Historia de un crimen contra la gente y el medio ambiente

Héctor Béjar
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)

En los cuatro primeros meses del año: cientos de poblaciones aisladas, miles de familias sin casa, más de cien puentes caídos (muchos por construcción defectuosa), inundaciones y aluviones en toda la costa, especialmente en las ciudades de la costa norte: Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huarmey.  Una tragedia nacional.

Las cifras reportadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) hasta el momento de escribirse este informe (15 de abril de 2017) son: afectados desde diciembre de 2016 al 12 de abril,  1.010.208 personas; damnificados 171.322 habitantes; casas afectadas 221.761.

Los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali y Napo, en la selva, están en alerta roja debido a que tienen un nivel de caudal crítico y con peligro de desborde.

Las aguas han barrido con puentes y caminos. En Piura y Trujillo ingresaron a las plazas principales.

Desde comienzos del siglo XX, en un país como el Perú que, excepto la selva amazónica (en realidad un desierto verde por su pobre calidad de suelo), es prácticamente desértico en la costa y los Andes, las familias de dinero fueron ubicándose en las mejores tierras, aquellas que tenían fuentes de agua permanente, para construir sus mansiones e instalar sus haciendas. Esta costumbre venía desde la época en que Perú fue colonia de España. Antes, los Incas se instalaron en las cumbres de los Andes, porque sabían que las áreas bajas eran peligrosas y estaban infestadas de mosquitos.

En las ciudades más importantes, los colonialistas y sus sucesores cortaron las vías naturales de agua de antigüedad milenaria, los arroyos que corrían desde los Andes hacia el mar en la costa y las aguas de regadío en Lima, la capital. Cuando la población creció, se apropiaron de los valles, ya cubiertos en parte de cemento y arrojaron a los pobres a los desiertos en Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura, las principales ciudades de la costa.

El siglo XIX peruano fue de construcción de ferrocarriles. Al entrar los monopolios gasolineros y del automóvil durante el gobierno del financista pronorteamericano Augusto Leguía (1919 – 1930) se abandonó la construcción de vías férreas y se abrió autopistas para automóviles solo en la costa. Se abandonó el servicio de cabotaje que comunicaba todos los puertos de la larga costa peruana para el transporte de pasajeros y carga. Las líneas de los tranvías y vehículos eléctricos de Lima fueron abandonadas o destruidas para favorecer a los monopolios de autobuses. Todo el sistema de transporte quedó centrado en autopistas escasas y mal asfaltadas por contratistas corruptos. Estas vías comunican solo las ciudades principales con los puertos para la exportación de las minas y grandes empresas, pero la mayoría de provincias y distritos donde viven y producen los agricultores pequeños y los habitantes pobres solo tienen malos y peligrosos caminos vecinales.

Al mismo tiempo, los alcaldes y funcionarios empezaron a vender las tierras del estado situadas en las colinas, montañas y las riberas de los ríos. Dictadores como Manuel Odría (1948 – 1956) y políticos aparentemente democráticos como Fernando Belaunde, Alan García y Alejandro Toledo (1980 – 2010), toleraron y motivaron el tráfico de tierras que realizaban sus agentes y operadores para conseguir votos.

En 1980, lo primero que hizo el gobierno democrático de Fernando Belaunde que sucedió a los gobiernos militares de Velasco y Morales Bermúdez (1968 – 1975), fue clausurar la Oficina Nacional de Pueblos Jóvenes que organizó la revolución militar de 1968, para planificar el desarrollo urbano. Lima y otras ciudades volvieron a crecer de manera desordenada.

Apenas terminado el gobierno militar de 1968 1979, el mismo año 1980 en que fue elegido, Belaunde y su ministro Manuel Ulloa, un hombre ligado al mundo financiero, promulgaron el Decreto Legislativo 02 para dividir en pequeñas parcelas las tierras de las enormes cooperativas de producción organizadas por la reforma agraria. Al parcelarse las cooperativas, e instigados por agitadores y traficantes de tierras, los campesinos individuales ocuparon las riberas de los ríos de la costa y demolieron las defensas de los ríos compuestas de algarrobos y cañaverales que canalizaban las aguas de manera natural.

Un enorme proyecto de reforestar los Andes con árboles nativos hecho con cooperación holandesa, fue paralizado y abandonado en 1985. Otro decreto abolió la intangibilidad de las tierras de cultivo que rodeaban Lima, para dar entrada a las empresas urbanizadoras y los traficantes de tierras. El caos aumentó mientras se emprendía la masiva deforestación de la Amazonía, se promovía la gran minería que envenena las aguas y se toleraba la minería ilegal que depreda los ríos envenenándolos con mercurio.

En 2001 el Presidente Valentín Paniagua, suspendió el proyecto Marca II para traer agua directa de las lagunas andinas a Lima mediante un túnel, argumentando que era innecesario. En 2004 Pedro Pablo Kuczynski el actual Presidente, lo volvió a suspender cuando era ministro de Economía del Presidente Toledo. El Ministerio de Economía y Finanzas MEF rechazó un crédito de US$32 millones del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) para el proyecto. Solo 32 millones se necesitaban para Marca II, o Marca Pomacocha II, para captar y derivar las aguas de las lagunas Huallacocha Bajo y Pomacocha hasta la Planta purificadora de La Atarjea en Lima. De haberse realizado esa obra en 2004, Lima con sus 10 millones de habitantes no habría quedado sin agua en el verano de 2017.

Los materiales usados en las actividades mineras no son desechados de manera adecuada1. Un estudio del Ministerio de Salud señaló que el 23,5 % de la población analizada en la ciudad de Trujillo y el departamento de la Libertad tiene niveles de cadmio en la sangre que exceden los estándares internacionales2.

Las aguas se calentaron dos grados más de lo usual en los primeros meses de 2017. Un informe del Banco Mundial ya señalaba en 2007 que los casquetes de hielo de las montañas andinas estaban desapareciendo3. Hoy, el Perú se ha quedado casi sin nevados. Al mismo tiempo creció el agujero en la capa de ozono que alcanzó prácticamente a la mitad de la atmósfera que cubre el territorio nacional. Los niveles de radiación ultravioleta en Lima, Arequipa, Huancayo, Puno y las ciudades del altiplano del sur, llegaron en 2016 a 20 puntos (14 puntos es el grado máximo). Los Andes y la región del altiplano son el lugar del mundo donde la radiación es más intensa4. El Índice de Radiación Ultravioleta IUV tiene una escala de nivel de riesgo que va del mínimo 1 al 14 extremo. El Perú ha llegado a 20.

Resultado: la lluvia, lo que debería ser una bendición, es una maldición en el Perú. A la gente se le dice que es un desastre natural y lo cree. Pero en realidad es un crimen organizado por los traficantes de tierras para lucrar y enriquecerse. La reconstrucción que seguirá al gran desastre de 2017 dará lugar a nuevos grandes negocios en la reconstrucción de autopistas, vías férreas y puentes que volverán a caerse o interrumpirse por cualquier contratiempo dada la mala calidad de construcción que se debe a que todas las obras se encargan a empresas privadas cuya práctica es obtener utilidades bajando los costos.

Según el Banco Mundial, los daños al ambiente tienen un costo económico del 3.9 por ciento del producto bruto interno (PBI), y afectan principalmente a los más pobres.

Algunas medidas gubernamentales tomadas desde 1990 han producido un caos de leyes y de instituciones con pocos recursos que compiten entre ellas y entrecruzan sus funciones.

El Código Nacional para el Ambiente y los Recursos Naturales fue promulgado en 1990. Su capítulo XII  contiene normas para el manejo de los recursos naturales. En 1994 fue establecido el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) como un cuerpo coordinador para la política ambiental. Otros instrumentos legales abarcan desde bosques y biodiversidad hasta la regulación de las actividades sectoriales y la integración de un sistema nacional ambiental.

Sin embargo, hay una tenaz resistencia por quienes sostienen que es un obstáculo para el crecimiento económico y las utilidades de las corporaciones. En 1991 fue abolido el capítulo XII del Código, para aprobar la Ley Marco Para el Crecimiento de la Inversión Privada que descuartizó el manejo ambiental entre ministerios sectoriales. El Perú no tiene una agencia independiente ni un sistema de planificación que defina las prioridades ambientales y los recursos correspondientes.

En 1992, la ONERN Oficina de Recursos Naturales fue transformada en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA). El INRENA maneja los bosques públicos, suelos y recursos hídricos y la biodiversidad a través de tres intendencias y respalda la expansión de una infraestructura de regadío operada por las Juntas de Usuarios de Agua.

El Sistema Nacional para las Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) comprende 60 áreas  que cubren 19 millones de hectáreas, el 14.8 por ciento del área total del país. La biodiversidad es regulada por la Convención sobre la Diversidad Biológica, ratificada en 1993 y la Ley Sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica aprobada en 1997. El Fondo para las Áreas Naturales protegidas por el estado (PROFONANPE) fue establecido en 1992. PROFONANPE canaliza anualmente US$ 90.6 millones para apoyar esfuerzos conservacionistas. Pero la Intendencia de Áreas Protegidas ha sido incapaz de gastar los fondos de PROFONANPE eficientemente porque no hay un mecanismo sistemático de identificación de prioridades ni voluntad política de gasto.

El sector Energía y Minas y los Ministerios de Producción, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y Saneamiento tienen unidades ambientales.

En 2001 se aprobó el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental pero no tiene normas específicas.

La mayoría de las entidades mencionadas tienen fondos insuficientes o dependen de donantes.

Notas:

1 Banco Mundial. Reporte Riqueza y Sostenibilidad: Dimensiones Sociales y Ambientales de la Minería en el Perú. Lima, 2005.

2 (DIGESA 2001) Dirección General de Saneamiento Ambiental DIGESA 2001.

3 Banco Mundial, Región de América Latina y el Caribe, Unidad de Desarrollo Sostenible. Análisis ambiental del Perú, retos para un desarrollo sostenible. Perú, mayo 2007.

4 CORA Rolando. Radiación ultravioleta B. Vulnerabilidad y riesgos en el verano. Lima: Ministerio del Ambiente. Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.