Nos llevan por la ruta equivocada
Martha Quiñones Domínguez, Iván Elías Rodríguez*
Observatorio de la Deuda - UPR
Puerto Rico estaba en crisis social, económico y ambiental desde antes de los huracanes (2017) y los terremotos de enero (2020), nuestro tejido social ya estaba frágil y existía una alta incidencia de casos de violencia de género. Con el COVID 19 no se eliminó ninguno de esos problemas, se agravan la pobreza y la falta de servicios esenciales que se mezclan con los desastres ambientales y humanos y problemas serios de gobernabilidad. En el 2020, no superamos la metástasis de la corrupción y llega esta pandemia y el “quédate en tu casa”, sin contestar ¿cómo vamos a sobrevivir sin trabajar? En el 2021, nos vacunan creando un falso sentido de seguridad, y ya se habla de recuperar la economía, la apertura de los diversos sectores económicos que aún no han abierto, las escuelas y universidades y la disminución de las restricciones.
Las secuelas sociales del COVID-19 y la orden del cierre de todos los sectores del País, al igual que sucedió con los huracanes sobre la población puertorriqueña han puesto en descubierto y agravado los problemas que por años se han querido invisibilizar: el deterioro de una salud mental, el alto nivel de desempleo, la pobreza en la niñez, la violencia de género, una población envejecida y la vulnerabilidad ante la amenaza de perder sus pensiones o no poder conectarse en internet y la desigualdad entre comunidades, así como la crisis fiscal, las políticas públicas de ajustes, recortes y operacional del gobierno. Esta vez la población no pudo emigrar a EE. UU. como política de escape, allá la condición era peor. A eso se une la brecha digital.
Una economía que está en crisis desde hace décadas debido al problema estructural que la condición colonial le impone y que se agrava con la imposición de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF), la corrupción y falta de transparencia que pone en entredicho la gobernabilidad y la dependencia como alternativa no provee un futuro de recuperación. Una economía que no tiene herramientas para poder establecer herramientas de recuperación, diversificar la diversidad económica, fortalecer las industrias nacionales, mejorar la producción agrícola local, crear y controlar el alto nivel de desempleo. Una sociedad con una población envejecida y pobre, con una crisis fiscal, un alto nivel de deuda pública y sin poder definir políticas fiscales y monetarias. Una economía controlada por una JCF, de personas externas que dominan sobre el gobierno, cuya prioridad es renegociar la deuda pública para pagarla (aunque sea oneroso para el pueblo el acuerdo), aplicar políticas de ajustes, privatizaciones, recortes, recorta servicios y seguir fomentando la corrupción del gobierno son parte del panorama en la Isla.
La normalidad es lo que existía antes era “crisis social, económica y ambiental”, “desastres humanos”, mucha corrupción e impunidad, falta de gobernabilidad y falta de servicios. Definitivamente hemos retrocedido en los objetivos de desarrollo sostenible: más pobreza, más población pasando hambre, violencia de género, menos salud y bienestar, empleos en precariedad o pérdida de empleos y de ingresos, perdidas de las pensiones con una población envejecientes, la inflación creciendo, las instituciones sociales en precariedad y la gobernanza amenazada por la corrupción y falta de transparencia.
La falta de gobernabilidad manifestada en la Junta de Control Fiscal (JCF), que gobierna desde las corporaciones de la metrópolis para pagar o refinanciar la deuda pública sin importarle el pueblo, porque está en gestiones para enderezar las finanzas públicas, representando al pueblo en los procedimientos de quiebra y supervisar aspectos de las políticas fiscales y presupuestarias de Puerto Rico. A estos se une los múltiples casos de corrupción pública y privada y la impunidad que tienen los causantes, la falta de auditoria de la deuda pública que están negociando y refinanciando y que afecta el futuro del pueblo.
La “recuperación” que ofrecen la colonia es basada en la dependencia económica y social de fondos externos (fondos federales no recurrentes), donde los objetivos sociales no son definidos por el pueblo. Es vivir de la dependencia, soportar la corrupción, sin transparencia, con falta de gobernanza y que quiten los recursos del país con políticas de ajustes y reducción de gastos donde cierran las escuelas, destrucción de la Universidad de Puerto Rico, no proveer salud física y mental, no proveer bienestar, reducción o eliminación de las pensiones, privatizan los activos necesarios para el desarrollo y pagando la deuda pública sin auditar.
Enfrentamos la pérdida de empleos y cierres de lugares de trabajo, precariedad laboral por la reducción de derechos laborales y salarios precarios, y surge el debate nuevamente de quiénes deben ir a trabajar presencial y quiénes de forma virtual. Todavía no está claro, si al levantar las restricciones en julio de 2021, cómo va a ser que los sectores claves para la economía alcancen su recuperación dentro de la crisis económica. ¿Para quién es la recuperación?, ¿cómo nos vamos a recuperar? y ¿qué es la normalidad?
El coloniaje es el problema estructural que existe en Puerto Rico desde la década de 1970, la solución ha sido parcial y remendar la maltrecha situación con modelos que no responden a nuestra realidad. Son muchas las etapas que hay que reseñar y evaluar, pero en cada una de ellas se fue gestando la crisis económica, social, ambiental, financiera y hoy salubrista. Con la llegada de la JCF (que nos lleva a la misma situación colonial de 1900), el control del ejecutivo y las determinaciones de política pública de los legisladores se afectan por medio de las imposiciones de decisiones, amenazas y entorpecimiento en torno al uso de los fondos públicos y el manejo del presupuesto, la creación de leyes, afectando la gobernanza del país y la viabilidad de Puerto Rico como proyecto de desarrollo y crecimiento.
En Puerto Rico el pueblo habla de resistencia en vez de la palabra torcida mediáticamente de “resiliencia” como aguante, tenemos resistencia ante los atropellos. Para nosotros resistencia es empatía, es lucha, es propuesta en la acción, es no aceptar, es no aguantar, es integrar la diversidad, es buscar cambios y denunciar atropellos y la corrupción.
Son las Asambleas de Pueblo donde se definen los objetivos sociales de parte del pueblo y surge la Mesa Social, que exigen acción gubernamental en áreas como la vivienda, salud, educación y salud mental. Divide sus reclamos por áreas temáticas y solicita acciones específicas para atender preocupaciones que han identificado desde su experiencia a través del ofrecimiento de servicios y de procesos de organización comunitaria, la pobreza, los discrímenes, la falta de acceso a recursos y servicios de vivienda, seguridad y educación. Surgen nuevos problemas, como es la falta de ingresos en los hogares, la falta de alimentos, el perder los empleos, el miedo a perder la vivienda, la violencia de género y familiar, la brecha digital se agravará con consecuencias fatales y la imposición de políticas públicas. La Mesa Social recomienda que se necesita incorporar una mirada de derechos humanos al manejo del COVID 19, monitorear la respuesta gubernamental desde esa perspectiva, y generar la presión pública necesaria para que esa respuesta sea adecuada y efectiva. Además de coordinar acciones de la sociedad civil a través de alianzas entre organizaciones, personas voluntarias y comunidades.
Puerto Rico en estos momentos tiene toda su economía detenida volviendo a abrir poco, con las cifras de desempleo altas y precariedad laboral con bajos salarios. Con una nueva crisis de la corrupción que deja a muchos fuera de recibir los servicios.
Enfrentamos muchos retos para poder lidiar con el COVID-19. El problema de la brecha digital se notó en la educación, en el trabajo y en los servicios de salud, de desempleo y de ayudas. La brecha digital, la falta de accesos a computadoras o a tener internet, la literancia cibernética, la falta de currículos en línea, las familias que por recursos económicos no tenían computadoras e internet, afectando la capacidad de recibir ayudas, educación, salud, alimentos y otras ayudas financieras.
Las victimas nuestros niños/ñas fueron las víctimas del cierre de escuelas y la falta de acceso a educación adecuada, la nutrición y salubridad adecuada. Los/las ancianos fueron las otras víctimas, junto con las mujeres, niñas y transexuales que enfrentaron la violencia de género en diversas formas en los hogares confinadas y sin ayudas. Los más vulnerables, los desprovistos, los pobres, los desamparados, los necesitados. La pobreza en especial la infantil se agrava, son familias trabajadoras (cifra que en el 2018 constituía unas 94,000 familias, casi la mitad trabaja a tiempo parcial), que enfrentaban niveles elevados de inseguridad económica y alimentaria, así como los riesgos de salud asociados a la llegada de la pandemia.
“Quédate en tu casa” fue un reto laboral para los que sus empleos son presenciales, para los que no están reportados, para los que crearon empresas que dependían de que los clientes llegaran, para los que el tele trabajo no era opción.
El problema de salud era otro reto, se agrava si no posees un seguro de salud que pueda ayudar en caso de contagio o si tu patrono deja de pagarlo porque no estás trabajando debido a la pandemia.
La diferencia y desigualdad que muestran las vulnerabilidades a nivel sanitario y social se comenzó a manifestar con la llegada de ayudas, se necesitaba internet para solicitar y nuevamente la brecha digital excluyó poblaciones, los pobres, los que no tenía o conocen el internet, los ancianos, los que viven sin hogar.
Definitivamente el lema “No dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030 debe ser una discusión seria.
La crisis sanitaria y sus repercusiones sociales ha manifestado la necesidad del Estado del Bienestar, esas acciones y ejercicios de política pública para ayudar a contralar la desigualdad y lograr bienestar son urgentes y necesarias. Fue esa intervención del Estado en la economía, para enfrentar el impacto económico de las personas, familias y negocios la que ayudó a cubrir parte de las necesidades, ofrecer o garantizar unos servicios, en especial de salud y alimentación, proveyendo vacunas gratuitas y un modelo de renta básica para cubrir necesidades.
Tres eventos positivos se pueden mencionar:
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La digitalización de la economía puede contribuir a aumentar la productividad, aunque persiste la brecha digital.
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A junio de 2021 el 48% de la población en Puerto Rico ya está vacunado contra el COVID-19 y el acceso a la misma está disponible para todos. Queda pendiente los derechos humanos que tienen los que no quieren vacunarse que hay que discutirlos.
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La urgencia de fortalecer el Estado de Bienestar y defenderlo, aunque sea impuesto contradictoriamente por los EE. UU.
Eventos negativos:
La gran disparidad entre ricos y pobres, la desigualdad rampante que complica la recuperación económica de las familias más humildes. Mientras unos segmentos de la población se enriquecen con la COVID-19, la gran mayoría perdió su trabajo, familia o ingresos.
La brecha digital que nos separa.
Cómo recuperar una economía disfuncional. Donde la inflación que genera la liquidez de las ayudas y la dependencia de los fondos de recuperación comprometen el desarrollo. Desviar a la colonia al consumo, aumentando el poder adquisitivo de los consumidores y el endeudamiento lo que genera es más pobreza, en vez de trabajar con el aumento del salario mínimo. No trabajar con los problemas reales, y taparlos con ambiciosos planes de estímulos y seguros de desempleo, que han provocado una baja oferta de trabajadores, llevando a los patronos a quejarse. Y lo peor le da herramientas a los ortodoxos a cuestionar el Estado de Bienestar que los ha rescatado.
La recuperación económica debe ir atada a consultar a la ciudadanía, como propone las Asambleas de Pueblo y la Mesa Social, pero el gobierno controlado por la JCF se concentra en gastar los fondos federales que llegaran desviados de los objetivos sociales. Esto provocará que en dos años se vea un movimiento en el gasto, en las inversiones y flujo de efectivo reflejado en el producto interno bruto (PIB), pero no en generar inversiones y empleos duraderos y sostenibles. Vivir de la ilusión de recuperación, ¿recuperación para quién?
La JCF se concentra en destruir la educación y en especial la Universidad de Puerto Rico, que es la inversión de país que realizamos para tener desarrollo y a su vez crecimiento en nuestra sociedad. Generar investigación, crear científicos, crear personas que piensen no se ajusta a los planes de los nuevos esclavos del sistema. Es parte de ese plan perverso de mantener la colonia bajo el nuevo régimen de enclave, paraíso fiscal, extraer ganancias, gentrificar la población, no cuestionar, narco economía, economía de trata de mujeres y hombres, son asuntos que debemos estar estudiando e investigando.
Cada día Puerto Rico se aleja de cumplir con los objetivos de desarrollo y lo llevan por la ruta equivocada que los aleja de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y crecimiento.
Se impone:
Transición ecológica: la transformación del sistema energético a gran escala (renovable), la rehabilitación de viviendas, el fomento del turismo sostenible y de calidad, la conservación y restauración de ecosistemas o la preservación de infraestructuras urbanas.
Transición digital: la necesidad de resolver debilidades en la digitalización y la brecha digital, y el desarrollo del marco normativo para el teletrabajo, educación a distancia y las otras modalidades. Mejorar las condiciones laborales y los salarios o remuneraciones de los trabajadores que al tener más dominio de las tecnologías de comunicación e información aumentaran su productividad laboral.
Igualdad de género y equidad: reducir las actuales brechas de género en el mercado laboral, combatir la violencia de género, reforzar el sistema educativo con perspectiva de género, evitar crímenes de odio.
Cohesión social: reforzar la sanidad, la educación pública, sostenibilidad de las pensiones, las políticas enfocadas en la economía de los cuidados, los cuidados de larga duración a personas mayores y dependientes, inversión en deporte y cultura. Fortalecer la Universidad de Puerto Rico, por lo que es necesario crear un entorno favorable a la inversión en I+D+i y en nuevas tecnologías, al crecimiento de la productividad, la transformación digital, y la sostenibilidad social y medioambiental.
Estado de Bienestar: de forma reformado a las expectativas sociales del siglo XXI donde la protección social, la prestación de servicios esenciales, el acceso a los mismos sea asegurados. Es la única forma en que la sociedad queda protegida en su conjunto, se impone la solidaridad, se impone estudiar los diversos modelos y diseñar uno mejorado.
Con políticas palanca, administración para el siglo XXI que elimine la corrupción pública y privada, favorezca la transparencia para mejorar la gobernabilidad, la participación ciudadana continua, la diversificación de la economía, fomentar la ciencia e innovación, modernización del sistema fiscal mejorar la eficiencia del gasto e incrementar la progresividad y redistribución de los recursos para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.
Para acelerar la recuperación, estas medidas sentarán las bases para un crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo a largo plazo.
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