Agenda 2030, utopía bella pero inalcanzable

Héctor Béjar; Raúl Luna Rodríguez (Coordinador)
GRESP. Grupo Red de Economia Solidaria del Perú; Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria

Ha pasado más de un año de las lluvias e inundaciones que afectaron a 21 de los 25 departamentos del Perú. En aquella ocasión, 11 departamentos fueron declarados en emergencia, casi la mitad del país. Hubo 56,293 personas damnificadas y 546,052 afectadas. 114,735 viviendas fueron afectadas y 7,106 locales públicos quedaron inhabitables. 814 Km de carreteras quedaron totalmente destruidos y 1,611 Km afectados. 92 puentes fueron destruidos y afectados, 2,159 canales de riego fueron afectados y 162 destruidos1. Necesitaron atención urgente e inmediata 7 departamentos: Piura, Tumbes; Lambayeque; La Libertad; Ancash; provincias andinas de Lima e Ica.

Al finalizar 2016 y comienzos del 2017 todavía no se empieza una reconstrucción en serio de las zonas afectadas. Casi todo son anuncios.

El gobierno se ha dedicado hasta ahora a la descolmatación y limpieza de la parte más peligrosa de los ríos y canales de La Leche, Olmos, Motupe, Zaña, pero la gente sigue viviendo al aire libre y otras poblaciones del norte continúan abandonadas a su suerte. Se ha reconstruido solo 3,000 de 15,000 viviendas afectadas en algunos distritos como Lambayeque, Chiclayo, Chongoyape, Tablazos, Pucalá, Reque, Monsefú y Eten2.

A comienzos del 2017 el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski logró que el Congreso apruebe una ley de "reconstrucción con cambios", pero el Jefe de la Reconstrucción fue destituido a los pocos meses y el presidente de la República renunció en marzo del 2018 para evitar su destitución después de haberse revelado sus negocios privados con dinero del Estado. La nueva administración del Presidente Martín Vizcarra intenta una acción más cercana a las poblaciones perjudicadas en coordinación con los gobiernos regionales y locales pero no ha logrado nada notable hasta este momento y miles de personas siguen viviendo en campamentos provisionales sin electricidad, agua corriente ni desagüe.

El centro de la discusión es si se va a reconstruir lo mismo con idénticos criterios como en el pasado, o si las poblaciones serán reubicadas en lugares a cubierto de las inundaciones, más allá de las pendientes de las montañas o las riberas de los ríos como han hecho hasta ahora. Esto no es fácil porque para lograr nuevas ubicaciones técnicamente seguras hay que afectar derechos de propiedad privada sobre tierras. Un enfoque de ocupación territorial organizada debe modificar viejos hábitos de una población extremadamente pobre y marginada que es víctima de los traficantes de terrenos que se han adueñado de casi todas las áreas libres y siguen aprovechando el caos y la corrupción imperantes. Eso es prácticamente imposible en las condiciones actuales.

El Perú se encuentra en el Círculo de Fuego del Pacífico, donde suceden el 90 % de los terremotos del planeta y tiene el 75 % de los volcanes activos de la Tierra. El cambio climático global hace que se presente el Fenómeno del Niño con mayor frecuencia. En las nuevas condiciones de este cambio,  las lluvias causan  inundaciones en la costa norte mientras se producen al mismo tiempo sequías en la sierra centro y sur.

A estos fenómenos naturales se agrega la falta de planificación en la ocupación de tierras para vivienda y la vulnerabilidad en los terrenos que no siendo aptos, son usados para instalar desordenadas urbanizaciones populares impulsadas y dirigidas por traficantes. Penetrado por todo tipo de corruptelas, el estado peruano es muy débil institucionalmente para  implementar políticas públicas  de gestión de riesgos,  prevención, atención de emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

En el 2007 hubo un terremoto grado 7, escala Richter, en la Región Ica,  y en el año 2017 se produjeron lluvias intensas en la   región  norte del Perú  y en Ecuador. A mayo del 2018, aún existen familias que  no han reconstruido sus viviendas perdidas hace más de diez años en el terremoto del 2007.  Desde las inundaciones del 2017,  miles de familias aun  no pueden volver a sus casas y viven precariamente en carpas mientras se han presentado  epidemias y enfermedades como el dengue y otras, las escuelas tienen precarias aulas provisionales y los hospitales y centros de salud funcionan muy limitadamente solo para emergencias. Muchas familias de clase media han retornado a la pobreza y otros pobres han pasado a la pobreza extrema.

En estas condiciones que se sumaron a la precariedad y corrupción ya existente, la protección social para evitar los desastres, aún es muy limitada. La Encuesta Nacional de Hogares ENAHO de 2018 reveló que la pobreza monetaria subió al 21.7% de la población. Esto significa que más de la quinta parte de peruanos y peruanas están ganando menos de dos dólares diarios, unos 180 soles mensuales, la mitad de la canasta mínima de alimentos para subsistir que es 320 soles.

En 1990, hace casi 30 años, cuando empezó el programa neoliberal, la pobreza llegaba al 24%. El Perú ha vendido a bajo precio sus empresas públicas y ha entregado todos sus recursos naturales para bajar solo en 3 puntos la pobreza monetaria. Y si se considerase la pobreza multidimensional, la situación sería todavía peor.

En estas condiciones, vista desde el Perú actual, la Agenda 2030 aparece lejana, como una utopía bella pero inalcanzable. Solo una acción nacional e internacional muy vigorosa puede sacar al país de este estancamiento y abrir nuevos horizontes. Pero eso no ha sucedido todavía. Mientras tanto, los grupos de las Iglesias y de la sociedad civil trabajan sin descanso.

Notas:

1 Resumen ejecutivo emitido por INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), 2017.

2 Datos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC presidida por Edgar Quispe Remón.