Metas para 2030… y obstáculos para alcanzarlas

Pablo José Martínez Osés
Informe de la coalición española Colectivo La Mundial

¿Es la Agenda 2030 compatible con el proyecto neoliberal? Lo que sucede en España en el actual contexto político es precisamente un laboratorio práctico sobre cómo las instituciones, los partidos políticos y la ciudadanía se están planteando responder a esa pregunta.

España tiene cuestiones evidentes para alcanzar algunas metas de la Agenda 2030. No hace tanto, se le reconoció su apuesta por el reconocimiento de las libertades y derechos en materia de igualdad, dispone de condiciones geográficas, climáticas y suficiente desarrollo tecnológico para abordar transiciones energéticas hacia modelos basados en recursos renovables, su desafío en materia de empleo es de tal dimensión que sugiere la necesidad de explorar políticas y mecanismos de transformación productiva, el margen fiscal es amplio teniendo en cuenta su baja recaudación impositiva en relación a los países de su entorno, y las tasas de pobreza y desigualdad nacionales exigen priorizar políticas específicas para su reducción.

Cualquier reflexión e iniciativa seria que se propusiera establecer la adaptación y aplicación de las metas de la Agenda 2030 a la realidad española tendría que incorporar al menos estas cuestiones fundamentales.

1. España en y ante la Agenda 2030

En España se vivió una dramática paradoja durante los tres años que duró el proceso de construcción de la Agenda 2030: el responsable de la política de cooperación del gobierno reiteró su compromiso con la nueva agenda, al tiempo que se desmantelaba la política de cooperación internacional para el desarrollo en términos presupuestarios y discursivos.1

El marco político del desmantelamiento no fue otro que el de las políticas de control del déficit público protagonizadas por los recortes presupuestarios y en prestación de servicios y derechos en las políticas sociales, como educación, sanidad, dependencia y pensiones. Se establecieron regulaciones, llegando incluso a reformar la Constitución para establecer como prioritario el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, desregulando el derecho al trabajo y abaratando despidos. También en el ámbito fiscal se apostó por la subida regresiva mediante impuestos indirectos, para aumentar el peso relativo de las imposiciones de las rentas del trabajo sobre las del capital. Por supuesto el control del gasto no sirvió de argumento para todo: se avalaron y rescataron los agujeros de la banca privada con importes millonarios y los presupuestos destinados a la política de seguridad y defensa se incrementaron año tras año.

En el ámbito de las libertades públicas, el gobierno aprobó una nueva Ley de Seguridad que criminaliza las protestas conocida como “Ley Mordaza” y trató de modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Los resultados eran previsibles: una tasa de paro siempre en torno al 20% de la población activa (cerca del 50% de la población activa juvenil)2, un crecimiento espectacular de la población que vive bajo el umbral nacional de pobreza, una desigualdad de renta disparada y en la cima entre los países de la Unión Europea (UE), y por primera vez después de más de un siglo, una deuda externa superior al 100% del producto bruto español.

El presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) toca fondo al regresar al mismo porcentaje de finales de los ochenta. A mediados de 2015 el gobierno trató de encubrir las orientaciones y los efectos de las políticas aplicadas mediante una leve bajada de impuestos, y la generación de un discurso centrado en la recuperación económica. Para ello, las instituciones internacionales (FMI, OCDE, UE) difundieron proyecciones macroeconómicas de crecimiento de la economía española que trataban de legitimar el conjunto de decisiones políticas tomadas, denominadas “reformas estructurales”, y generar la sensación de que lo peor había pasado.

Por lo tanto, algo paradójico, en el caso de España se presentaba como perfectamente compatible: apostar por una Agenda 2030 orientada a la transformación, a la equidad y a la transición hacia políticas más justas y sostenibles,  al mismo tiempo que se incentivaban políticas de control del gasto y de recortes de derechos que profundizaban un modelo generador de desigualdad e insostenibilidad. En realidad, el apoyo y la apuesta por la Agenda 2030 apenas trascendió del reducido y desmantelado ámbito de la política de cooperación, puesto que ningún departamento gubernamental realizó declaraciones ni emprendió medidas relacionadas con las apelaciones contenidas en dicha agenda. Las prioridades políticas eran otras: lograr restablecer el apoyo ciudadano para continuar con el proyecto neoliberal.

2. El ciclo electoral más largo de la democracia: algunas rupturas

El 1º de enero de 2016 era la fecha fijada para iniciar la implementación de la Agenda 2030. En esa fecha, en España, se iniciaba la que sería la legislatura más corta desde la restauración democrática en 1978. Desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 España está gobernada por un ejecutivo en funciones y la situación se prolongará al menos hasta que se celebren los nuevos comicios convocados para el 26 de junio.

En este contexto, las responsabilidades globales del Estado español, suscritas en la Agenda 2030 apenas tienen espacio mediático y político. Nunca fue una prioridad en su tarea de gobierno: la matriz de la actual política exterior española se centra en la promoción de las exportaciones de las empresas con más peso e influencia en el país, para lo que se pone a su servicio la estrategia principal de política exterior bajo la denominación de “Marca España”.3 Esta visión de la política como una estrategia de reputación corporativa de una marca, nada entiende de bienes públicos globales, de justicia global o de retos compartidos en materia de sostenibilidad ambiental o derechos humanos.

Sin embargo, si una lectura puede hacerse de la Agenda 2030 en España es precisamente la de su pertinencia. La principal novedad del contexto político español es el denominado fin del bipartidismo expresado con la irrupción de un nuevo partido político con inusitada fuerza tanto en el Poder Legislativo estatal como en algunos municipios importantes como Barcelona y Madrid. Por más que su inspiración, origen y trayectoria ideológica no deje lugar a dudas sobre su izquierdismo, hay numerosas lecturas sociológicas sobre su irrupción. Por un lado la ruptura de la clase media, buena parte de ella ahora frente a un horizonte de incertidumbre respecto de sus ingresos, sus empleos y sus garantías de servicios y prestaciones sociales. Por otro lado, una ruptura marcada por la creciente consciencia de la desigualdad entre un porcentaje muy pequeño de grandes fortunas a las que la crisis favoreció respecto del resto de la población que observa como propia la amenaza de desaparición del Estado de Bienestar como modelo de sociedad de las últimas décadas. Y por último, una ruptura de género, donde las mujeres sufren con mayor virulencia el desempleo y los recortes generalizados en materia de dependencia y protección social.

Así, una agenda que apostara por una lectura feminista del modelo de sociedad, que explícitamente asumiera metas para luchar contra la desigualdad interna y, al tiempo, procurara caminos de transición hacia un modelo de sostenibilidad ambiental y de trabajo con derechos, constituye no sólo una agenda oportuna, sino la más pertinente posible en las actuales circunstancias.

3. Noticias de las cuestiones sistémicas: el laboratorio español y las imposiciones europeas

Lo anterior no pretende dar por supuesto que la Agenda 2030 constituya por sí misma una agenda feminista, claramente contraria a las dinámicas de reproducción de las desigualdades y transicional hacia modelos de desarrollo basados en derechos y la sostenibilidad ambiental. Sería ingenuo pensar así. La Agenda 2030 muestra, desde los procesos que la han construido, que más que un acuerdo consensuado sobre los modelos a aspirar y las políticas y mecanismos para alcanzarlos, se trata de un agregado de intereses y perspectivas a menudo difíciles de conciliar. Precisamente el carácter transformador pretendido por dicha Agenda 2030 queda en suspenso y sin garantías por las flagrantes contradicciones que refleja, por su incapacidad para haber abordado cuestiones sistémicas fundamentales como las relativas a financiación, o las específicas de sostenibilidad ambiental.4

La gran pregunta al respecto sería: ¿es la Agenda 2030 compatible con el proyecto neoliberal? Lo que sucede en España en el actual contexto político de ruptura e incertidumbre electoral es precisamente un laboratorio práctico sobre cómo las instituciones, los partidos políticos y la ciudadanía en último término se están planteando responder a esa pregunta.

España tiene cuestiones evidentes sobre las que su aplicación para alcanzar algunas metas de la Agenda 2030 podrían ser de enorme relevancia. No hace tanto, se le reconoció como un país ejemplar por su apuesta por el reconocimiento de las libertades y derechos en materia de igualdad. También dispone de condiciones geográficas, climáticas y suficiente desarrollo tecnológico para abordar transiciones energéticas hacia modelos basados en recursos renovables. Por otro lado, su desafío en materia de empleo es de tal dimensión que sugiere la necesidad de explorar políticas y mecanismos de transformación productiva, basados en la investigación, el desarrollo y la innovación. Además, el margen fiscal es amplio si tenemos en cuenta su baja recaudación impositiva en relación a los países de su entorno, y las tasas de pobreza y desigualdad nacionales exigen priorizar políticas específicas para su reducción y la reversión de las tendencias de los últimos años. Cualquier reflexión e iniciativa seria que se propusiera establecer la adaptación y aplicación de las metas de la Agenda 2030 a la realidad en España, tendría que incorporar al menos estas cuestiones fundamentales reseñadas.

La cultura política en sociedades como la española ha devenido más hacia una cultura del espectáculo mediático que hacia el debate sereno de ideas y políticas.  Así que, por un lado el prolongado gobierno en funciones, preocupado principalmente por ganar apoyo electoral para seguir profundizando el proyecto de ajuste y austeridad, y por otro lado, la dinámica de disputa electoral y la simplicidad mediática asociada a la misma, no encuentran motivos para trasladar a la ciudadanía reflexiones y apuestas por una transformación del calado que requiere y promueve lo mejor de la Agenda 2030.

No obstante el término “cambio” es probablemente el más aducido –y el más disputado– por los partidos que desde la oposición concurren a las elecciones. Sus acepciones más corrientes tienen que ver con la lucha contra una corrupción que ya se observa tan generalizada que casi constituye una forma de gobierno, y con diferentes formas de enfrentar las imposiciones fiscales y estructurales que llegan desde la Troika: el FMI, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones.

Sólo el Partido Socialista PSOE y la irrupción de PODEMOS plantean con claridad la necesidad de renegociar las condiciones para el ajuste español, de diferente forma y con distinto alcance. Más allá de una negociación, la Agenda 2030 bien podría sugerir toda una estrategia para la influencia política en el marco europeo, a partir de otros postulados diferentes de los que han gobernado la región en los últimos años. Para lo que será imprescindible inaugurar alianzas, no sólo con los países del sur europeo (Portugal, Italia, Grecia, etc.), sino con diversos actores sociales y políticos que a lo largo de toda Europa se movilizan escandalizados por la influencia de intereses privados, comerciales y financieros que prácticamente anulan el ejercicio de la soberanía nacional imponiendo la denominada Europa del euro. Más aún, cuando las consecuencias de la guerra en Siria se traducen en una crisis humanitaria con millones de refugiados a las puertas de Europa que constituye el terrible indicador de una crisis de valores y de políticas que estuvieron en el origen y en el sentido del proyecto europeo.

España ante su abismo electoral se juega que su aplicación de la Agenda 2030 suponga poco más que un enunciado y una relación de propósitos para una política de cooperación desmantelada o, por el contrario, una referencia de primer orden que abarque e integre de forma coherente transformaciones profundas de las políticas y de su participación y presencia en el proyecto europeo.

Notas:

2 Después del periodo, y a pesar de los “cantos de sirena” de la recuperación económica, lo cierto es que después de la larga legislatura las horas trabajadas en España son un 7% menos, la masa salarial ha descendido un 3% y el 14,8% de las personas trabajadoras no superan el umbral nacional de pobreza. Véase http://www.eldiario.es/zonacritica/todavia-esperanzas-cambio_6_520457967.html

4 Nuestro análisis más detallado sobre contradicciones, virtudes y debilidades de la Agenda 2030 en http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16094/14378

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