Guatemala: Un país, dos mundos

Elaborado por Alejandro Aguirre Batres
Revisión de Alejandro Aguirre
Colaboración de Marili Velásquez

Coordinación de ONG y Cooperativas - CONGCOOP

Informe completo (PDF)

Conclusiones sobre los avances en el cumplimiento de los ODS en Guatemala

El Estado de Guatemala, no logró alcanzar ni una sola de las metas y objetivos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-20151. Así llegamos a los ODS, en condición de significativos rezagos. Sin que hasta el día de hoy se conozcan esfuerzos importantes de la gestión gubernamental, por superar la grave situación.

Sobre los ODS 1, 2, 4 y 5

1. TERMINAR CON LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS, EN TODAS PARTES

2. PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

4. GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

5. LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Es importante mencionar, que reconocemos  la integralidad de los ODS, nuestro énfasis concluyente se dirige a objetivos fundamentales  a este país y que consideramos causa y efecto de nuestros problemas.

Guatemala cada vez más lejos de cumplir con aquellas metas y objetivos:

El gobierno actual (Alejandro Giammattei) a los pocos días de iniciar su periodo de Gobierno, da inicio la pandemia del COVID-19.  Ciertamente,  recibe el Gobierno en el medio de una crisis de gobernabilidad, que al momento no ha logrado  superar, aún persiste y las carencias de la población, no hacen más que crecer. El presiente Alejandro Giammattei al recibir el cargo expreso, que era necesario:

“Reconstruir los pedazos de gobierno que nos están dejando”

Si bien es cierto el gobierno de turno está al tanto de la problemática nacional, ha sido incapaz de acometerlo. En su primer informe de labores 2020,  menciona lo siguiente:

Según la sexta Encuesta nacional de salud materno infantil 2014/2015 efectuada a nivel nacional, el 46.5 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica, situación que se agudiza entre la población indígena, en donde el 58 por ciento de este mismo grupo poblacional padece el flagelo.

Sin embargo y aun conociendo la gravedad del problema las acciones de respuesta, no llegan a la población. La respuesta gubernamental: programas clientelares, vinculadas a intereses político electorales. No se atacan problemas de fondo. Los programas gubernamentales, en el campo, están dedicados, ha transferencia limitada de insumos y “capacitación”2 a campesinos. Hay ausencia absoluta, de crédito campesino, infraestructura productiva, mercado y acceso a tierra. No existen medidas reales para aumentar –por ejemplo- la resiliencia campesina frente al cambio climático.

Las transferencias condicionadas

El actual gobierno, derivado a la pandemia del COVID-19, implemento 10 programas, por un monto alrededor de los US$2,600 millones, dentro de ellos destaca el Bono Familia, que atendió a 2.6 millones de familias, proporcionando Q.1,000.00 por mes, durante tres meses. Lamentablemente, dicho programa al realizar una evaluación del mismo,  prevaleció la opacidad, poca claridad, problema en cuanto a la priorización de la población objetivo (a quien apoyar), no se tenía una unica base de datos, en conclusión en gran medida no llego a la población más  necesitaba principalmente población pobre tanto urbana como rural, población indígena. Dicho programa desapareció en el 2021.

Es decir, este gobierno en su ineptitud no logró ni siquiera sostener este tipo de acciones paliativo. Ya en 2011 UNICEFF, sobre las transferencias condicionadas recomendaba:

En el ámbito económico, el fortalecimiento de mecanismos de transferencias condicionadas en efectivo y de programas de acceso a microcréditos y asistencia técnica, junto con respuestas a los problemas de la tierra que estén basadas en el respeto a los derechos humanos, permitirán generar mayores oportunidades para aumentar los recursos monetarios de los hogares, con el fin de que se posibilite el acceso a una adecuada alimentación en todos ellos3.

Sin embargo, sucesivos gobiernos, no solamente no tomaron en cuenta esta recomendación, sino que las trasferencias condicionadas terminaron por transformarse en programas clientelares y electorales. Este gobierno, no logro mantener, ni siquiera, aquellos programas y redujo drásticamente el número de beneficiarios. Simplemente ha sido ineficiente en mantenerlos en ejecución.

La tendencia de inacción gubernamental real, continúo a la baja. Para octubre 2018. La voz es de alarma:

Cerca de la mitad de los niños menores de cinco años de Guatemala sufren desnutrición4, casi un 20 % de la población no sabe leer ni escribir, el promedio de escolaridad es de seis años y medio. Todos esos datos, que este año actualizó el informe de Desarrollo Humano, ya los conocemos. Un panorama oscuro para el presente y futuro de Guatemala.

A la desnutrición crónica se suma el preocupante dato sobre la desnutrición aguda, cuyo índice también se reporta al alza: casos de desnutrición aguda en niños guatemaltecos menores de cinco años se incrementaron a 27 mil 913 niños menores de cinco años con desnutrición aguda es la cifra con que cerró el 2020, reporte del Ministerio de Salud, en comparación con el mismo periodo del año pasado 5. El colofón de la inacción del gobierno, nos lleva a un año 2021 que inicia con un estado de situación patético:

El desarrollo humano se estancó en los últimos tres años. La tendencia que tenía desde 1990 hasta 2015 era de subir por lo menos un 1 % anual, pero los últimos años ha subido menos de 0.5 % anual. La tasa de matriculación de primaria ha caído terriblemente, eso impacta en el índice y creemos que el índice puede llegar a tener un comportamiento negativo en los siguientes años”, dice alarmado Arriola. Este año Guatemala cayó un puesto, el año 6pasado alcanzó el 126. Fin de cita: La única excepción en la caída, es la matriculación en educación pre primaria.

Somos un país desigual, los derechos de las mujeres y particularmente los derechos de las mujeres mayas, xincas y garífunas, no son la prioridad de Estado y de amplios sectores sociales, incluso urbanos y particularmente de capas medias y de determinadas denominaciones religiosas, asumen los derechos de las mujeres como un atentado a la familia y a la integración de la sociedad. Se confunde de manera obsesiva e intencionada derechos sexuales y reproductivos con la intencionalidad de destruir la familia y promover perversión.

Racismo, desigualdad de género, hambre campesina y urbana, pobreza multidimensional, exclusión y desigualdad económica social, hacen de Guatemala una sociedad fragmentada, con escasos lazos, entre sus instituciones y sectores de población. Estos desencuentros sociales, han imposibilitado y continúan actuando en contrario a aspiraciones de agendas concertadas de sociedad, economía y política, para promover acuerdos, que hagan a nuestro Estado avanzar en función de la agenda 2030.

Los indicadores están en retroceso. Guatemala, no está contribuyendo al desarrollo de su población, particularmente de los más postergados. El país mantiene niveles de parálisis, en su desarrollo y la amenaza más fuerte al día de hoy es el retroceso. Los  gobiernos de turno han sido incapaces de trabajar en forma responsable  y sostenida. Arribamos  a nuevo examen -Julio 2021-, con lo mismo de los años anteriores. “Avances” en arreglos institucionales y construcción de matrices de datos. Nada más.

Sobre Objetivo 16

(16) PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARRROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Guatemala, atraviesa desde el año 2015 un largo período de absoluta inestabilidad política, en donde el ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil, está en uno de sus más bajos niveles, de las últimas dos décadas. En el Congreso de la República, se aprobó las  reformas a la Ley de Organizaciones No gubernamentales, es únicamente pendiente de su implementación, la cual  atenta en contra el derecho a la organización social y la libertad de expresión, además de darle la potestad al Ejecutivo de poder cerrarlas si atentan contra el orden público.  La reforma a la Ley de ONG busca detener, expresiones sociales críticas y coarta la Organización Social y la Defensa de los Derechos Humanos. La plataforma nacional de ONG: Coordinación de ONG y Cooperativas en comunicado público sobre la pretendida reforma expreso:

“CONGCOOP rechaza las reformas a la Ley de ONG aprobadas por el Congreso de la República porque es un atentado contra la libertad de organización, expresión y voluntariado social. Viola derechos constitucionales como la organización ciudadana para el bien común”

“CONGCOOP repudia de dichas reformas ya que no aporta ‘nada’ al fortalecimiento del sector ONG de desarrollo, ni al proceso democrático del país”7.

La tendencia de leyes regresivas es amplia, baste el ejemplo anterior y la pretendida reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, instrumento surgido de los Acuerdos de Paz y que dejo fuera de la amnistía a militares e insurgentes, que hubiesen cometido delitos de lesa humanidad. La legislatura oficial actual y aliados pretenden reformar la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar amnistía a autores de delitos como: genocidio, desaparición forzada y tortura. Aunado a ello, se han aprobado leyes en el ámbito tributario que aumentan los privilegios fiscales.

La participación de la Sociedad civil en el monitoreo seguimiento y evaluación del cumplimiento de los ODS, es restringida, a aquellas organizaciones que están incorporadas al esquema oficial de participación social reconocido por el Estado: Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Esto significa que las organizaciones que no participan en aquel esquema de participación, -regularmente, son las organizaciones sociales con mayor presencia, más beligerantes y movilizadas- No tienen voz ni voto, en el seguimiento a la Agenda 2030. Hace algunos años,  organizaciones sociales propusieron constituir un comité integrado por múltiples partes –gobierno, sociedad civil y comunidad internacional- especializado en el monitoreo, seguimiento y evaluación de los ODS, que tuviese capacidad de opinión frente al Estado. La propuesta no fue aceptada por el gobierno de la república.

La forma de participación, determinada por el gobierno se refleja, en el texto, de la Secretaría  Planificación y Programación de la Presidencia de la República –SEGEPLAN- de Agosto 20168:

El seguimiento de la agenda en el ámbito político descansará en el Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diferentes niveles. El Consejo de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), por medio del Punto Resolutivo Número 05-2016, creo la Comisión de Alineación, Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032, la cual le dará seguimiento a la Agenda ODS y cualquier otro compromiso internacional en materia de desarrollo (Cairo + 20 (población y desarrollo), conferencia mundial sobre los pueblos indígenas, Beijing (Mujer), sobre ambiente, entre otras).

La representación social en el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, a cargo del seguimiento y monitoreo de los ODS, no refleja la amplitud de la sociedad civil. Representa un significativo déficit cualitativo a la representación social en los asuntos del desarrollo.

Las agresiones y la criminalización de defensores/as de derechos humanos un elemento inhibidor de la participación social9.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala UDEFEGUA, en un informe presentado recientemente, informo que registraron 1,004 caso de agresiones a defensores/as de derechos humanos durante el 2020, que el 33.66%  se registran contra defensoras de DDHH, el 59.8% contra defensores y el 13.54% contra colectivos, organizaciones/comunidades.

Además, registraron 15 asesinatos contra personas defensoras del DDHH. Por otro lado, hubo y hay uso excesivo de estados de excepción, el Foro de Organizaciones Especializadas en Seguridad FOSS,  informo en octubre 2020 que “desde la firma de la paz, el Estado de Guatemala ha implementado un total de 59 estados de excepción. La principal argumentación es la alta presencia de criminalización en los municipios, el narcotráfico, a las manifestaciones relacionadas a la defensa del territorio y bienes naturales en regiones con mayor población indígena.

En la actualidad a  dirigentes comunitarios10, vinculados a expresiones en defensa de territorio y ambiente, están sometidos a persecución penal. Se les criminaliza, con argumentos penales, por encabezar y/o participar en causas de defensa social. Existe una actitud hostil hacia las organizaciones sociales. Esta política hostil a la acción social, tuvo durante al año 2018 su expresión más grotesca y terrorífica: quince dirigentes comunitarios, defensores de la tierra asesinados11

Sobre calidad de la democracia, estabilidad política y gobernabilidad

El país ingresó desde el año 2015, en una tendencia  ascendente de precariedad política. No es que antes fue mejor. Estamos en el extremo. Definitivamente peor. Con indicadores graves de legitimidad en la “dirigencia” política y gubernamental. La baja de confianza de la población, hacia la institucionalidad de Estado es un reflejo del desastre institucional:

(Encuesta) Los resultados señalan que los órganos de justica —Organismo Judicial— solo genera confianza en el 29 por ciento de la población, mientras que la Presidencia —Organismo Ejecutivo— únicamente lo hace en el 15 por ciento de la población y los diputados organismo Legislativo— tan solo al ocho por ciento de la población. Los datos son igualmente dramáticos cuando se le preguntó a los entrevistados si creían que estas instituciones estaban haciendo un buen trabajo, pues para el Judicial solo el 28% de las personas respondió de forma positiva, para el Ejecutivo el 19 por ciento y para el Legislativo el 14 por ciento12.

Es reflejo de una crisis que va más allá del Organismo Ejecutivo y que se ha ido transformando en una crisis de Estado. En donde la voz popular percibe a los poderes del Estado y sus instituciones, como “un pacto de corruptos”, entre políticos, militares, ex militares, empresariado, crimen organizado, que únicamente velan por sus intereses monetarios, ven al Estado como un botín.

Sobre Objetivo 10

(10) REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

Las carencias en el sistema democrático, la grave crisis de gobernabilidad y legitimidad, que vive el país. El permanente avance de pobreza y desigualdad, están basadas en el sistema económico, social político y cultural del país. Aunado a estos factores,  un racismo estructural. Hacen de Guatemala un país dominado. Una economía potente que beneficia al (1%) de la población cuyos ingresos son más de la mitad de los pobres de este país.

Así por ejemplo se estima por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS que solamente el 20 % de la PEA está cubierta por la Seguridad Social13, el grueso de la población laboral corresponde al mal llamado sector informal de la economía, situación que lo excluye de protección social, esta situación se agravó en el 2020 por la  pandemia que aun padecemos.

Para tener los beneficios del seguro social, las personas deben laborar en el sector formal de la economía. La economía informal está constituida con trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco institucional que regula las actividades económicas. La actividad que absorbe el mayor porcentaje de personas ocupadas en el sector informal es la agricultura.14 En el 2020 se perdieron 60,939 empleos y se dejaron de generar 17,400 previstos, se ubicó al nivel de empleos formales que se tenía en el 2015, 5 años atrás. 2019, solamente el 19.5% de la población ocupada laboraba en la formalidad (80.5%), según datos del centro académico ASIES (con datos de la ENEI y de la afiliados al IGSS). En conclusión, el mercado laboral guatemalteco se ha caracterizado por su alto grado de informalidad.

La desigualdad afecta con particular crueldad a la niñez y con saña a la niñez rural indígena y campesina. Afirma UNICEFF en 2011: “el promedio nacional de desnutrición crónica (49.8%) oculta aún mayores desigualdades; por ejemplo, el porcentaje de niñas y niños indígenas desnutridos (65.9%) es superior a lo observado en el país con mayor desnutrición del mundo (Afganistán, 59%)”. La desnutrición obviamente asociada a fenómenos de hambre, pobreza, siguen siendo no solamente un indicador lacerante, de las desigualdades en el país, es la tragedia constante de miles de familias en el país.

La desnutrición crónica que padecen un millón trescientos mil niñas y niños guatemaltecos menores de cinco años…. Guatemala es el primer país de América Latina y El Caribe y el sexto a nivel mundial con mayor porcentaje de niños desnutridos menores de cinco años y el hambre es el reflejo de las grandes desigualdades e inequidades que se dan en el país. La desnutrición crónica no solo es resultado de los altos niveles de pobreza sino también de la exclusión en el acceso a los servicios de educación, salud y protección social, del limitado acceso a agua segura y de la poca responsabilidad en el manejo de desechos.15

Un Estado indolente, frente a su población, una élite económica insensible a pobreza y desigualdad. Un gobierno dedicado a hacer arreglos institucionales, “para cumplir” los ODS.

Un gobierno que defiende la corrupción y la impunidad. Un “pacto de corruptos” encabezado por el mismo Presidente de la República, que busca mantener los niveles de corrupción e impunidad en el país, de igual manera ven al Estado como un botín.

La estrategia de la presidencia se ha concentrado en implementar  constante mente estados de excepción, el autoritarismo, en la cooptación de las instituciones claves como: la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, entre otras, para mantener la impunidad y tener la libertar de realizar actos de corrupción.

Esta nueva cita por los ODS en Nueva York, 2021. Nos encuentra en un estado de crisis a todos los niveles: político, económico –hablando de economía popular, social y cultural. No tenemos avances sustanciales en ninguno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. Guatemala es un país encaminado peligrosamente a ser una sociedad “gobernada” por estallidos sociales, esto ante el avance de corrupción, impunidad y crimen organizado. Un Estado debilitado y capturado, por élites de poder lícitas e ilícitas.

El tercer informe voluntario de nuestro Gobierno, indudablemente presentara, al igual que lo hizo en 2019, avances en términos de arreglos institucionales, matrices y datos. Cero incrementos presupuestarios hacia él desarrollo. Cero éxitos en ninguno de los 17 ODS. Ninguna modificación al modelo de crecimiento económico: extractivismo agrícola. Eje central generador de concentración y exclusión. Mientras eso  no cambie y el Estado  logre implantar y gestionar un sistema de gobierno, equitativo, democrático, anti patriarcal, probo y equitativo, administrado por políticos capaces y honestos, el país continuará marchando a la deriva, con graves y lacerantes indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión.

Notas: