EL SALVADOR

La crisis y cambios esperanzadores

Social Watch El Salvador
Mario Paniagua
Armando Pérez
Scarlett Cortez1

Dos décadas de aplicación de las recetas económicas neoliberales dejaron al país en situación muy vulnerable para enfrentar las consecuencias de la crisis económica global. El deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales, la exclusión social y laboral, la disminución del monto de las remesas y la suba de los precios de los productos básicos son algunos de los efectos devastadores que ha tenido la actual crisis. Si bien la fuerte dependencia de los Estados Unidos ha sido parte del problema; los cambios políticos en ambos países podrían hacer que esa misma dependencia propicie una salida.

El Salvador está cerrando dos décadas de gobiernos neoliberales que han llevado al país al deterioro de las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales. Esta situación se complica aún más debido a que no se han previsto medidas que contrarresten los efectos de la recesión en Estados Unidos ni de la crisis ambiental, ni la del precio de los combustibles y de los alimentos.

Deterioro de los servicios públicos y de las condiciones de empleo

El deterioro en la calidad y cobertura de los servicios públicos – asociados a la erosión de la funciones del Estado y la reducción relativa de las asignaciones presupuestarias para las empresas públicas que los proveen – y de la imposición de una lógica mercantil a la provisión de los servicios públicos. Los derechos económicos y sociales, vivienda, salud, educación y el agua, son objeto de una presión cada vez mayor y, si la crisis económica adquiere carácter prolongado, provocará más tensión social, debilitando el Estado, lo que aumentaría el riesgo de inestabilidad y violencia. Entre las poblaciones más vulnerables preocupa el incremento del número de niños trabajadores, el aumento de las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, la tasa al incremento de personas con VIH, el aumento de la inseguridad ciudadana y la incorporación de niños y adolescentes a las “maras” o pandillas urbanas2.

A la exclusión social se suma la laboral, que se promueve a través de la flexibilización del mercado de trabajo como un “incentivo empresarial” para la reducción de los costes laborales y que conlleva al deterioro de las condiciones de empleo, la pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios, a la generación de un tipo de empleo de baja productividad y un empleo productivo que se realiza bajo condiciones precarias3. A la privación del acceso a los servicios públicos y de los medios de vida para las personas desempleadas se agrega la falta de acceso a puestos de trabajo productivos y de buena calidad, que resulten ser lo suficientemente atractivos para retener a la población ocupada4. Para el último quinquenio se estima que la población desempleada es inferior al 7% de la PEA. Según informa el PNUD solo un 20% de la población en edad económicamente activa tiene un trabajo permanente, bien remunerado y con todas las prestaciones sociales.5

Una economía dependiente de los Estados Unidos

Aunque diversos organismos financieros mundiales argumentaban que la economía de El Salvador era la más sólida de Centroamérica, los efectos de la crisis no se hicieron esperar. De acuerdo con los registros del BCR de El Salvador, el 51% de las exportaciones salvadoreñas en 2007 tuvieron como destino el mercado estadounidense.
En octubre del 2008, los bancos aumentaron las tasas de interés y a restringir el acceso al crédito y comenzó la incertidumbre. Las exportaciones, el turismo y las remesas familiares comenzaron a caer6.

Más de 300.000 familias son receptoras de dinero del exterior, un 26,7% de la población que sufraga gastos de alimentación, vestuario y servicios básicos. El Banco Central de Reserva (BCR) reportó que, entre 1998 y 2008, las remesas se triplicaron hasta llegar a casi USD 3.788 millones, la mayoría procedente de Estados Unidos. Los flujos de los envíos de remesas crecieron, en 2008, 2,5% respecto de 2007, declive  notorio al compararlas con 2004, en que aumentaron 17% respecto al año anterior. Se vislumbra que las remesas disminuirán en 2009 y 2010 en torno a 3% del total recibido hasta ahora. Uno de los sectores más afectados por la desaceleración estadounidense ha sido el de la construcción, en el cual labora una fracción importante de la población salvadoreña residente en Estados Unidos7. Esto tendrá un impacto significativo en el envío de remesas.

Crisis de alimentos y combustibles

Los esquemas privatizadores implementados por el Gobierno, que desestimaron la producción agrícola que garantizaba la seguridad alimentaria, se concentraron en la importación de granos básicos. El libre comercio, que generó inflación y falta de capacidad adquisitiva en la población por la ausencia de regulación del Estado respecto al mercado, debilita aún más al país para hacer frente a la crisis mundial.

Estimaciones hechas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que, por cada aumento de 15% en el precio de los alimentos, la pobreza en los países de la región aumenta un 2.8%. En tal sentido, considerando que en El Salvador el aumento de precios ha sido mayor, el aumento de la pobreza seguramente sea también mayor.

El impacto del alza en los precios del petróleo se verifica en el incremento de precios en los productos de la canasta básica, lo que genera un rápido deterioro del poder adquisitivo de amplios segmentos poblacionales y su consiguiente empobrecimiento. Desde el 2007 los precios de los alimentos se han mantenido en continuo aumento. El promedio inflacionario de los últimos cuatro años fue de 4,9%; la inflación de abril de 2008 llegó a 6,8%. En este período, la inflación acumulada fue de 19,5%. El salario mínimo se encuentra entre SVC 85,58 (USD 10) y SVC 183 (USD 21) mensuales. En febrero de 2008 la canasta básica de alimentos era de SVC 163 (USD 19), la Canasta Básica Ampliada (CBA) que incluye todas las necesidades de una familia promedio (alimentación, salud, educación, vivienda, vestuario) era de SVC 703 (USD 82)8.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 2006 los alimentos representan cerca del 30% del presupuesto de los hogares de menores ingresos. A junio de 2008, el costo de la CBA urbana registró un aumento de aproximadamente 22% con respecto a junio de 2007, mientras que la CBA rural ha experimentado en meses recientes aumentos cercanos a 25% con respecto al período equivalente del año anterior; la situación descrita estaría llevando a un rápido aumento de las tasas nacionales de pobreza y de extrema pobreza9.

Es importante señalar que, aunque el impacto del aumento en los precios de los alimentos, el combustible y otros productos básicos es mayor y más dramático en los hogares de menores ingresos, también está afectando fuertemente a los hogares de ingresos medios, debido a que los alimentos, la electricidad y el transporte, que son los tres rubros más afectados por los cambios en el entorno internacional, constituyen alrededor del 50% de la composición del gasto mensual promedio de las familias salvadoreñas10.

Dada esta situación, son necesarias políticas sociales y económicas que estimulen la producción nacional, en particular la agropecuaria. La seguridad alimentaria debe ser el eje central de la acción gubernamental. Para esto se precisa regulación de precios, inversión productiva, aumento de salarios, generación de empleos y la intervención del Estado en el control de las imperfecciones del mercado.  

Desigualdades agravadas por la crisis

La crisis climática (aumento de la temperatura, cambios en los patrones de las lluvias y la mayor frecuencia e intensidad de las sequías, inundaciones, deslizamientos, derrumbes y vientos huracanados) ha exacerbado las desigualdades ecónomicas, de género y étnicas, entre otras. Ha profundizado, además, las fragilidades ya existentes asociadas a los grupos poblacionales más vulnerables, tales como mujeres, niños, ancianos, pueblos originarios y familias pobres rurales y urbano-marginales.

El sistema económico implementado en el país multiplica los efectos de la vulnerabilidad ambiental en las poblaciones pobres; de ahí que fenómenos como la deforestación y degradación de los bosques, contaminación de los ríos y mantos acuíferos, entre otros, posibilitaran que la agricultura campesina fuera abandonada y enfrentada a un entorno económico adverso, lo que llevó a la población pobre rural y urbano-marginal a un déficit habitacional y de servicios básicos que la ubican en situación de riesgo permanente.

Año tras año, las familias rurales pierden sus cosechas y parcelas agrícolas, lo que disminuye su acceso a la tierra y al agua para consumo humano. Como consecuencia, decrecen sus ingresos económicos y abandonan sus lugares de origen, emigrando a las ciudades principales o al extranjero. Las enfermedades infecciosas y transmitidas por vectores van en aumento.

De esta situación medioambiental se evalúa que la meta 10 de los ODM: “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico” será casi imposible de cumplir, como la mayoría de los demás ODM.

Sin embargo, la falta de información clara y objetiva sobre los indicadores en los ODM relativos a agua potable y saneamiento dificultan una medición concreta de avances y retrocesos en esta área. Las cifras oficiales muestran estadísticas distintas en relación a datos de cobertura, calidad y disponibilidad de agua potable y saneamiento que las que presentan las instituciones ambientalistas, además de no reconocer que el simple hecho de contar con un surtidor público no significa tener acceso a agua en condiciones de calidad.

Por un lado, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM)11 informa que para el 2007 la cobertura total de los hogares con servicio de agua por cañería privada fue de 74%, mientras que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)12 informa que fue de un 54,2%. La EHPM indica que la cobertura por medio de pilas o surtidores públicos fue de 4,2% y ANDA informa que fue de 6,2%. Estas cifras resultan alarmantes, sobre todo cuando hay sectores de la población de ingreso medio alto que no enfrentan el desabastecimiento de agua potable que los sectores populares resienten.

El informe de progreso sobre ODM elaborado por el PNUD en 2007 presenta avances en dicho objetivo, que desde las organizaciones ambientalistas y de protección al consumidor son cuestionables, si se toma en consideración que el Gobierno ha utilizado como indicador de avance de acceso sostenible a una fuente mejorada de agua los suministros de: conexión domiciliaria, surtidor público, agua de pozo, manantiales y reservorios de agua lluvia. Sin embargo, no se especifica y no existe información confiable que asegure que estos recursos estén realmente protegidos y respondan a normas de calidad para que el agua sea apta para el consumo humano.

A modo de conclusión

El cambio en los liderazgos políticos en Estados Unidos y El Salvador permite visualizar un camino de esperanza para superar los efectos de la crisis dados los cercanos vínculos comerciales entre ambos países, pero es imperativo que se atiendan, de manera irrestricta, la autonomía, el respeto y la búsqueda de nuevas relaciones de equidad y solidaridad.

En el nuevo escenario político que vivirá el país a partir del 2009, Social Watch El Salvador asume una postura vigilante del cumplimiento de los DESC y los ODM, no sólo por el cambio de gobierno, sino porque hay una deuda pendiente de los anteriores gobiernos al respecto, que ya ha sido vista como falta de voluntad  para cumplirlos13.