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Futuro en común

Un análisis dedes la sociedad civil de la implementación española de la Agenda 2030 y recomendaciones a futuro. Informe completo (PDF)

Este mes de julio el Gobierno español presenta ante las Naciones Unidas (NNUU) los avances y desafíos pendientes en relación a la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país, tanto en su versión doméstica como internacional, a través de un Examen Nacional Voluntario (ENV).

Para ello, ha elaborado un Informe de Progreso, como balance del Plan de Acción aprobado en 2018, y como anexo al mismo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que será el nuevo documento programático para guiar la puesta en marcha de la Agenda 2030 en nuestro país.

Si bien aplaudimos el esfuerzo del Gobierno por la rendición de cuentas ante NNUU,  consideramos que es preciso elevar la ambición y acelerar la acción para que la implementación de la Agenda 2030 se traduzca en nuestro país en verdaderas transformaciones sociales, económicas y ambientales hacia un modelo de desarrollo más justo y sostenible.

Casi seis años después de aprobarse la Agenda, España recién está terminando de construir el andamiaje básico para su implementación: una gobernanza que da sus primeros pasos con limitados recursos y sin procedimentar todavía; una estrategia nacional aprobada el pasado 8 de junio que se ve opacada por otras agendas estratégicas del mismo Gobierno; una ausencia de gap analysis (distancia que hay entre el punto de partida y de llegada para las distintas metas de transformación propuestas); así como un panel de mando incompleto para medir los aspectos más innovadores de la Agenda 2030 (las interacciones entre dimensiones del desarrollo y políticas, o el carácter multidimensional de la mayor parte de los desafíos que enfrentamos).

Las organizaciones que conformamos Futuro en Común, como frente amplio de sociedad civil que viene trabajando desde 2015 por una Agenda 2030 transformadora que ponga el planeta y los derechos de todas las personas en el centro de la acción política, hemos preparado este posicionamiento con nuestra visión sobre los contenidos del Informe de Progreso y la recientemente aprobada Estrategia de Desarrollo Sostenible. También incluye recomendaciones a futuro, sobre cómo seguir avanzando una vez se ha aprobado la Estrategia, para mejorarla y para reforzar el sistema de revisión y seguimiento, de forma que se viabilice una medición de progreso significativa.

Valoración del Informe de Progreso y la Estrategia de Desarrollo Sostenible

Desde Futuro en Común valoramos positivamente la decisión del Gobierno de España de presentarse al ENV por segunda vez como ejercicio de rendición de cuentas, y como elemento catalizador de la implicación de los distintos actores en la definición de la hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 en nuestro país.

El Informe de Progreso que España presenta al Examen en 2021 es a nuestro criterio, un buen ejercicio de balance del Plan de Acción y recopilación de las acciones emprendidas en relación a las políticas y medidas palanca que en él se identificaban.

Sin embargo, entendemos que un informe de progreso debe medir los avances respecto a un horizonte de cambio transformador que cuente con metas claramente definidas y  con un sistema de seguimiento y revisión completo, que incluya un panel de mando capaz de capturar los elementos más innovadores de la Agenda 2030.

Este horizonte de transformación debería ser el establecido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible y, dado que ésta no ha sido aprobada hasta este mes de junio, se entiende que el Informe de Progreso presentado en 2021 no pueda cumplir con los criterios mencionados para hacer un verdadero análisis de avances y desafíos pendientes. Pero es una tarea ya inaplazable el generar las condiciones para llevar a cabo una verdadera medición del progreso. En este sentido, entendemos que la Estrategia de Desarrollo Sostenible abre un nuevo capítulo y debería constituir la referencia programática respecto a la que medir el progreso en futuros ejercicios de rendición de cuentas.

En relación a esta Estrategia, consideramos que la narrativa general del documento y su enfoque político están muy alineados con las problemáticas y desafíos que venimos trabajando el conjunto de plataformas y organizaciones de la sociedad civil que nos articulamos bajo el paraguas de Futuro en Común. Aspectos como la necesidad de que la Agenda 2030 vehicule el proyecto político común a largo plazo, que sea la hoja de ruta para la reconstrucción tras la crisis multidimensional y global agravada por la COVID-19 de forma alineada con el Plan de Recuperación y Resiliencia, la necesidad de articular la agenda del desarrollo sostenible con la de derechos humanos, o la centralidad de llevar a la práctica la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible para poder aspirar a una Agenda 2030 de verdad transformadora, son algunos ejemplos de las demandas que venimos posicionando en los últimos años y que vemos recogidas en el documento.

Sin embargo, consideramos que existe distancia entre la profundidad y envergadura de los grandes retos identificados y las propuestas enunciadas para implementar las políticas aceleradoras de cada uno de ellos. Así, vemos necesaria mayor coherencia entre diagnóstico y políticas aceleradoras con las metas e indicadores en todos los retos, para evitar perder ambición y potencial transformador conforme se avanza en concreción de cómo abordar los desafíos identificados.

Además, valoramos que tendría especial interés desarrollar en contenidos y alcances las medidas introducidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible que son más innovadoras y ambiciosas por su capacidad de movilizar varios ODS, y apuntar hacia la consecución del conjunto de la Agenda 2030 como, por ejemplo, la nueva Política Industrial, la nueva Política de Desarrollo Global Sostenible, el Sistema Estatal de Cuidados o la Ley marco de Servicios Públicos.

Para que esta Estrategia cumpla con el objetivo de ser una estrategia de estrategias, un proyecto de país orientador y articulador de todo el accionar del Gobierno de aquí a 2030 y mejorar nuestra huella en el mundo, es imprescindible elevar la ambición haciendo un ejercicio de mejora continua.

No nos podemos permitir perder la oportunidad que nos aporta la Agenda 2030 y el hito programático que supone la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, para marcar la senda a un nuevo modelo de desarrollo en todas sus dimensiones. Es por ello que, para abordar con seriedad los retos identificados, encontramos necesario redefinir las metas previstas en al menos los aspectos que detallamos a continuación.

Uno de los enormes desafíos que afrontamos- y así queda reflejado en  la propia Estrategia- es la reducción de la pobreza y la desigualdad, llegando incluso señalarse como política aceleradora la redistribución de la riqueza. Y, sin embargo, no hay ninguna meta de calado relacionada con la desigualdad, por lo que no hay un horizonte que alcanzar en esta materia. Desde Futuro en Común pensamos que establecer un punto de llegada relativo a la reducción de la desigualdad es central para alcanzar la Agenda 2030 y que debería incluirse como meta el haber conseguido reducir a menos de 1 el Índice de Palma1 (relación entre los ingresos del 10% más rico de la población y 40% más pobre) en 2030 (en 2017: 1,32; en 2019: 1,24).

La Estrategia también reconoce la necesidad de una reforma en profundidad del sistema fiscal como instrumento clave redistribuidor y reductor de desigualdades. Sin embargo, la falta de concreción de esta reforma, que tiene una meta difícilmente evaluable2 y que carece de indicadores, hace que se pueda quedar en papel mojado. Por eso planteamos la necesidad de metas e indicadores de seguimiento concretos vinculados al peso de la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales sobre el conjunto del PIB, a una revisión y armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones evitando la competencia a la baja entre CCAA, y a la revisión del Impuesto sobre el Patrimonio extendiendo este impuesto a todo el Estado negociando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera unas bases mínimas de imposición.

Saludamos favorablemente la inclusión en la Estrategia del desarrollo de una Ley Marco de Servicios Sociales. Aunque, nuevamente, se echan en falta metas cuantitativas y cualitativas concretas que ayuden a dimensionar el alcance y las transformaciones que se prevén alcanzar con esta nueva Ley, así como establecer su vinculación con el Sistema Estatal de Cuidados, contemplado con prioridad de actuación en el Reto 3. Desde Futuro en Común consideramos necesario la creación de 1.3 millones de empleos públicos estables, pasando del 15,4% al 17,6% del PIB en gasto en educación, sanidad, servicios sociales/dependencia (+29.100 millones €) de aquí al 20303.  Además hay que incrementar la aportación del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y aprobar una Ley estatal con ratios mínimas de personal en las residencias y servicios sociales y 1 trabajador/a social por cada 1.700 habitantes, para eliminar la lista de espera.

El Índice de Igualdad de Género (del EIGE) que se utiliza para analizar la desigualdad estructural es un buen indicador de síntesis que da cuenta de la evolución en distintas áreas clave para avanzar en materia de igualdad. Por eso, debería incorporarse una meta que plantease la mejora en 2030 de 10 puntos nuestro Índice de Igualdad de Género, (actualmente del 72%). Particularmente en los 3 peores de sus 6 componentes: empleo (subir de 73 a 83%), usos del tiempo (de 64 a 74%) y dinero (de 78 a 88%).

En la necesaria transformación de nuestro mundo que plantea la Agenda 2030, hay un elemento que es central: cómo medir los progresos en materia de desarrollo sostenible. Desafortunadamente el producto interno bruto (PIB) sigue siendo el indicador de referencia a pesar de que estudios recientes ya han demostrado que el crecimiento continuo del PIB es incompatible con objetivos clave de sostenibilidad como la reducción significativa del uso de materias primas, la utilización de la tierra y el agua, la contaminación y las emisiones. Por ello, y en línea con la meta 17.19 el Ministerio de Economía y Competitividad debería contabilizar la riqueza del país usando métricas complementarias y adicionales al PIB. Desde Futuro en Común proponemos que se haga un análisis de huella ecológica de los sectores productivos y plantearnos como objetivo a alcanzar en 2030 que se haya reducido a la mitad nuestra huella ecológica y que se haya revertido la curva de pérdida de la biodiversidad.

En relación a la dimensión global de nuestro modelo de desarrollo4, la Estrategia se compromete con el desarrollo de una Política de Desarrollo Sostenible Global, que valoramos positivamente siempre que tenga vocación de ofrecer el “marco de acción integrado en el que discursos, estrategias y acciones respondan a un mismo propósito y posibilitan que el conjunto de los actores llamados a contribuir al esfuerzo global lo hagan desde el cumplimiento y la coherencia con los principios del desarrollo sostenible y del respeto a los derechos humanos” que la política aceleradora del reto 7 enuncia.

Y para que esto sea posible, su puesta en práctica no debe limitarse a la implementación de los fondos de Ayuda Oficial Al Desarrollo (AOD), como se menciona en la descripción de esta política como prioridad de actuación. Por el contrario, para “posibilitar el avance de la Agenda 2030 fuera de nuestras fronteras, contribuyendo, además, a la protección de los bienes públicos globales” debe englobar toda la acción exterior y, como parte de ésta, la política de cooperación al desarrollo.

Además, valoramos que es necesario hacer un trabajo de identificación de indicadores que sean capaces de cuantificar aspectos relevantes de nuestro impacto en el mundo y que ayuden a plantear metas ambiciosas, dando seguimiento a cuestiones clave como la CPDS en la acción exterior, la debida diligencia, el alineamiento de la política de Comercio Exterior con los ODS y el cumplimiento de derechos humanos. En definitiva,  poder medir avances hacia una acción exterior que contribuya al desarrollo sostenible global, la protección y garantía de los derechos humanos, la igualdad de género y a frenar el cambio climático. Por otro lado, si bien la Estrategia menciona nuestra demanda de considerar la métrica impulsada por la OCDE denominada Apoyo Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus siglas en inglés), no hay reflejo de este compromiso en el cuadro de indicadores.

La Agenda 2030 destaca en el ODS 16 la importancia de un espacio cívico de calidad —con implicación de todas las personas, especialmente de las que se están quedando atrás— como condición necesaria para el avance democrático y de los procesos de desarrollo sostenible. En esta Estrategia apenas se menciona la cuestión del espacio cívico pero desde Futuro en Común pensamos que es un tema central. Por eso proponemos la derogación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en el 2022, así como revisar cualquier otra regulación complementaria que pueda reducir o limitar el derecho de reunión, expresión, información y movilización ciudadana. Además, debería impulsarse una estrategia transversal de apoyo a la sociedad civil y mecanismos concretos y efectivos de protección de las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente.

Y finalmente, si realmente no queremos dejar a nadie atrás, es necesario garantizar los derechos para las personas migrantes en nuestro país. La Estrategia recoge como meta “Modificar la Ley de Extranjería para adaptarla a las nuevas realidades, previa consulta al sustrato asociativo.” Esta reforma debe  garantizar el acceso de las personas migrantes a todos los derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales independientemente del estatus de su situación en el territorio del Estado. Así como facilitar los procesos de residencia y nacionalidad, evitando la irregularidad sobrevenida y garantizando a todas las personas la asistencia sanitaria y el acceso a los servicios, con especial atención a la protección de la infancia migrante y de los niños y las niñas no acompañados.

Recomendaciones a futuro

  • Liderazgo al más alto nivel y buen funcionamiento de los órganos del sistema de gobernanza

Desde Futuro en Común entendemos que para recuperar la centralidad de la Agenda 2030 en la acción política, es preciso elevar el liderazgo de su implementación y seguimiento al más alto nivel del Gobierno, en coherencia con los demás instrumentos de prospectiva y planificación estratégica del mismo Gobierno, para alinear todos los esfuerzos programáticos y presupuestarios bajo los objetivos de la Agenda 2030 y las metas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

También entendemos como necesario dotar al sistema de gobernanza de recursos suficientes para su adecuada operativa, reglamentando el funcionamiento de sus órganos para agilizar su funcionamiento. Por  último, recomendamos generar espacios de encuentro (al menos uno anual) entre los órganos del sistema de gobernanza para que la sociedad civil y los otros grupos de interés del Consejo de Desarrollo Sostenible tengan un espacio de interlocución con el resto de Ministerios, CCAA y entidades locales.

  • Informe de Progreso

Proponemos diseñar participativamente el contenido y la metodología a seguir para la elaboración de los informes de progreso anuales, de forma que sean una herramienta que permita una rendición de cuentas significativa.

Para ello, además de relatar las actuaciones emprendidas por el Gobierno estatal y, en su caso, los Gobiernos autonómicos, entendemos que una verdadera medición de progreso debe dar cuenta de en qué medida las políticas transformadoras contribuyen o no a avanzar en la consecución del horizonte estratégico propuesto en la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Lo que a su vez se concreta en las metas, identificando su punto de partida y llegada, que en la clave de mejora continua que se plantea, deben reformularse para estar a la altura de los retos y desafíos planteados.
Además, dado que la Estrategia de Desarrollo Sostenible es el proyecto de país que guía toda la acción del Gobierno, creemos pertinente promover un debate parlamentario cada año en el Pleno del Congreso con motivo del Informe de Progreso Anual.

  • Panel de Mando

Desde Futuro en Común vemos necesario completar una propuesta integral e innovadora de  indicadores, que sean  relevantes y apropiados para medir los  progresos hacia las metas que se quieren alcanzar e identificar los desafíos pendientes. Además, para capturar la esencia transformadora de la Agenda 2030 este panel debería incorporar la medición de interacciones positivas y negativas entre las distintas iniciativas y asegurar la recolección de datos desagregados y conforme a los enfoques de derechos humanos, diversidad e igualdad de género, al tiempo que deben proponerse indicadores de síntesis y otras formas de medición del progreso más allá  del PIB (meta 17.19).

  • Diseño y despliegue del sistema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 recoge la demanda de Futuro en Común de pasar del discurso a la práctica y promover la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible en toda la acción de gobierno, a través de un sistema integral de promoción y seguimiento de la CPDS. Asumiendo este compromiso del Gobierno, recomendamos la identificación detallada de un marco analítico, un marco institucional y un marco instrumental para la implementación y seguimiento del sistema, así como con la consecuente dotación de recursos humanos, económicos y técnicos para su puesta en práctica.

  • Presupuestos Generales del Estado para el cumplimiento de la Agenda 2030

En relación al alineamiento presupuestario, consideramos que el proyecto PGE debe ir acompañado obligatoriamente de un análisis integral de su contribución al desarrollo sostenible según el modelo promovido desde la Agenda 2030. En este sentido, el Informe de Hacienda sobre alineamiento del proyecto PGE con la Agenda 2030 se considera un buen primer ejercicio que puede servir de punto de partida, pero debe seguir madurándose. Así, consideramos necesario que se incorpore la premisa de contribución al desarrollo sostenible de manera integral en las fases de diseño y seguimiento a la implementación de los PGE, para asegurar que el conjunto de sus partidas se ponen al servicio de la Agenda 2030. El verdadero reto no es saber cuánto se invierte en líneas de actuación que ayudan a implementar una o más de las 169 metas de los ODS (como es el caso en el actual ejercicio de alineación presupuestaria), sino poder garantizar que todas las líneas de actuación están diseñadas y ejecutadas de una manera que puedan tener un impacto positivo en todos los ODS y metas de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

Notas:

1 Aunque en la batería de indicadores de seguimiento de la EDS aparece el Índice de Gini éste no tiene ninguna meta asociada. Además pensamos que el Índice de Palma recoge mejor los desafíos que afrontamos.

2 Para 2030, modernizar el sistema fiscal desde criterios de justicia, progresividad y capacidad redistributiva, para posibilitar una mayor eficacia recaudatoria, reduciendo la diferencia con la Unión Europea, que se traduzca en el fortalecimiento de los servicios públicos y la reducción de las desigualdades, a través de un análisis profundo de las figuras impositivas y beneficios fiscales existentes para 2030

3 Como recomienda el Informe OIT 2018. El trabajo de cuidados, con criterios de contratación pública de calidad y equidad territorial https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633168/lang--es/index.htm

4 La deslocalización de la producción buscando estándares ambientales y laborales más bajos y un consumo producido con demasiada frecuencia violando los derechos humanos y destruyendo el medio ambiente, son realidades que no se pueden obviar si hablamos de Agenda 2030. El consumo de ciertos productos básicos agrícolas, como la carne, el aceite de palma o los biocombustibles, puede agravar la deforestación, la sobreexplotación de recursos naturales y la emisión de gases de efecto invernadero; el aumento de la demanda de materias primas extraídas de minas puede desencadenar desplazamientos y conflictos ambientales; y la producción de algodón para elaborar productos textiles puede estar relacionada con la desertificación y el trabajo forzoso. La facilitación de corrientes financieras ilícitas o los regímenes fiscales injustos tienen graves consecuencias para los países en desarrollo.

Tratados internacionales sobre Derechos Humanos
ABCDEFGH
Convenios OIT
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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