Conclusiones Sobre el Estado de Situación de ODS en Guatemala

Helmer Leonel Velásquez Herrera¹
CONGCOOP

El Estado de Guatemala, no logró alcanzar ni una sola de las metas y objetivos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015². Así llegamos a los ODS, en condición de importantes rezagos. Sin que hasta el día de hoy se conozcan esfuerzos importantes de la gestión gubernamental, por remontar la grave situación.

Sobre los ODS 1, 2 y 4

Reconociendo la integralidad de los ODS, nuestro énfasis conclusivo se dirige a objetivos claves a este país y que consideramos causa y efecto de nuestros problemas.

Guatemala cada vez más lejos de cumplir con aquellas metas y objetivos:

El gobierno actual (Jimmy Morales 2016-2020) inicia su periodo de Gobierno, justo cuando el país debe iniciar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Enero 2016. Ciertamente es administración, recibe el Gobierno en el medio de una crisis de gobernabilidad, que no logra superar, aún persiste y las carencias de la población, no hacen más que crecer. La administración de Jimmy Morales al recibir los cargos, describió así el gobierno que recibía:

El Gobierno de Guatemala 2016-2020 recibe un país que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Los graves actos de corrupción perpetrados por algunos de los más altos dignatarios y funcionarios de los gobiernos pasados y su actitud depredadora frente al erario nacional impactaron de manera inmediata al provocar una reducción drástica de la recaudación tributaria que provocó el desfinanciamiento y la inmovilización del Estado, el cual no puede responder con prontitud ante las exigencias de la población.³

El anterior análisis, realizado por la Vice Presidencia de la República en el año 2016, es una buena radiografía del estado en que la Administración Morales Cabrera recibía el Gobierno de la República. Lo grave de la cuestión, es que la situación durante el transcurso del período de gobierno 2016-2019, no hizo más que agravarse. Todos los indicadores sociales marcan retrocesos. Por ejemplo la tendencia hacia más pobreza continuó su ritmo: “En el año 2000 los países se propusieron reducir la pobreza a la mitad en 15 años, a partir de esta línea de base Guatemala se planteó reducir un 9%, pero en realidad la incrementó más de la base, llegó a un 23% según el criterio de consumo”⁴ en 2017. El gobierno está al tanto del problema, pero es incapaz de acometerlo. En su Tercer Informe de Labores enero de 2019 reconoce la gravedad de una de las aristas del problema: la desnutrición crónica.

Según la sexta Encuesta nacional de salud materno infantil 2014/2015 efectuada a nivel nacional, el 46.5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica, situación que se agudiza entre la población indígena, en donde el 58 por ciento de este mismo grupo poblacional padece el flagelo.

Sin embargo y aun conociendo la gravedad del problema las acciones de respuesta, no llegan a la población. La respuesta gubernamental: programas clientelares, vinculadas a intereses político electorales. No se atacan problemas de fondo. Los programas gubernamentales, en el campo, están dedicados, ha transferencia limitada de insumos y “capacitación”⁵ a campesinos. Hay ausencia absoluta, de crédito campesino, infraestructura productiva, mercado y acceso a tierra. No existen medidas reales para aumentar –por ejemplo- la resiliencia campesina frente al cambio climático.

Al contrario, se han privilegiado acciones paternalistas que se reflejan en el mismo informe de gobierno: “537,818Total de personas que recibieron raciones de alimentos o cupones canjeables por alimentos”⁶. No existen programas de desarrollo campesino que generen empleo e incrementen la producción alimentaria.

Las transferencias condicionadas un programa en quiebra política y financiera durante este gobierno. Las transferencias dinerarias a las familias en pobreza y pobreza extrema, entregados a cambio de que los niños fuesen a estudiar y al sistema de salud. Colapsó, en este gobierno por incapacidad institucional, así se pasó de setecientos mil beneficiarios en los gobiernos anteriores, a: noviembre de 2018 con 49,459 entregas de asistencia financiera por un monto de Q500.00 destinado a titulares de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema”⁷ Es decir, este gobierno en su ineptitud no logró ni siquiera sostener este tipo de acciones paliativo. Ya en 2011 UNICEFF, sobre las transferencias condicionadas recomendaba:

En el ámbito económico, el fortalecimiento de mecanismos de transferencias condicionadas en efectivo y de programas de acceso a microcréditos y asistencia técnica, junto con respuestas a los problemas de la tierra que estén basadas en el respeto a los derechos humanos, permitirán generar mayores oportunidades para aumentar los recursos monetarios de los hogares, con el fin de que se posibilite el acceso a una adecuada alimentación en todos ellos⁸.

Sin embargo, sucesivos gobiernos, no solamente no tomaron en cuenta esta recomendación, sino que las trasferencias condicionadas terminaron por transformarse en programas electorales. Este gobierno, no logro mantener, ni siquiera, aquellos programas y redujo drásticamente el número de beneficiarios. Simplemente a sido ineficiente en mantenerlos en ejecución.

La tendencia de inacción gubernamental real, continuo a la baja. Para octubre 2018. La voz es de alarma:

cerca de la mitad de los niños menores de cinco años de Guatemala sufren desnutrición⁹, casi un 20 % de la población no sabe leer ni escribir, el promedio de escolaridad es de seis años y medio. Todos esos datos, que este año actualizó el informe de Desarrollo Humano, ya los conocemos. Y como fantasmas ya conocidos no nos asustan. Pero deberían. Porque cada vez están peor y no hay señales de que puedan mejorar¹⁰. Un panorama oscuro para el presente y futuro de Guatemala.

A la desnutrición crónica se suma el preocupante dato sobre la desnutrición aguda, cuyo índice también se reporta al alza: casos de desnutrición aguda en niños guatemaltecos menores de cinco años se incrementaron un 3.7 por ciento en las primeras diez semanas del 2019, en comparación con el mismo periodo del año pasado¹¹. El colofón de la inacción del gobierno, nos lleva a un año 2019 que inicia con un estado de situación patético:

El desarrollo humano se estancó en los últimos tres años. La tendencia que tenía desde 1990 hasta 2015 era de subir por lo menos un 1 % anual, pero los últimos años ha subido menos de 0.5 % anual. La tasa de matriculación de primaria ha caído terriblemente, eso impacta en el índice y creemos que el índice puede llegar a tener un comportamiento negativo en los siguientes años”, dice alarmado Arriola. Este año Guatemala cayó un puesto, el año¹² pasado alcanzó el 126. Fin de cita: La única excepción en la caída, es la matriculación en educación pre primaria.

Los indicadores están en retroceso. Guatemala. No está contribuyendo al desarrollo de su población, particularmente de los más postergados. El país mantiene niveles de atrofia, en su desarrollo y la amenaza más fuerte al día de hoy es el retroceso. Nuestros gobiernos han sido incapaces de trabajar en forma seria y sostenida. Llegaremos a nuevo examen -Julio 2019-, con lo mismo de los años anteriores. “Avances” en arreglos institucionales y construcción de matrices de datos. Nada más.

Sobre Objetivo 16

Guatemala, atraviesa desde el año 2015 un largo período de absoluta inestabilidad política, en donde el ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil, está en uno de sus más bajos niveles, de las últimas dos décadas. En el Congreso de la República, continúa el debate por reformar la Ley de Organizaciones No gubernamentales. Iniciativa que atenta en contra el derecho a la organización social y la libertad de expresión. La misma es apoyada por la bancada oficial de diputados y afines. La reforma a la Ley de ONG busca detener, expresiones sociales críticas y coarta la Organización Social y la Defensa de los Derechos Humanos. La plataforma nacional de ONG: Coordinación de ONG y Cooperativas en comunicado público sobre la pretendida reforma expreso:

diputadas y diputados que responden al Pacto de Corruptos, son quienes están pretendiendo realizar las reformas a la Ley de ONG, la cual consideran que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de organización, por lo que significaría un retroceso para la democracia y la violación de derechos constitucionales…CONGCOOP reitera su rechazo a la referida reforma y demanda la no continuación de su discusión, que sea retirada de la agenda legislativa, ya que no aporta en nada al fortalecimiento del sector de ONG de desarrollo, ni al proceso democrático del país¹³.

La corriente de leyes regresivas es amplia, baste el ejemplo anterior y la pretendida reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, instrumento surgido de los Acuerdos de Paz y que dejo fuera de la amnistía a militares e insurgentes, que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. La legislatura oficial actual y aliados pretenden reformar la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar amnistía a autores de delitos como: genocidio, desaparición forzada y tortura. La iniciativa de ley (5377) busca liberar de prisión y persecución penal a la vieja nomenclatura militar en prisión y perseguida penalmente por graves crímenes contra la humanidad¹⁴.

La participación de la Sociedad civil en el monitoreo seguimiento y evaluación del cumplimiento de los ODS, es restringida, a aquellas organizaciones que están incorporadas al esquema oficial de participación social reconocido por él Estado: Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esto significa que las organizaciones que no participan en aquel esquema de participación, -regularmente, son las organizaciones sociales más beligerantes y movilizadas- No tienen voz ni voto, en el seguimiento a la Agenda 2030. Algunas organizaciones sociales propusieron constituir un Comité integrado por múltiples partes –gobierno, sociedad civil y comunidad internacional- especializado en el monitoreo, seguimiento y evaluación de los ODS, que tuviese capacidad de opinión frente al Estado. La propuesta no fue aceptada por el gobierno de la república.

La forma de participación, determinada por el gobierno se refleja, en el texto, de la Secretaría Planificación y Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN- de Agosto 2016¹⁵:

El seguimiento de la agenda en el ámbito político descansará en el Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diferentes niveles. El Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), por medio del Punto Resolutivo Número 05-2016, creo la Comisión de Alineación, Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, la cual le dará seguimiento a la Agenda ODS y cualquier otro compromiso internacional en materia de desarrollo (Cairo + 20 (población y desarrollo), conferencia mundial sobre los pueblos indígenas, Beijing (Mujer), sobre ambiente, entre otras).

En síntesis: La representación social en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a cargo del seguimiento y monitoreo de los ODS, no refleja el amplio abanico de la sociedad civil. Este hecho significa un déficit cualitativo a la representación social en los asuntos del desarrollo.

La criminalización de defensores de derechos humanos un elemento inhibidor de la participación social¹⁶

En la actualidad más de 600 dirigentes comunitarios¹⁷, vinculados a expresiones en defensa de territorio y ambiente, están sometidos a persecución penal. Se les criminaliza, con argumentos penales, por encabezar y/o participar en causas de defensa social. Existe una actitud hostil hacia las organizaciones sociales. Esta política hostil a la acción social, tuvo durante al año 2018 su expresión más grotesca y terrorífica: doce dirigentes comunitarios, defensores de la Tierra Asesinados¹⁸

Para este período de gobierno, a la Administración se le ha ido en la creación de comisiones burocráticas, sin capacidad operativa. No coadyuvan en términos prácticos al desarrollo nacional y consecuentemente al cumplimiento de los ODS. Una muestra de aquello: La iniciativa de Ley presentada por el Organismo Ejecutivo, para la “institucionalización parlamentaria de seguimiento al desarrollo nacional”, iniciativa de ley que propone reformar la Ley Orgánica del Congreso de la República, con el fin de crear la Comisión Parlamentaria de: Prioridades Nacionales para el Desarrollo, lo que implica –dentro de otros. Seguimiento a los ODS. La Iniciativa de ley 5388¹⁹. Iniciativa sin perspectiva estratégica, ni sustancia real. No ha generado interés social ni parlamentario. Se trata de un esfuerzo gubernamental por “demostrar” voluntad política. En el medio de cero acciones. Creación de mascaradas institucionales inoperantes.

Sobre calidad de la democracia, estabilidad política y gobernabilidad

El país entró desde el año 2015, en una espiral ascendente de precariedad política. No es que antes fue mejor. Simplemente, es que ahora estamos en el extremo. Absolutamente peor. Con indicadores graves de legitimidad en la “dirigencia” política y gubernamental. La baja de confianza de la población, hacia la institucionalidad de Estado es un reflejo del desastre institucional:

(Encuesta) Los resultados señalan que los órganos de justica —Organismo Judicial— solo genera confianza en el 29 por ciento de la población, mientras que la Presidencia —Organismo Ejecutivo— únicamente lo hace en el 15 por ciento de la población y los diputados organismo Legislativo— tan solo al ocho por ciento de la población. Los datos son igualmente dramáticos cuando se le preguntó a los entrevistados si creían que estas instituciones estaban haciendo un buen trabajo, pues para el Judicial solo el 28 por ciento de las personas respondió de forma positiva, para el Ejecutivo el 19 por ciento y para el Legislativo el 14 por ciento²⁰.

Es este el reflejo de una crisis que va más allá del Organismo Ejecutivo y que se ha ido transformando en una crisis de Estado. En donde la voz popular percibe a los poderes del Estado y sus instituciones como guetos de políticos corruptos, que únicamente velan por sus intereses pecuniarios. Una síntesis de los tres años del gobierno de Morales Cabrera, es esbozada por el empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez²¹ y publicado por el País Internacional, identifica la situación.

Hace pocos días, uno de los hombres más influyentes de Guatemala, el empresario Dionisio Gutiérrez, hizo una síntesis de la gestión de Morales que comparten hasta sus más encarnizados adversarios: Señor presidente, déjeme decirle que la devastación institucional que usted deja es una amenaza para la democracia, para el Estado de derecho y para la libertad de la nación...Su único plan de Gobierno, continuó, fue mantener la captura del Estado. Viola la Constitución cada vez que le da la gana. Lejos de liderar el esfuerzo de la lucha contra la corrupción, lo destruyó. No dudó de calificar al mandatario como inmoral, deshonesto, incapaz, incompetente y cómplice del crimen organizado.

Sobre Objetivo 10

Las deficiencias en el sistema democrático, la grave crisis de gobernabilidad y legitimidad, que vive el país. El permanente avance de pobreza y exclusión, están asentadas en el sistema económico, social político y cultural del país. Esos factores aunados a un racismo estructural. Hacen de Guatemala un país postergado. Una economía pujante que beneficia al (1 %) de la población cuyos ingresos son más de la mitad de los pobres e este país.

Así por ejemplo se estima por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que solamente el 20 % de la PEA está cubierta por la Seguridad Social²², el grueso de la población laboral corresponde al mal llamado sector informal de la economía, situación que lo excluye de protección social.

Para tener los beneficios del seguro social, las personas deben laborar en el sector formal de la economía. Pero según la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, el 67.9% de los guatemaltecos trabajan en el sector informal. La economía informal está constituida con trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas. La actividad que absorbe el mayor porcentaje de personas ocupadas en el sector informal es la agricultura.²³

La desigualdad afecta con particular crueldad a la niñez y con saña a la niñez rural indígena y campesina. Afirma UNICEFF en 2011: “el promedio nacional de desnutrición crónica (49.8%) oculta aún mayores desigualdades; por ejemplo, el porcentaje de niñas y niños indígenas desnutridos (65.9%) es superior a lo observado en el país con mayor desnutrición del mundo (Afganistán, 59%)”. La desnutrición obviamente asociada a fenómenos de hambre, pobreza, siguen siendo no solamente un indicador lacerante, de las desigualdades en el país, es la tragedia constante de miles de familias en el país.

La desnutrición crónica que padecen un millón trescientos mil niñas y niños guatemaltecos menores de cinco años…. Guatemala es el primer país de América Latina y El Caribe y el sexto a nivel mundial con mayor porcentaje de niños desnutridos menores de cinco años y el hambre es el reflejo de las grandes desigualdades e inequidades que se dan en el país. La desnutrición crónica no solo es resultado de los altos niveles de pobreza sino también de la exclusión en el acceso a los servicios de educación, salud y protección social, del limitado acceso a agua segura y de la poca responsabilidad en el manejo de desechos.²⁴

Este informe del año 2011, preparado por UNICEFF e ICEFI. Lo hemos tomado de manera intencionada para reiterar lo que es la hipótesis atrás de este informe: la tendencia de todos los indicadores y particularmente la desigualdad, es agravarse. La desnutrición no escapa de ello, no se ha logrado detener ni reducir. La mitad de los niños en Guatemala, siguen en estado de desnutrición crónica.

Un Estado indolente, frente a su población, una élite económica insensible a pobreza y desigualdad. Un gobierno dedicado a hacer arreglos institucionales, “para cumplir” los ODS.

Un gobierno que defiende la corrupción y la impunidad. Una verdadera cruzada, encabezada por el Presidente Morales Cabrera por mantener los niveles de corrupción e impunidad en el país:

La estrategia de la presidencia se concentró en debilitar la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad, ente patrocinado políticamente por Naciones Unidas y cuyo trabajo conjunto con el Ministerio Público, sometió a la acción judicial a políticos y familiares, históricamente impunes –incluida la Presidencia anterior y actual. Estas acciones ha sido saludadas mayoritariamente por la sociedad nacional, gobiernos y pueblos del mundo. Rechazadas, sin embargo, por los encartados, políticos sospechosos de corruptela, empresarios señalados de evasión de impuestos y círculos militares en él poder.²⁵

Esta nueva cita por los ODS en Nueva York, 2019. Nos encuentra en un estado de crisis a todos los niveles: político, económico –hablando de economía popular, social y cultural. No tenemos avances en ninguno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. Guatemala camina peligrosamente a ser una sociedad “gobernada” por estallidos sociales, esto ante el avance de corrupción, impunidad y crimen organizado. Un Estado debilitado y capturado, por élites de poder lícitas e ilícitas.

El segundo informe Voluntario de nuestro Gobierno, seguramente presentara, al igual que lo hizo en 2016, avances en términos de Arreglos Institucionales, matrices y datos. Cero incrementos presupuestarios hacia él desarrollo. Cero éxitos en ninguno de los 17 ODS. Ninguna modificación a la matriz productiva del país: extractivismo agrícola. Núcleo generador de concentración y exclusión. Mientras aquello no cambie y el Estado logre implantar y gestionar un sistema de gobierno, equitativo, democrático, probo y equitativo, administrado por políticos capaces y honestos, el país continuará marchando a la deriva, con graves y lacerantes indicadores de exclusión.

Notas: