Argentina: ONU recomienda agenda urgente sobre derechos sociales

Sesión del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales. (Foto: ONU)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó a las autoridades de Argentina su preocupación por el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y agencias privadas contra activistas, y exigió la investigación inmediata de todos los abusos, informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), punto focal de Social Watch en el país latinoamericano.

En su evaluación sobre la situación de los derechos sociales en nuestro país, el Comité también se refirió a las persistentes amenazas, desalojos y desplazamientos violentos sufridos por comunidades indígenas como consecuencia de proyectos de explotación de los recursos naturales en sus territorios ancestrales.

La falta de consulta previa y la inexistencia de mecanismos para reconocer la titularidad comunitaria sobre esos territorios requieren medidas urgentes para resolver las desigualdades que han sufrido las poblaciones originarias a lo largo de la historia, según el organismo de la ONU.

El Comité también vinculó el contraste entre el crecimiento económico de Argentina y el persistente déficit habitacional en las áreas urbanas con la especulación del mercado inmobiliario, la falta de regulación del suelo, las deficientes políticas públicas de vivienda y la vigencia de procedimientos de desalojo que se apartan de los estándares internacionales.

El organismo mostró su preocupación por la gran cantidad de trabajadores informales y tercerizados, que carecen de acceso a los servicios de seguridad social y perciben menores salarios que los registrados. Al mismo tiempo, cuestionó la exclusión de grupos vulnerables del beneficio de la Asignación Universal por Hijo, entre ellos los inmigrantes y los privados de libertad.

El Comité recomendó el acceso a las instalaciones, suministros y servicios necesarios para hacer frente a la gran cantidad de embarazos de adolescentes y a la elevada mortalidad por abortos inseguros.

También señaló que el Estado debe adoptar medidas para garantizar que las estadísticas oficiales recuperen su credibilidad y que la metodología de los organismos a cargo sea debidamente difundida.

El organismo tomó en cuenta las preocupaciones que el CELS y 14 organizaciones de la sociedad civil presentaron el 14 de noviembre sobre la situación de Argentina.

Sin embargo, el Comité destacó los avances de Argentina desde la evaluación anterior, realizada en 1999, cuando recomendó al Estado medidas urgentes para desactivar decisiones que profundizaron la desigualdad social y que desembocaron en la crisis social y política de año 2001.

Esas observaciones fueron consideradas desde 2003 por funcionarios públicos, legisladores y jueces en la reconstrucción del tejido social.

El gobierno argentino ha demostrado interés y compromiso por las evaluaciones de diferentes órganos de la ONU.

Este año, los relatores para el Derecho a la Vivienda y para los Pueblos Indígenas visitaron el país. El Estado reafirmó en noviembre ese compromiso al ratificarse el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Protocolo, ratificado apenas por cinco países, establece mecanismos para que personas y organizaciones denuncien ante el organismo violaciones de esos derechos.

Más información
Observaciones del Comité del DESC (en inglés y en formato PDF): http://bit.ly/sETbU9
Informe alternativo de la sociedad civil (resumen en formato PDF): http://bit.ly/vcg8U9

Fuente
CELS: http://bit.ly/sKYTxY