o cuidar el planeta?

“Con referencia a la Agenda 2030, hay avances y retrocesos», escribe Héctor Béjar en nombre de la coalición Social Watch de Perú. “Creció el PIB pero también la desigualdad. La riqueza continuó concentrándose en las mafias que explotan el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando; y siguió saliendo del país en forma de utilidades de las empresas extranjeras que gozan de menores impuestos que los nacionales. (…) Ha disminuido la pobreza monetaria medida como gente que vive con menos de 1,25 dólares al día, (…) pero ha aumentado hasta niveles críticos la pobreza multidimensional”. Si bien la mortalidad materna e infantil han decrecido, “se han mantenido la anemia de las mujeres y los niños, los embarazos no deseados y prematuros de las adolescentes y las muertes por aborto y hemorragia posparto”.

En Perú, como en muchos otros países, se aprecia el dilema del crecimiento contra el planeta: desde comienzos del siglo, atraviesa un sostenido crecimiento económico por la elevación de los precios del oro, el cobre y otros productos exportados por las empresas transnacionales que operan en el país. El crecimiento del PIB se ha logrado a un alto costo ambiental y con una fuerte polarización social entre las empresas mineras, pesqueras y madereras, por un lado, y las poblaciones locales, por el otro. Como consecuencia, Perú figura en la lista de los diez países con mayor número de conflictos ambientales en el mundo.

Pakorn Lertsatienchai, Ranee Hassarungsee, Tatikarn Dechapong y Pattraporn Chuenglertsiri, de la coalición Social Watch en Tailandia, describen una situación muy similar: en aras del desarrollo, se extraen y explotan los recursos locales de muchas maneras, entre ellas las instalaciones de extracción de petróleo, la deforestación, la compra de tierras a gran escala, la gestión del agua, e incluso el turismo. En los planes para el desarrollo del Golfo de Tailandia se incluye la construcción de polígonos industriales, puertos de aguas profundas, varias plantas de energía nuclear y de carbón, la fabricación de acero y otras industrias. Quienes viven en el área de estudio expresaron su enojo al decir que “además de valernos por nosotros mismos y nuestra familia, que ya es muy difícil, tenemos que luchar contra los capitalistas, las autoridades y el Estado, que apoya a los capitalistas”.

En Hungría, esta contradicción entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible se manifiesta en la Estrategia Marco Nacional de Desarrollo Sustentable (NFSSD por sus siglas en inglés) 2012-2024, publicada en 2013. Esta estrategia adoptó el término “buen vivir”, acuñado en América Latina, y promueve el “desacoplamiento» del crecimiento económico y la destrucción del medio ambiente”. Sin embargo, Matyas Benyik de ATTAC Hungría, comenta que hasta ahora no ha habido una reducción de la carga ambiental mundial en términos absolutos (ya se perdió alrededor del 90% de la diversidad de los ecosistemas naturales del país) y que socialmente la estrategia enfrenta el problema de una población que decrece rápidamente, con el aumento de la pobreza y la exclusión social, factores a su vez vinculados con servicios de salud y educación deficientes.

El dinero fluye hacia arriba pero no hacia abajo

En el otro extremo, el crecimiento demográfico es un gran problema en Jordania, donde la alta tasa de fecundidad (la población creció 3,86% en 2014) y la afluencia de un millón de refugiados sirios agudiza el deterioro de la calidad y cantidad de los recursos hídricos mal administrados en uno de los países con mayor necesidad de agua del mundo.

Sin embargo, Ahmad Awad, del Centro Phenix de Estudios Económicos e Informáticos, señala la “falta de buena gobernanza” como el principal obstáculo para la consecución de los ODS en Jordania. “La participación política, la libertad de prensa, la condición de las mujeres y el papel de la sociedad civil siguen siendo desafíos a superar”.

Sin embargo, en el informe de Bangladesh, elaborado por EquityBD con aportes de Sinergy Bangladesh y Unnayan Shamannay, se afirma que “desde la década de los noventa, cuando se restableció la democracia y se realizaron reformas económicas fundamentales, la economía ha tenido un crecimiento impresionante, y el país ha logrado destacados avances en la educación, la salud y la equidad de género”. La tasa de pobreza de 56,7% para 1991-1992 se redujo a 31,5% en 2010. Sin embargo, sigue siendo una cifra muy alta, y con un déficit público del 5% del PIB, resulta imposible erradicarla en quince años sin contar con apoyo internacional. Solo en lo que refiere al cambio climático, en 2011 se estimó que el costo anual directo que enfrentó Bangladesh por desastres naturales en los diez años anteriores fue de entre 0,5% y 1% del PIB, más otros 5.700 millones de dólares en costos de adaptación, ya que para el año 2050 se prevé un mayor riesgo de ciclones e inundaciones monzónicas al interior del país.

Si bien su responsabilidad por el calentamiento global o cambio climático es mínima o prácticamente inexistente, Bangladesh es uno de los países más afectados por este fenómeno. Para los bangladesíes, es claro que “los fondos, así como también la tecnología y el apoyo necesario para fortalecer capacidades, deben venir de aquellos países históricamente responsables del cambio climático”. Pero éste no ha sido el caso. Bangladesh necesita asistencia extranjera por un monto de al menos 3.000 millones de dólares anualmente, pero entre 1990-1991 y 2013-2014 solo recibió en promedio 1.740 millones de dólares por año por concepto de AOD.

Además, Bangladesh tiene un alto nivel de flujos financieros ilícitos (IFFs por sus siglas en inglés) enviados a otros países que suelen ser naciones desarrolladas. Se estima que en 2013, estos flujos alcanzaron el 7 % del PIB, suma once veces superior a la asistencia extranjera percibida ese año. El Banco Central de Suiza observó que, si bien en general los flujos financieros ilícitos hacia el país están disminuyendo, la salida de fondos desde Bangladesh sigue en aumento.

Malta es uno de los paraísos fiscales donde se canalizan los flujos ilícitos provenientes de países pobres o empobrecidos. En 2015, el país alcanzó el lugar 27º en la lista elaborada por el Índice de Secreto Financiero de paraísos fiscales. J. M. Sammut, de la ONG maltesa Kopin, sentencia que la evasión fiscal y el lavado de dinero son “las dos causas principales de la pobreza y la injusticia en el mundo”. Recientes casos de corrupción “exponen el uso de Malta como paraíso fiscal por parte de empresas que no pagan tributo alguno en países con altos índices de pobreza y desigualdad, como Angola y Brasil. Estas empresas están legalmente autorizadas a evadir el pago de impuestos en sus países de origen, siempre que paguen un pequeño porcentaje en un país desarrollado, en este caso, Malta”. Ya que el principio de la tributación redistributiva es fundamental para el bien común y la construcción de sociedades equitativas y justas, se insta al gobierno, como parte de la estrategia de la Agenda 2030, “a hacer todo lo necesario para sancionar duramente a los evasores de impuestos”.

Suiza ocupa el primer lugar en el Índice mundial de Secreto Financiero calculado por la Red de Justicia Fiscal. Además, en el informe de Social Watch Suiza, elaborado por Eva Schmassmann y Jürg Staudenmann en representación de la ONG Alliance Sud, se sostiene que el país “no posee una estrategia para detener el flujo de dinero fiscal proveniente de países en desarrollo”. ( ... ) Los bancos suizos tenían 2,3 billones de francos suizos por concepto de depósitos extranjeros y en tanto paraíso fiscal, Suiza alberga la sede de cientos de empresas transnacionales y es responsable de la salida de las fortunas privadas de países en desarrollo, así como del traspaso de los beneficios empresariales obtenidos en países del Sur. Las políticas fiscales y financieras de Suiza facilitan una carrera mundial a la baja, lo que reduce aún más la tributación empresarial mundial y obliga a muchos estados a recortar sus presupuestos aún más”. Alliance Sud concluye que el modelo de negocios de Suiza seguirá estando en contradicción con los objetivos de la Agenda 2030 mientras que “se apliquen únicamente los requisitos mínimos de transparencia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20”, y dice además que el país debe “promover la transparencia fiscal en la contabilidad financiera de forma proactiva, así como la elaboración de informes empresariales: ambas medidas beneficiarían también a los países en desarrollo”.

En los informes de los países de este año se mencionan con frecuencia los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, Social Watch Filipinas escribe que “son empresas quienes regulan el desarrollo en Filipinas, con la ayuda de políticas de gobierno y de asociaciones público-privadas (APP)”. Las empresas controlan los puestos de mando “entregados por el gobierno” en áreas como la tierra, el agua, la electricidad, el transporte y la comunicación, la banca y las finanzas, los medios de comunicación, escuelas, hospitales, deportes y entretenimiento. Están al frente de una economía basada en combustibles fósiles y se quedan con la mayor parte de la riqueza e ingresos de la nación. Son beneficiarios de los incentivos fiscales y también pueden ser responsables de los flujos financieros ilícitos que se traducen en miles de millones de ingresos no percibidos.

En Argentina, a fines de 2015, el presidente Mauricio Macri comenzó a realizar cambios drásticos en las políticas económicas, incluyendo un recorte permanente de los impuestos a la exportación que los economistas Joseph Stiglitz y Martín Guzmán llaman “un gran traspaso a los ricos, lo que entraña un enorme costo para los trabajadores comunes. Sin importar la consecuente mejora en la eficiencia, no se pueden ignorar las consecuencias distributivas e implicancias para el desarrollo de dichas medidas”.2

Según el informe de Social Watch Argentina, elaborado por Valeria Chorny, Bárbara García y Vilma Paura de FOCO, y Luna Miguens, Leandro Vera Belli, Santiago Sánchez y Eduardo Reese de CELS, estos cambios incluyen “la devaluación de casi el 60% del peso, la reducción o eliminación de los impuestos a la exportación y la eliminación de los controles y la reducción de los impuestos sobre los bienes de lujo. El resultado fue un aumento de la inflación y un traspaso masivo de recursos a los poderosos. Además, la liberalización de las importaciones, la reducción de los créditos a pequeñas y medianas empresas y el aumento de las tasas de interés (para frenar el aumento del valor del dólar) constituyen el principal obstáculo para el sistema de producción de mediana y pequeña escala que genera la mayoría de los puestos de trabajo”.

Escándalos y más escándalos

En Guatemala en 2015, cientos de miles de manifestantes pacíficos obligaron a renunciar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de organizar una red de corrupción del más alto nivel. “Fue una victoria de la sociedad civil movilizada, que fue posible por la acción de los fiscales nacionales y el apoyo de la comunidad internacional a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad, un órgano ad hoc de las Naciones Unidas en Guatemala para fortalecer el sistema de justicia y luchar contra los organismos paralelos y procedimientos ocultos dentro del Estado”, informan Helmer Velásquez y Arlyn Jiménez de Congcoop.

“La tarea social de la reforma del Estado está en sus inicios e implicará un largo proceso para fortalecer las instituciones públicas y al mismo tiempo encontrar soluciones a los siglos de privación padecidos por las poblaciones indígenas mayoritarias”, comenta la coalición Social Watch Guatemala.

Este proceso ha sido inspirador para la región de América Central. En Honduras surgió un nuevo movimiento social con el fin de luchar contra la corrupción. El movimiento está conformado por diferentes organizaciones sociales al margen de los partidos políticos y la sociedad civil institucionalizada. A través de varias manifestaciones de los “indignados” se exigió la creación de una comisión de investigación con apoyo internacional similar a la de Guatemala.

Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer, destaca en el informe para Social Watch la necesidad de tener una mejor auditoría social en Honduras: El año pasado, los grupos de defensa de la mujer lograron que el presupuesto incluyera artículos para la asignación de partidas presupuestales específicas para cuestiones de género. Sin embargo, dichos artículos aún no se han puesto en práctica. Del mismo modo, aunque se aprobaron leyes para institucionalizar Credimujer, un programa de préstamos para las mujeres rurales, no se aprobó presupuesto alguno para la implementación del mismo. La ley establece que el 5% de las transferencias a los municipios debe destinarse a programas y proyectos dirigidos a las mujeres. Sin embargo, esos recursos se han canalizado al programa “Vida mejor” de la primera dama.

A nivel mundial, los “Documentos de Panamá” pusieron de relieve el tema de la corrupción, la evasión fiscal y el lavado de dinero en el plano internacional, pero la indignación no siempre conduce a tomar las medidas necesarias. En la República Checa, por ejemplo, se ha informado que «el gobierno recibe con beneplácito la reforma de las normas y estándares fiscales mundiales que afectan sobremanera la capacidad de los gobiernos de recaudar impuestos y que evitarán la transferencia utilitaria de los beneficios a países con impuestos más favorables”. Sin embargo, en el informe nacional de Social Watch, editado por Tomáš Tožička, se alerta que si bien el gobierno checo está de acuerdo con la participación de los países en desarrollo en las negociaciones sobre temas fiscales, indica que “no está a favor de la iniciativa que busca promover y extender el mandato actual del Comité de Expertos en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas” para crear una autoridad intergubernamental en materia fiscal. Si bien el Ministerio de Finanzas apoya la adopción del intercambio automático de información “con la mayor cantidad posible de jurisdicciones”, no se menciona explícitamente la participación de los países en desarrollo. Si bien es cierto que la lucha contra la evasión de impuestos es una de las prioridades del gobierno, se le presta poca atención a la evasión fiscal de las grandes empresas.

“Uno de los grandes desafíos para la efectiva implementación de las medidas necesarias para cumplir los ODS es lograr financiamiento del Estado, por lo que se requiere una reforma fiscal justa, que permita la ejecución de los programas sociales”, se indica en el informe de El Salvador. En los últimos tres años, diversas organizaciones de la sociedad civil de ese país han dado a conocer la necesidad de alcanzar la justicia fiscal a través de diferentes propuestas que incluyen el control de la evasión de impuestos, que en 2013 fue de aproximadamente 28% de todos los tributos debidos.

Mientras que algunos países padecen una evasión fiscal masiva, otros ni se molestan en imponer los tributos necesarios. Guatemala, por ejemplo, tiene los ingresos públicos más bajos de la región, con un 11% del PIB. La situación es aún peor a causa de los mecanismos legales que otorgan privilegios y exenciones tributarias, y del sistema financiero paralelo que facilita el fraude fiscal y la evasión de impuestos. Es necesario cubrir el déficit presupuestario que se genera a través del endeudamiento. El gasto social no es prioritario, y mientras que los pequeños agricultores reciben anualmente apenas 141,49 dólares per cápita por concepto de ayuda total, más del 9% del presupuesto se destina a la policía y los militares.

En Paraguay, Verónica Serafini Geoghegan, de Decidamos, informa que los escasos ingresos son consecuencia de una negociación implícita -y a veces explícita- en la que nunca se cumplen los derechos de los ciudadanos (salud, educación, vivienda, seguridad, etc.) y se vuelve imposible la lucha contra la desigualdad, la corrupción y la alta prevalencia de la pobreza masiva. Una vez más, el endeudamiento es el mecanismo utilizado para financiar la infraestructura. Se construye caminería que beneficia principalmente a los grandes exportadores agrícolas. Cuando el Banco Mundial y el FMI advierten sobre la insostenibilidad de la deuda, se plantean las asociaciones público-privadas (APP) como una solución. El problema, según se establece en el informe de Paraguay, es que terminan generando pasivos para el Estado que no fueron aprobados en una ley de presupuesto . “Las APP carecen de transparencia y las garantías gubernamentales en los proyectos privados nunca están debidamente registradas. Todo esto conduce ineludiblemente al aumento de las desigualdades en el futuro”.

Desigualdades

Las desigualdades, con frecuencia vinculadas a sistemas fiscales injustos y otras asimetrías estructurales en el poder y el acceso a los recursos, constituyen un obstáculo identificado en muchos informes nacionales. Incluso en Finlandia, uno de los países con mejor distribución del ingreso en el mundo, ONG nacionales agrupadas en KEPA informan a Social Watch que el ODS 10 será “un reto”, ya que “la desigualdad en los ingresos se ha duplicado en los últimos diez años”. En consecuencia, “reducir la pobreza a la mitad para el año 2030 exigirá un gran esfuerzo, ya que el 17% de la población se considera en riesgo de sufrir pobreza y exclusión social”.

Kenia enfrenta aún hoy las desigualdades arraigadas desde la época colonial. En el informe para Social Watch, elaborado por Edward Oyugi (Sodnet) y Oduor Ongwen (SEATINI), se explica esto: “La lógica fue la siguiente: tras la distribución regional de las denominadas actividades económicas de alto potencial se necesita una política de desarrollo. Esto llevó a que todos los recursos para el desarrollo se destinaran a las áreas verdes del país, ya que la agricultura sigue siendo el principal motor de las economías coloniales y post coloniales. De ello se desprende que las buenas carreteras, las escuelas de calidad y bien equipadas, mejores servicios de salud y todo el peso estructural de la hegemonía burocrática del Estado sentaron las bases y la justificación para una distribución desigual de los recursos y servicios públicos básicos, lo cual dio lugar a un desarrollo desigual en general y a inequidades profundamente arraigadas en todos los ámbitos. En su conjunto, estos factores dan cuenta de los marcados niveles de desigualdad que escapan a la atención de las instituciones multilaterales de Washington que evalúan periódicamente el desempeño económico del país”.

Se advierte una situación similar en el informe de Tailandia. “La autosuficiencia de la comunidad ha disminuido en las zonas rurales, lo que se suma a la pérdida de recursos locales que son la base fundamental de la vida y los medios de producción. A medida que la agroindustria se fortalece, los agricultores pasan a ser empleados o incluso trabajadores eventuales en su propia tierra. Las industrias mineras y extractivas excavan los recursos de la tierra a través de empresas transnacionales. Los habitantes de zonas rurales constituyen una importante reserva de mano de obra que percibe menos del salario mínimo, carece de seguridad laboral y es fácilmente reemplazable”.

Se explica además que “los actuales planes de desarrollo gubernamentales requieren grandes proyectos para facilitar la prestación de recursos, combustible, energía y transporte para el sector industrial y las zonas urbanas. Todo esto conducirá a una degradación a largo plazo por la explotación de la mano de obra y el daño causado al medio ambiente. En cuanto a la mano de obra, las familias no tienen los medios ni el apoyo necesarios para criar a la próxima generación de trabajadores calificados y ciudadanos bien informados. Los niños están perdiendo la capacidad de aprender ya en sus primeros años de vida, por lo que tienen dificultades para mejorar sus habilidades. En cuanto al medio ambiente, la industria extractiva obtiene recursos pero a costa de la degradación ambiental y de conflictos en la comunidad; la agroindustria agota el suelo a un ritmo tal que es muy difícil que el mismo se recupere con rapidez. Los pequeños agricultores reproducen un ciclo de anulación biofísica (uso intensivo de sustancias químicas para mantener la productividad) y de desmonte de tierras, lo que lleva a la invasión de las tierras forestales”.

“Las relaciones sociales para el desarrollo pasaron a ser relaciones de valor”, concluye el informe. “La política del Estado del Pueblo (Pracha-Rath), irónicamente, ha construido una agenda compartida entre el gobierno y el complejo industrial y empresarial, permitiendo así que los intereses industriales y empresariales sean los principales motores del desarrollo en lugar de la sociedad y los ciudadanos”.

En Filipinas, “la geografía económica del país ilustra la desigualdad del desarrollo y de la distribución de la riqueza y el ingreso. Las ciudades principales absorben la mayor parte de los recursos. La Gran Manila, junto a las lindantes Luzón y Calabarzón, representan entre 50% y 66% del PIB. Estas regiones se enriquecen cada vez más a costa de regiones como Bicol, las Visayas del Este, el Valle del Cagayán, y Mindanao. No resulta extraño, entonces, que los pequeños ahorros depositados en bancos rurales lejanos terminen en las bóvedas o libros contables de los grandes bancos en la Gran Manila, para luego otorgarse en crédito a prestatarios que prefieren invertir en zonas con un alto grado de desarrollo”.

En Honduras, de los ocho millones de habitantes, 2,2 millones son mujeres rurales. Dos tercios de ellas están sumidas en la pobreza y más de un tercio viven en la pobreza extrema por la falta de acceso a la tierra (solo lo tiene el 12%) o al crédito (solo el 11% lo recibe). La tierra se concentra en manos de los exportadores agrícolas, mientras que los pequeños agricultores tienen, en promedio, menos de dos hectáreas. No es de extrañar que en un contexto de extrema desigualdad, Honduras también tenga el mayor número de homicidios de los países que no están en guerra, con 90 muertes por cada 100 mil habitantes en 2014. La cifra se redujo a 68 en 2015, pero este “éxito” se atribuyó principalmente a un fallo reciente por el que todos los registros de muertes que realiza la policía son confidenciales.

Estados Unidos es uno de los países con mayor desigualdad de los países miembros de la OCDE. Si bien el crecimiento económico parece haberse recuperado más rápidamente de la crisis mundial de 2008 que en Europa, en el informe para Social Watch se advierte que “el 95% del crecimiento en los ingresos generado a partir de la recuperación fue al 1% de personas más adineradas”.

Estas disparidades que persisten pueden ser más marcadas al comparar según raza o género. En 2013, la brecha de riqueza entre blancos y negros alcanzó su punto más alto desde 1989: el ingreso de los hogares blancos era en promedio trece veces superior al de los hogares negros. En cuanto a las mujeres, la participación en la mano de obra no registra aumentos en el grupo principal con edad de trabajar desde 2000, una situación que afecta solo a Estados Unidos en tanto una de las principales economías avanzadas. La tendencia podría explicarse en parte por la falta de políticas que favorezcan a las madres.

Es claro que hay que tomar medidas con respecto a los salarios y la política de empleo. En este frente hay algunas buenas noticias: acaba de entrar en vigencia una normativa establecida en la ley de reforma financiera aprobada en 2011 y cuestionada por el sector empresarial que obliga a las empresas a revelar la relación entre los salarios de empleadores y trabajadores.

Si bien la política fiscal federal de Estados Unidos tiene algunas inclinaciones progresistas, todos los estados del país imponen tasas impositivas efectivas más altas a las familias pobres que a las más ricas. Algunos sostienen que se trata de la estrategia de “esquilmar a los pobres”, que consiste en sumir a las familias de bajos ingresos aún más en la pobreza y que así aumente la probabilidad de que recurran a los programas de protección social, que de por sí carecen de fondos suficientes..

A nivel mundial, para cumplir con su responsabilidad de reducir la desigualdad entre países, es claro que Estados Unidos tendrá que rediseñar su política económica de forma radical. La utilización de tratados de comercio e inversión -de los cuales el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) son las expresiones más recientes- ha presentado la concentración de ganancias en un conglomerado de empresas estadounidenses que dominan la marca, la comercialización y el diseño de la propiedad intelectual en varias cadenas de valor. También fue fundamental en este caso la deficiente regulación financiera que dio lugar a que las pérdidas en tiempos de crisis se socializaran, al tiempo que aumentó la privatización de los beneficios en tiempos de bonanza.

Violencia y conflicto

No sorprende que los conflictos actuales sean el principal obstáculo para el desarrollo sostenible identificado por coaliciones de la sociedad civil en Sudán, Palestina y Afganistán . En Sudán, la principal prioridad que se menciona en el informe escrito por Madani Abbass Madani y Niemat Kuku Mohamed es “la construcción de la paz, la resolución de conflictos y la justicia de transición a través de la participación de las mujeres en los campamentos de desplazados internos y mujeres a nivel de base en las zonas afectadas por la guerra”.

El informe de Palestina, elaborado por el Monitor de Políticas Sociales y Económicas (al Marsad), establece inequívocamente que “la ocupación (israelí) es el principal factor que impide que los palestinos logren cualquier tipo de avance o justicia para su pueblo”. Sin embargo, la sociedad civil palestina es también crítica de sus propias autoridades: “Por otro lado, las políticas de desarrollo de la Autoridad Palestina presentan todavía problemas estructurales, ya que se construyen sobre la base del crecimiento y la inversión, y no del desarrollo y la justicia. La brecha en la igualdad de género sigue siendo marcada debido a las leyes y normativas que restringen la capacidad de las mujeres de trabajar fuera de casa. Existe una falla fundamental en la justicia en la recaudación de impuestos y la distribución de servicios, ya que la misma recae en ciudadanos y empleados, a la vez que favorece a grandes empresas e inversores”.

En Afganistán, explica Abdul Sami Zhman de Cooperación para la Paz y el Desarrollo (CPD), se añadió “la paz y la seguridad” como noveno objetivo a los ocho ODM “para reconocer el papel fundamental de la paz y la seguridad en la consecución de los restantes ODM”. Después de perder más de dos décadas por la guerra, el gobierno decidió modificar el calendario y puntos de referencia mundiales y se propuso alcanzar sus ODM en 2020 en lugar de en 2015. En un país que depende en gran medida de la ayuda extranjera para brindar todos sus servicios sociales, “esta discrepancia entre el calendario mundial y el local ha creado confusión, y genera el riesgo de que se pierda de vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Sin embargo, para algunos los conflictos implican una buena oportunidad de negocios. En el informe de República Checa se estima que “a partir de 2001, la exportación de armas y equipo militar aumentó de forma constante, alcanzando un valor récord de 487 millones de dólares en 2014. Además de las ventas de armamento remanente de la Guerra Fría, el crecimiento de las exportaciones también refleja la reactivación de la industria de armamento con respecto a los años noventa. Este crecimiento en la producción y exportación de armas se produce en gran medida para armar a países no democráticos y dictatoriales”.

En Italia, en el informe elaborado por Soana Totora, Jason Nardi y Tommaso Rondinella se denuncia que las exportaciones de armas se triplicaron en 2015, “llegando a un récord de más de 8.200 millones de euros en ventas desde la Segunda Guerra Mundial, incluso a países en guerra, a pesar de las leyes nacionales que prohíben esto explícitamente”.

Cientos de miles de personas arriesgan la vida todos los días para escapar del conflicto y la dictadura en Siria. Este movimiento de personas se percibe como una “crisis de refugiados” en Europa y ha tenido un enorme impacto en los países vecinos, si bien el mismo no ha sido tan ampliamente difundido. Jordania acoge actualmente a más de 1,3 millones de sirios y la comunidad de refugiados sirios constituye el 20% de la población que vive en Jordania, al punto que en algunas zonas del norte del país los jordanos son ahora una minoría local. Esto genera “una gran presión para la economía jordana, las comunidades de acogida, la posición fiscal y los servicios públicos”, que no recibieron un mayor apoyo de la comunidad internacional.

En el informe sobre el Líbano, elaborado por la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND, por sus siglas en inglés), se concluye que “a pesar de la falta de datos estadísticos precisos sobre los refugiados sirios en el país, se pueden sacar algunas conclusiones: el impacto negativo en el medio ambiente, el alto grado de incertidumbre y su impacto negativo en la inversión, la fuga de cerebros, la degradación de la infraestructura, la inestabilidad política, la amenaza a la cohesión social y las actitudes xenófobas y racistas que van en aumento, la presión sobre el mercado de trabajo, etc. Estos factores deben tenerse en cuenta al planificar y adoptar una respuesta integral y adecuada a la crisis”.

La comunidad internacional, los donantes estatales y no estatales, y los organismos de ejecución no están cumpliendo con los compromisos asumidos en las conferencias internacionales. Según ANND, esto se debe a que “no confían en la integridad y la capacidad de las instituciones libanesas para manejar la situación. La crisis política del Líbano está dañando su reputación en tanto democracia con mecanismos de rendición de cuentas eficaces. De hecho, esta realidad es el principal argumento que esgrimen los actores internacionales para eludir el sistema nacional que socava el principio de propiedad nacional. Esto a su vez provoca una falta de coordinación y de coherencia en las políticas, el desperdicio de recursos y energía, la falta de transparencia y un impacto a corto plazo limitado”.

De forma similar, Svetlana Aslanyan del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, asociada armenia de Social Watch, informa que el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán “ha generado incertidumbre y reticencia en la comunidad internacional a la hora de invertir en el país. Desde su independencia de la Unión Soviética en 1991, más de un millón de personas, casi un tercio de la población, abandonó el país, principalmente en busca de trabajo”.

En la República Dominicana, cientos de miles de inmigrantes han llegado del vecino Haití. Luego de la fuerte tensión vivida en los últimos años, Ruth Paniagua, de la Fundación Étnica Integral, informa que “en 2014 y 2015, el gobierno instituyó un proceso de regularización de inmigrantes que beneficiaba a 288.000 inmigrantes indocumentados (alrededor del3 % de la población total), permitiéndoles acceder con normalidad a servicios básicos y al trabajo, lo cual a su vez ayudará a reducir la cantidad de personas en situación de pobreza”. En relación con su población, sería como si Alemania regularizara la situación de más de dos millones de refugiados. Además, implica el doble del esfuerzo para un país mucho más pobre que el país europeo que aloja, por lejos, el mayor número de refugiados.

¿Quién está a cargo?

En sus recomendaciones al gobierno de México para el primer año de aplicación de la Agenda 2030, las organizaciones de la sociedad civil exigen enfáticamente que se las incluya en la discusión y el diseño del plan nacional de aplicación y los instrumentos y mecanismos de medición, seguimiento y revisión. Destacan a su vez que en el primer año es necesario y deseable trabajar para garantizar una amplia difusión y apropiación de la Agenda 2030. Los funcionarios públicos a todo nivel deben estar familiarizados con la misma, así como también los ciudadanos, para quienes debe adquirir sentido, según se expresa en el compromiso de no dejar a nadie atrás.

A medida que la sociedad civil se organiza para defender y promover los ODS, la primera pregunta que suele aparecer es a quién dirigir sus opiniones y demandas. En Alemania, la canciller Ángela Merkel adoptó públicamente la Agenda 2030 como propia, por lo que todos los ministerios deben alinear sus programas con los ODS. Así comenzó un debate acerca de cómo “traducir” los objetivos internacionales y transformarlos en hechos en Alemania. Se trata, sin embargo, de una situación excepcional.

En España, Pablo Martínez Oses del Colectivo La Mundial señala la “reducción del espacio para la cooperación para el desarrollo. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni ningún otro organismo gubernamental ha tomado posición o medidas relacionadas con los retos que plantean los ODS”. En el informe para Social Watch se indica que “apoyar una Agenda 2030 orientada hacia la transformación, la igualdad y la transición a políticas que promueven la equidad y la sostenibilidad sería incompatible con las políticas dirigidas exclusivamente a la austeridad fiscal y la promoción de las exportaciones”.

En Canadá, el Centro Canadiense de Políticas Alternativas informa que “el recientemente electo gobierno liberal federal se comprometió a trabajar en pos de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 ‘tanto en casa como en el extranjero’. Sin embargo, este gobierno hereda un país profundamente afectado por las políticas económicas y sociales conservadores de la década anterior. Para cumplir con su compromiso de alcanzar los ODS deberá superar los retos que plantean un gobierno federal muy menoscabado, la desigualdad social y de ingresos, y una economía basada en el crecimiento de la riqueza en lugar de los salarios”.

En Chipre, las figuras públicas han hablado abiertamente sobre su compromiso con la Agenda 2030 y se plantea que existe la voluntad política para adoptarla y así lograr efectos contundentes. En la práctica, sin embargo, el Departamento de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura es ahora el punto focal para los ODS. CARDET informa que no se cuenta con “un grupo de trabajo para ayudar con la coordinación interdepartamental entre ministerios y jurisdicciones, para proporcionar una estrategia coherente para la consecución de los objetivos o incluso declarar si centraría sus esfuerzos a nivel local o internacional, consultar a la comunidad de la sociedad civil o incluso establecer una serie de mejores prácticas para que los ministerios las sigan en tanto principios generales. Por otra parte, poco después de estas declaraciones, el Ministerio de Agricultura tomó decisiones controvertidas como destinar parte de los parques nacionales al desarrollo turístico, ofreciendo licencias a industrias pesadas en áreas de industria ligera cerca de las comunidades, asumiendo así posiciones de la industria a través del proceso de diálogo a tres bandas de la Unión Europea sobre la legislación minera contradictoria”.

En Suiza, la Agenda 2030 también cuenta con un fuerte respaldo. El gobierno declaró oficialmente que sea el “nuevo marco de referencia universal” en términos de bienestar humano y desarrollo económico sustentable. Sin embargo, en octubre de 2015, tres semanas después de la aprobación de la Agenda 2030, Suiza anunció importantes recortes de gastos, entre ellos una reducción de 115 millones de francos en el presupuesto de 2016 para la cooperación internacional. “Los ahorros se hicieron a costa de los pobres y el país se aleja aún más del objetivo de destinar 0,7% del ingreso nacional a la cooperación para el desarrollo”, comenta Alliance Sud.

En Sudán, “la falta de concientización sobre los ODS que tienen los responsables políticos, las OSC y los medios de comunicación perjudican la participación de los ciudadanos, por lo que se espera que su intervención en la formulación de políticas y la toma de decisiones sea muy marginal”. Del mismo modo, ANND informa que “el Líbano no tiene una estrategia nacional para el desarrollo, un plan económico nacional o una estrategia de reducción de la pobreza. En los últimos diez años, varios ministerios libaneses han sugerido políticas sectoriales para apoyar determinados objetivos de desarrollo sustentable a través de planes de ejecución. La planificación y ejecución de estas políticas carecen de metodologías sectoriales y geográficas integrales y se limitan a algunas intervenciones centradas en grupos específicos. También hace falta un mecanismo inclusivo y participativo”.

En El Salvador se creó un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible compuesto por representantes del gobierno, las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado. Mientras tanto, en Jordania, el Centro Phenix de Estudios Económicos e Informáticos escribió que “hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida concreta en pos de la promoción y consecución de los ODS. No se designó a ninguna unidad, institución o ministerio en particular para hacerse cargo de este proceso, lo que indica tanto una falta de capacidad institucional como de voluntad política”.

En Egipto, el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales informa que “la característica que define el marco de la estrategia de desarrollo sostenible nacional es la falta de un plan de trabajo detallado para lograr varios objetivos fundamentales, especialmente la reducción de la pobreza y el desempleo y la lucha contra el sector informal, para lo que también carece de indicadores. Esto se suma a la falta de claridad en los mecanismos de aplicación y la falta de coherencia entre los objetivos, a pesar de la estrategia general. Los indicadores utilizados para medir los objetivos reflejan la continuación del enfoque neoliberal del gobierno, que está supeditado al desarrollo del sector privado y depende de él para financiar los objetivos de desarrollo. Así, por ejemplo, para reducir el déficit, la estrategia no incluye aumentar los impuestos a las empresas, sino que opta por imponer tributos a los consumidores, como el impuesto al valor agregado (IVA) del 10% . La estrategia también difiere en gran medida de las anteriores estrategias de desarrollo, ninguna de las cuales se discutieron en el parlamento o por medio de algún tipo de diálogo social".

En Bélgica, desde el gobierno federal hasta los gobiernos regionales y las autoridades locales participarán en el establecimiento de la estrategia nacional para los ODS. La Conferencia Interministerial para el Desarrollo Sostenible (IMCSD, por sus siglas en inglés) está mandatada para aplicar esta estrategia. Las tres regiones y el gobierno federal tienen cada uno sus propias estrategias y políticas para promover el desarrollo sostenible. “No podemos decir que en Bélgica no pasó nada”, informa la coalición 11.11.11 a la red Social Watch. “Sin embargo, a este ritmo, ya finalizado el primer semestre de aplicación de los ODS, recién para 2017 podemos aspirar a dar los primeros pasos de aplicación real, es decir, políticas concretas. Como integrantes de la sociedad civil, este lento ritmo nos preocupa. Bélgica corría con ventaja: ya en 1997, el parlamento aprobó una ley de coordinación de la política federal sobre el desarrollo sostenible. La ley establece que el gobierno federal debe establecer un plan para el desarrollo sostenible teniendo en cuenta la visión a largo plazo y los compromisos internacionales. Sería sencillo integrar la Agenda 2030 en este plan de acción. La ley establece además que el plan debe estar listo dentro de un año luego de la asunción de un nuevo parlamento. Esto debería haber ocurrido en octubre de 2015. La Comisión Interdepartamental para el Desarrollo Sostenible (ICSD, por sus siglas en inglés) elaboró un borrador del documento, pero desafortunadamente hace más de un año que está frenado”.

En Italia ya cuentan con un elemento de referencia para evaluar el avance: “En 2013, tras un profundo proceso de participación, Italia adoptó un conjunto de indicadores para medir el bienestar equitativo y sostenible (BES)”, que permite realizar un análisis a nivel provincial y municipal, y constituye la base para medir el bienestar nacional en el mundo académico. Sin embargo, el gobierno no decidió aún qué órgano formulará la estrategia de desarrollo sostenible y un informe nacional, conforme a lo solicitado en la Agenda 2030.

En Corea del Sur, la Coalición de Ciudadanos por la Justicia Económica (CCEJ, por sus siglas en inglés) informa que “en 2000 se estableció un Comité de Desarrollo Sostenible (CDS) por decreto presidencial, seguido de la aprobación de la Ley de Desarrollo Sostenible como ley fundamental en 2007. De 2000 a 2008, el CDS actuó como órgano asesor presidencial, y el gobierno y la Asamblea Nacional trabajaron juntos para elaborar estrategias para la aplicación del desarrollo sostenible. Sin embargo, para 2010 la ley había bajado de categoría, por lo que la comisión se asignó al Ministerio de Medio Ambiente. A partir de entonces, los planes de desarrollo sostenible a cinco años se han concentrado en el medio ambiente, y ya no abarcan el estado general de la nación”.

En Nepal, las instituciones estaban listas y el país ya había preparado un informe preliminar sobre los objetivos e indicadores específicos con un modelo de Visión 2030 cuando se enfrentó en 2015 al devastador terremoto que no solo dio marcha atrás a los avances alcanzados, sino que también implicó una carga financiera adicional de aproximadamente 8.000 millones de dólares, monto del que poco más de 4.000 millones serán aportados por socios de desarrollo. Según el informe presentado por el Movimiento de Reconstrucción Rural de Nepal, el país “se enfrenta a dos retos que presenta el sólido liderazgo en términos de la reestructuración del Estado a través de la aplicación de la nueva Constitución. Esto agilizará la gobernanza local y la participación efectiva de la población, así como una sólida asociación mundial para el desarrollo para alcanzar los ODS y su objetivo de graduación: 2022”.

“Graduación” es el término utilizado en la jerga de desarrollo para describir el momento en que un país menos adelantado (PMA) es excluido de dicha categoría. En la actualidad existen 48 PMA. Según la coalición de la sociedad civil LDC-Watch, “los PMA son países con necesidades y vulnerabilidades especiales y por lo tanto requieren una atención especial en la aplicación de los ODS. Los PMA se caracterizan no solo por los bajos ingresos, un desarrollo humano frágil y vulnerabilidades económicas, sino también por las limitaciones geográficas y ambientales, como las de los Países en Desarrollo sin Litoral y de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo incluidos en la categoría. Los PMA poseen el 30% de la población mundial que vive con hambre, mientras que las muertes por desastres climáticos en estos países representan el 67% del total mundial. Dada la universalidad de los ODS, es claro que no se puede dejar atrás a los PMA. Tanto el liderazgo del país, así como la propiedad y la asociación mundial en la consecución de los medios de implementación son factores clave para que los PMA logren alcanzar los ODS”.

El problema institucional es muy diferente en la República Centroafricana, donde se considera que los ODS son básicamente otra brillante idea que se les ocurrió a extranjeros. “Se debatió el tema de los ODS cuando el país estaba en guerra”, declara el pastor Clotaire Rodonne Siribi, líder del Grupo de Acción por la Paz y Educación para la Transformación. “No existe una verdadera apropiación nacional de los objetivos. El país tiene sobre la mesa los ODS, el Plan de Acción de Estambul para los PMA y la Agenda 2063 de la Unión Africana. ¿Cómo podemos integrar estos programas dentro un plan nacional? Si el gobierno y la comunidad internacional no son estrictos en su accionar, la República Centroafricana no alcanzará ningún ODS, al igual que ocurrió con los ODM”.

Al finalizar el informe de Perú para Social Watch, Héctor Béjar hace un resumen que describe el estado de los ODS en muchos países: “Una economía en crecimiento con altibajos, disminución de la pobreza monetaria pero agravamiento de la pobreza multidimensional, graves problemas ambientales, prosperidad del sector alto de las clases medias, concentración de la riqueza, diversas economías emergentes surgidas de la agricultura exportadora, el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando de armas y un sistema político impregnado de corrupción. Se ha avanzado en circulación del dinero y en conectividad vía electrónica y telefónica. Se ha retrocedido en calidad de vida y en seguridad ciudadana. La corrupción ha invadido la democracia. El crimen se va apoderando de calles y ciudades. Las organizaciones ciudadanas se han multiplicado, pero deben hacer frente a múltiples formas de discriminación y represión. El camino hacia el logro de las metas del 2030 es nebuloso y está lleno de obstáculos”.

Notas: