Primero la gente (Roberto Bissio)

La declaración de bancarrota del banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de 2008 es percibida por muchos como el momento de quiebre para una serie de colapsos del sistema bancario que se propagaron como un incendio forestal por las bolsas y mercados financieros de las economías más ricas del mundo. La palabra “crisis” ha sido desde entonces el centro de todas las noticias y discursos políticos. La Gran Depresión que sacudió al mundo a principios de los años 1930 es citada con frecuencia como el único precedente y el historiador Eric Hobsbawn comparó la caída de Wall Street con la del Muro de Berlín. En la opinión de quien es considerado el mayor historiador del siglo XX, “la economía capitalista de libre mercado desprovista de cualquier tipo de restricciones o controles (…) que capturó al mundo y sus gobiernos desde los años de Margaret Thatcher y el presidente Reagan (…) se está desmoronando ante nuestros ojos” de la misma manera en que lo hicieran las economías planificadas centralmente desde el estado de tipo soviético hace 20 años .

La polvareda aún no se ha asentado y mientras los bancos de inversiones con fuertes vínculos con el sistema político de Estados Unidos, como Goldman Sachs, ya han vuelto a tener ganancias y a recompensar a sus ejecutivos con bonos multimillonarios en dólares, el desempleo sigue creciendo en la mayoría de las llamadas economías “avanzadas” y recién ahora, un año después del terremoto ocurrido en el epicentro de las finanzas globales, la ola del tsunami está comenzando a llegar a las orillas más distantes. En Bolivia, por ejemplo, la coalición de Social Watch local describe en su contribución para este informe que “el país ha visto pasar un ciclo de crecimiento mundial [antes de la crisis] y no supo aprovechar el aventón para acompasar a ritmo propio [el desarrollo]. Ahora que la crisis global se profundiza, la economía boliviana apenas se enteró de que hubo auge, y ya lo mira de lejos”.

En este informe de Social Watch se incluyen las conclusiones de las organizaciones de la sociedad civil en más de 60 países. Se trata del primer informe global desde las bases sobre los impactos sociales de la crisis. Las agencias de Naciones Unidas y otras instituciones han producido estimaciones valiosas sobre los millones de empleos que se perderán en todo el mundo, la creciente pobreza e incluso el aumento de la mortalidad infantil debidos a la incapacidad de los mercados para solucionar los problemas que ellos mismos crearon (contrariamente al credo imperante hasta el año pasado). Pero esas estimaciones son inferencias realizadas a partir de agregados globales, y no el resultado de la observación directa sobre el terreno. La acumulación de conclusiones de países ricos y pobres de todos los continentes muestra semejanzas notables y también una diversidad de situaciones que enriquece el panorama disponible hasta ahora, lo revela aún más dramático y urge a los responsables de tomar las decisiones a implementar políticas que pongan por delante a las personas. No es sólo una cuestión de justicia social, sino también de sólida política económica, tal como queda de manifiesto en la breve descripción de los informes nacionales a continuación.

Víctimas inocentes

En las finanzas capitalistas, como en un casino, cuanto más arriesgadas son las apuestas más altas son las ganancias. Pero las apuestas arriesgadas también significan pérdidas frecuentes. En esa lógica, lo escandaloso no es la bancarrota de Lehman Brothers, sino la decisión del presidente estadounidense George W. Bush y su Secretario del Tesoro Hank Paulson de gastar miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes para rescatar bancos y compañías de seguros en quiebra, como Goldman Sachs, del que Paulson era Director Ejecutivo antes de entrar a formar parte del Gobierno. Cuando Yayi Boni, presidente de Benín, quien fue electo por su sólida reputación como banquero, se enteró de esa decisión, cuestionó públicamente la procedencia de los billones de dólares de los fondos de rescate y concluyó que los pobres terminarían pagando por la crisis. El informe de Bélgica concuerda: cuando las acciones de los bancos y las principales empresas del país colapsaron, el Gobierno fue al rescate de los bancos y proporcionó garantías de depósito. La crisis todavía provoca que el desempleo continúe incrementándose, mientras el costo del rescate bancario se hace sentir en el drástico aumento de la deuda pública, con graves repercusiones para la provisión de la seguridad social. En el propio Benín, la vibrante coalición de Social Watch local ha descubierto que, en sus esfuerzos por estimular la economía, el Estado compite con los pobres por los escasos materiales de construcción y las organizaciones de base se movilizan contra el aumento del costo de vida.

Muchos de los informes nacionales de Social Watch aportan datos de cómo las mujeres tienden a sufrir desproporcionadamente los efectos de la crisis. En palabras de la coalición polaca, “el descenso de los ingresos familiares” tiene un impacto más significativo “entre las mujeres, ya que son ellas quienes tradicionalmente cargan con la mayor responsabilidad del bienestar de la familia (esto es verdad especialmente en los grupos de menores ingresos). (…) La crisis amplifica al sector gris (informal) de la economía polaca a medida que muchos empresarios, especialmente los pequeños, intentan minimizar los costos laborales y evitar la tributación y otros costos asociados con el empleo formal. (…) El crecimiento de la economía gris afecta a más mujeres que hombres, porque son ellas quienes suelen tener empleos con baja remuneración, especialmente en el sector de los servicios privados (por ej., en la venta minorista)”.

En Francia la crisis mundial ha tenido un impacto directo en la población, al igual que en todos los países desarrollados – que es donde la crisis comenzó. Los efectos más obvios son el aumento del desempleo y la exclusión social, “y hasta problemas de alimentación que sufren sectores de la sociedad que, no hace mucho, estaban en una situación cómoda” según el informe francés de Social Watch. Del mismo modo, la estrategia de gestión de la crisis del Gobierno alemán no incluye objetivos sociales o incluso ecológicos. Sus paquetes de estímulo y reducciones de impuestos son socialmente injustos; los despidos y aumento del número de trabajadores a tiempo parcial revelan la cara fea de la desregulación. La pobreza se vuelve “masiva” tanto en Europa Oriental como Occidental, informan las coaliciones de Social Watch de Portugal y Moldova.

En la República Checa, “la crisis económica mundial está haciendo descender el nivel de vida” principalmente debido al aumento del desempleo. La coalición checa de Social Watch cuestiona la cifra oficial de desempleo, porque omite las 178.000 personas consideradas buscadoras de empleo no activas; si se agregara este grupo la tasa de desempleo sería 50% más alta. Los trabajadores extranjeros, especialmente los asiáticos, son los que más sufren en la República Checa, pero también las coaliciones de Social Watch en Malta, Eslovaquia y Chipre informan sobre las crecientes dificultades para los extranjeros y hasta casos de xenofobia.

En el otro extremo, desde Filipinas, Marruecos, México, Nicaragua y muchas otras partes se informa sobre las dificultades económicas derivadas de la disminución de las remesas enviadas por los trabajadores en el exterior. En el caso de Egipto “la caída de las remesas y el regreso de emigrados amenazan a un mercado laboral mal preparado para absorberlos”. En El Salvador, “más de 300.000 familias son receptoras de dinero del exterior, que sufraga gastos de alimentación, vestimenta y servicios básicos”. Los flujos de las remesas prácticamente no aumentaron en 2008 y se estima que comenzarán a disminuir en 2009.

La velocidad en la que los países se ven afectados por el tsunami de la crisis no está relacionada con su distancia física de Wall Street, por supuesto, sino con la forma en que su economía se vincula a las economías del epicentro. Por ejemplo, en Mozambique, que es uno de los países más pobres del mundo, el Banco Internacional de Mozambique (Millennium Bim) ha publicado un informe en el cual prevé que la economía nacional decrecerá en razón de que tanto los países donantes que financian más de la mitad el presupuesto nacional, así como los que realizan inversiones extranjeras directas, tendrán un crecimiento económico negativo. Social Watch Mozambique informa que han caído los precios de aluminio, tabaco, azúcar, té, castañas y langostinos. Los ingresos de las exportaciones se verán afectados y, a su vez, esto debilitará ciertas actividades que promovían el crecimiento económico y disminuirá la promoción del turismo. Con el 42% de su presupuesto financiado por la ayuda, Tanzanía está en una situación similar. El informe de Social Watch francés muestra que, debido a la crisis y la incapacidad del país de generar nuevos recursos para la Ayuda Oficial al Desarrollo, esta ayuda se redujo drásticamente, por lo que Francia no cumplirá sus compromisos en esta área. Por el contrario, España ha reafirmado su compromiso de canalizar el 0,7% de su ingreso nacional hacia la AOD para 2012. Pero aun si todos los países donantes cumplieran con sus compromisos, los objetivos se expresan en porcentajes de la economía y, por lo tanto, los presupuestos de AOD tenderán a disminuir en tiempos de recesión.

Entre los países en desarrollo, cuanto mayor sea la vinculación con la economía globalizada, más grande y más rápido es el impacto. Por ejemplo, el impacto fue inmediato en México y Chile, dos países latinoamericanos vinculados estrechamente con la economía de Estados Unidos por medio de acuerdos de libre comercio e inversiones. El precio del cobre, la exportación principal de Chile, alcanzó su punto máximo en más de USD 4 por libra a mediados de 2008, pero cayó a USD 1,4 a fines de año. Sin embargo, el impacto más notable de la crisis, según el informe chileno de Social Watch, lo ha constituido la caída en los fondos de pensiones, cuyos recursos están colocados en activos financieros en Chile y en el exterior. A fines de 2008, el valor de los ahorros previsionales sufrió una pérdida de USD 27.000 millones, más del 26% de los fondos totales. Debido a esto, Chile es el país latinoamericano en el que se produjo la mayor pérdida de riqueza de los hogares. A pesar de las numerosas protestas de los afectados, no tuvieron la misma suerte que los accionistas de los bancos grandes mundiales y nadie vino a rescatarlos ni se hizo nada para compensarlos.

La caída de los precios de las materias primas extendió la crisis a muchos países. En Uganda la coalición local de Social Watch estima que la crisis podría revertir los recientes avances sociales y hacer imposible el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Zambia sufre aun más que Chile la caída de los precios del cobre, del que el país es muy dependiente. La contribución zambiana al informe de Social Watch destaca con acierto que “a diferencia de los Estados Unidos y otros países que han respondido al colapso económico con nuevos fondos para bancos e industrias principales en quiebra, a fin de mantenerlos a flote, el presidente Rupiah Banda no tiene ningún recurso para distribuir”.

El informe de Ghana comenta sobre el mismo problema: “la cuestión que los ciudadanos están tratando de abordar es si el país debería concentrarse en la ayuda de la comunidad internacional para lidiar con la caída de la economía, o recurrir a iniciativas fiscales y monetarias duras”.

Como escribe el experto financiero brasileño Fernando Cardim en su análisis preparado para el informe de Social Watch local: “Aumentar los ingresos y la recaudación fiscal (…) es precisamente lo que intenta lograr el presidente Obama en Estados Unidos. Es también lo que ha defendido repetidamente desde 2007 Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. Sin embargo, “el Fondo mismo se ha resistido a adoptar este punto de vista, como lo demuestran las condiciones impuestas a los países de Europa Central que fueron rescatados por el FMI”.

En el caso de Rumania, el informe nacional de Social Watch destaca que “el préstamo del FMI parece haberse contraído bajo presiones externas, principalmente para salvar los intereses de las compañías extranjeras en Rumania. No servirá para reembolsar la deuda externa del país, pero cubrirá las deudas de las filiales locales de los bancos extranjeros. De esta forma, se utilizarán los fondos públicos para reparar el daño hecho por el capital privado”.

En vez de reaccionar a las necesidades locales, el FMI fue a Rumania a consecuencia de “los reclamos desesperados del Gobierno austriaco para que el FMI y la UE intervinieran y rescataran sus bancos en Europa Oriental”. Los bancos austriacos habían prestado a la región una cantidad equivalente al 70% del PIB de Austria. Ahora, “el reembolso de un préstamo que representa el 40% del presupuesto anual de Rumania sólo será posible durante los próximos años mediante la disminución del nivel de vida de la población”.

En Hungría, se hizo necesario un rescate del FMI para evitar el colapso total de la economía y esto condujo a devaluación, aumentos impositivos y otras medidas impopulares y procíclicas, como el recorte de gastos. El primer ministro Ferenc Gyucsany fue obligado a dimitir en marzo de 2009. El nuevo gobierno planea recortar las jubilaciones, las bonificaciones del sector público y las asignaciones por maternidad, hipotecar la energía y los subsidios al transporte, y elevar la edad de jubilación.

Del mismo modo, en Serbia la presión del FMI para disminuir el déficit estatal condujo al Gobierno a anunciar en marzo de 2009 “la introducción de un sueldo de ‘solidaridad’ provisorio y un impuesto a las pensiones de 6% para los que ganan por encima de USD 170. (…) Esto generó descontento entre los trabajadores y jubilados, mientras que los sindicatos anunciaron protestas. Éstos sostienen que el impuesto de ‘solidaridad’ afectará a los más pobres, provocará una reducción de salarios, más desempleo y un aumento del sector informal, mientras que los ricos no serán afectados. De la noche a la mañana, el Gobierno revocó todo el plan de ahorros”. Según la coalición serbia de Social Watch, el Gobierno “se encontraba aprisionado entre el miedo a las protestas sociales y la presión del FMI, y las siguientes semanas estuvieron marcadas por opiniones discordantes de los políticos, que anunciaban nuevos paquetes de medidas de ahorro por la tarde para revocarlas a la mañana siguiente”. El menú de nuevas ideas incluía reducir el número de ministros, aumentar los impuestos a las propiedades, introducir un impuesto a las facturas de los teléfonos móviles, la compra de automóviles nuevos y automóviles de lujo, prohibir el ingreso de nuevos empleados en el sector público, limitar los viajes de negocios al exterior y reducir las horas de trabajo. Sin embargo, los Watchers serbios subrayan que, si la recién adoptada Ley de Confiscación de la Propiedad Obtenida Dolosamente se implementa de forma efectiva, “el Estado podría recaudar USD 2.640 millones en un año, suma igual a la que Serbia está solicitando al FMI”.

En Bulgaria las ONG y los sindicatos no están de acuerdo en que la reducción de los gastos sociales sea aceptable en tiempos de crisis. “Cualquier otra reducción podría destrozar la paz social del país”, advierte la coalición nacional de Social Watch. Aunque los expertos de las ONG apoyan el aumento de la proporción de inversión destinada a la infraestructura del transporte, critican duramente al Gobierno por no utilizar los fondos estructurales de la Unión Europea asignados a Bulgaria en sus dos primeros años como miembro pleno. “Hacia fines de 2008 sólo se había gastado 0,6% de los EUR 2.200 millones. La falta de capacidad financiera, la excesiva burocracia y los procedimientos escasamente transparentes impidieron que los fondos lleguen a sus destinatarios”.

El enlentecimiento puede ser dramático

Cuando comenzó la crisis financiera, algunos economistas aventuraron la hipótesis de la “desvinculación”, según la cual las economías emergentes permanecerían relativamente intocadas por la crisis financiera mundial debido a sus reservas sustanciales de divisas extranjeras, estados de cuentas corporativos sólidos y sectores bancarios relativamente saneados. Sin embargo, igual sintieron el impacto. Según Social Watch India, “es obvio que los pronósticos iniciales del Gobierno en cuanto a que el país saldría indemne demostraron poca visión de futuro” y el crecimiento económico cayó de un sólido 9,3% en 2007 a 7,3% en 2008. Para 2009 el FMI pronostica un crecimiento del 4,5%. Caídas similares ocurrieron en Vietnam, Perú y Camboya, que pasaron de tener cifras de crecimiento de dos dígitos al 5%.

Un crecimiento del 5% puede provocar la envidia de los Ministros de Hacienda de los países de la OCDE, ya que la mayoría trata de salir del crecimiento negativo (es decir, recesión), pero no debería ignorarse el punto de salida. El crecimiento del 5% anual en los países de ingresos bajos significa un aumento de menos de diez centavos por día para una persona común. Pero unos pocos centavos marcan una enorme diferencia cuando se es pobre. Según el ejemplo planteado por Social Watch Camboya, la reducción de la tasa de crecimiento a la mitad significa que “las personas que viven en torno al Tonle Sap, el lago más grande del país, (…) ya se habían endeudado para lograr llegar a fin de mes. En 2008 tuvieron que vender sus activos productivos y sacar a los niños de la escuela para ponerlos a trabajar”.

Crisis permanente

El término “crisis” se refiere a un momento decisivo, un tiempo inestable, pero para muchas de las coaliciones de Social Watch que remitieron su informe nacional, la crisis que sufren sus países viene de décadas atrás y no comenzó con el colapso de los mercados financieros. En la República Centroafricana, la pobreza aumenta en vez de disminuir desde 1990, con inestabilidad política y violencia que perjudica una economía de por sí débil.

Eritrea “ya estaba inmersa en un profundo caos propio” mucho antes de que se agudizara la crisis mundial, mientras en Nigeria la mayoría de las personas “ha vivido por mucho tiempo en una situación de colapso económico. La corrupción es generalizada, hay falta de electricidad en todo el país, la educación y la salud se encuentran en condiciones deplorables y la lucha armada por el control de los recursos petroleros sigue siendo intensa”.

En Yemen, el informe de Social Watch local entiende que la ausencia de derechos es el origen de las crisis sucesivas desde 1990, con el 42% de la población bajo la línea de pobreza y una situación aún peor para las mujeres. En Birmania se vive una “crisis perpetua, ya sea económica, política, alimentaria o ambiental”, con un Gobierno que se muestra incapaz de apoyar a sus ciudadanos después del ciclón pero que gasta casi la mitad de su presupuesto en los militares.

En Nepal se espera que la crisis golpee pronto, añadiendo sus efectos “a otras crisis, relacionadas con el medio ambiente, la alimentación, la energía, las finanzas y la política” que han golpeado a la sociedad “durante mucho tiempo”.

En Bangladesh, el ciclón Sidr, además de dos inundaciones consecutivas, muestra la vulnerabilidad extrema de millones de personas amenazadas por el cambio climático. Una absoluta ausencia de autoridad gubernamental está en la raíz de los problemas de Somalia, mientras la ocupación extranjera es la preocupación principal en Palestina. También haciendo su aporte desde una situación de conflicto crítica, Social Watch Iraq decidió este año enfocar su informe en la situación de las mujeres. Sus conclusiones, sin embargo, tienen valor universal: el empoderamiento de la mujer requiere que exista “una cultura de igualdad de acceso y de oportunidades”, además de legislación adecuada.

Polarización

En marzo de 2009, en medio de la crisis y el debate político sobre cómo recortar gastos en Serbia, tuvo lugar una feria de automóviles en Belgrado. ¡Todos los modelos más caros se vendieron el primer día por un total de más de USD 2,6 millones!

La crisis exacerba la polarización en todas partes. El informe de Social Watch de Bahrein afirma que “cada vez hay más millonarios, la clase media se achica y la clase baja se empobrece”. La sensación de injusticia, más que la pobreza absoluta, ha llevado a “confrontaciones y tensiones entre los grupos empobrecidos y las fuerzas de seguridad”, sobre todo en los pueblos. “Debido a ello, el Banco Mundial ha bajado la clasificación de Bahrein en cuanto a estabilidad política”.

En Vietnam, citado frecuentemente como un modelo ejemplar de desarrollo que sacó a millones de personas de la pobreza, “el consumo del 20% más rico de la población representa el 43,3% del gasto total del país, mientras que el 80% restante gasta modestamente”.

Una polarización similar se describe en el informe de Social Watch de Honduras, donde la confrontación entre ricos y pobres claramente es la raíz del golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, reavivando una práctica de “cambio de régimen” que América Latina parecía haber abandonado a favor de métodos democráticos desde hace dos décadas.

En la vecina Costa Rica, que por muchos años ha sido un oasis de paz y estabilidad constitucional en América Central, los Watchers locales advierten que si no se asumen los retos de la crisis “a partir del diálogo social (…), la persistencia de las soluciones tradicionales (asistencialismo y recorte de gasto público, así como disminución de derechos) se traducirán sin duda alguna en una mayor desigualdad y pobreza, y en el riesgo de convertir pobreza coyuntural por pérdida de ingresos en pobreza estructural, así como en la profundización de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y las personas adultas mayores”.

El juego del avestruz

Según los Watchers keniatas, “en Kenia el Gobierno no quiere ver la realidad y hace como el avestruz, que entierra su cabeza en la arena. La élite gobernante sostiene que la crisis es circunstancial y que la economía nacional está suficientemente a salvo por la debilidad de sus lazos con el capital internacional”.

Situaciones similares se viven en muchos países. En Moldova, Social Watch informa que antes de las elecciones de abril de 2009 el Gobierno negó vehementemente que la crisis hubiera de afectar al país e intentó mantener artificialmente la situación económica. El Banco Mundial no fue tan optimista e incluyó a Moldova entre los países en desarrollo con más alto nivel de vulnerabilidad. Después de las elecciones, sin embargo, el presidente Voronin declaró, en una reunión con empresarios, miembros del Gobierno interino, parlamentarios y políticos, que “‘la crisis es un fuego, una catástrofe’. Los funcionarios gubernamentales explicaron que se minimizó la importancia de la crisis, antes de las elecciones, con la intención de ‘no crear pánico’”.

En otras situaciones, no sólo los políticos en funciones minimizaron la importancia de la crisis, sino que también ha sido una estrategia de algunos líderes de organizaciones sociales, temerosos de que el miedo a una catástrofe pudiera conducir a funcionarios con poder de decisión a aceptar demandas oportunistas de los privilegiados. Social Watch Bolivia relata que los empresarios bolivianos son parte de esta tendencia: la reacción del empresariado pasa por promover “negociaciones desiguales” que colocan el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores, con el objetivo de reducir sus beneficios y salarios, junto con el incremento de los despidos.

En Eslovenia, los Watchers locales también denuncian a empleadores que abusan del miedo a la crisis y restringen los derechos de los trabajadores. En Guatemala, los mecanismos para paliar la crisis, como las cuotas de importación con arancel cero, beneficiaron sólo a un grupo importador, pero no a los consumidores.

En Paraguay, la coalición local de Social Watch informa que los primeros sectores en exigir mayor apoyo “fueron los hasta hoy beneficiados por las políticas neoliberales y de integración de mercados: agro-exportadores, industriales, importadores, y ejecutivos publicitarios”. Los productores de soja, por ejemplo, no sólo pretenden que el Gobierno cubra sus “pérdidas sino mantener el nivel de actividad y ganancias a través del subsidio público”. Ellos tuvieron ganancias extraordinarias en el ciclo anterior, en parte gracias a la especulación en el mercado a futuro de commodities agrícolas que acompañaron la promoción de biocombustibles en muchos países.

En Polonia la población “cree que los bancos manipulan el tipo de cambio a costa de los clientes. En la actualidad, la diferencia entre los valores de compra y venta puede llegar hasta el 12%; y ni siquiera la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor puede imponer restricciones a la tasa de cambio. Por lo tanto, se están formando grupos de consumidores a través de internet con el fin de adquirir moneda extranjera en cantidades mayoristas, con la esperanza de negociar el monto del spread y en ocasiones incluso renegociar las condiciones de los acuerdos crediticios”.

Después de asistir a un seminario organizado por la Red del Tercer Mundo sobre las respuestas asiáticas a la crisis, la coordinadora de cabildeo de Social Watch Natalia Cardona escribió que parece existir “una atmósfera defensiva entre los gobiernos de la región. Más que un enfoque proactivo y nuevo en relación al cambio del sistema financiero internacional, confían en viejas políticas para tratar de solucionar problemas económicos nuevos y graves”.

Social Watch Argentina halla que su gobierno está igualmente mal preparado para la magnitud de los desafíos planteados por la crisis, y la coalición brasileña cree que sus líderes confunden “la incapacidad para actuar con la prudencia financiera y fiscal”. En tiempos de recesión, “los ingresos fiscales se reducen mientras que aumentan los gastos de la seguridad social. Los déficits fiscales entonces aumentan, justamente debido a que los gobiernos no tuvieron la suficiente audacia para actuar en contra de la contracción de la economía. Es paradójico que al intentar parecer prudentes, los países se coloquen en una situación fiscal aún peor de lo que sería si los gobiernos hubieran actuado con decisión en apoyo de la demanda”.

Apoyar a los ya privilegiados

Además, no todos los intentos de estimular la economía resultan acertados o justos. Los Watchers canadienses creen que el “plan de estímulo económico cortoplacista [del gobierno] desatiende las necesidades de los miles de ciudadanos que soportan lo peor de la crisis. Los empleos creados por las inversiones públicas son para los hombres, mientras las mujeres obtienen empleos precarios o de tiempo parcial y, con frecuencia, son las primeras en ser despedidas”.

Ésas son casi las mismas palabras usadas por el informe de Social Watch tailandés: “Una de las medidas más polémicas fue la entrega por única vez de THB 2.000 (USD 57) en efectivo a empleados públicos y privados con ingresos menores a THB 14.000 (USD 397) por mes. Incluso quienes estaban habilitados a recibir los fondos criticaron de populismo descarado la política, sin considerarla un estímulo significativo. Por ejemplo, la enorme mayoría de los trabajadores en esta categoría pertenece al sector informal y, por lo tanto, no están habilitados a recibirla, lo cual plantea el problema de la discriminación de género, ya que la vasta mayoría de las mujeres trabaja en el sector informal”.

Mientras las economías occidentales inyectan nuevos fondos de rescate masivos en sus instituciones financieras, y en algunos casos nacionalizan de nuevo sus bancos, el Parlamento keniata legisla sobre la privatización de los pocos activos sociales estratégicos restantes a fin de proporcionar por única vez una inyección de ingresos al Gobierno, denuncia la coalición keniata de Social Watch. Entre las organizaciones en lista para ser privatizadas se encuentran: la Compañía de Generación de Electricidad de Kenia (KENGEN), la Kenya Pipeline Company, las empresas estatales del azúcar, hoteles, bancos y otros.

En Líbano, tanto el Primer Ministro como el ministro de Hacienda han reconocido los impactos negativos que se esperan de la crisis mundial y la necesidad de proteger la economía nacional. Sin embargo, el análisis de Social Watch local concluye que las medidas que están implementando aceleran los procedimientos necesarios para que el país se afilie a la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que se traducirá en la liberalización de servicios y sectores productivos de la economía.

Del mismo modo, en Tailandia “para complementar su plan de estímulos, el Gobierno también trabaja en una importante reestructura regulatoria de los mercados financieros. Sin embargo, a diferencia de muchos países que establecieron mayores garantías para proteger a los consumidores y sus economías, Tailandia avanza hacia la fuerte desregulación y liberalización para incrementar el papel del mercado de capitales en el desarrollo de la economía”. Los Watchers tailandeses temen que “esta iniciativa, dirigida por muchas de las mismas personas que participaron de la crisis financiera de 1997 buscando exclusivamente ganancias a corto plazo, allanará el camino a una nueva crisis apenas el país se recupere”.

Los Watchers de Malasia informan que el país, cuyo crecimiento económico depende en gran medida de sus exportaciones y que importa la mayor parte de sus alimentos, “deberá prepararse para años de dificultades económicas. Existe una fuerte caída en la producción industrial, el desempleo está por las nubes y los analistas advierten que la recesión venidera podría ser peor que la de 1997. El Gobierno recibió críticas por actuar demasiado tarde y por dedicarse a rescatar a las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan protestas y foros públicos para concientizar al público acerca de las repercusiones negativas de estas crisis, especialmente con respecto a los sectores vulnerables de la sociedad”.

Esto es lo contrario de lo que sucede en Venezuela, donde la reducción de la pobreza es un objetivo principal del Gobierno, el cual desembolsa grandes cantidades de dinero a tal fin, aun cuando las políticas no siempre son tan transparentes como a los Watchers locales les gustaría.

Argelia, por otra parte, parece haber aprendido algunas lecciones de la crisis. En septiembre de 2008 Sid Saïd, dirigente de la Unión General de los Trabajadores Argelinos, anunció que el Gobierno se retractaba en lo atinente a la política del “todo puede ser privatizado”. El informe de Social Watch local estima que unas 220 empresas públicas, “destinadas inicialmente a una operación de privatización que sólo esperaba la aplicación de las medidas reglamentarias, fueron al final retiradas de la lista de las que debían venderse”. Además, el Gobierno “condonó las deudas contraídas por empresas viables [y encargó] la supervisión y seguimiento de estas medidas de saneamiento a un Grupo de Trabajo interministerial (Finanzas-Industria y promoción de las inversiones-PYME)”.

Invertir en la gente

Muchos ciudadanos en todo el mundo pueden compartir la conclusión de los Watchers peruanos: “en tiempos de bonanza se pide a los trabajadores paciencia para gozar de los beneficios del crecimiento, mientras que, durante las crisis” se espera que se ajusten sus cinturones. Pero eso no es justo y, según entienden ahora los economistas, ni siquiera funciona. Los paquetes de estímulo que dependen de las rebajas de impuestos a los ricos y de subsidiar a los grandes bancos y corporaciones no produjeron los resultados esperados. Anticipando una recesión prolongada, los ricos y las clases medias tienden a ahorrar cualquier dinero adicional, en vez de gastarlo, mientras que los bancos, en vez de prestar el dinero del estímulo, lo usan para reconstruir sus activos.

Pero cuando los fondos se canalizan hacia los pobres se gasta inmediatamente. No porque tengan un mejor entendimiento de su papel como contribuyentes a la recuperación de la economía global, sino simplemente porque no tienen otra opción.

Por todo el mundo, las organizaciones de la sociedad civil exigen cosas similares de modos diferentes. En Marruecos, como informa la coalición de Social Watch local, “se han tomado diversas acciones colectivas, en particular, huelgas sectoriales (educación, salud, colectividades locales, etc.) así como una huelga general. Entre otros movimientos sociales conviene citar las distintas luchas impulsadas por las Coordinadoras contra la Carestía de Vida, así como por las Asociaciones Nacionales de Profesionales Desempleados. Se desplegaron varias estrategias de acción colectiva: sentadas, marchas populares espontáneas, días de movilización nacional contra la pobreza, etc. Las reivindicaciones se refieren al cese del alza de los precios, el mantenimiento de la Caja de Compensaciones, la aplicación de la escala móvil de los salarios, a la puesta a nivel de los servicios públicos y al cese de las privatizaciones de los controles de distribución de agua y electricidad”.

En Estados Unidos, donde comenzó la crisis, y donde el número de los desempleados aumentó a 13,1 millones (5,6 millones más que al principio de la recesión), el partido Republicano fue “castigado” por el electorado que eligió a Barack Obama con una plataforma de esperanza y cambio. Ahora, según el informe de los Watchers estadounidenses, “los movimientos a favor de los derechos humanos, trabajos ecológicos, comercio justo, asistencia médica y vivienda están presentando propuestas innovadoras y aumentando sus demandas de un cambio verdadero y estructural. Estados Unidos no puede permitirse desperdiciar esta oportunidad”.

En Ghana, Social Watch exige que, para “impulsar la agricultura y contribuir a la creación de empleo, al crecimiento económico y al bienestar general de la población, los agricultores necesitan apoyo para invertir en insumos, fertilizantes, capacitación y acceso a mercados”. Una demanda similar proviene de Senegal, el país más dependiente de la importación de alimentos de África Occidental, donde la sociedad civil propone “un retorno a la agricultura tradicional, debidamente incentivada y apoyada por el Estado”.

“Un aumento real de salarios debería ser el estímulo” es el resumen de lo que Social Watch propone en Bulgaria. Y en Filipinas “definitivamente se impone crear un paquete de estímulo pero, a diferencia del propuesto por el Gobierno, debería estar basado en una estrategia nacional clara que esté sujeta a derecho, a favor de los pobres, y sustentable. Debería priorizar la seguridad alimentaria, la creación de empleos fortaleciendo las empresas locales para beneficiar a las mujeres y hombres trabajadores, así como la inversión en proyectos de infraestructura ecológicos y a favor de los pobres (por ejemplo, la construcción de una red de sistemas de riego, la electrificación de pueblos apartados y el desarrollo de energía limpia), así como la extensión de la seguridad social y económica para los pobres y los desempleados. Finalmente, debe considerarse seriamente la renegociación de la deuda pública de modo que el grueso de los ingresos del país se destine a cubrir las necesidades elementales y urgentes de las personas en vez de ponerse al servicio de la deuda”.

En Tailandia, Social Watch trabaja en favor de una amplia alianza similar a la que concluyó en la “Constitución Popular” de 1997, luego de la crisis financiera del sudeste asiático.

En Perú los Watchers enfatizan que “para afrontar las consecuencias perniciosas de la crisis, es imprescindible fortalecer la demanda interna, lo que implica aumentar el consumo de los trabajadores y proteger la producción nacional, además de suspender los Tratados de Libre Comercio (TLC), que generan una innecesaria apertura del mercado peruano en tiempos en que los mercados internacionales se encuentran en contracción”. La coalición de Social Watch mexicana también quiere una revisión del Tratado de Libre Comercio: el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas – en una carta del 16 de abril de 2009 dirigida a Barack Obama –propone “iniciar un diálogo del más alto nivel, en donde se aborden los temas de la agenda para la urgente renegociación del TLCAN y la salvaguarda de los derechos laborales, sociales y humanos de los ciudadanos de la región, que pasaría por construir un Fondo de Compensación Asimétrica para Norteamérica, negociar un acuerdo binacional sobre el tema migratorio y firmar un acuerdo para impulsar el Tratado para el Desarrollo Económico y Social de Norteamérica”.

Los Watchers italianos argumentan que “en respuesta a la crisis, cada vez más propietarios de cuentas bancarias en Italia están incursionando en el mundo de las finanzas éticas. Al cliente que apoya las finanzas éticas le importa cómo se utiliza su dinero, pero también que su banco no quiebre. Es así que muchos bancos en la actualidad están redoblando sus esfuerzos por mejorar su reputación. Volver al mandato original del sistema bancario de sostener la economía real debe constituir un punto de referencia constante en la búsqueda de salidas a la crisis”. Su conclusión tiene validez en todo el mundo: las palabras clave deberían ser “luchar contra la pobreza y redistribuir los recursos”.