Poco progreso en el plano nacional

POR ROBERTO BISSIO, SOCIAL WATCH¹

En 2017, la red Social Watch solicitó a sus coaliciones nacionales miembros y a otras organizaciones de la sociedad civil que informaran sobre los comienzos de la implementación nacional de la Agenda 2030. En muchas de las respuestas, el término recurrente es “estancamiento” o incluso “retroceso”. Los desastres naturales y no naturales, algunos de ellos de proporciones catastróficas, aparecen una y otra vez, no solo como un obstáculo para un progreso más rápido hacia los objetivos acordados, sino, de hecho, alejándonos de las metas. En varios informes nacionales, los mayores obstáculos y la falta de progreso se relaciona con una dependencia excesiva de las asociaciones público-privadas (APP), impulsadas por el Banco Mundial como modo de financiar la implementación de los ODS.

Las consecuencias del terremoto en Nepal

Nepal sufre aún las consecuencias del enorme terremoto de abril de 2015 en el que murieron miles de personas, un millón de habitantes fueron desplazados y resultaron dañados muchos asentamientos, infraestructura y sitios arqueológicos. Como consecuencia, la “promoción” que le permitirá dejar de ser considerado entre los “países menos adelantados” y que se suponía inminente fue pospuesta para 2030.

Es una paradoja conocida que los terremotos y otras catástrofes destruyen activos, pero estimulan la economía y el PIB como resultado de las actividades de reconstrucción. Sin embargo, Rural Reconstruction Nepal (Reconstrucción Rural Nepal, RRN), una de las ONG más antiguas y respetadas del país, informa que “después del terremoto, la situación apremiante de las personas que viven en los campamentos de Katmandú se complicó aún más por sus bajos niveles de educación. La mayoría son trabajadores no cualificados que se ganan la vida como personal doméstico o que trabajan en el sector de la construcción, en hoteles pequeños, en maquiladoras o en fábricas de alfombras. Incluso un mes después del terremoto, sus ganancias no habían alcanzado los niveles anteriores [...] mientras que quienes administran sus propias pequeñas empresas o puestos callejeros no recibían a suficientes clientes para obtener un ingreso decente”.

Llevó nueve meses establecer un organismo para coordinar los esfuerzos de recuperación entre diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como donantes extranjeros. Esta falta de eficacia se relaciona con la inestabilidad política, ya que el gobierno cambió 25 veces desde la restauración de la democracia, en 1990. RRN explica que la privatización, que también comenzó en 1990 como un modo de aumentar la productividad, impulsar la eficacia, reducir los gastos administrativos y financieros y mejorar la prestación de servicios, generó, en cambio, “inconsistencias en las políticas del gobierno [...] enormes deudas de empresas estatales, corrupción y falta de transparencia”.

Las privatizaciones se suspendieron en 2008 y recién se reiniciaron en 2013. Ahora, la implementación de la Agenda 2030 les está dando un nuevo impulso, ya que los comités de implementación de los ODS incluyen representantes del sector privado en posiciones destacadas como “partes interesadas”. A fines de 2015, el gobierno introdujo su política de asociaciones público-privadas (APP), basada en la aparente necesidad de inversión privada para financiar los servicios públicos.

Sin embargo, el informe del RRN indica que “con solo unos pocos proyectos completados y muchos en marcha, hay señales de alarma que no deben pasar inadvertidas”. La APP Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited (KUKL), que se inició en 2008, no logró cumplir su promesa de mejorar el suministro de agua en el valle de Katmandú. El equipo de KUKL carece de personal técnico cualificado, y 70% de su personal trabaja en puestos administrativos o de contabilidad. Según se percibe, este desequilibrio se debe a una fuerte influencia política, conductas prepotentes y nepotismo. Las tarifas altas del agua, el suministro deficiente y los grandes déficits también revelan la ineficacia de la Junta, presidida por el representante del sector privado.

Se espera que en 2018 fluyan 170 millones de litros de agua por día del río Melamchi, en Sindhupalchok, al valle de Katmandú, con KUKL como único distribuidor. A medida que se acerca la finalización del trabajo en el túnel por debajo del Himalaya que llevará el agua tan esperada a millones de personas (después de una demora de 10 años), RRN concluye que, incluso cuando “las APP tienen ciertas ventajas que podrían beneficiar a un país con un sector público poco productivo”, las empresas privadas “implican demasiado riesgo como para involucrarlas en el suministro de servicios básicos para la subsistencia, como alimentos, combustible o agua” y “deben restringirse a las áreas donde pueden obtener ganancias sin poner en peligro la vida de las personas”.

Desastre no natural en Perú

A principios de 2017, las inundaciones masivas en el norte del Perú destruyeron 100 puentes (muchos construidos deficientemente por contratistas privados corruptos), lo que aisló a cientos de pueblos, afectó a un millón de personas y dañó 200.000 viviendas. “A la gente se le dice que es un desastre natural y lo cree”, concluye el informe de Social Watch, cuando “en realidad es un crimen organizado por los traficantes de tierras”.

Los efectos del cambio climático (ha desaparecido la nieve de la Cordillera de los Andes) se combinan con un crecimiento urbano no regulado que desvía los ríos de los valles. La deforestación de las laderas comenzó bajo el dominio colonial español, pero creció rápidamente en las últimas décadas cuando se fragmentaron en pequeñas parcelas las tierras de las enormes cooperativas de producción organizadas por la reforma agraria. Al parcelarse las cooperativas, e instigados por agitadores y traficantes de tierras, los campesinos individuales ocuparon las riberas de los ríos de la costa y demolieron las defensas de algarrobos y cañaverales que canalizaban las aguas de manera natural.

El Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990 quedó sin efecto en 1991 con la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada que descuartizó el manejo ambiental entre ministerios sectoriales. El Perú no tiene, desde entonces, una agencia independiente ni un sistema de planificación que defina las prioridades ambientales y los recursos correspondientes.

¿Qué ocurrirá ahora? De acuerdo con el informe de Social Watch sobre Perú, “la reconstrucción que seguirá al enorme desastre de 2017 dará lugar a nuevas alianzas para la reconstrucción de autopistas, vías férreas y puentes que volverán a caerse o interrumpirse por cualquier contratiempo dada la mala calidad de construcción, que se debe a que todas las obras se encargan a empresas privadas cuya práctica es obtener utilidades bajando los costos”.

La iniciativa agrícola tailandesa

Del mismo modo que en Nepal, los ODS han servido en Tailandia como un pretexto para incluir a los representantes del sector privado en organismos gubernamentales de alto nivel. El Comité para el Desarrollo Sostenible, presidido por el primer ministro, incluye la Federación de Industrias Tailandesas, la Cámara de Comercio de Tailandia y tres institutos de investigación. La sociedad civil participa en tres grupos de trabajo, pero un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana comentó que tanto el sector público como la sociedad civil desempeñan un rol secundario en comparación con las empresas.

La política del Pracha-Rath (Estado del Pueblo), iniciada por el gobierno, tiene como objetivo promover el papel del sector privado en la inversión, establecer cooperación entre las empresas de la comunidad y el sector privado y desarrollar nuevos planes agrícolas. En agricultura esta política incitó protestas cuando se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura y Cooperativas y algunas empresas privadas de plaguicidas, semillas y fertilizantes químicos. Si bien se dice que esto ayudará a los agricultores –porque se bajarán los precios de estos insumos–, el informe de Social Watch advierte que “la intención real es impulsar las ventas de estos materiales agrícolas químicos”. La política es “irrelevante para el desarrollo sostenible agrícola”, según afirma, “porque el uso excesivo de plaguicidas siempre ha sido un problema importante para los agricultores tailandeses”.

En cambio, la caída en los precios de productos agrícolas, en especial del maíz, la tapioca y el arroz, es consecuencia del apoyo del gobierno a las industrias de forraje y las grandes empresas de agronegocios. Más de un millón de familias de agricultores se vieron fuertemente afectadas por esta política. Los precios del maíz cayeron abruptamente debido a las importaciones de los países vecinos, sin restricciones en las cantidades ni en las fechas de vencimiento. Además, se importan millones de toneladas de trigo para las industrias de forraje, sin impuestos.

El fomento del maíz y la caña de azúcar para forraje beneficia aún más a los conglomerados que forman parte del Pracha-Rath, que obtienen sus ganancias de la producción de azúcar, los monocultivos de maíz y caña de azúcar, el forraje, los fertilizantes químicos y los plaguicidas. Más recientemente, el gobierno propuso reducir las tasas de interés para la agricultura a gran escala a 0,01%, mientras que los agricultores orgánicos y otros pequeños agricultores aún tienen que pagar de 5% a 7%.

Del lado positivo, el informe sobre Tailandia registra que la oposición pública a los organismos modificados genéticamente derivó en la cancelación de un intento de enmendar la ley de 1999 sobre protección de variedades vegetales con el objetivo de incluir disposiciones favorables para las empresas de semillas.

Participación de las OSC en Jordania

Si bien en Nepal y Tailandia los ODS brindaron una oportunidad para que las empresas participaran en la toma de decisiones del gobierno, en Jordania, las OSC esperan que la Agenda 2030 abra un espacio para debatir con el nuevo gobierno y el Parlamento sobre las maneras de incorporar los ODS en las políticas nacionales, así como la participación de las OSC en un mecanismo de control.

El informe realizado por el Centro Phenix de Estudios Económicos e Informáticos indica que “además de las políticas convenientes para las empresas recomendadas por las instituciones financieras internacionales (IFI) acreedoras, las grandes empresas y corporaciones en sí, representadas en las Cámaras de Comercio e Industria, habitualmente ejercen su influencia económica y política sobre los encargados de formular políticas para su beneficio propio”. Por el contrario, las micro-, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) están prácticamente excluidas de la formulación de políticas. El movimiento laboral independiente tampoco es incluido en los procesos de consulta y diálogo social, por lo que las grandes empresas quedan casi como únicos representantes en estos procesos.

Para ilustrar el dominio que ejercen las grandes empresas sobre los procesos de toma de decisiones, el Centro Phenix describe cómo en 2016, después de una presión constante por parte de las organizaciones de trabajadores, el gobierno finalmente aceptó introducir una medida para aumentar el salario mínimo, que se mantenía en un exiguo monto de 268 dólares por mes desde 2012. Tras la presión de las cámaras de comercio e industria, el gobierno abandonó la medida.

El derecho al agua en México

También en México, el agua es una inquietud importante. Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las “políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales”.² A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, 95% del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. “Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana”.

En el informe de Social Watch sobre México, se enfatiza que “las regulaciones insuficientes e ineficaces sobre el impacto medioambiental y social han derivado en numerosos casos de violación de los derechos fundamentales debido a las actividades empresariales”. El gobierno “no cumplió su obligación constitucional de proteger los derechos humanos, afectados por la proliferación de proyectos a gran escala por inversiones privadas o público-privadas sin consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada”. Las protestas frecuentes generaron represión, lo que incluyó arrestos y agresión física. El informe concluye que, en México, la falta de diligencia debida, de acceso a la justicia y de cumplimiento de las decisiones judiciales en casos de violación de los derechos humanos que involucran empresas es la norma.

Despidos para lograr productividad en Marruecos

Según indican los informes del equipo de Social Watch, en Marruecos, la institución suprema de auditoría del reino informó un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de proveedores privados de servicios públicos de agua, electricidad y saneamiento: en la ciudad de Tánger, el grupo Amandis, asociado al grupo francés Veolia, cumplió solo 3.030 de 10.000 obligaciones de este tipo durante los primeros cinco años de sus operaciones. En Casablanca, se llevaron a cabo solo 45.806 “conexiones sociales” (en beneficio de los pobres) en 10 años (de 1997 a 2006) de las 90.000 prometidas por la empresa francesa Lédique, del grupo Suez.³

La productividad laboral efectivamente mejoró con las APP (localmente conocidas como “concesiones autorizadas”) en la distribución de agua y energía, así como en los sectores de gestión de las aguas residuales. Sin embargo, el aumento de productividad se debió, principalmente, a un gran número de despidos de trabajadores, aproximadamente 20% del personal, lo que redujo a la mitad la cantidad de empleados por cada 1.000 conexiones. En contraste, ciertas agencias independientes pudieron lograr más mejoras en la productividad laboral, en comparación con las empresas bajo concesiones autorizadas, sin recurrir a despidos, lo cual desmiente que las concesiones sean más eficaces o eficientes.

Salud con fines de lucro en Egipto

En Egipto, el Banco Mundial sostiene que los logros en la reducción de las tasas de mortalidad y la suba del nivel de esperanza de vida alcanzados desde el comienzo del siglo XX no continuarán si el sector privado no se involucra, debido a que el gobierno no dedica suficientes recursos al sector de la salud y a que hay una menor posibilidad de mejorar los hábitos no saludables de las personas pobres.

En el informe de Social Watch se advierte que, si bien el gobierno anunció la creación de algunas APP en el Hospital Universitario de Maternidad y Banco de Sangre de Smouha y el Hospital Al Mowasat, la unidad central de la APP no ha dado a conocer al público los detalles de los proyectos ni la naturaleza de las responsabilidades de los inversionistas. Tampoco anunció quiénes son los principales inversionistas de los proyectos ni cuáles son las mejoras que se espera que alcancen. Lo único que conoce la sociedad civil es que las APP se implementarán y serán parcialmente gestionadas por Bareeq Capital, DETAC Construction & Trading, Siemens Healthineers y la empresa G4S.

Estos proyectos están supervisados por la Corporación Financiera Internacional (la rama del Banco Mundial que apoya al sector privado) como asesora financiera, Mott Macdonald como asesora técnica y Trowers & Hamlins como asesora legal. El contrato de tres años se firmó en 2012, pero los proyectos aún no se han finalizado. Un motivo podría ser el hecho de que el préstamo bancario ofrecido a la alianza empresarial se redujo a la mitad del presupuesto acordado previamente.

En el informe sobre Egipto se explica que los estudios de caso anteriores demostraron que el fracaso de las APP se debe, la mayoría de las veces, a problemas financieros relacionados con la capacidad de los receptores del servicio para pagar las tarifas, o bien con la incapacidad del gobierno para cubrir los costos del proyecto. Con el sector privado como proveedor, la función del gobierno pasará a ser proteger a los receptores del servicio (especialmente los pobres), a fin de garantizar igualdad y ofrecer un mecanismo de rendición de cuentas que les brinde a los ciudadanos el derecho a presentar quejas y denuncias cuando haya alguna negligencia médica.

En el caso egipcio, la declaración de los funcionarios a cargo de privatizaciones e inversión muestra que el sistema propuesto se basa en la falta de seguros, una cobertura de salud deficiente y salarios bajos para los médicos: un enfoque que no tiene en cuenta las nociones de justicia o protección social. Los expertos en salud de todo el mundo advierten que la privatización del sector de la salud creará disparidades en la prestación de atención médica y, finalmente, perjudicará a los pobres.

APP en la India: la brecha entre la teoría y la práctica

En la India, se espera que las APP movilicen casi la mitad del billón de dólares prometido para inversión en infraestructura en el plan quinquenal 2012-2017. El gobierno ha fomentado activamente las APP en diversos sectores de la economía y el informe de Social Watch sobre la India presenta un balance mixto. Varios proyectos de construcción de autopistas y carreteras, como el Golden Quadrilateral, y puertos, como el Jawaharlal Nehru Port Trust, son considerados exitosos.

Sin embargo, el informe observa que “muchas veces, las APP son buenas en la teoría, pero en la práctica [...] se convirtieron en vías para que los agentes inmobiliarios se enriquezcan a costa de los contribuyentes”. Algunos promotores hábiles “persuadieron” a los bancos del sector público para que les otorgaran préstamos con garantías y supuestos dudosos. Estos promotores retiraron su capital en la fase de construcción y se fueron del proyecto en diversas condiciones. Como la India está ubicada en el puesto 178 sobre un total de 189 países en cuanto a la capacidad de “hacer cumplir contratos”, esto no debería sorprender, ya que las APP son, esencialmente, contratos. Los mayores perdedores fueron los ciudadanos de la India. Los bancos del sector público tienen ahora numerosos préstamos en dificultades, que solo pueden remediarse mediante recapitalizaciones a costa de los contribuyentes.⁴

Objetivos inspiradores para Armenia

En Armenia, un país menos adelantado y sin litoral, el Comité Interinstitucional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible se estableció en febrero de 2017, bajo el Consejo Nacional sobre Desarrollo Sostenible, presidido por el primer ministro. El Comité coordinará e implementará el proceso de “nacionalización” de los ODS y, para ello, traducirá los objetivos internacionales en planes y objetivos nacionales con participación de la sociedad civil.

En el informe de Social Watch sobre Armenia se indica que, a diferencia de la tendencia predominante, el nuevo gobierno elegido en 2016 decidió evitar la participación directa en proyectos conjuntos con el sector privado, por lo que se limitará al uso de incentivos fiscales para estimular las áreas prioritarias.

Bloqueada por sus vecinos Turquía y Azerbaiyán, Armenia depende económicamente de Rusia, donde vive la mayoría de los migrantes armenios. Así pues, sufrió tanto con la crisis financiera mundial de 2008 como con las sanciones económicas contra Rusia y la resultante recesión económica en ese país, un importante socio económico y comercial. Después de llevar a cabo la transición del régimen autoritario como parte de la Unión Soviética a la democracia y una economía de mercado y, más recientemente, a la integración regional en la Unión Económica de Eurasia bajo el liderazgo de Rusia, el nuevo gobierno armenio considera los ODS como un modo de liberalizar las actividades políticas y socioeconómicas, respetar los derechos humanos y fomentar la igualdad de género de manera simultánea.

Escándalos de las APP en Colombia

En Colombia, antes de que se adoptara oficialmente la Agenda 2030, en febrero de 2015, se creó una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación de la Agenda para el Desarrollo Después de 2015, que incluye los ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas y Medioambiente, la Oficina de la Presidencia y los departamentos de Estadísticas y Planificación. Uno de sus mandatos es “diseñar esquemas de asociaciones público-privadas”.⁵

En consecuencia, las APP proliferaron y, hasta el último trimestre de 2016, en el registro nacional, había más de 5.000.

La primera APP, suscripta en 2014, se diseñó con el fin de recuperar para la navegación el río Magdalena.

Sin embargo, la sociedad civil se opuso a esto porque no se consultó a las comunidades locales y no había suficientes estudios de impacto ambiental y social. Además, 87% de la Sociedad de Objeto Único Navelena SAS, el socio privado de la APP, pertenece a Odebrecht, la empresa constructora brasileña protagonista de un enorme escándalo de corrupción. Los altos ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos en la negociación de esta alianza.

De manera similar, la construcción de un tercer carril en la autopista Bogotá-Girardot está generando acusaciones de corrupción contra los directores ejecutivos de Conalvías y Conconcreto, en este caso, por fijar ilegalmente precios en la licitación pública. Perimetral de Oriente, otra APP para infraestructura a cargo de una alianza de la empresa israelí Shikun & Binui y el grupo de empresas Grodco, está siendo cuestionada por la gente de las áreas afectadas, entre ellas, la reserva natural de Páramo de Chingaza.

Todos estos proyectos se respaldaron con millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o ambos. Según concluye el informe de Social Watch sobre Colombia, los resultados “demuestran costos enormes para las finanzas públicas, ya que intereses transnacionales fueron privilegiados sobre cualquier beneficio social” (véase el recuadro en el capítulo 17).

Desastre de gobernanza en Brasil

Entretanto, en Brasil, poco después de destituir a la presidenta Dilma Rousseff por acusaciones de gestión presupuestaria (no relacionadas en lo absoluto con la corrupción), la segunda decisión del vicepresidente Michel Temer como presidente interino fue crear un programa de alianzas para la inversión con el fin de promover privatizaciones masivas y nuevas APP.

La recesión económica brasileña, agravada por la incertidumbre política generada por el escándalo de corrupción arraigado en las APP, se utiliza como excusa para privatizaciones adicionales (“necesitamos atraer inversionistas”) y un recorte drástico simultáneo en seguridad social, en gastos del Estado (para compensar el aumento en pagos de deuda externa) y una reforma del sistema de pensiones que no tiene ningún efecto económico inmediato, pero se supone que debe complacer a los mercados monetarios. De acuerdo con el informe de Social Watch sobre Brasil, “para crear un ‘entorno empresarial saludable’, el gobierno está desmantelando cualquier obstáculo regulatorio (social, medioambiental, cultural o laboral) que pudiera afectar las ganancias empresariales”. Además, en el informe se explica lo siguiente:

“Las políticas públicas universales de educación y seguridad social, garantizadas por la Constitución de 1988, que restablecieron la democracia se desmantelan no solo para reducir los gastos públicos, sino también para permitir que las transnacionales capturen los grandes mercados de la salud y la educación. [...] En cuanto al régimen disciplinario fiscal, las pocas políticas públicas destinadas a romper con las desigualdades históricas de Brasil y luchar contra la pobreza se están recortando, eliminando y reduciendo. Se interrumpen los procesos destinados a implementar derechos y se desmantelan las pocas instituciones destinadas a reconocer los derechos de grupos históricamente rechazados”.

La conclusión lógica es que “en este contexto, es muy poco probable que Brasil logre una correcta implementación de los ODS”.

Socialización de riesgos y daños en Argentina

Desde 2015, con la elección de un nuevo gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas, a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, “esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo”, de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 terrenos pertenecientes al Estado, la mitad de ellos en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones de superpoblación y casi 200.000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los gobiernos a “lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.

Además, una nueva ley sobre contratos de APP sancionada en noviembre de 2016 intenta motivar a los agentes privados a invertir en infraestructura pública ofreciendo diversos beneficios. A los inversionistas se les concede el derecho de demandar al Estado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (una institución del Banco Mundial con sede en Washington), en lugar de utilizar los tribunales locales y, para reducir los riesgos de los inversionistas, el Estado acordó garantizar ganancias por varias décadas. Por último, el Estado cubre cualquier contingencia, por lo que exime completamente de responsabilidad a los inversionistas transnacionales en caso de daños ambientales futuros.

Además de esto, para fomentar la inversión privada en la producción de gas natural a través de la fracturación hidráulica, el gobierno firmó un acuerdo con el gobierno provincial del Neuquén, la Cámara de Comercio y los sindicatos petroleros, que implica una reducción de los beneficios de los trabajadores, los salarios y las futuras pensiones para bajar los costos laborales.

Saqueo del sector privado al sector público en Guatemala

En Guatemala, la asimetría entre el interés privado y el público es tan grande que “no es posible ninguna APP apropiada”, informa la alianza cooperativa Congcoop a Social Watch. La autopista Palín-Escuintla en el sur del país, por ejemplo, fue construida por el Estado a un costo de 42 millones de dólares y luego se remitió a una empresa mexicana. Entre los años 2000 y 2014, según las cifras oficiales, este “socio” cobró 114 millones de dólares en peajes y le devolvió al Estado apenas 1,1 millones.

“Gracias a precedentes como este, el público ve las APP como una herramienta para que el capital privado agote las finanzas públicas”, concluye el informe.

Futuras deudas amenazantes

El informe de Social Watch sobre Kenia registra “una inversión grande e inédita en proyectos de megainfraestructura”. En lugar de estimular un crecimiento económico equitativo, estas iniciativas generan para la economía nacional una carga de deuda insostenible de unos 50.000 millones de dólares.

El informe señala: “Los sectores que lideran el crecimiento han tenido un desempeño deficiente en cuanto a la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad. La disminución de la actividad en los sectores agrícola y manufacturero ha dado lugar a un crecimiento sin empleo que ha generado una situación de la cual es muy difícil salir. En cambio, ha convertido a Kenia en una de las sociedades más desiguales del mundo”.

Mientras tanto en Benín, el equipo local de Social Watch escribió, en abril de 2017, una “carta abierta a la comunidad internacional” para difundir cómo con la nueva ley sobre APP “resulta muy difícil distinguir el patrimonio del presidente [Patrice] Talon de los bienes públicos”, ya que el empresario y presidente, “infringiendo las normas sobre mercados públicos y APP, está reconstruyendo su imperio personal y generando enormes deudas públicas”.

Hasta el momento, la experiencia en la implementación de la Agenda 2030 documentada en los informes nacionales parece ser más un camino hacia nuevos obstáculos, y posiblemente nuevos desastres, que una fórmula innovadora para convertir en realidad sus ambiciosos compromisos.

Roberto Bissio es director ejecutivo del Instituto del Tercer Mundo y coordinador de la red Social Watch.

Notas: