Puerto Rico se aleja de cumplir los objetivos de desarrollo y de derechos humanos
Martha Quiñones Dominguez1, Iván Elias
Universidad de Puerto Rico, Grupo Observatorio de la Deuda de Arecibo
Durante el siglo XX (décadas de 1940 a 1960) se reportaron cambios en los indicadores del nivel de vida del Archipiélago de Puerto Rico, vida larga y saludable, mejoras en el nivel educativo y acceso a la educación, nivel de vida digna, disponibilidad de servicios médicos por habitante, abastecimiento de agua y calidad del medio ambiente, aunque persistía las disparidades y las tasas de pobreza se mantenían altas. Dentro de la condición colonial logramos encaminar reformas económicas y sociales que produjeron transformaciones estructurales y cambios en el desarrollo y crecimiento económico y social de Puerto Rico.
Aunque el gobierno de Puerto Rico no se ha pronunciado oficialmente como que haya adoptado la Agenda 2030 en su política pública, las mismas forman parte del programa de las agencias públicas. Aunque hay que señalar que los mismo no son parte de la agenda de la Junta de Control-Supervisión Fiscal (JCF) impuesta por los EEUU por medio de la LEY PROMESA. Por eso a pesar de los adelantos logrados en el siglo XX, cada año Puerto Rico se aleja de cumplir los objetivos de desarrollo y de los derechos humanos, que se manifiesta con reformas laborales que atacan los derechos y la dignidad seres humanos, por los cierres de escuelas, menoscabo de los sistemas de pensiones, privatización del sistema de salud, desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico y el establecimiento de políticas que eliminan los derechos (o proyecto de ley para reformar el Código Civil de la isla, con áreas que son conservadores y con una mirada inclusive hasta religiosa), criminalizar el derecho a la protesta, tenemos que una política invalida a otras.
Poner fin a la pobreza
Todavía persisten disparidades que se reflejan en las tasas de pobreza que se mantienen en un 45%. Con una población mayoritariamente de personas de 65 años o más (19.7% de la población), se establecen políticas públicas que menoscaban las pensiones, limitan los servicios esenciales y condenan a la pobreza a este segmento de la población donde el 57% son mujeres (373,864). Estudios recientes señalan que Puerto Rico es el tercer país de mayor desigualdad en el mundo (índice Ginni de 0.579), situación que acarrea situaciones de pobreza, poblaciones vulnerables (mujeres, poblaciones LGBTTQI, niños, migrantes, personas con diversidad funcional, afrodecendientes, envejecientes), aumento de la criminalidad, aumento de la deserción escolar y el estancamiento económico, además de la Crisis de la Democracia.
Gobernanza
La Crisis de la Democracia o atentando contra la gobernanza, ha llego al extremo de instalar en Puerto Rico una relación intergubernamental de EE.UU. con Puerto Rico en su nueva fase, que he definido Gobierno Corporativo (donde las corporaciones de EEUU definen las políticas públicas, establece las políticas neoliberales y de ajustes), gobierno colonial similar a 1900. Este modelo de Gobierno Corporativo (GC) define las políticas públicas a implantarse en la isla y los políticos (administradores coloniales electos) obedecen, de ahí la crisis de la democracia. Este GC surge de la Ley PROMESA del 2016 del Congreso de los EE. UU. que redefine la administración pública en la colonia e impone una Junta de Control-Supervisión Fiscal (JCF). El GC establece las políticas de austeridad que impone la JCF por medio del Plan Fiscal (le entregan al gobierno el plan y define el uso de presupuesto) y demás ajustes relacionados a la deuda pública de Puerto Rico, con políticas que afectan a las personas que menos tienen, donde nunca saldrás de tu deuda. Este GC es la nueva modalidad de relaciones políticas que se ensayan desde Washington para responder a la llamada crisis fiscal de los países endeudados, es un nuevo colonialismo sin invasión. El país es controlado por corporaciones externas que establecen las políticas públicas y los gobiernos electos obedecen, controlado digitalmente por internet.
Por eso con cada política pública aprobadas en los dos últimos años aleja al país del desarrollo y derechos humano, tales como: el crecimiento económico que ha silenciando la voz de las comunidades (con leyes criminalizando la protesta, artículos 200, 246, 247, 248) e imponiendo nuevos impuestos mientras no se permite cuestionar el uso de los fondos públicos; el despilfarro de los recursos manifestado en la venta del patrimonio a la empresa privada, el desfalco de fondos públicos y la corrupción creciente; una deuda pública insostenible, ilegal e ilegítima que se negocia afectando y esclavizando al pueblo; aumento en la desigualdad social que se manifiesta en el aumento de la criminalidad, problemas de deserción escolar, desempleo crónico, falta de estabilidad económica manifestado en los niveles de pobreza y aumento en la migración. Eliminación de derechos adquiridos en especial los laborales (Reforma Laboral 1 y 2) y reducción de las pensiones, eliminación de derechos humanos (como la eliminación del derecho al aborto, la llamada ley de libertad religiosa que permite discriminar por motivos religiosos en los servicios públicos, las enmiendas al código civil criminalizando y estableciendo mayores represiones) a pesar del adelanto de reconocer el matrimonio igualitario. Cierre y limitación de la educación pública y universitaria, afectando a las poblaciones vulnerables.
Reforma Laboral 2017 y 2019
Puerto Rico fue uno de los países de la región caribeña, con la legislación laboral más avanzada, pero con la implantación de la Reforma Laboral (Ley de Flexibilidad y Transformación Laboral) hoy retrocede 100 años en la defensa de los derechos sociales que procuró su legislación social y laboral que buscaba conseguir equidad.
La desigualdad es provocada por problemas con el mercado laboral, el enfoque del Gobierno es en reducir el desempleo (sin estudiar las causas reales) en vez de buscar equidad. Enfocarse en disminuir el desempleo, en un país donde no se había registrado una tasa de desempleo anual de un solo dígito, ni siquiera bajo la industrialización de la década de 1950 al 1980, el que se comiencen a reportar cifras de 8.59% es un éxito supuesto de la Reforma Laboral.
La realidad de la Reforma Laboral es que se crea la nueva esclavitud del siglo XXI, empleos precarios a tiempo (jornada) parcial, por el salario mínimo federal, sin prestaciones sociales que no permite vivir con calidad de vida. Donde facilita al patrono quitar beneficios, cortar la jornada laboral, crear empleos a tiempo parcial para justificar que crea empleos es la realidad que se impone Con ese salario mínimo y sin prestaciones sociales, el trabajador promedio debe tener entre dos a tres empleos para poder vivir, y nunca sales de la pobreza y la eliminación de derechos laborales que provoca mayor desigualdad y pobreza.
Dos años después vemos los resultados de la política pública (establecida por el GC) conocida como Reforma Laboral, disminuye el desempleo, pero se reducen los empleos a jornada completa (80,000) y aumentan los empleos a jornada parcial (57,000), atados al deterioro en las condiciones y la reforma laborales. La reducción en la tasa de desempleo a 8.59% responde a desempleados que salieron del grupo trabajador y no a personas que fueron empleadas, a los que se fueron del país (migración por motivos económicos), y a la creación de empleos a jornada parcial, precarizados y sin derechos (Departamento del Trabajo). En esta historia las mujeres son las más afectadas por los cambios laborales, donde ocuparon 42,000 nuevas plazas a tiempo parcial, mal pagas, sin derechos laborales. Los grandes afectados los niños y niñas, desarrollarse en una pobreza extrema, cuyas familias no pueden cuidarlos o alimentarlos adecuadamente, con escuelas más lejos. Se reporta que tenemos 4,736 niños y niñas sin hogar fijo asistiendo al sistema público de Educación en Puerto Rico. Son familias que ante la crisis han perdido sus hogares, puede que estén durmiendo en la calle, en un automóvil, con un familiar, según un informe del Departamento de Educación Federal publicado en febrero de este año. Pero el gobierno y la JCF no asume responsabilidad y alega que es debido a los efectos del Huracán María.
Hoy prevalece la inestabilidad laboral, eliminación de derechos laborales, sin prestaciones sociales (seguro de salud, seguro de desempleo, seguro de accidentes laborales, vacaciones, etc.), el despido libre, con bajos salarios, la prohibición de organizarse sindicalmente y negociar colectivamente en el sector público. Se enmendó casi toda la legislación protectora del trabajo para satisfacer la ambición desmedida de un sector privado que quiere quedarse con toda la riqueza que generan los trabajadores.
Reforma Educativa
La educación pública fue un motor de cambio social en Puerto Rico, proveyendo movilidad social y permitiendo acceso a la población al acercar la escuela a la comunidad. La eliminación y cierre de 300 escuelas es parte de la política pública implantada, alegando que buscan economías ante la crisis fiscal, y el establecer escuelas alianzas o “charter” una manera de privatizar la educación y limitar los derechos de los que necesitan educación especial. Las economías justificadas por la crisis fiscal son la justificación para desviar fondos a contratistas privados de EE. UU., con contratos millonarios, que asesoran en asuntos educativos, pero no aportan a mejorar la educación.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) fue la principal institución pública que en el siglo pasado desempeñó un papel importante para reducir la pobreza, proveyendo la movilidad social, contribuyendo en el desarrollo socioeconómico del país por medio de las investigaciones sociales, culturales, ambientales, científicas y económicas. Al reducir el presupuesto de la UPR se troncha el futuro de Puerto Rico, se reduce la capacidad de ofrecer la variedad académica y cultural, de mantener los recintos que son motor económico de las regiones donde están ubicados. El GC y la JCF ordenan aumentos en los costo de los cursos universitarios, cuotas y tasas diversas que encarecer la misma y alejan la posibilidad de estudiar a las personas de menos ingresos.
En todo este desmantelamiento del sistema de educación pública las mujeres son las más afectadas, el sistema educativo en su mayoría lo componen mujeres, ya sea como maestras o como alumnas.
Sistema de salud en crisis
Entre los logros del siglo XX en Puerto Rico fue la creación de un sistema de salud universal regionalizado y administrado por el Gobierno, que se destacó en lograr avances de salubridad. En la década de 1990 se comienza la privatización del sistema público de salud bajo el programa de “Ley de Reforma de Salud 1993”, la venta de hospitales y centro médicos de propiedad estatal, con el propósito de implementar un plan de salud para las personas sin recursos. El sector privado administra un seguro de salud para los usuarios del sector público y subsidiado por el Gobierno por medio de una “tarjeta de salud” que no garantiza adecuada, asequible y de calidad. La llamada tarjeta pretende hacer accesible la salud privatizada a los que menos recursos económicos tienen, pero en vez de reducir los costos los ha elevado, ha desangrado el erario causando una brecha en el financiamiento que se pagaban con deuda pública y fondos federales (que vienen de EE. UU.). El sistema de salud público está en crisis, la falta de fondos y recursos que ha dejado la gran deuda pública que enfrenta el país, la fuga de médicos, la población con enfermedades crónicas, que dependen de medicamentos todos los días además de las personas con problemas mentales que no recibe servicios.
El modelo favorece los oligopolios de salud en la red de servicios. Es un sistema diseñado para desviar los fondos, enriquecer a los administradores de dicha tarjeta, privar a las personas de acceso a los servicios que necesitan pues todo se limita a un asunto de costos y la cantidad asignada por pacientes. Las personas más afectadas son las mujeres y la diversidad de servicios médicos que requieren, los ancianos y sus enfermedades y las poblaciones con preferencia sexual diferente que le limitan los accesos.
Tenemos que el 45% de la población está cubierto por un seguro médico privado, otro 45% por el programa de salud del gobierno y 8% no cuentan con cobertura médica porque o no cualifican o porque no tienen el poder adquisitivo para pagarse un plan médico privado.
Protección ambiental y energía
Las políticas y acciones del Estado, afecta los usos del suelo, expone a la población a situaciones vulnerables, además de a material contaminante que afecta la salud y el ambiente. Los desastres son antrópicos, creados por el ser humano y fomentado por el Gobierno. El pueblo se encuentra expuesto a daño ambiental (cenizas tóxicas y proyectos nefastos para la salud del pueblo), a destrucción de ecosistemas (que coloca a poblaciones en situaciones de riesgo y vulnerabilidad ante el cambio climático y a situaciones ambientales), a privatización de bienes ambientales (enajenación para favorecer a uno poderosos o permisos de explotar minas en áreas pobladas), establecer proyectos de energía sucia con la excusa que son fuentes alternativas (energía nuclear, incineración, gasoductos, etc.), proyectos militares, todos avalados por la Junta de Control Fiscal que tiene el poder de abolir las leyes ambientales y establecer emergencias y definir proyectos críticos, sin consulta con el pueblo.
Conclusión
Llevamos más de una década implantando medidas de austeridad gubernamental, que han afectado sobre todo a las familias de trabajadores, las mujeres y los ancianos. Con las políticas públicas del Gobierno Corporativo implantado por la Junta de Control-Supervisión Fiscal (JCF) desde 2016 la situación es cada vez más compleja y nos alejamos de cumplir con la Agenda 2030. En vez de resolver el problema fiscal y de la deuda pública han desviado los fondos públicos a pagar contratos millonarios a los asesores diversos que tiene la JCF, el Gobierno Corporativo y la directora ejecutiva, donde en vez de alejarnos de las deudas caemos en la trampa de donde no saldremos. Y nos enfrentamos a una sociedad precarizada, sin derechos humanos y sin derechos laborales, que cae en la trampa de una nueva forma de colonialismos con un Gobierno Corporativo que controla desde el exterior por medio de las corporaciones la política pública y sus decisiones. Las políticas públicas que se implantan han causado que se pierda cerca de un 10% de la población, especialmente gente joven y formada, aumenta los niveles de pobreza o precariedad laboral de los trabajadores y de los envejeciendo y agudizado los problemas económicos y sociales en Puerto Rico, alejando el país del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Nota: