Paraguay

Decidamos presenta el estudio Mujeres rurales y autonomía económica. Obstáculos de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar para aumentar su autonomía económica y reducir las brechas de género sobre la situación de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar campesina.

En el estudio se identifican los principales nudos de tensión que se interponen al empoderamiento de las mujeres, al desarrollo de su autonomía económica y, en última instancia, al ejercicio de una ciudadanía plena, libre de las trabas impuestas por la discriminación y la subordinación implicadas en las relaciones de género.

El trabajo tiene por objetivo analizar y describir la situación de las mujeres ocupadas en la agricultura familiar campesina en relación con su autonomía económica, explorando factores que pueden aportar claves interpretativas para comprender la especificidad de la problemática, desde el género, pero más allá del mismo, contextualizando en las realidades concretas de las mujeres.

En Paraguay persiste una situación de injusticia tributaria: personas y sectores de menores ingresos pagan más impuestos en relación a sus ingresos, en comparación a los sectores  de mayores ingresos.

“Quien gana más, pague más. Hacia una Justicia Tributaria” es una campaña que lleva adelante Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana con el objetivo de promover una mayor conciencia en la sociedad sobre el hecho de quienes generan más ingresos deben contribuir más. Cuando decimos Justicia Tributaria, nos referimos a que cada persona y cada sector de la economía debe aportar impuestos de acuerdo a su capacidad de pago.

En la actualidad el 42,5% de la población en situación de pobreza tiene 14 años o menos, proporción que se eleva al 46,9% si se trata de pobreza extrema. Es decir, la pobreza total afecta a unos 828.000 niños y niñas, incluyendo 182.000 niños y niñas en situación de pobreza extrema, señala un informe publicado por la economista Verónica Serafini. 

Con este contexto, el Paraguay no solamente no cumplirá las metas en 2030 sino que, además, continuará con pobreza total y extrema, y poco habremos hecho para que la niñez viva en mejores condiciones.

La política de protección social constituye un pilar fundamental para avanzar hacia la garantía del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Sin la vigencia efectiva de los DESC no será posible la reducción de la pobreza y de las desigualdades.

Esta política tiene cada vez mayor relevancia por el aumento de la incertidumbre que se deriva de los procesos de inserción internacional, que dejan a los países más vulnerables a las crisis financieras y alimenticias mundiales, al cambio climático que afecta a la seguridad alimenticia y aumenta la probabilidad de sequías o exceso de lluvias e inundaciones, a los procesos de urbanización y a las migraciones que debilitan los lazos familiares y comunitarios como mecanismos tradicionales de protección y a la mala calidad del trabajo tanto en el sector rural como en el urbano, con altos niveles de informalidad e inseguridad.

Foto: DECIDAMOS

Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento. El derecho a la salud está pendiente y la protección social es todavía un derecho a impulsar.Si bien hay un mejoramiento sistemático de los indicadores de la última década, este resultado positivo fue lento. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, transformación productiva y justicia tributaria colocan al país en condiciones poco favorables para cumplir los ODS. La protección social es todavía un derecho a impulsar.

Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento. El derecho a la salud está pendiente y la protección social es todavía un derecho a impulsar. Si bien hay un mejoramiento sistemático de los indicadores de la última década, estos resultados positivos fueron lentos. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, de transformación productiva y de justicia tributaria colocan al país en condiciones poco favorables para cumplir los ODS que se refieren a la reducción de las desigualdades y a la garantía de un crecimiento sostenible social y ambientalmente.

“Inversión en Protección Social" es el tema de campaña de Decidamos (punto focal de Social Watch en Paraguay) con el objetivo de aumentar los recursos disponibles para mejorar la seguridad social.

La recaudación de impuestos y generación de recursos es uno de los temas fundamentales para lograr la Igualdad Fiscal. Es decir, que todas las personas paguen impuestos de acuerdo con sus capacidades económicas y sociales; se genere una mayor Inversión Social y así se disminuya la pobreza y la desigualdad. El fin último, es el mejoramiento de la calidad de vida de los y de las habitantes del Paraguay.

En Paraguay el gasto social público se ha incrementado de una forma importante en los últimos 12 años. Este gasto se ha concentrado en educación, salud y promoción social. Sin embargo, y a pesar de este aumento del gasto social, el mismo se mantiene por debajo de la media latinoamericana de gastos públicos en el área social. Asimismo, con este aumento de los gastos sociales, el país alcanzará muy pocas metas dentro de los Objetivos del Milenio 2015 de las Naciones Unidas.

El nivel de la inversión pública social de Paraguay ha progresado sustancialmente de un 10% del PIB en 2002 al 15,5% del PIB en 2013, aumentando su participación en el gasto público del 32,8% al 47,6% en el mismo periodo.

Las políticas de cuidado constituyen un eje central del contrato social, Muestran el compromiso intergeneracional de la sociedad de cuidar a  los niños y niñas que en el mediano y largo plazo se constituirán en los  actores principales del desarrollo, y de la reciprocidad debida a los  enfermos y a los adultos mayores que en algún momento de sus vidas  contribuyeron con nuestro bienestar. El cuidado es la principal razón  de la constitución de una sociedad. Por lo tanto, el estado –sociedad y  sector público- debe garantizar el derecho a ser cuidado, para que ello  no signifique menores oportunidades educativas, laborales, sociales y  políticas para las mujeres.


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