Perú y la Agenda 2030

Héctor Béjar
Grupo Emancipador, Perú; Cátedra política del pueblo; Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales

En el esfuerzo peruano por alinearse con la Agenda 2030 se puede distinguir la acción del gobierno, lo que están haciendo las empresas privadas, y lo que sucede en el espacio de las organizaciones no gubernamentales.

Todo ello sucede en un ambiente ecológico caracterizado por las consecuencias del Fenómeno del Niño, todavía no superadas; los friajes anuales en el sur con su secuela de muertes infantiles; y la crisis del sistema político carcomido por la corrupción. Un ex presidente, Alejandro Toledo, está prófugo en los Estados Unidos; dos expresidentes, Alberto Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, están en prisión; otro, Alan García, se ha suicidado. La ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán y la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, están en prisión preventiva.

Desde el espacio del gobierno, el Perú presentó un primer Informe Nacional Voluntario del año 2017, con los avances iniciales para implementar la Agenda 2030. Se ha comprometido a la elaboración de informes anuales para dar cuenta de los avances respecto a los ODS.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) es la entidad que opera como punto focal para la Agenda 2030, en la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).

El CEPLAN está impulsando la construcción de la visión país al 2030 y el proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), alineado con los ODS, que tiene un horizonte temporal al año 2030.

La propuesta de imagen de futuro al 2030 incluye los siguientes indicadores: porcentaje de pobreza monetaria total; porcentaje de nacidos vivos con bajo peso; porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que comprenden lo que leen; porcentaje de la población rural con acceso al agua potable; cobertura de alcantarillado u otra forma de disposición de excretas en áreas rurales; tasa de crecimiento anual del PBI real per cápita; porcentaje de la población ocupada con empleo formal; coeficiente GINI de ingresos (índice); tasa de victimización del ciudadano frente a hechos delictivos (% de población de 15 años o más víctima de un hecho delictivo en el área urbana); porcentaje de detenidos que no han sido sentenciados como proporción de la población carcelaria total; ingresos corrientes del gobierno central (como por ciento del PBI); inversión extranjera directa (como por ciento del PIB).

La línea de base son las cifras de 2017 del INEI.

Se trata de alinear la política de 19 sectores, ministerios e instituciones adscritas con los ODS. Se promoverá el alineamiento de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) con los ODS, para garantizar la asignación de presupuesto.

El gobierno del Perú ha elaborado su primer Informe Nacional Voluntario1, referido a la aplicación de la Agenda 2030.

En vista que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) está dirigido al 2021, bicentenario de la independencia, se ha incorporado la Agenda 2030 en la actualización del PEDN con un horizonte al 2030.

A partir del 2016, tiene lugar un proceso de diálogo y consulta en torno a la visión de futuro de país. Se trata de un proceso social y técnico.

Implementar este nuevo ciclo de planeamiento en cerca de 2,500 entidades públicas a nivel nacional incluye a ministerios, organismos constitucionales autónomos, gobiernos subnacionales (el Perú está dividido en regiones con sus respectivos gobiernos) y sus entidades adscritas.

Seguimiento

Tiene tres niveles.

El INEI ha desarrollado un Sistema de Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre la base del marco global de indicadores desarrollado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

El CEPLAN ha planteado indicadores ilustrativos de una imagen futura compuesta por los rubros de: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. Estos rubros agrupan a los ODS en el Perú.

El seguimiento es llevado a cabo con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), constituida por organizaciones de base en todo el país.

El INEI ha desarrollado, con el apoyo de la División de Estadística de las Naciones Unidas y del Sistema de Naciones Unidas (SNU) en el Perú, una plataforma interactiva en ambiente web denominada Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con información de encuestas de hogares y censos nacionales.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha elaborado el sistema de monitoreo y seguimiento de los ODS, formado por 110 de los 241 indicadores globales y 101 indicadores en construcción. No se posee información para la construcción de 30 indicadores.

El Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Estadístico 2018 - 2021 (PENDES) del INEI incorpora los ODS dentro de sus estrategias.

El Objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), el Objetivo 9 (Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación) y el Objetivo 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) no tienen todavía la suficiente cantidad de indicadores que permitan su seguimiento por el INEI.

En el espacio de las empresas privadas actúa la Iniciativa Perú compuesta por la KPMG, una empresa global de auditoría y asesoría, el diario El Comercio y el diario Perú 2021, perteneciente al grupo editorial de El Comercio que actúan en coordinación con el PNUD.

En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales opera la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza MCLCP y el Acuerdo Nacional con partidos políticos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil, cuya secretaría reside en la presidencia del Consejo de Ministros.

La secretaría nacional de la MCLCP coordina a sus similares en cada región y localidad. Es un sistema que permite a las organizaciones de la sociedad civil participar solo en parte de la elaboración (no en la decisión) de los presupuestos locales y regionales referidos a programas sociales.

El Acuerdo Nacional mantiene y actualiza las políticas diseñadas desde la recuperación de la democracia el año 2001. Las 36 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional se relacionan con los ODS.

Algunas empresas privadas están propiciando alianzas con las ONG. Sin embargo otras, especialmente las grandes mineras y petroleras, están enfrentadas con las organizaciones populares locales.

Muchos indicadores que evalúan a las empresas se encuentran en construcción o simplemente no tienen datos.

Sobre el Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico), uno de los principales problemas continúa siendo la informalidad en el empleo. Al 2016, el porcentaje de empleo informal no agrícola era de 63.8%. Lamentablemente, la política nacional de competitividad aprobada por el gobierno, abre las posibilidades para flexibilizar el trabajo todavía más de lo que ya está. En relación con el Objetivo 12 (producción y consumo responsables), destaca como un primer paso hacia el cumplimiento de una de sus metas, la publicación por parte de algunas empresas de Reportes de Sostenibilidad Corporativa. Desde diciembre de 2015, la Superintendencia de Mercado de Valores solicita este tipo de informes a todas las empresas con valores inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores.

Ingreso a la OCDE

En noviembre de 2012 el Perú presentó su solicitud de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Consejo Ministerial de esta organización invitó al Perú, Kazajstán, Marruecos y Tailandia, a participar en el Programa País PP, un mecanismo a través del cual la OCDE ayuda a ciertos países a iniciar reformas a largo plazo.

El Programa País OCDE-Perú, fue lanzado en diciembre de 2014 y tiene cinco áreas: remover barreras de crecimiento, gobernanza pública, anticorrupción e integridad en el sector público, capital humano y medio ambiente.

El Programa comprende sesenta acciones que suponen adhesión a declaraciones, principios, códigos o convenciones.

Los ODS en el Congreso

En un estudio realizado por Marcela Artica Martínez2, se ha recopilado las piezas legislativas de 24 meses para analizar a partir de los dictámenes y las normas aprobadas su correlación con la Agenda 2030. Se ha clasificado las normas en cuatro categorías: declarativa, permisiva, modificatoria y prohibitiva. Se identificó también las comisiones que dictaminaron los proyectos de ley que fueron debatidos y aprobados para analizar su correlación con los ODS.

De enero de 2016 a diciembre de 2017, el Parlamento peruano ha aprobado 309 piezas normativas, entre leyes y resoluciones. Algunas tienen relación directa o indirecta con los ODS, entre ellas: la disponibilidad y uso del fondo de pensiones de los afiliados al sistema privado a partir de los 65 años (Ley 30425), la reserva del 4.5% de la Cuenta Individual de Capitalización (CIC) del asegurado para ESSALUD (Seguridad social) a fin de garantizar las prestaciones y beneficios de seguridad social en salud (Ley 30478); incorporación de los miembros de rondas campesinas y nativas y a los comités de autodefensa como beneficiarios del Seguro Integral de Salud - SIS (Ley 30602); ampliación de plazos establecidos para el inicio de las obligaciones asumidas por los conductores de los puestos y demás establecimientos y/o servicios de los mercados públicos en proceso de privatización que hayan sido damnificados por la presencia de fenómenos naturales y/o incendios (Ley 30642); creación, implementación y operación del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias – SISMATE para mantener una comunicación masiva ordenada, antes, durante y después de un desastre o una situación de emergencia o urgencia (Ley 30472); creación del Seguro Obligatorio del Pescador Artesanal (SOPA) que actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran los pescadores artesanales dentro de una embarcación pesquera o fuera de ella, así como también los terceros no tripulantes, durante la faena de pesca, como consecuencia de un accidente en el que dicha embarcación haya participado (Ley 30636); promoción de la propiedad formal y otorgamiento de nuevas facultades al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI para permitir que la población de menores recursos económicos acceda a la formalización de sus predios (Ley 30711).

El Congreso ha promovido la incorporación de una declaración jurada firmada ante el RENIEC, registro nacional de identidad, para expresar el deseo de donar órganos tras fallecimiento (Ley 30473); ley que regula el uso medicinal del cannabis y sus derivados (Ley 30681); ley que regula el descanso físico adicional a todo el personal de salud expuesto a radiaciones ionizantes o sustancias radiactivas (Ley 3’646); ley de la persona adulta mayor (Ley 30490); derechos de las personas de talla baja, promoviendo una cultura de respeto a su condición física, trato igualitario y no discriminatorio en la sociedad (Ley 30687).

Pobreza monetaria y pobreza multidimensional

El gobierno peruano ha decidido medir o al menos publicar solo las cifras de la pobreza monetaria, indicador que, como se sabe, es engañoso. Según esas cifras oficiales, en el periodo 2006-2016, el Producto Bruto Interno (PBI) creció a una tasa anual promedio de 5,7%, de acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva del Perú. Este desempeño fue acompañado por un periodo de estabilidad monetaria, lo cual se reflejó en bajas tasas de inflación que oscilaron entre 1,5% y 3,7%. Como resultado, la pobreza monetaria se redujo significativamente, de 49,1% en 2006 a 20,7% en 2016. Más de siete millones de peruanas y peruanos dejaron la situación de pobreza. La reducción de la pobreza monetaria se debe a dos elementos: el crecimiento económico y una distribución menos desigual de los ingresos, asociada a la implementación de programas sociales. La pobreza monetaria mide solo ingresos, no desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna y otros indicadores.

No obstante, en el 2016, según las mismas cifras, alrededor de seis millones de peruanas y peruanos no pudieron alcanzar el nivel de gasto necesario para cubrir la canasta básica de consumo por persona (aun vivían en situación de pobreza monetaria total).

De un total de 241 indicadores de la Agenda 2030 a nivel global, el país cuenta con 110 indicadores con información disponible. Resta definir indicadores centrales que estén asociados a la visión concertada (en proceso de construcción) y que sean incorporados en el nuevo PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Notas:

1 ABUGATTÁS, Javier (Presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Presidencia del Consejo de Ministros). Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. República del Perú, 2018.

2 ARTICA MARTÍNEZ, Marcela. Los objetivos de desarrollo sostenible y el Parlamento peruano. Mayo 31, 2018. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Congreso del Perú.