Socialización de riesgos y daños en Argentina

Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «lLograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

Además, una nueva ley sobre contratos de APP sancionada en noviembre de 2016 intenta motivar a los agentes privados a invertir en infraestructura pública ofreciendo diversos beneficios. A los inversionistas se les concede el derecho de demandar al Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (una institución del Banco Mundial con sede en Washington), en lugar de utilizar los tribunales locales y, para reducir los riesgos de los inversionistas, el Estado acordó garantizar ganancias por varias décadas. Por último, el Estado cubre cualquier contingencia, por lo que exime completamente de responsabilidad a los inversionistas corporativostrasnacionales en caso de daños medioambientales futuros.

Además de esto, para fomentar la inversión privada en la producción de gas natural a través de la fracturación hidráulica, el Gobierno firmó un acuerdo con el Gobierno provincial de Neuquén, la cámara de comercio y los sindicatos petroleros, que implica una reducción de los beneficios de los trabajadores, los salarios y las futuras pensiones para reducir los costos laborales.

Fuente: Informe nacional de Argentina 2017.