¿Podrán los compromisos de la Agenda 2030 restablecer los Derechos Humanos?

Suyapa Martínez, Ana María Ferrera
Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H)

Honduras se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidad en septiembre de 2015. Este compromiso resulta importante dada la situación critica que se vive en el país, donde el incremento de la violencia en todas sus manifestaciones hace que la población se sienta insegura y con miedo.

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas para el 2030 según se plantea en el ODS 5 será un gran desafió, pues el país ha sufrido grandes retrocesos en derechos de las mujeres luego del Golpe de Estado de junio de 2009 y se observa una gran concentración de poder en la Presidencia de la República, como lo revela la constitución del Consejo de Defensa y Seguridad, integrado por el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la Republica, quien lo preside.

El cumplimiento de las metas de los ODS requiere de voluntad política y al privilegiar recursos para la remilitarización del país está claro que la prioridad no son los derechos humanos. Solo si las organizaciones sociales, con el apoyo de la comunidad internacional, impulsan su cumplimiento se podría avanzar y mejorar la situación del pueblo hondureño.

La Asamblea de las Naciones Unidad se comprometió en septiembre de 2015 a “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, desde la que los Estado plantean en su objetivo # 5  Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Honduras se comprometió a cumplir con las metas establecidas en el marco de los ODS, lo cual nos parece importante dada la situación critica que se vive en el país, donde el incremento de la violencia en todas sus manifestaciones hace que la población se sienta insegura y con miedo.

Honduras es el país de la región y el continente con mayor inequidad económica. El decil más pobre de la población percibe el 0.7% del ingreso nacional, y el decil de mayores ingresos el 40.6%. El 10% más rico se apropia de un ingreso equivalente al 80% del de la población de menos ingresos1.

También es catalogado como el país más violento del mundo por mostrar la mayor tasa de homicidio de todos los países que no se encuentran en una situación de guerra, con una tasa que según el gobierno bajó de 90 por cien mil en 2014 a 68 por cien mil habitantes en 2015. El ocultamiento de los datos, con la emisión de una ley de confidencialidad de la información de los registros de los casos de muertes violentas de la policía, explicaría ese descenso tan sustantivo de la tasa de homicidios, y no el mejoramiento de los sistemas de investigación criminal y de justicia.

Con 8,576,532 habitantes, de los cuales el 51% son mujeres, Honduras registra para el año 2015 8,035 muertes violentas, siendo solo de mujeres 4712. Aunque el gobierno reporta disminución en las muertes violentas de un 7.8% la impunidad sigue siendo un grave problema en muertes violentas de mujeres y femicidios, dado que de los 3.499 casos reportados entre 2009 y 2015 únicamente se presentaron requerimientos fiscales en el 34% y recibieron sentencia solo el 18%3. Se reconoce que por las luchas del movimiento feminista y de mujeres se ha logrado la apertura en 2016 la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC en el Ministerio Publico, a la cual se le asignaron 1.4 millones de dólares, aunque la cobertura se limita a dos departamentos.

Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, Ingresos y Resoluciones

 

Fuente: Construcción propia del CEM-H con datos del Centro Electrónico de Datos del Poder Judicial CEDIJ y Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Después del logro de la unidad de femicidios inmediatamente se puso a prueba esta instancia  con el reciente femicidio político el 2 de marzo de la dirigente indígena Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas (COPINH), que ha causado gran conmoción. Las organizaciones de mujeres y feministas y movimiento sociales han realizado continuas protestas exigiendo el esclarecimiento del crimen y el nombramiento de una comisión internacional impulsada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue el caso, dado que no se confía en el sistema de investigación del país por la influencia de sectores empresariales en las instituciones estatales como la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, señalado por el COPINH de haber amenazado a Berta Cáceres.

Más de 18 mil mujeres y niñas denunciaron violencia sexual entre 2010 y 20154 y solo obtuvieron sentencias condenatorias el 5.8% de los casos5. Las denuncias de violencia domestica, que son aproximadamente 20,000 anuales, y los casos caducados o no resueltos pasaron del 48% en 2013 a 65% en 20156. Mientras las cifras de violencia contra las mujeres se incrementan los presupuestos de defensa y seguridad se han triplicado en los últimos años. Los recursos presupuestarios de la Fiscalía Especial de la Mujeres representa el 2% del total del presupuesto del Ministerio Publico, otras Fiscalías oscilan entre el 6 y el 7% y la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios es el 2% del presupuesto de esa institución. De igual forma, el presupuesto asignado a los juzgados Especializados en Violencia Doméstica representan el 0.98% del total del Poder Judicial y la institución rectora de las políticas en materia de mujer, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), ha venido disminuyendo tanto de categoría como de presupuesto, pasando de 1.3 millones de dólares a 1 millón7.

Aunque ya se han descubierto vínculos de militares con el crimen organizado, el gobierno insiste en el fortalecimiento de la policía militar ante la situación crítica de la policía nacional, cuyo proceso de depuración ha sido un sonado fracaso, evidenciado en la incapacidad de las máximas autoridades de la institución de despedir a los mandos medios y superiores involucrados con la delincuencia organizada, que se encuentran con licencias de largo plazo y mantienen influencia y poder en el manejo de las redes internas ligadas a las redes criminales que operan en el país.

La remilitarización del país avanza con mucha rapidez, al grado de que existen varios centros educativos con presencia militar y algunos hospitales importantes cuentan con excesiva presencia militar.

La corrupción ha hecho eclosión en el país en el año 2015. El escándalo del Seguro Social no ha tenido una resolución transparente y efectiva, se ha producido el destape de casos de involucramiento de políticos, alcaldes y empresarios reconocidos con el crimen organizado, el lavado de activos derivado de esta actividad (caso Rosenthal) y el sonado caso de soborno de los ex dirigentes de FIFA (caso Callejas y Hawit).

El incremento en las extradiciones sumarias solicitadas por Estados Unidos por casos vinculados al narcotráfico, lavado de activo y soborno dan indicios de un Estado de fronteras desdibujadas, donde la justicia de cualquier tribunal estadounidense tiene más poder que la propia Corte de Justicia de Honduras y donde ese tipo de delitos cometidos por actores de las clases hegemónicas pocas veces llegan a los tribunales y nunca son encontrados culpables.

En 2015 irrumpe un nuevo movimiento social cuyo principal lema es la lucha contra la corrupción. Está integrado por diversos sectores sociales y ha intentado estar al margen de los partidos políticos y los movimientos sociales convencionales, emergiendo un nuevo liderazgo sin filiación política declarada que dio lugar a la marcha de los indignados en las calles próximas a la casa presidencial, en varios momentos a partir del segundo cuatrimestre del año. Esta manifestación demandaba una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIH) similar a la de Guatemala. Sin embargo el gobierno, en proximidad a la Organización de Estados Americanos (OEA) ha propuesto la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), con facultades restringidas, limitada a apoyar, fortalecer, contribuir, proponer reformas y colaborar activamente con las desacreditadas instituciones del Estado.

Al contrario de la CICIH, que se proponía fuera autónoma, independiente y con facultades para seleccionar, recibir denuncias, investigar y judicializar todos los delitos de alto impacto en relación con la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos; acompañar y asesorar a las fiscalías del Ministerio Publico y a las agencias de investigación y proponer reformas normativas e institucionales encaminadas a fortalecer el sistema de justicia.

En Honduras, las mujeres siguen siendo víctimas de tratos crueles e inhumanos al obligárseles a llevar a término un embarazo en contra de su voluntad, aun si estos son consecuencia de violación sexual. El país sigue sin considerar la recomendación de Noruega en el último Examen Periódico Universal (EPU) en 2015 sobre la despenalización del aborto en caso de incesto o violación.

Entre 2008 y 2014 se reportaron 205,375 partos en adolescentes8. El embarazo forzado es una forma de tortura y según el artículo 126 del actual Código Penal, el aborto en todas sus formas se penaliza con penas que van de 3 a 10 años9. En la actualidad se discute en el Congreso Nacional un Nuevo Código Penal, lo que presenta un escenario idóneo para que Honduras avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y despenalice el aborto por causales.

A partir de las  presiones del movimiento de mujeres y feministas se ha logrado en el último año que se incluya en la legislación presupuestaria algunos artículos dirigidos a informar la inversión en género del gobierno y a la asignación de partidas etiquetadas dirigidas a las mujeres. Sin embargo, la veeduría social ha demostrado que estos artículos no han sido cumplidos. También se ha logrado legislación para crédito solidario específico para mujeres rurales con la aprobación de CREDIMUJER, pero la misma no tiene presupuesto asignado.

Aunque se ha logrado incluir en las Disposiciones Generales de Presupuesto para 2015 y 2016 la obligatoriedad de destinar el 5% de la transferencia municipal para programas y proyectos dirigidos a las mujeres, en la práctica se incumple, pues se ha traspasado esos recursos al programa vida mejor de la Presidencia de la República, dejando sin presupuesto a las mujeres en los municipios. Esto da cuenta de la influencia centralista de la actual administración de gobierno frente a las demandas locales. El Programa vida mejor representa, sobre todo, un mecanismo de la Presidencia para ganar simpatías, ya que es manejado directamente por el Despacho de la Primera Dama.

En el área rural, alrededor de 300 mil familias no tienen acceso a la tierra y las más afectadas son las mujeres10. De 2.2 millones de mujeres que viven en áreas rurales, el 65% se encuentra en la pobreza y el 35% en la indigencia. Solo el 12% de las mujeres campesinas tiene tierra para trabajar. el 11% tiene acceso a créditos agrícolas y el 25% recibe asistencia técnica11. La tendencia es la concentración de la tierra en manos de las empresas agroexportadoras, mientras se reduce la superficie de las y los pequeños productores campesinos, que tienen en promedio menos de dos hectáreas.

Prevalece en Honduras el estancamiento en los derechos de las mujeres en áreas duras como los derechos sexuales y reproductivos, y la violencia contra las mujeres. Y no se ha logrado que el gobierno derogue el decreto ejecutivo que desde septiembre de 2009 prohíbe la promoción, uso, venta y compra de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia mediante acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud 2744/2009. Además, el país tiene pendiente desde hace más de 12 años la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), desconociendo con esto las recomendaciones hechas por más de 12 países en el último EPU sobre la necesidad de ratificarlo. Y también sigue pendiente la implementación de la reforma al Código Penal donde se tipifica el femicidio, a tal grado que muy pocos casos de muerte violenta de mujeres son sentenciados como femicidio. A esto se suma la  baja capacidad del Estado de brindar atención preventiva y protección a las mujeres ante casos de violencia.

Si bien se han presentado algunos proyectos de ley en materia de derechos de las mujeres, siguen estancados en las comisiones de dictamen del Congreso Nacional. En esta situación están: a) Ley Integral de Educación para la Sexualidad, b) Ley Especial para las y los Trabajadore/as Domesticas, c) Ley en contra del acoso político hacia las mujeres y d) Ley para la legalización de la anticoncepción de emergencia.

Visto lo anterior, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas para el 2030 según se plantea en el ODS Numero 5 será un gran desafió, pues Honduras ha sufrido grandes retrocesos en derechos de las mujeres luego del Golpe de Estado de junio de 2009 y después de siete años no se ha logrado revertirlos. Más bien se observa una democracia cada vez más débil con mucha concentración de poder por parte del presidente Juan Orlando Hernández, al grado de que se ha constituido el Consejo de Defensa y Seguridad, integrado por el Presidente del Poder Judicial, el Presidente del Congreso Nacional y el Presidente de la Republica, quien lo preside.

Para el cumplimiento de las metas de los ODS 2030 se requiere de voluntad política y al priorizar recursos con el enfoque actual de remilitarización está claro que la prioridad no son los derechos humanos. Solo si las organizaciones sociales, con el apoyo de la comunidad internacional, impulsan su cumplimiento se podría avanzar y mejorar la situación del pueblo hondureño.

Notas:

1 Mirta Kennedy, Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H

2 Observatorio de la Violencia UNAH-IUDPAS, boletín 2015

3 Construccion propia del CEM-H  con datos del Centro Electronico de Datos del Poder Judicial CEDIJ y el Observatorio de la Violencia UNAH-IUDPAS.

4 Unidad de Estadisticas del Ministerio Publico

5 Contruccion propia del CEM-H con datos del Centro Electronico de Datos del Poder Judicial CEDIJ y el Ministerio Publico.

6 Centro Electrónico de Datos del Poder Judicial CEDIJ

7 Veeduría Social a las Disposiciones Generales de Presupuesto 2015, Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H, Martínez Suyapa y Núñez Noelia.

8 Secretaría de Salud, Área Estadística de la Salud, Egresos Hospitalarios

9 Código Penal. Decreto No 144-83, Honduras.

10 Datos proporcionados por Via Campesina

11 Datos proporcionados por la Plataforma Agraria.


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